LONDRES
(apro).- El primer ministro británico, David Cameron, quedó
peligrosamente enfrentado con sus socios liberal democráticos de la
coalición de gobierno debido al debate sobre el futuro de la Unión
Europea (UE). Ese debate se desató luego de que Cameron …
MÉXICO,
D.F. (apro).- En medio de la cacería internacional del técnico de la
Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, quien reveló que el
gobierno de Washington espió a millones de estadunidenses e
instituciones de otros países, y la reactivación del juicio al soldado
Bradley Manning, quien filtró cientos de miles de documentos
confidenciales al sitio Wikileaks, casi pasó inadvertida la acusación
contra James E. …
MILÁN
(apro).- Las torres blancas y rojas se pueden observar mucho antes que
el auto llegue en la Piana (la llanura), donde 60 kilómetros cuadrados
de tierra se zambullen en el Mar Tirreno. Ahí palpita el corazón de la
mafia emprendedora, la Ndrangheta: una multinacional del crimen,
integrada por mil 527 “hombres de honor”, que factura 44 mil millones de
euros al año. Es …
BRUSELAS
(apro).- El Consejo de Europa, una institución internacional que
promueve los derechos humanos y los valores de la democracia y el Estado
de derecho, juzgó en un reporte que el excesivo poderío de Televisa y
Tv Azteca plantea una “relevante dificultad” para alcanzar en México los
niveles internacionales de pluralismo electoral.El reporte de opinión
–publicado el pasado 18 de junio y que fue …
MÉXICO,
D.F. (apro).- Al entrar en su salón de clase, un aula del Centro la
Divina Providencia en Chimalhuacán, Estado de México, la maestra Beatriz
recibe los calurosos aplausos de sus 19 alumnos. La mayoría de ellos
tienen ya canas, pero se muestran orgullosos. No es para menos: el
miércoles 26 de junio se graduaron y ahora ya saben leer y
escribir.“Cuando le digo …
VALPARAÍSO,
Chile (apro).- La expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010) arrasó en
las primarias del Pacto Nueva Mayoría registradas el pasado 30 de junio.
Obtuvo un millón 561 mil votos, equivalentes a 73% de los sufragios,
con lo que se convirtió en la candidata única de este bloque político de
cara a la primera vuelta presidencial del próximo 17 de noviembre.
Quedaron fuera de carrera el …
Salinas Pliego, en defensa de los ‘derechos humanos’ de Elektra
El dueño de TV Azteca desató un complejo litigio contra la Bolsa Mexicana de Valores: argumentó que un cambio en la normatividad atentó contra “los derechos humanos” de Grupo Elektra, lo que le hizo perder más de 7 mil millones de pesos. Este caso –el segundo que lo enfrenta con autoridades bursátiles– ya provocó que una juez se exhibiera en presuntos actos de corrupción y que la prensa especializada y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sentenciara: Ricardo Salinas Pliego no es un jugador confiable.
Ave de tempestades, Ricardo Salinas Pliego y su compañía estelar,
Grupo Elektra, se encuentran en un complejo litigio contra la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), a la que acusan de haber violado sus
“derechos humanos” al hacer públicos en abril de 2012 los ajustes a la
metodología del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en el mercado
bursátil nacional, lo que causó un desplome en el valor de las acciones
de la empresa de electrodomésticos, la joya de la corona del empresario
regiomontano.
En respuesta, la BMV ha involucrado al Poder
Judicial capitalino y en especial a la juez sexto de lo Civil del
Distrito Federal, Josefina Rosey González, acusada penalmente por
haberle otorgado “ventajas indebidas” a la compañía del dueño de TV
Azteca y, desde esta semana, por haber “dirigido o aconsejado” a Grupo
Elektra, lo cual significaría “una violación al deber de imparcialidad
que debió guardar”.
No es la primera vez que Salinas Pliego se ve
involucrado en un juicio contra autoridades bursátiles. En 2006 la
Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos multó al
empresario por no informar a sus inversionistas sobre operaciones en el
mercado de valores de Codisco y Unefon, que le reportaron ganancias por
109 millones de dólares.
También se ha enfrentado en tribunales al
Grupo Carso, de Carlos Slim, por la disputa en el mercado de las
telecomunicaciones, donde ahora es socio de su excompetidor, Grupo
Televisa, en la compañía de telefonía móvil Iusacell.
