El poder del narcotráfico no se agota en las armas y el ejercicio de la violencia ni en su capacidad corruptora. Con ganancias anuales estimadas en 40 mil millones de dólares, según el propio gobierno federal, su fortaleza está en los vastos recursos de que dispone para sus actividades criminales y que, hasta ahora, apenas han sido tocados por las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y lo que es peor: los cárteles de la droga han recuperado legalmente buena parte de lo que se les incautó en la última década. Una investigación de Proceso revela la incapacidad gubernamental para llevar su guerra contra el narco fuera del ámbito militar y aplicar inteligencia financiera contra el lavado de dinero.
Patricia Dávila
El combate contra el lavado de dinero producto del tráfico de drogas es otro flanco perdido en la guerra contra el narcotráfico: en una década, el gobierno federal ha intervenido tan sólo 55 empresas, pero ha tenido que devolver 24 a sus propietarios, según registros del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Sin embargo, de acuerdo con datos de diversas fuentes oficiales, los capos han logrado recuperar por lo menos otras nueve empresas más. Es decir, el narco le ha ganado al gobierno en 60% de los casos. La organización delictiva más beneficiada ha sido el cártel de Sinaloa.
En estos 10 años, el gobierno vendió 69 mil 870 bienes muebles e inmuebles asegurados al narco, por los que obtuvo cerca de 900 millones de pesos. La cifra no llega ni a 7.2% de la fortuna de mil millones de dólares atribuida a Joaquín El Chapo Guzmán Loera por la revista Forbes en marzo de 2009, cuando lo incluyó como uno de los hombres más ricos del mundo. Si se compara con las ganancias anuales de todos los cárteles de la droga que operan en México, calculadas en 40 mil millones de dólares por el propio gobierno federal, equivale apenas a 0.18%.
La información del SAE contrasta con la obtenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que desde 2002 incluye en sus bases de datos a 116 empresas mexicanas sospechosas de mantener vínculos con cárteles y de realizar actividades de lavado de dinero. De éstas, el gobierno mexicano sólo ha asegurado ocho, pero ha devuelto siete a sus propietarios, aun cuando forman parte de esas organizaciones delictivas.
Transparencia obligada
Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 30 de septiembre de 2009 Proceso solicitó al SAE una lista de los bienes muebles e inmuebles y empresas aseguradas o decomisadas al narcotráfico desde 2000.
Más específicamente, este semanario pidió que los datos se entregaran desglosados por año, con descripciones detalladas de cada uno de los bienes, el nombre de las personas a quienes se les incautaron, fecha y lugar de aseguramiento, cárteles implicados y valor real del bien.
En el caso de los que fueron vendidos, también se requirió al SAE el nombre del adquiriente, la fecha y el monto de la venta, así como la relación de los bienes que no han sido subastados y su estatus legal. Se pidió que se especificara cuáles fueron devueltos a sus propietarios, lugar y fecha de la restitución y el motivo de ésta. En el caso de las empresas, se solicitó además la razón social y el giro comercial.
Ese mismo día, la Unidad de Enlace del SAE asignó a la solicitud el número de folio 0681200020209. Casi dos meses después, el 27 de noviembre, esa entidad respondió de manera “negativa” a la petición. El argumento: la información requerida se consideraba “reservada” o “confidencial”.
El SAE se basó en los artículos 44 y 35 de la Ley de Transparencia para determinar que “proporcionar los datos relativos a montos pondría en desventaja al SAE, pues impediría maximizar el precio de venta y reducir gastos administrativos”. Además, argumentó que la difusión de esa información “puede obstruir las acciones de verificación del cumplimiento de leyes de prevención o persecución de delitos o de impartición de justicia”.
También advirtió acerca de los inconvenientes de identificar bienes asegurados que revelarían “datos de carácter personal”, es decir, “que se encuentren sujetos a un procedimiento jurisdiccional que incide en la esfera jurídica de una persona física”.
El SAE solamente aceptó entregar a Proceso tres listas con información “parcialmente reservada y confidencial” que incluía una relación de bienes muebles e inmuebles, así como de empresas, y su procedencia, la fecha de aseguramiento, la fecha en que fueron entregados a la administración del SAE y el estatus jurídico en que se encuentran. Sin embargo, ni siquiera toda esta información estaba completa en la mayoría los casos.
