Enrique Peña Nieto podría ser acusado de revelación de secretos, pues él mismo dio a conocer el Pacto de Bucareli, suscrito en su nombre por Luis Enrique Miranda, su secretario de Gobierno, el 30 de octubre.
Con el funcionario mexiquense signaron el documento el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont —quien puso su oficina al servicio de dos partidos políticos para la suscripción de un acuerdo electoral, materia fuera del alcance del funcionario—, Beatriz Paredes y César Nava, presidentes del PRI y del PAN, respectivamente (antaño no habría necesidad de usar este adverbio pero ahora se precisa su uso para evitar con fusiones).
El pacto se mantuvo en secreto durante meses hasta que el gobernador mexiquense, a quien se augura como inexorable meta la Presidencia de la República, reveló su existencia. El líder panista negó su existencia y luego, quizá como acto de contrición y propósito de nunca más actuar en tal sentido, entregó copias de su copia a los medios de información. Al hacerlo podría incoarse a Nava un procedimiento de la misma naturaleza, por hacer públicos acuerdos que eran incumbencia de muy pocos.
Se dirá, como es cierto, que no puede en ningún caso enderezarse reproche penal ninguno a Peña o a Nava porque sus conductas no caen dentro de la definición penal de revelación de secretos. Pero tampoco encuadra en ese tipo la de Purificación Carpinteyro, y sin embargo se ha librado orden de aprehensión en su contra. No ha sido detenida porque logró de un juez de amparo la suspensión provisional contra su captura, pero podría quedar sujeta a proceso. Se le acusa de haber revelado secretos, conducta que habría con sistido en difundir conversaciones del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, grabadas ilegalmente y en las que el ahora presidente de la Bolsa Me xicana de Valores manifestaba de modo vulgar y aun soez sus diferencias con Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Además, en esos telefonemas Téllez se refería a la crítica situación de Correos de México y a pormenores administrativos del aeropuerto de la ciudad de México.
La abogada Carpinteyro fue subsecretaria de Comunicaciones un semestre, de septiembre de 2008 a febrero siguiente, cuando se marchó en conflicto con Téllez, quien había estado en desacuerdo con su nombramiento, hecho en Los Pinos.
La ex funcionaria informó al público que ella había conocido las grabaciones referidas, pues un disco con ese contenido le había sido entregado por Osuna. Ella, a su vez, había buscado ponerlo en manos del Presidente quien, sin embargo, había cortado su comunicación con ella. Lo más que consiguió fue la indicación de entregar ese material no a la PGR como correspondía, sino a la Secretaría de Gobernación, que admitió oficialmente, mediante un comunicado de prensa, haberlo recibido.
Antes de ser relevado, Téllez ordenó a su dirección jurídica que presentara una denuncia no contra quien resultara responsable de la grabación y difusión de sus abruptos diálogos, sino directamente contra su ex colaboradora. Se inició entonces una averiguación previa que finalmente ha concluido, después de ires y venires procesales, en la orden de aprehensión mencionada.
Se entiende que la PGR, usada a menudo para fines políticos, pueda consignar un caso sin sustento pero se entiende menos que un juez federal, a quien se supone poseedor de sólidas formación jurídica y textura ética, ordene de tener a una persona sin base en la ley ni en el examen de los hechos. El delito de revelación de secretos consiste en participar a otro de “algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto”. El artículo 211 bis del Código penal federal agrega que “a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro información o imágenes obtenidas de una intervención de una comunicación privada se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a cuatrocientos días multa”.
La ex subsecretaria dijo haber recibido la constancia material del presunto delito del presidente de la Cofetel. Éste negó haberla entregado. Es una palabra contra otra. El ministerio público y el juez tomaron por buena la de Osuna, y ni siquiera lo ubicaron en la averiguación previa del caso. La presunta reveladora de secretos, además de haber seguido cauces formales para hacer conocer el material que se le había entregado, no ignoraba que las referencias de Téllez a su desempeño al frente del servicio postal mexicano la afectaban adversamente. ¿Quién tendrá interés en comunicar secretos donde queda mal parado? Carente de base legal, la acusación contra Carpinteyro sólo puede ser entendida como producto de una inquina política. Al dejar su cargo en la SCT, la abogada se dejó entrevistar por muchos medios y habló de la política de telecomunicaciones, o su ausencia. Y a ese tema ha cosagrado sus colaboraciones en “Reforma” y otras en otros medios. En julio tuvo la osadía de dirigir una “Carta al presidente Calderón” en que traza una hipótesis, por demás muy difundida, de que el PRI retornará a Los Pinos en 2012.— México, D.F.
karina_md2003@yahoo.com.mx ————— *) Periodista y analista político.