Apenas el
año pasado TV Azteca se enfrentó con el Instituto Brasileño de Opinión
Pública y Estadística (IBOPE), dedicado a entregar los índices de
rating, argumentando una presunta alteración en la base de datos.
En
julio de 2012 presentó una denuncia contra el IBOPE ante la Fiscalía de
Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, acusándolo de “manipular” los ratings y afectar así los
ingresos publicitarios de los canales 7, 13 y 40, propiedad de Salinas
Pliego.
Ahora la cruzada de Grupo Elektra contra la BMV no es para
menos. Entre 2012 y 2013 Salinas Pliego pasó de ser el segundo hombre
más rico de México y el 37 del mundo en la lista de Forbes (la revista
calculó en 2012 su fortuna en 17 mil 400 millones de dólares) a un
distante lugar este año, al disminuir a 9.9 mil millones de dólares su
capital.
La causa fue la caída de las acciones de Grupo Elektra,
la compañía de electrodomésticos que se convirtió en “la fuente del
despegue” de la fortuna de Salinas Pliego, según la propia Forbes.
A
raíz de que la BMV dio a conocer el 12 de abril de 2012 que las 35
empresas que forman parte del IPC deben tener un mínimo de acciones
flotantes de 12% de su capital o el equivalente a 10 mil millones de
pesos para ser consideradas, las acciones de Grupo Elektra cayeron
17.7%. En dos días el valor de esta compañía disminuyó 7 mil millones de
dólares, según el cálculo de analistas bursátiles citados por The
Economist. El 25 de abril de 2012 ese semanario publicó un análisis
especial del caso, titulado Electric shock. Explicó que la disminución
de estas acciones fue el resultado de que alrededor de la quinta parte
de su valor estaba atado a un derivado de una transacción llamada equity
swap.
The Economist recordó que Salinas Pliego no es un
empresario confiable en el mundo bursátil. En 2006 pagó una millonaria
multa por presunto fraude contra la SEC, el organismo regulador bursátil
de Estados Unidos, en el caso de Codisco-Unefon.
El
encarecimiento artificial durante 2011 y 2012 de las acciones de Grupo
Elektra fue detectado también por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), organismo encargado de vigilar a las empresas que
cotizan en bolsa, y por el Índice Morgan Stanley Capital International
(IMSCI), uno de los proveedores de índices más importantes del mundo.
El
IMSCI decidió eliminar a Elektra de su índice y la CNBV consideró, en
reportes internos, que la compañía de Salinas Pliego no era un jugador
confiable pues había favorecido el encarecimiento artificial de sus
acciones para obtener “una ventaja indebida”.
“Derechos humanos”
El
3 de julio de 2012 Grupo Elektra promovió, a través del equipo de
abogados coordinado por Gerardo Ramírez Ornelas, una demanda de juicio
ordinario mercantil por daño patrimonial contra la BMV. Argumentó que el
organismo privado violó sus “derechos humanos” al cambiar la
metodología para el cálculo del IPC.
Grupo Elektra le solicitó a
la juez Rosey González que, como medida cautelar, ordenara la suspensión
de la nueva metodología a favor sólo de la compañía de Ricardo Salinas
Pliego. La juez le otorgó tal medida cautelar, generando un pequeño
escándalo entre los círculos bursátiles especializados.
La BMV
acató la disposición y no ha aplicado a Grupo Elektra los cambios en la
metodología del IPC, a pesar de que las otras 34 grandes compañías que
forman parte del índice han tenido que aceptarlos.
En su mismo
análisis de agosto de 2012, The Economist calificó como “una sentencia
sorpresiva” la resolución de la juez de amparar su decisión en la
Convención Americana de los Derechos Humanos, que “generalmente no se
aplica para compañías” de las dimensiones de Grupo Elektra.
Julio
Zamora, especialista de Citigroup citado por The Economist, se preguntó:
“¿Son las leyes en México aplicadas equitativamente, o pueden las
compañías utilizar el sistema legal para seleccionar o escoger qué leyes
deben aplicárseles?”.
Para distintos analistas consultados por
Proceso lo que estaba en juego no eran derechos humanos de algún
individuo, sino el presunto daño mercantil contra una empresa.
En
paralelo, en agosto de 2012 Grupo Elektra interpuso una demanda por daño
moral contra Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes en
el calderonismo y presidente de la BMV, alegando presuntas afectaciones
a la reputación de la compañía en una entrevista que concedió a Joaquín
López Dóriga el 16 de abril del mismo año. El juez 27 de lo civil en el
Distrito Federal, Gilberto Ruiz Hernández, declaró procedente la
demanda.
