MÉXICO, D.F., 22 de junio.- Mientras el presidente Felipe Calderón saludaba al técnico y a los jugadores mexicanos que participaron en la inauguración de la Copa del Mundo, México sufría el día más violento del sexenio y cerraba así la que fue, también, la semana más violenta: De acuerdo con las cifras de El Universal, el viernes 11 de junio 85 personas perdieron la vida abatidas por la delincuencia organizada, y, según Reforma, 271 fueron asesinadas entre el 5 y el 11 de junio.
Frente a esos hechos, la respuesta gubernamental fue la publicación de un desplegado en los medios impresos con una carta personal del presidente Felipe Calderón, y la transmisión de otro mensaje a la nación, del mismo jefe del Ejecutivo, en medios audiovisuales y en cadena nacional. En ambas comunicaciones simplemente repite el discurso y pretende justificar la misma estrategia de seguridad pública que postuló desde un día antes de rendir protesta como presidente de la República. Lo único nuevo es la táctica mediática, pues no había recurrido a una carta personal y tampoco había ocupado las pantallas de televisión y el espectro radioeléctrico para justificar, específicamente, su estrategia de combate al crimen organizado.
Pero las acciones y respuestas mediáticas tampoco son nuevas; más bien son la constante en este gobierno. Y es que Calderón está convencido de su eficacia, como lo señaló el pasado martes 15 al inaugurar un hotel en San José del Cabo, Baja California Sur: “Pero además, algo quizá más importante que las carreteras o las plantas de tratamiento (…) es la promoción de la imagen de México. Y esta vez, amigas y amigos (…) estamos promoviendo en mi gobierno un proyecto integral de publicidad, sí, pero principalmente de relaciones públicas, en la que estamos contratando a las mejores agencias del mundo para promover integralmente la imagen de México. Sí, para explicar los problemas que tenemos, pero también cómo los enfrentamos…”.
Así, es más importante cacarear que poner el huevo. Es decir, frente a la ausencia de resultados, la publicidad y las relaciones públicas; ante la terca realidad, la respuesta virtual. Y los golpes mediáticos sí surten efectos, pues aunque no logran transmitir el mensaje ni siquiera a los propios integrantes del gabinete de seguridad, sí permiten distraer la atención, ya que, después de la carta presidencial, varios especialistas se ocuparon de ese intento de cambio de percepción de “guerra contra el narco” a “lucha por la seguridad pública”, pese a que el discurso presidencial siempre ha mantenido el mismo énfasis.
En el desplegado capturaron la atención las siguientes definiciones:
“…El objetivo ha sido recuperar la seguridad de las familias mexicanas; refrendar a México como un país de leyes y de instituciones; y garantizar una convivencia ordenada y tranquila en todo el país.
“La lucha es, pues, por la seguridad pública. Enfatizo lo anterior porque existe una percepción generalizada de que el objetivo del gobierno es ‘combatir el narcotráfico’. Usualmente las referencias a la acción del gobierno se etiquetan o refieren simplemente como una ‘guerra contra el narco’ o ‘la lucha antinarco’. Esto, sin embargo, no es así.”
También manifestó: “Y quiero ser claro. La nuestra no es una lucha ni única ni principalmente contra el narcotráfico. Es una lucha contra toda expresión del crimen organizado que afecta a los ciudadanos. Es una lucha contra quienes se apoderan por las armas de pueblos o comunidades y agreden a quienes ahí viven”.
Ese ha sido el énfasis de Calderón desde antes de rendir protesta como presidente constitucional, pues al presentar el gabinete de seguridad, el 30 de noviembre del 2006, expuso:
“El Estado debe cumplir a cabalidad con su principal obligación: asegurar la paz social y respetar y hacer respetar la ley y las instituciones (…) El problema del narcotráfico y la delincuencia organizada tiene que enfrentarse con acciones enérgicas (…) Al mismo tiempo, quiero iniciar de la mano con la sociedad y los ciudadanos un esfuerzo orientado a intensificar la prevención del delito, a rescatar los espacios públicos y a establecer una nueva cultura de legalidad en México.”
Al dirigirse “al pueblo de México desde el Auditorio Nacional”, reiteró: “Una de las tres prioridades que voy a encabezar en mi gobierno es, precisamente, la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad; las instituciones responsables de la seguridad pública requieren transformaciones profundas para incrementar sustancialmente su eficacia”.