Debido a la negativa de información del SAE, el 11 de diciembre de 2009 Proceso interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que fue admitido el 7 de enero último con el número de expediente 5908/09. Tras una solicitud de ampliación del plazo para resolver, el pasado 7 de abril el IFAI ordenó al SAE difundir el monto de los muebles e inmuebles, incluyendo empresas, decomisados al narcotráfico y que fueron enajenados entre 2000 y 2009.
La resolución elaborada por la comisionada del IFAI María Elena Pérez Jaén desecha los argumentos del SAE para reservar la información, porque hacer público el monto en que se vendieron esos bienes decomisados al crimen organizado ya no puede afectar el acto de presentación de ofertas por el cual se determinó el precio para lograr la recuperación económica.
Así, el 8 de abril, Proceso tuvo acceso a la totalidad de la información proporcionada por el SAE.
De los 69 mil 870 bienes asegurados que han sido subastados por el SAE entre 2000 y 2009, la mayor parte corresponden al sexenio de Vicente Fox: se liquidaron 59 mil 298 por la cantidad de 676 millones 120 mil 533 pesos. En cambio, durante los tres años y medio que lleva la “guerra” calderonista contra el narcotráfico se han enajenado 10 mil 572 bienes por un monto que apenas alcanza los 185 millones de pesos.
Los años que más decomisos registran son 2002, 2003 y 2004, con 26 mil 990, 11 mil 751 y 11 mil 881 bienes, respectivamente. De acuerdo con las cifras de venta reportadas, en 2002 se obtuvieron los mayores dividendos: 227 millones de pesos. En 2003 la suma fue de 102 millones, y de 145 millones de pesos en 2004.
En 2001 se reportaron 5 mil 552 decomisos con ingresos por 160 millones de pesos. Ese año se efectuó la transacción más alta realizada en la década: el 28 de diciembre fue vendido en 32 millones 200 mil pesos el buque atunero Macel, interceptado meses antes por la Secretaría de Marina en el puerto de Manzanillo, Colima, cuando transportaba 9.5 toneladas de cocaína con valor de 80 millones de dólares. Según la Procuraduría General de la República, el Macel formaba parte de la red de transporte empleada por Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, para traer cargamentos de droga desde Colombia.
En el listado de bienes asegurados y vendidos de 2000 a 2009 aparece la venta de 5 mil 96 vehículos (automóviles, camionetas y tractocamiones), con precios que van de 170 mil a 650 mil pesos por unidad; 70 aeronaves y 238 embarcaciones; yeguas finas de la raza friesian vendidas entre 70 mil y 90 mil pesos; equipos y accesorios para celulares y radiocomunicación; enseres para el hogar (ornamentos, recámaras, electrodomésticos y aparatos electrónicos como televisores, videocaseteras y videojuegos), y hasta ropa interior y pistolas de juguete.
De acuerdo con la lista proporcionada por el SAE, los 69 mil 870 bienes muebles enajenados fueron adquiridos por 3 mil 471 compradores, de los cuales 359 son empresas. Del resto, 130 compras las hicieron varias presidencias municipales de los estados de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Morelos, Zacatecas, Culiacán y Oaxaca. Otras seis transacciones corresponden a los gobiernos de Tamaulipas, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Sonora y Veracruz. Las demás fueron hechas por particulares.
En el apartado correspondiente a la venta de inmuebles, el SAE señala que de 2006 a 2009 se vendieron a valor de “mercado” tres departamentos localizados en el Distrito Federal, así como cuatro casas en Jalisco, Estado de México y San Luis Potosí, y un terreno urbano en Sinaloa. La suma de las ocho transacciones es de 34 millones 540 mil 742.81 pesos.
Usted disculpe
De acuerdo con el Anexo 1 entregado a Proceso, que contiene la relación de los 22 mil 285 bienes muebles asegurados y decomisados en administración, el gobierno federal ha reintegrado 4 mil 582 y tiene pendientes de devolver mil 599.