Los abogados de la BMV recurrieron la sentencia por daño
moral contra Téllez. En abril de este año, éste anunció que apelará el
fallo del juez 27 de lo civil, que lo sentenció a pagar una
indemnización por daño moral contra Grupo Elektra.
Paradójicamente
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la BMV acordó ratificar
a Téllez como consejero presidente y director general de la bolsa, en
un claro espaldarazo al exsecretario de Energía zedillista frente al
litigio con Salinas Pliego.
Grupo Elektra presentó sin éxito dos
denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República contra
el director general de la BMV y el entonces presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, que no prosperaron.
“Sincronía” con la juez
El
litigio por presunta violación a los “derechos humanos” de Grupo
Elektra se puede convertir en una caja de Pandora judicial. De acuerdo
con el abogado Carlos Riquelme, quien lleva el caso por parte de la BMV,
se podría confirmar el “contacto” o la “comunicación indebida” entre la
juez Rosey y el Grupo Elektra.
Rosey es una de las jueces más
cercanas al magistrado Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, a quien le gusta presumir
públicamente su buena relación con los dueños de las dos principales
televisoras del país. Elías Azar no sólo ha festejado a sus magistrados
en el Estadio Azteca de Televisa, también jugó un papel esencial en la
detención de Paula Cussi, quien litigó con Emilio Azcárraga Jean la
sexta parte del legado de Emilio Azcárraga Milmo.
La BMV contrató
al despacho Carrancá, Araujo, Acosta y Riquelme, encabezado por Agustín
Acosta Azcón –el mismo que defendió a Florence Cassez y logró su
liberación por violaciones al debido proceso–, para denunciar penalmente
a la juez Rosey por concederle una “ventaja indebida” a Grupo Elektra,
toda vez que el asunto es competencia del fuero federal y la medida
cautelar otorgada –eximir a Elektra del uso de la metodología del IPC–
“no tiene fundamento en precepto legal”, según consta en la demanda.
La
juez contestó a la demanda penal interpuesta ante el Ministerio Público
Federal y exhibió en su respuesta un escrito que resultó ser idéntico
en tres párrafos al del amparo interpuesto por Grupo Elektra ante el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal contra la resolución
de turnar el caso a tribunales federales, el 13 de mayo de 2013.
Como
si se tratara de un copy-paste, tanto la juez como Grupo Elektra usaron
las mismas palabras para justificar cómo debe tomarse en cuenta el IPC
de la BMV.
Los tres párrafos idénticos dicen:
“En otras
palabras, debe decirse que el IPC no es más que un termómetro del
mercado bursátil, esto es, un simple indicador del dinamismo del que
participa la actividad bursátil nacional, pero ajeno a los servicios de
intermediación financiera, es decir, jamás pone en contacto oferta y
demanda de valores centralizando posturas… Su único fin es permitir a
los intermediarios y gran público inversionista leer la actividad del
mercado bursátil.
“De acuerdo con el libro Para Entender la Bolsa,
Financiamiento e Inversión en el Mercado de Valores del maestro Arturo
Rueda, el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones refiere, a simple
vista, un índice de precios o benchmark que es sólo una cantidad, un
parámetro que resume la actividad general del mercado accionario.
“En
ese tenor, pues, resulta claro que la emisión y el propio Índice de
Precios y Cotizaciones no constituyen en ningún momento servicios de
intermediación que pongan en contacto oferta y demanda de valores
centralizando postura; la emisión del índice constituye simplemente una
actividad auxiliar realizada por un particular para poder ofrecer un
parámetro de la actividad del mercado bursátil; tan es así que el IPC no
es el único existente, es un índice más emitido por un particular para
ofrecer una lectura del panorama bursátil.”
Así consta en la
declaración de la juez, como en el amparo de Grupo Elektra interpuesto
por Ángel Fabricio Escalante Sánchez, cuyas copias tiene Proceso.
El
pasado lunes 24 el abogado Riquelme Rodríguez, en representación de la
BMV, interpuso una ampliación de la demanda ante la Dirección General de
Asuntos Especiales de la PGR, argumentando que la juez “presumiblemente
ha compartido información confidencial vinculada directamente con los
hechos que se investigan.