Posteriormente, con motivo de los tres años de gobierno, el 2 de septiembre de 2009, insistió: “En ello quiero ser muy enfático. El objetivo medular del gobierno es lograr la seguridad pública de los ciudadanos, y no única ni principalmente combatir al narcotráfico. Combatimos con determinación al crimen organizado porque es nuestra obligación constitucional y ética”.
En esa ocasión hizo un recuento de antecedentes, acciones y resultados casi idéntico al que reproduce en el desplegado y el mensaje; incluso recurre a los mismos datos: “…baste decir que la droga que hemos decomisado alcanzaría para proveer con más de 80 dosis a cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años de edad”.
A pesar de todas estas reiteraciones presidenciales, vale la pena aclarar que la idea de circunscribir la “lucha por la seguridad pública” a “una guerra contra el narco” surgió precisamente de su mismo gabinete de seguridad, pues el 11 de diciembre de 2006, al anunciar el inicio de la Operación Conjunta Michoacán, fue el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien señaló: “…desde el primer día de su gobierno, hemos privilegiado la planeación y ejecución conjunta del gabinete de seguridad en el establecimiento de las acciones estratégicas para enfrentar con efectividad al narcotráfico y la delincuencia organizada”.
Y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, al informar “sobre los avances en materia de combate al crimen organizado y el narcotráfico”, el 31 de agosto de 2007, dijo: “En el marco de la estrategia del Estado mexicano para combatir el fenómeno del narcotráfico en sus diferentes vertientes, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene bajo su responsabilidad directa la erradicación de cultivos ilícitos y –en coadyuvancia con otras autoridades– la de la intercepción de drogas y la del combate al crimen organizado”.
En el mismo acto, Francisco Saynez Mendoza, titular de Marina, afirmó: “Hemos recuperado los espacios perdidos en las costas y los mares nacionales contra el narcotráfico (…) minimizando el tráfico de estupefacientes por parte del crimen organizado...”.
El entonces procurador, Eduardo Medina Mora, por su parte, rindió el siguiente informe: “La Procuraduría General de la República, en cumplimiento del mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos del orden federal, y en estrecha coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública y de las autoridades estatales, reporta los siguientes resultados relevantes en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada…”.
Pero la confusión no es únicamente en el lenguaje, ya que, trátese de una “guerra contra el narco” o “contra el crimen organizado”, no ha dado resultados porque se le ha dado un enfoque meramente policiaco y de seguridad. Y precisamente por ello Calderón requiere de desplegados y mensajes para tratar de legitimar mediáticamente la acción gubernamental con el recurso de la precisión de conceptos.
Como dicen los abogados: “aclaración no pedida, culpa admitida”. Pero no se trata de “bajar la guardia o claudicar” ni de cuestionar si “la lucha vale la pena” o no, como reiteradamente manifiesta Calderón; se trata –nada más, pero también nada menos– de revisar una estrategia que hasta hoy ha fracasado.
MÉXICO, D.F., 21 de junio.- A primera vista, el desplegado de Felipe Calderón del pasado lunes 14 de junio podría parecer una respuesta a aquellos analistas, políticos o incluso narcotraficantes que se hayan atrevido a sugerirle “pactar” con el crimen organizado. “Mi gobierno está absolutamente decidido a seguir combatiendo sin tregua a la criminalidad hasta poner un alto a este enemigo común y conseguir el México que queremos”.
Sin embargo, el texto también puede ser leído como un velado intento de establecer nuevos “arreglos” con los narcotraficantes. Plantea que el nuevo objetivo “no es única ni principalmente combatir al narcotráfico”, sino “lograr la seguridad pública de los ciudadanos”. De acuerdo con el presidente, “el punto clave es reducir la acción del crimen organizado contra la población”.
Existen contradicciones evidentes en su discurso. Por un lado, Calderón señala que las alternativas “eran muy claras: ignorar ese problema y administrarlo para tratar de evitar los costos de su solución (...) o hacerle frente con toda la fuerza del Estado y resolverlo”. Por otro lado, sugiere que ya no busca “resolver” el problema del narcotráfico o derrotar a los delincuentes, sino simplemente “reducir” sus acciones y minimizar su impacto en la sociedad en general. En otras palabras, tal parece que se hará precisamente lo que supuestamente se rechaza: “administrar” el problema del narcotráfico.