Dentro del mismo listado destacan 9 mil 17 aseguramientos de dinero en efectivo, tanto de moneda nacional como de dólares estadunidenses. El SAE no determina el monto total decomisado en cada intervención; sin embargo, de la información proporcionada se desprende que el gobierno federal ha perdido 3 mil 186 casos, en los que ha debido reintegrar el dinero.
Los seis estados en que se ha realizado la mayor parte de los decomisos son el Distrito Federal; Sinaloa, Sonora, Jalisco, Chiapas, Baja California, Veracruz y Chihuahua. En donde menos se decomisa es Tlaxcala, con 33 operaciones, y Morelos, con 28.
En el anexo 2, el SAE revela que ha recibido mil 201 bienes inmuebles para su administración, de los cuales, 10 se encuentran en posesión de terceros, 14 en uso del propio SAE, mientras que 31 se han dictaminado para devolución (tres ya se han regresado). El resto permanece bajo resguardo del SAE en tanto se define su estatus.
Aquí sobresalen casas habitación, terrenos, departamentos, edificios, ranchos y locales comerciales. La mayor parte de los mil 201 inmuebles ha sido asegurada en los estados de Sinaloa, Jalisco, Sonora, Baja California Sur, Distrito Federal y Colima, que suman 936 decomisos.
En un tercer anexo, el SAE proporciona una relación de 31 empresas que se encuentran “aseguradas, decomisadas en administración” entre 2000 y 2006. En lo que va de la administración de Felipe Calderón, esta entidad no ha recibido negocios decomisados al narcotráfico.
El SAE asegura que desconoce la procedencia de los bienes, “así como si se encuentran relacionados con algún cartel del narcotráfico”. Sin embargo, de acuerdo con información de Proceso, al menos 23 casos están relacionados con algún grupo delictivo, según lograron identificar Rogelio Flores, Juan Carlos Baltasar y Juan Carlos Cruz Vargas, del centro de documentación de este semanario.
Estas son: Servicios Aéreos de Colima; inmobiliaria Jov; Aires Acondicionados Jov; Operadora Turística Jov; Autotransportes Especializados Jov; Materiales para Construcción Jov; Operadora Minera Jov y Centro de Capacitación y Adiestramiento Aeronáutico Jov, todas ellas pertenecían a José Ocampo Verdugo, detenido por la PGR e1 29 de noviembre de 1999 y acusado de lavar dinero de los hermanos Amezcua Contreras, entonces operadores del cártel del Milenio. También aparece la Cooperativa de Producción Rural Emmanuel, establecida en Jalisco, en la que se criaba ganado propiedad de Ocampo Verdugo.
El restaurante D’Carlos Butcher Shop, ubicado en Tijuana, fue decomisado el 1 de febrero de 2000, por ser una de las inversiones de los hermanos Arellano Félix, según la sentencia emitida por el entonces juez de Distrito en materia penal, con sede en Toluca, Estado de México.
El Instituto Rector Hidalgo, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asegurado el 26 de enero de 2005, cuando la Agencia Federal de Investigación (AFI) y el Ejército realizaron un operativo para incautar las propiedades del exlíder paramilitar de Los Zetas, Carlos Rosales Mendoza, que lo utilizaba como centro de inteligencia.
Transportadora Purépecha, en Uruapan, Michoacán, es propiedad de Nicandro Barrera Medrano, alias El Nico, quien en el pasado 25 de febrero fue identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los siete cabecillas del cártel La Familia.
El 27 de septiembre de 1997, Manuel de Jesús Bitar Tafich fue señalado por el entonces juez undécimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, como responsable de delito de lavado de dinero, a través de Inmobiliaria Cobit, establecida en el estado de Chihuahua. Bitar Tafich, fue compadre de Amado Carrillo El Señor de los Cielos, el finado líder del cártel de Juárez.
Otras empresas relacionadas con ese grupo criminal –hoy al mando de Vicente Carrillo Fuentes– es Lualti, la cual manejaba la seguridad de los aeropuertos de Mérida y Cancún, así como Diversiones y Fiestas y Tequila Rock de Chetumal. La PGR las vinculó con el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.