“Por el orden cronológico en que se
presentaron la declaración de Josefina Rosey González y la demanda de
amparo de Elektra puede inferirse una violación al deber de
imparcialidad que debió guardar la indiciada.
“La juez sexto de lo
Civil en el Distrito Federal, Josefina Rosey González, probablemente ha
dirigido o aconsejado a una persona jurídica que litiga ante ella; es
decir, ha aconsejado a Elektra o compartido información confidencial
sobre argumentos relacionados con los hechos del juicio ordinario
mercantil 786/2012 y los de la presente indagatoria, al tiempo que dicha
sociedad es parte actora en el juicio ordinario mercantil 786/2012 que
se sigue ante el órgano jurisdiccional a cargo de la indiciada”, afirma
Riquelme Rodríguez en la ampliación de la demanda.
Por ley, Grupo
Elektra no debe tener acceso a la demanda contra la juez y menos a la
declaración de ésta en respuesta a la denuncia por “ventaja indebida”.
Presentada como una especie de solución final a la concentración monopólica del sector de telecomunicaciones, la iniciativa de reforma a la ley correspondiente aborda los temas adecuados, pero especialistas y analistas coinciden en que contiene trampas que pueden revertir la autonomía del Ifetel, pondrán a sus comisionados en riesgo de captura, favorecerán al monopolio televisivo y crearán nuevas inercias políticas en la asignación y refrendo de las concesiones.
Negociada a puerta cerrada durante más de dos meses por un núcleo de
especialistas, legisladores, funcionarios del gobierno federal y
dirigentes partidistas, integrantes del Consejo Rector del Pacto por
México, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de
radiodifusión ha sido presentada por sus promotores como un “cambio
histórico” equivalente, dicen, a “la caída del muro de Berlín” y al fin
de los monopolios en telefonía y televisión.
Advierten que por
primera vez se incorporan a los artículos 6 y 7 de la Constitución
conceptos a favor de la libertad de expresión, la prohibición de la
“publicidad integrada” y también el acceso a las nuevas tecnologías como
un derecho universal.
En las reformas a los artículos 27 y 28 se
establece la conformación de un organismo autónomo que le quitará al
Ejecutivo federal la discrecionalidad en el otorgamiento y refrendo de
concesiones.
El mismo presidente Enrique Peña Nieto lo presumió
así en la presentación de la iniciativa, el lunes 11 en el Museo
Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, ante una audiencia
complaciente, con la destacada ausencia de los concesionarios y el
optimismo desbordado de quienes desde entonces consideran que ya se
concretó la democratización de los medios electrónicos.
“El
Ejecutivo federal ya no será quien otorgue las concesiones y permisos.
Las decisiones en esta materia serán técnicas y no políticas”, proclamó
Peña Nieto al presentar la iniciativa que será discutida y puede ser
aprobada fast track en ambas cámaras del Congreso.
Sin embargo,
observadores y analistas consultados por Proceso advierten en este
postulado la primera trampa de la reforma: el Ejecutivo federal no
renuncia a la posibilidad de intervenir en el otorgamiento, refrendo y
revocación de las concesiones. Por el contrario, se convierte en la
“primera ventanilla” para el nuevo mecanismo.
El texto de la
reforma al artículo 28 constitucional prescribe que le corresponde al
Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el nuevo organismo
autónomo, “previa opinión no vinculante del Ejecutivo federal”, el
otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o
cambios de control accionario, titularidad u operación de las sociedades
relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y
telecomunicaciones.
Para el senador panista Javier Corral, que
apoya los cambios pero alerta acerca de los errores de la propuesta, se
trata de un “chipote presidencialista” innecesario que “lo único que
introduce es un elemento distorsionador de la autonomía plena”. Al día
siguiente de la presentación de la iniciativa, Corral argumentó:
“Si
todo el proceso será jurídico y técnico, ¿qué tipo de opinión podría
producir el presidente de la República? Pues una opinión política, y
creo que es exactamente lo que no quiere ni desea la iniciativa.
“Si
ya se tomó la decisión de un órgano constitucional autónomo, hay que
quitarle ese chipote presidencialista que incorpora la opinión previa
del presidente de la República, porque lo único que va a hacer es tener
entonces una doble ventanilla. Habrá a quienes no satisfacen, o sí, los
derechos de una concesión y van a ir a cabildear con el presidente de la
República una decisión que debe ser absolutamente técnica. Creo que
esta es una de las correcciones que debe hacerse (en la iniciativa) para
perfeccionarla.”