Con el funcionario mexiquense signaron el documento el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont —quien puso su oficina al servicio de dos partidos políticos para la suscripción de un acuerdo electoral, materia fuera del alcance del funcionario—, Beatriz Paredes y César Nava, presidentes del PRI y del PAN, respectivamente (antaño no habría necesidad de usar este adverbio pero ahora se precisa su uso para evitar con fusiones).
El pacto se mantuvo en secreto durante meses hasta que el gobernador mexiquense, a quien se augura como inexorable meta la Presidencia de la República, reveló su existencia. El líder panista negó su existencia y luego, quizá como acto de contrición y propósito de nunca más actuar en tal sentido, entregó copias de su copia a los medios de información. Al hacerlo podría incoarse a Nava un procedimiento de la misma naturaleza, por hacer públicos acuerdos que eran incumbencia de muy pocos.
Se dirá, como es cierto, que no puede en ningún caso enderezarse reproche penal ninguno a Peña o a Nava porque sus conductas no caen dentro de la definición penal de revelación de secretos. Pero tampoco encuadra en ese tipo la de Purificación Carpinteyro, y sin embargo se ha librado orden de aprehensión en su contra. No ha sido detenida porque logró de un juez de amparo la suspensión provisional contra su captura, pero podría quedar sujeta a proceso. Se le acusa de haber revelado secretos, conducta que habría con sistido en difundir conversaciones del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, grabadas ilegalmente y en las que el ahora presidente de la Bolsa Me xicana de Valores manifestaba de modo vulgar y aun soez sus diferencias con Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Además, en esos telefonemas Téllez se refería a la crítica situación de Correos de México y a pormenores administrativos del aeropuerto de la ciudad de México.
La abogada Carpinteyro fue subsecretaria de Comunicaciones un semestre, de septiembre de 2008 a febrero siguiente, cuando se marchó en conflicto con Téllez, quien había estado en desacuerdo con su nombramiento, hecho en Los Pinos.
La ex funcionaria informó al público que ella había conocido las grabaciones referidas, pues un disco con ese contenido le había sido entregado por Osuna. Ella, a su vez, había buscado ponerlo en manos del Presidente quien, sin embargo, había cortado su comunicación con ella. Lo más que consiguió fue la indicación de entregar ese material no a la PGR como correspondía, sino a la Secretaría de Gobernación, que admitió oficialmente, mediante un comunicado de prensa, haberlo recibido.
Antes de ser relevado, Téllez ordenó a su dirección jurídica que presentara una denuncia no contra quien resultara responsable de la grabación y difusión de sus abruptos diálogos, sino directamente contra su ex colaboradora. Se inició entonces una averiguación previa que finalmente ha concluido, después de ires y venires procesales, en la orden de aprehensión mencionada.
Se entiende que la PGR, usada a menudo para fines políticos, pueda consignar un caso sin sustento pero se entiende menos que un juez federal, a quien se supone poseedor de sólidas formación jurídica y textura ética, ordene de tener a una persona sin base en la ley ni en el examen de los hechos. El delito de revelación de secretos consiste en participar a otro de “algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto”. El artículo 211 bis del Código penal federal agrega que “a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro información o imágenes obtenidas de una intervención de una comunicación privada se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a cuatrocientos días multa”.
La ex subsecretaria dijo haber recibido la constancia material del presunto delito del presidente de la Cofetel. Éste negó haberla entregado. Es una palabra contra otra. El ministerio público y el juez tomaron por buena la de Osuna, y ni siquiera lo ubicaron en la averiguación previa del caso. La presunta reveladora de secretos, además de haber seguido cauces formales para hacer conocer el material que se le había entregado, no ignoraba que las referencias de Téllez a su desempeño al frente del servicio postal mexicano la afectaban adversamente. ¿Quién tendrá interés en comunicar secretos donde queda mal parado? Carente de base legal, la acusación contra Carpinteyro sólo puede ser entendida como producto de una inquina política. Al dejar su cargo en la SCT, la abogada se dejó entrevistar por muchos medios y habló de la política de telecomunicaciones, o su ausencia. Y a ese tema ha cosagrado sus colaboraciones en “Reforma” y otras en otros medios. En julio tuvo la osadía de dirigir una “Carta al presidente Calderón” en que traza una hipótesis, por demás muy difundida, de que el PRI retornará a Los Pinos en 2012.— México, D.F.
karina_md2003@yahoo.com.mx ————— *) Periodista y analista político.
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