El 9 de marzo de 1997 fueron aseguradas Bioesport, Fletes y Transportes Gaxgar, Inmobiliaria Gaxiola, Molduras del Noroeste y Distribuidora de Hermosillo Gaxiola, todas propiedad de Rigoberto Gaxiola Medina, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como “componente vital” de la organización criminal de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
En la información oficial proporcionada a Proceso, el SAE incluye a las empresas de Gaxiola en la lista de bienes que están todavía bajo su administración. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2001, el Juez José André Nalda emitió la resolución 56/2000 en la que ordenó a la PGR la devolución de las empresas, ya que Rigoberto Gaxiola García (hijo) demostró ser el legítimo propietario.
De acuerdo con un informe emitido en agosto de 2008 por el Departamento del Tesoro estadunidense, la red sigue operando a través de la esposa e hijos de Gaxiola: María del Rosario García Durán, así como Rigoberto, Carlos y María Elena Gaxiola García.
El Anexo 3 proporcionado por el SAE contiene también una lista con la razón social de las 24 empresas devueltas de 2000 a 2007. Al menos ocho de ellas tienen relación con el negocio de las drogas, según datos que pudo obtener Proceso en fuentes oficiales que solicitaron reservar su identidad:
Lavatronic, propiedad de Patricia Baeza Rodríguez, pareja sentimental de Mario Villanueva, y Complejo Turístico Oasis y Playa Mar, que desde finales de 1990 fueron catalogadas por la PGR como “lavadoras” de dinero de los Arellano Félix. Otra de las empresas es Candilejas de Saltillo, asegurada en octubre de 1994, propiedad de José Luis García Treviño, también conocido como Juan Chapa Garza o Juan García Ábrego, viejo líder del cártel del Golfo detenido en 1996 y actualmente preso en Estados Unidos.
Por cierto, García Ábrego pelea al gobierno mexicano la devolución de 25 millones de dólares.
Otra propiedad, regresada en octubre de 2007, es el rancho El Tesoro del Capulín, asegurado en noviembre de 2006 cuando militares y agentes federales encontraron armas largas, rifles AK-47 y AR-15 y 2 mil 500 cartuchos, granadas de fragmentación y prendas de vestir con camuflaje.
Laboratorios Ttokkyo, en Morelos, se dedicaba a la fabricación del psicotrópico conocido como ketamina, que distribuían en Estados Unidos, fue asegurado en septiembre de 2002 por la PGR.
La lista incluye varias empresas propiedad de Carlos Ahumada Kurtz, aseguradas el 18 de marzo de 2004 por la PGR como bienes de posible “procedencia ilícita”, pero que le fueron devueltas en octubre de ese mismo año: Promotora Deportiva de Futbol León, Nueva Perspectiva Editores y Deportiva de Futbol Comarca Lagunera.
El Establo Lechero Puerto Rico, propiedad de Ismael El Mayo Zambada, operador del cártel de Sinaloa, fue asegurada por la PGR el 23 de junio de 2000, pero la recuperó apenas seis meses después. Esta empresa, junto con Multiservicios Jeviz, Gasolinera Rosario, Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Lechera Santa Mónica y Jamaro Constructores fueron boletinadas por autoridades de Estados Unidos en mayo de 2007.
De un total de 116 empresas que el gobierno estadunidense señala que lavan dinero del narco, 48 estarían relacionadas con los hermanos Arellano Félix, cabecillas del cártel de Tijuana; cinco con la familia Amezcua Contreras, del cartel Milenio; 16 a los hermanos Beltrán Leyva, y una a La Familia.
Otras 40 estarían vinculadas con el cártel de Sinaloa, de las cuales dos pertenecen a Agustín Reyes Garza, Don Pilo; cinco a Ismael El Mayo Zambada; 19 a Blanca Margarita Cazares Salazar y 14 a Rigoberto Gaxiola Medina.
De todas las empresas boletinadas por las autoridades estadunidenses, el gobierno mexicano sólo ha intervenido a ocho; sin embargo, de acuerdo con la información del SAE, siete ya fueron devueltas: una al Mayo Zambada y seis a Gaxiola Medina, ambos del cártel de Sinaloa.
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