La directora de Observatel, Irene Levy, es más
contundente y afirma que la “opinión no vinculante” del Ejecutivo
federal echa abajo la tesis de la autonomía plena y genera una “doble
ventanilla”, tal como existe ahora entre la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
“Me
parece escandaloso que el presidente pueda opinar previamente. Si
tenemos un organismo autónomo, ¿para qué se le mete ese candado?”, se
pregunta.
–¿Puede generar una presión política? –se le plantea.
–Sí,
claro. Hay un riesgo de control político. Nos están engañando. No es
cierto que el Ejecutivo renuncie a su facultad de intervenir en las
licitaciones y concesiones.
Levy hace una analogía con el
Instituto Federal Electoral para advertir el riesgo de la injerencia
presidencial: “Pedirle una opinión previa no vinculante al Ejecutivo es
tanto como si los consejeros del IFE le pidieran al presidente de la
República su opinión antes de organizar las elecciones”.
Nuevo Frankenstein
Los
siete comisionados del Ifetel no sólo tendrán atribuciones en materia
de telecomunicaciones y radiodifusión; también absorberán todas las
funciones de regulación en materia de competencia y de participación de
monopolios que durante más de 15 años ha tenido la Comisión Federal de
Competencia.
Serán responsables de otorgar y revocar concesiones,
función que ahora compartirán con la “opinión no vinculante” del
Ejecutivo federal.
También ordenarán la desincorporación de los
activos de empresas; administrarán el espectro radioeléctrico de la
nación; regularán la concentración y propiedad cruzada de los medios de
comunicación; van a declarar a los “actores preponderantes en el
mercado”; asignarán de manera “directa” las concesiones para uso público
y social (no se prevén concesiones para uso comunitario o indígena) y
fijarán los criterios para otorgar autorizaciones en el acceso de
multiprogramación.
Por si estas funciones de eminente carácter
técnico fueran pocas, los comisionados del Ifetel también se encargarán
de tareas propias de especialistas en libertad de expresión y derecho a
la información, como definir cuándo hay “publicidad integrada” en los
contenidos de radio, televisión y telecomunicaciones; establecerán
“mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional
independiente”; regularán el derecho de réplica; tendrán atribuciones
para determinar que la publicidad en radio y televisión “sea
equilibrada”, y supervisarán que los contenidos de la programación
dirigida a la población infantil “respete los valores y principios a que
se refiere el artículo 3º de la Constitución”, entre otras.
“El
Ifetel propuesto es un Frankenstein con facultades gigantescas que al
final dependen de la decisión del Ejecutivo, esto en virtud de que
siempre existirá una opinión por parte de éste para todas las partes de
la vida de las concesiones”, advierte Salomón Padilla, vicepresidente de
la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México y abogado
especializado en la materia.
Agrega que “es cierto que el artículo
28 afirma que la opinión del Ejecutivo federal será ‘no vinculante’,
pero ¿quién le quiere decir ‘no’ al presidente?”.
Él observa otro
riesgo grave: que la “captura” de los integrantes del Ifetel se realice
antes de su elección y no después. Los siete integrantes serán
propuestos por el Ejecutivo federal con ratificación del Senado de la
República. Previamente, pasarán por la selección de un comité evaluador
integrado por representantes del Banco de México, del Inegi y del
Instituto de Evaluación Educativa.
“Por cierto, todos los actos
del proceso de selección y designación de los comisionados del Ifetel
serán inatacables”, indicó Padilla.
Tanto él como Levy encuentran
otro problema con la configuración de un organismo con este nivel de
decisiones: la reforma constitucional primero crea el Ifetel y luego
generará la legislación secundaria que deberá estar lista a los 180 días
siguientes de la publicación de la reforma constitucional, con lo que
se crea un “vacío legal enorme”.
Como consecuencia, los poderosos
integrantes del futuro Ifetel tendrán sólo seis meses para resolver lo
relativo a la predominancia en monopolios, licitar las dos cadenas de
televisión nacional que ordena la reforma e indicar qué agentes tienen o
no prácticas monopólicas.
Un regulador, consultado por Proceso y
que prefirió omitir su nombre, advierte que los procedimientos para un
auténtico análisis técnico en materia de competencia no se realizan bien
en seis meses. “Están colocando todos los huevos en la canasta del
Ifetel. No establecen ningún organismo que haga contrapeso a sus
decisiones porque absorberán las funciones que actualmente tiene la
Comisión Federal de Competencia en materia de regulación en
telecomunicaciones y, frente a esto, existe un gran riesgo de ‘captura’
del organismo por parte de los monopolios”, sintetiza.