Este contexto es lo que nos permite entender por qué Calderón tan inesperadamente ha repudiado el concepto de “guerra” que él mismo había venido utilizando con tanta frecuencia. Las guerras necesariamente tienen un principio y un fin, así como ganadores y perdedores. Hoy el presidente busca que su batalla sea permanente y se ha dado cuenta de que hasta la fecha los narcotraficantes van ganando en su confrontación con el gobierno. Tanto la escalada de violencia de los últimos días como el secuestro de Diego Fernández de Cevallos han influido de manera contundente en esta reevaluación de la coyuntura.
Pero en lugar de aceptar su derrota táctica y cambiar de estrategia, el primer mandatario prefiere simplemente cambiar el juego. Ya no se trata de ganarle a los narcotraficantes, sino únicamente de controlarlos y ponerles límites.
También es de notar la preocupante nostalgia percibida en la misiva de Calderón por aquellos tiempos en que, según él, el narcotráfico mantenía “un bajo perfil” y “no se metía con nadie”. Ante el rotundo fracaso de su “guerra”, parece que hoy el presidente estaría listo para llegar a un acuerdo similar a los que existían en el pasado, en que los delincuentes se comprometen a respetar a la población y el gobierno acepta permitir el tránsito de drogas por el país.
El problema, sin embargo, es que los mismos narcotraficantes aparentemente ya no quieren llegar a un arreglo. De acuerdo con Calderón, hoy los delincuentes cuentan con tanto poder y control territorial que la única opción que le queda al gobierno es una confrontación directa. “Se plantea como si la acción del gobierno fuera la que provocó la violencia y la criminalidad, cuando es completamente al revés. Han sido la violencia y la delincuencia las que han motivado la acción decidida del gobierno”.
En pocas palabras, es el narco, y no el gobierno, quien tiene la iniciativa y pone la agenda en la “lucha por la seguridad pública”. Según el presidente, si los narcotraficantes no hubieran “provocado” al gobierno desde un principio, éste no hubiera tenido que actuar de manera tan “decidida”.
El mensaje subliminal es claro. Si los narcotraficantes quieren que el gobierno no se meta con ellos, tendrán que organizarse mejor para no generar tanta violencia. Así como los delincuentes fueron los responsables de generar la confrontación actual con el gobierno, ellos también serían los únicos capaces de poner fin a la violencia. Con su desplegado, Calderón parecería tender la mano a los capos y proponer un pacto de caballeros a los principales cárteles mexicanos.
El abandono del discurso de la “guerra” teóricamente podría tener efectos positivos si es que implicara una reducción de las violaciones a los derechos humanos, una desmilitarización del país, o un fortalecimiento de la rendición de cuentas de las “fuerzas del orden”. Pero la comunicación de Calderón no menciona absolutamente nada al respecto. No habla del retiro de los soldados de las calles, ni de la responsabilidad de las fuerzas militares para rendir cuentas. Tampoco ofrece alguna propuesta novedosa de combate a la corrupción en las tareas de seguridad pública ni cuestiona la opacidad reinante en la Procuraduría General de la República.
Una vez más, el mensaje de Calderón injustamente culpabiliza a las víctimas del delito. “En general, el gobierno puede detectar razonablemente indicios sobre las causas de los homicidios cometidos en aproximadamente 70% de los casos. Alrededor del 90% de estos casos de homicidio con algún indicio en su causa corresponde a personas muy probablemente vinculadas a organizaciones criminales, que caen durante enfrentamientos o ejecuciones entre bandas”. En primer lugar, destaca el lenguaje dudoso y tambaleante que utiliza el presidente: “en general”, “detectar razonablemente”, “indicios”, “aproximadamente”, “alrededor”, “muy probablemente”, etcétera. También llama la atención que ahora el famoso 90% resulta ser no en relación con todos los muertos, sino únicamente con respecto a 70% de los mismos. De un plumazo, Calderón ha confesado que hay unas 5 mil “bajas civiles” adicionales a las que originalmente había informado.
El desplegado de Calderón no refleja la fortaleza de su lucha contra la delincuencia organizada, sino la derrota de su gobierno a manos del narcotráfico y su disposición para encontrar una salida negociada. En lugar de corregir el rumbo y atender las raíces del problema, el presidente recurre una vez más al típicamente artificial despliegue publicitario para esconder el tamaño de su fracaso. l
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