21 mayo 2010
“Leyendo la biografía de Diego Fernández de Cevallos me queda muy claro que todos tenemos razones para secuestrarlo”.
Pablo Amézcua Trujillo.
I
La abducción –misteriosa para muchos, incluido el gobierno-- de Diego Fernández de Cevallos, El Jefe Diego, siniestro personaje de la tragedia del poder político del Estado mexicano, trae a un primer plano otro síntoma de descomposición de éste.
Trátase del secuestro como modus vivendi –modo de ganarse la vida— de no pocos mexicanos e incluso idiosincrásica en ciertos estratos societales de México movidos por imperativos obvios, los de la supervivencia en escenarios de alevosías y ventajas.
Aclárese antes de proseguir con el tema que el vocablo abducción (no existe el verbo abducir en castellano) tiene tres acepciones, siendo una la de “supuesto secuestro de seres humanos llevado a cabo por criaturas extraterrestres para experimentar”.
El vocablo, pues, es usado aquí como un tropo, pero aplicable, en el caso del señor Fernández de Cevallos, por los enigmas que devienen de su secuestro, pues ignóranse la identidad de sus perpetradores y la sospecha de que los móviles no son crematísticos.
Cierto: no se ha exigido rescate monetario. El personaje, de quien no se tiene noticia desde el 15 de éste mes, pudo haber sido secuestrado no sólo por algún cártel del narco –tenía vínculos con el de Juárez--, sino por otros intereses, v. gr., los del poder político.
II
Según la entidad Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, en México se denuncian cada año más de ocho mil secuestros, cifra que supónese inferior al total de abducciones cometidas que no son denunciadas ante las autoridades.
El mayor número de abducciones se registra en el Distrito Federal, en donde, en los cuatro meses de lo que va del año, ha ocurrido más del 43 por ciento del total del país. Le siguen los Estados de México, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero.
En ese orden continúan los Estados de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Baja California, en donde sospéchase que el grueso de secuestros cometidos no es reportado no sólo por instrucciones de los secuestradores, sino por otras razones.
Y una poderosísima razón es la sospecha generalizada de que existe un contubernio implícito y hasta explícito entre las autoridades y los secuestradores. Es decir, percíbese que la autoridad judicial es parte de esa expresión del crimen organizado.
Incluso, en algunos Estados adviértese la existencia de una percepción de que en la práctica del secuestro están involucrados la autoridad judicial y la política, ora por omisión, ora por comisión.. Sospecharíase incluso de ciertos gobernadores priístas.
III
La moraleja que deviene del fenómeno es la de que existe un índice altísimo –casi del cien por ciento— de impunidad y que, por añadidura, es un quehacer ilícito altamente rentable y sin los grandes riesgos, digamos, del narcotráfico.
Ello se ha traducido en la proliferación de organizaciones –que no son personas físicas ni morales— creadas para mediar entre los secuestradores y los familiares de las víctimas. Sospecharíase incluso de vínculos entre mediadores y perpetradores.
Esa sospecha generalizada tiene fundamentos en la experiencia: los cuerpos de seguridad pública actúan con arreglo a las premisas determinadas por la cultura de la procuración de justicia: ésta se vende sin pudor cual mercancía a los mejores postores.
Fueren quienes fueren los perpetradores del secuestro del señor Fernández de Cevallos –individuo odiado por muchos, aunque ello no justifica su desaparición forzada--, el episodio es una realidad ominosa y, como tal, síntoma de una patología gravísima.
El síntoma nos confirma que el poder político del Estado y sin tapujos diríase también que el Estado mismo padece una descomposición acelerada que, previsiblemente, ya lo conduce a su desintegración. Sólo la ciudadanía puede detener ese proceso.
ffponte@gmail.com
Pablo Amézcua Trujillo.
I
La abducción –misteriosa para muchos, incluido el gobierno-- de Diego Fernández de Cevallos, El Jefe Diego, siniestro personaje de la tragedia del poder político del Estado mexicano, trae a un primer plano otro síntoma de descomposición de éste.
Trátase del secuestro como modus vivendi –modo de ganarse la vida— de no pocos mexicanos e incluso idiosincrásica en ciertos estratos societales de México movidos por imperativos obvios, los de la supervivencia en escenarios de alevosías y ventajas.
Aclárese antes de proseguir con el tema que el vocablo abducción (no existe el verbo abducir en castellano) tiene tres acepciones, siendo una la de “supuesto secuestro de seres humanos llevado a cabo por criaturas extraterrestres para experimentar”.
El vocablo, pues, es usado aquí como un tropo, pero aplicable, en el caso del señor Fernández de Cevallos, por los enigmas que devienen de su secuestro, pues ignóranse la identidad de sus perpetradores y la sospecha de que los móviles no son crematísticos.
Cierto: no se ha exigido rescate monetario. El personaje, de quien no se tiene noticia desde el 15 de éste mes, pudo haber sido secuestrado no sólo por algún cártel del narco –tenía vínculos con el de Juárez--, sino por otros intereses, v. gr., los del poder político.
II
Según la entidad Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, en México se denuncian cada año más de ocho mil secuestros, cifra que supónese inferior al total de abducciones cometidas que no son denunciadas ante las autoridades.
El mayor número de abducciones se registra en el Distrito Federal, en donde, en los cuatro meses de lo que va del año, ha ocurrido más del 43 por ciento del total del país. Le siguen los Estados de México, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero.
En ese orden continúan los Estados de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Baja California, en donde sospéchase que el grueso de secuestros cometidos no es reportado no sólo por instrucciones de los secuestradores, sino por otras razones.
Y una poderosísima razón es la sospecha generalizada de que existe un contubernio implícito y hasta explícito entre las autoridades y los secuestradores. Es decir, percíbese que la autoridad judicial es parte de esa expresión del crimen organizado.
Incluso, en algunos Estados adviértese la existencia de una percepción de que en la práctica del secuestro están involucrados la autoridad judicial y la política, ora por omisión, ora por comisión.. Sospecharíase incluso de ciertos gobernadores priístas.
III
La moraleja que deviene del fenómeno es la de que existe un índice altísimo –casi del cien por ciento— de impunidad y que, por añadidura, es un quehacer ilícito altamente rentable y sin los grandes riesgos, digamos, del narcotráfico.
Ello se ha traducido en la proliferación de organizaciones –que no son personas físicas ni morales— creadas para mediar entre los secuestradores y los familiares de las víctimas. Sospecharíase incluso de vínculos entre mediadores y perpetradores.
Esa sospecha generalizada tiene fundamentos en la experiencia: los cuerpos de seguridad pública actúan con arreglo a las premisas determinadas por la cultura de la procuración de justicia: ésta se vende sin pudor cual mercancía a los mejores postores.
Fueren quienes fueren los perpetradores del secuestro del señor Fernández de Cevallos –individuo odiado por muchos, aunque ello no justifica su desaparición forzada--, el episodio es una realidad ominosa y, como tal, síntoma de una patología gravísima.
El síntoma nos confirma que el poder político del Estado y sin tapujos diríase también que el Estado mismo padece una descomposición acelerada que, previsiblemente, ya lo conduce a su desintegración. Sólo la ciudadanía puede detener ese proceso.
ffponte@gmail.com
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