Los
monopolios en telecomunicaciones y en radiodifusión son los que más
capturan a los órganos reguladores, advierte; “será una tragedia que no
tengan contrapeso de ningún otro organismo autónomo, porque sus
decisiones serán inatacables”. Y pone un ejemplo:
“Imaginemos que
se fusionan Telcel y Telefónica, los dos gigantes en telefonía móvil,
como ya sucedió con la fusión de Televisa y TV Azteca a través de su
sociedad en Iusacell. Las autoridades de telecomunicaciones los van a
autorizar porque privilegiarán la cobertura y no los criterios de
competencia real. Sería una tragedia.”
Irene Levy también alerta
que un elemento grave de la reforma constitucional es que se prohíbe la
suspensión en todos los actos de la Ifetel:
“Sus decisiones se
volverán actos de imposible reparación. Imaginemos: le revocan la
concesión a alguna empresa y tiene que suspender de inmediato. Si no se
incluye un procedimiento menos sumario, esto equivaldría a la denegación
de la justicia”, explica.
Monopolio de TV beneficiado
Tal
como está redactada la iniciativa de reforma constitucional, los más
afectados de inmediato serán los monopolios de telecomunicaciones, como
Telmex, y no los de radio y televisión, particularmente el Grupo
Televisa, coincidieron varios especialistas consultados. El senador
Javier Corral lo admitió claramente en la conferencia de prensa del
martes 12:
“Creo sinceramente que la reforma en este tema no tiene
simetría. Como que a la televisión se le ha cuidado, particularmente al
agente dominante en televisión, que es Televisa, porque se está
diciendo algo que después va a ser difícil de concretar y que la gente
lo vea: que habrá una partición del monopolio actual de la televisión y
que va a haber una desincorporación de activos.
“Como está
redactada la iniciativa, los límites de concentración en materia de
radiodifusión no darán para eso. Hay que tener cuidado con las falsas
expectativas, porque el único límite que se impone es el del
concesionamiento de frecuencias, nacional o regional, a diferencia de lo
que se le impone a los agentes dominantes en materia de
telecomunicaciones. En realidad, se dejan de regular los mercados más
concentrados en televisión.”
Corral, como otros analistas,
argumenta que para abrir la competencia en el mercado televisivo deben
tomarse en cuenta el nivel de concentración en publicidad, distribución
de contenidos, audiencias potenciales y zonas de cobertura geográfica.
Estos criterios no están incluidos en la iniciativa.
Televisa
tiene 70% de las concesiones de televisión, concentra el mismo
porcentaje en mercado publicitario a nivel nacional y acapara más de 80%
de los contenidos. La cadena del Canal 2 es la única con capacidad para
llegar a 92% de los hogares del país.
A decir de Corral, en
materia de desconcentración sólo se optó “por el futuro”: la licitación
de dos nuevas cadenas nacionales y la posibilidad de otras siete cadenas
regionales, “porque hay espectro y el proceso de conversión digital lo
multiplica”.
La reforma constitucional ordena en uno de sus
artículos transitorios que al culminar la llamada “transición digital”,
el 31 de diciembre de 2015, tanto Televisa como TV Azteca están
obligadas a devolver las frecuencias o “canales espejo” que les
entregaron, para dejar libre la banda de 700 Mhz y ahí desarrollar una
red nacional de banda ancha.
En el futuro negocio de la televisión
nacional se menciona que varios grupos están interesados en las dos
cadenas nacionales y en las posibles cadenas regionales: desde el propio
Carlos Slim hasta su socio MVS (en Grupo Dish), de la familia Vargas;
así como actores nuevos como Carlos Peralta, la familia Hank Rhon, el
Grupo Femsa, de Monterrey, la familia Macsise del Estado de México, y el
grupo Megacable, de Enrique Yamuni, con fuerte presencia en el
occidente del país.
Otros empresarios interesados en competir en
los campos de telefonía, televisión e internet son Tomás Milmo,
concesionario de Axtel; Olegario Vázquez Raña, del Grupo Imagen; así
como Alejandro Junco, del Grupo Reforma, y Juan Francisco Ealy Ortiz,
propietario de El Universal, la familia Cabada, de Canal 44 de Ciudad
Juárez, y diversos grupos regionales.
