15 marzo 2010
El narcotráfico tiene cada vez más peso en la agenda política y de seguridad de América Latina. Algunos países sobresalen en escena, y hoy México concentra más atención que Colombia e inclusive el mismo Estados Unidos, quienes históricamente lideraron batallas contra el tráfico de drogas.
El análisis de este fenómeno es complejo por la estrecha vinculación que mantienen los cárteles de droga con los gobiernos de cada país, constante que excede al escenario mexicano y se extiende a toda Latinoamérica.
En México, muchos acontecimientos llevaron a la errónea conclusión de que el narcotráfico es parasitario al Estado, y como tal, pareciera ser un elemento casi imposible de erradicar. Calificar dicha relación tan compleja como parasitaria, no permite conocer la esencia del vínculo existente en la narcopolítica. Por definición, el término parásito refiere al ser vivo que se nutre a expensas de otro de distinta especie, al cual no le aporta ningún beneficio. A decir verdad, este análisis deja de lado la importancia del narcotráfico como un actor económico que a la par del Estado, genera empleos, desarrolla infraestructura y tiene capacidad armada para desafiar el clásico monopolio estatal del uso de la fuerza.
Más que de una relación parasitaria, la relación narcotráfico-Estado podría ser asemejada a la de un contrato matrimonial que beneficia a ambas partes. De hecho, el narcotráfico es una forma de crimen organizado que se extiende a lo largo de muchos estados pero no por ello afecta a todos igual. México y Colombia son quienes han cobrado históricamente protagonismo en Latinoamérica, pero hay otros actores como Paraguay, Bolivia y Argentina, quienes crecen en importancia ya que por la permeabilidad de sus estructuras legales, son refugio para narcotraficantes.
En primera instancia es dable destacar que el narcotráfico es una fuerza que si bien es real, desafía sólo en cierto modo al Estado, debido a que los objetivos que ambas instituciones son diferentes. Difícilmente podría pensarse que La Familia o el cártel de Sinaloa busquen el interés público o la redefinición de un contrato social. Por el contrario, lo que necesitan esas organizaciones es la omisión de controles por parte de la autoridad, junto con la falta de atención por parte de quienes son responsables de la seguridad.
La solución militar puede ser una alternativa parcial de solución, pero demanda de conclusiones que aún permanecen ausentes en varios cuerpos legislativos latinoamericanos, aquellas que resalten un debate más profundo que exceda a la simple discusión sobre la legalización y busque erradicar problemas más profundos.
Casi como un vínculo indisoluble, pareciera que las grandes problemáticas que aquejan históricamente a la civilización, van ligadas intrínsecamente al subdesarrollo. La solución de muchos de los problemas va más allá de las discusiones en el seno del Estado. El narcotráfico podría ser ejemplo de muchos otros elementos que quedan pendientes de debate en el tintero. Es preciso comprender que para la creación de una sociedad más justa y avanzada, es necesario participar, y para hacerlo hay que saber, informarse, conocer. En definitiva, se trata de ser conscientes de la realidad que nos rodea con sus múltiples factores y variables, para así reconocer que cada uno de nosotros tiene una dosis de influencia desde el lugar específico que nos toque ocupar.
El análisis de este fenómeno es complejo por la estrecha vinculación que mantienen los cárteles de droga con los gobiernos de cada país, constante que excede al escenario mexicano y se extiende a toda Latinoamérica.
En México, muchos acontecimientos llevaron a la errónea conclusión de que el narcotráfico es parasitario al Estado, y como tal, pareciera ser un elemento casi imposible de erradicar. Calificar dicha relación tan compleja como parasitaria, no permite conocer la esencia del vínculo existente en la narcopolítica. Por definición, el término parásito refiere al ser vivo que se nutre a expensas de otro de distinta especie, al cual no le aporta ningún beneficio. A decir verdad, este análisis deja de lado la importancia del narcotráfico como un actor económico que a la par del Estado, genera empleos, desarrolla infraestructura y tiene capacidad armada para desafiar el clásico monopolio estatal del uso de la fuerza.
Más que de una relación parasitaria, la relación narcotráfico-Estado podría ser asemejada a la de un contrato matrimonial que beneficia a ambas partes. De hecho, el narcotráfico es una forma de crimen organizado que se extiende a lo largo de muchos estados pero no por ello afecta a todos igual. México y Colombia son quienes han cobrado históricamente protagonismo en Latinoamérica, pero hay otros actores como Paraguay, Bolivia y Argentina, quienes crecen en importancia ya que por la permeabilidad de sus estructuras legales, son refugio para narcotraficantes.
En primera instancia es dable destacar que el narcotráfico es una fuerza que si bien es real, desafía sólo en cierto modo al Estado, debido a que los objetivos que ambas instituciones son diferentes. Difícilmente podría pensarse que La Familia o el cártel de Sinaloa busquen el interés público o la redefinición de un contrato social. Por el contrario, lo que necesitan esas organizaciones es la omisión de controles por parte de la autoridad, junto con la falta de atención por parte de quienes son responsables de la seguridad.
La solución militar puede ser una alternativa parcial de solución, pero demanda de conclusiones que aún permanecen ausentes en varios cuerpos legislativos latinoamericanos, aquellas que resalten un debate más profundo que exceda a la simple discusión sobre la legalización y busque erradicar problemas más profundos.
Casi como un vínculo indisoluble, pareciera que las grandes problemáticas que aquejan históricamente a la civilización, van ligadas intrínsecamente al subdesarrollo. La solución de muchos de los problemas va más allá de las discusiones en el seno del Estado. El narcotráfico podría ser ejemplo de muchos otros elementos que quedan pendientes de debate en el tintero. Es preciso comprender que para la creación de una sociedad más justa y avanzada, es necesario participar, y para hacerlo hay que saber, informarse, conocer. En definitiva, se trata de ser conscientes de la realidad que nos rodea con sus múltiples factores y variables, para así reconocer que cada uno de nosotros tiene una dosis de influencia desde el lugar específico que nos toque ocupar.
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