En ninguno de los casos se
alteran los intereses fundamentales de Televisa y TV Azteca. Por el
contrario, en la reforma se estableció una “cláusula de exclusión” para
que las reglas del must carry y del must offer, que obligan a
retransmitir de manera gratuita las señales abiertas de televisión en
los sistemas de televisión de paga y viceversa, no se otorguen al agente
dominante en telecomunicaciones que tenga más de 50% del mercado, es
decir, Telmex.
En el octavo transitorio de la iniciativa de
reforma también se le deja al Ifetel la facultad de eliminar la
gratuidad del must carry y del must offer:
“Las obligaciones de
ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos
perderán su vigencia simultáneamente cuando existan contenidos de
competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta
declaración será realizada por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones en los términos que establezca la ley. En este caso,
los concesionarios estarán en libertad de acordar los precios y
condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos (cursivas
propias). En caso de diferendo, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones determinará la tarifa que deberá estar orientada a
costos.”
La única cláusula de exclusión dirigida a Televisa y a TV
Azteca es que no podrán participar en las concesiones de nuevas
frecuencias de televisión aquellos grupos que actualmente acumulen más
de 12 Mhz de espectro (el equivalente a dos canales de televisión) o más
en cualquier zona de cobertura geográfica.
“Paradójicamente, a
Televisa le conviene la tercera y cuarta cadena de televisión porque
disminuirá su porcentaje dominante en materia de concesión de
frecuencias (70%)”, apunta Irene Levy.
Nuevo negocio
Escasamente
analizado, el artículo transitorio décimo sexto de la reforma
constitucional establece un nuevo negocio en materia de servicios de
telecomunicaciones (internet de banda ancha y telefonía) que dependerá
exclusivamente del Ejecutivo federal.
Ordena que éste, a través de
dependencias y entidades competentes, instalará “una red compartida de
servicios de telecomunicaciones al mayoreo” utilizando al menos 90 Mhz
del espectro liberado por la Transición Digital Terrestre (banda 700
Mhz), de los recursos de la red de fibra óptica de la Comisión Federal
de Electricidad (que los impulsores de la iniciativa Internet Libre para
Todos habían pedido para uso ciudadano) y “de cualquier otro activo del
Estado que pueda utilizarse en la instalación y operación de la red
compartida”.
Esta nueva red “podrá contemplar inversión pública o
privada”, es decir, puede ser una Asociación Pública Privada (APP), y su
instalación comenzará “antes de que concluya el año 2014” –un año antes
de las elecciones federales de 2015– y operará “antes de que concluya
el año 2018”, es decir, antes de que termine el sexenio.
Se debe
asegurar que en este nuevo consorcio no tenga influencia “ningún
prestador de servicios de telecomunicaciones” y atenderá exclusivamente a
“las empresas comercializadoras y operadoras de redes de
telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios
competitivos”.
Pero en este nuevo negocio “público privado” no
tendrá ninguna injerencia el Ifetel, el organismo autónomo que pretende
“revolucionar” la actual regulación de los medios y las
telecomunicaciones.
El engaño de los políticos a la ciudadanía es
mantener la retórica de que por poner algo en la Constitución, esto se
convertirá en realidad. Y el pasado lunes 11 volvió a suceder. El
presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de un importante séquito y de
los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de
la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional y
Partido Verde, con bombo y platillo anunció la iniciativa de reforma
constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (radio y
televisión abierta). Por su parte, la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados en su proyecto de “dictamen”
sólo hace una relatoría de lo que contiene la iniciativa y copia
íntegramente ésta, sin emitir razonamientos acerca de si está bien o no.
¿Será que la iniciativa que aparentemente tirios y troyanos aplauden es
tan positiva como se quiere hacer creer?
Instituciones. Se
propone que las instituciones que sustituyan a las actuales Comisión
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y Comisión Federal de
Competencia (Cofeco) sean órganos constitucionales autónomos, con
personalidad y patrimonio propios.
La iniciativa del presidente en
nada justifica por qué deben los propuestos Instituto Federal de
Telecomunicaciones (Iftel) y la nueva Cofeco pasar de tener cinco a
siete comisionados, aun cuando ello costará al menos 15 millones 804 mil
700 pesos al año, más impuestos, sin contar el costo del personal y
estructura administrativa de cada comisionado, pues cada uno de ellos
percibirá una remuneración igual a la de un ministro de la Suprema
Corte.
El incremento sin justificación de comisionados sólo
confirma que estas designaciones pretenden cubrir las cuotas de poder
distribuidas entre PAN, PRD, PRI y los partidos pequeños. Por si fuera
poco, la contradicción y burocracia de la iniciativa plantean que el
Iftel sea independiente del Ejecutivo federal, pero para otorgar,
revocar y autorizar cesiones de las concesiones se requiere opinión de
éste. ¿Para qué? Si esta opinión no es vinculante como se dice, ¿para
qué se requiere? Y si la opinión fuera vinculante, ¿dónde queda la
autonomía?
¡Protejamos al Estado! Qué tan mal estará nuestro país
que la iniciativa busca que la Constitución proteja al Estado, siendo
que la Constitución surge precisamente por la razón contraria: Proteger a
los gobernados frente al Estado. El Iftel y la futura Cofeco tendrán
facultad incluso para ordenar a un grupo corporativo vender sus empresas
o activos, pero éstos no podrán obtener la suspensión del acto de esas
autoridades. Así que si después de un litigio de cinco o seis años la
Suprema Corte de Justicia de la Nación les da la razón a los
particulares, de nada les servirá por las pérdidas de ganancias y la
imposible reparación.
Lo anterior revela que se asume que el Iftel
y la Cofeco estarán integrados por seres divinos que nunca se
equivocarán ni serán arbitrarios. Y si bien la creación de tribunales
especializados es positiva, jamás podrá suplir la ineficiencia en la
administración de justicia. Además de tribunales especializados se
requiere que existan juicios sumarios que no excedan de seis a ocho
meses, con lo cual las decisiones en uno u otro sentido serían
oportunas.
Must offer. Ha sido reconocido y documentado por la
propia Cofeco que para que una empresa de televisión de paga prospere,
tiene que incluir las señales de los canales 2 y 5 de Televisa. Esta
empresa antes podía discriminar si ofrecía sus canales estrella a las
empresas de televisión de paga y en qué términos. No fue sino hasta
ciertas resoluciones de la Cofeco y la validación del matrimonio
Televisa-TV Azteca a través de la adquisición de su hoy hijo común
Iusacell, cuando la Cofeco obligó a las televisoras a tener una oferta
pública para la retransmisión de sus señales por las empresas de
televisión de paga. En las ofertas se establece el costo por usuario que
se tendrá que pagar. La iniciativa prevé esta obligación conocida como
must offer por virtud de la cual las televisoras abiertas deben permitir
gratuitamente la retransmisión de su señal. Sin embargo, esta
obligación tiene una excepción con nombre y apellido: Telmex/Telcel.
Telmex/Telcel
ya fueron declarados dominantes y la iniciativa prevé que éstos no
podrán beneficiarse de la gratuidad de los contenidos. Es posible que
esté justificada esta excepción, no lo sé, pero la iniciativa debió
presentar a la ciudadanía los motivos para la excepción.
Producción
independiente. Más que una reforma a la Constitución, la iniciativa
parece una ley detalladísima, salvo en lo que pudiera contribuir a la
pluralidad, como el caso de la producción independiente. Ésta implicaría
que personas ajenas a los dueños de las televisoras y las estaciones de
radio puedan difundir sus creaciones en dichos medios. La producción
independiente bien definida daría nuevo aliento a la creatividad
mexicana en lugar de que sigamos siendo consumidores de lo que las
propias televisoras producen en sus estudios endogámicamente. ¿Por qué
no especificó la iniciativa que las televisoras deberán incluir
producciones independientes en determinado porcentaje y algunas en
horario estelar? ¿Se estará esperando que sea una Ley Televisa II en la
que se mutiló negativamente la definición de producción independiente en
beneficio de las televisoras?
* Excomisionada jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
claraluzalvarez@gmail.com
telecomysociedad.blogspot.com Para que queremos tener más cadenas de televisión si vamos a tener la misma basura:Jenaro Villamil
La candidata panista a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, ayer en acto de campaña en Tamaulipas La JornadaFoto Foto
Si las drogas alteran nuestra percepción de la realidad, los medios de comunicación no se quedan atrás. Si gracias al principio activo de ciertas sustancias nos reímos porque vuela la mosca o imaginamos cosas que nos aterran, es por la fuerza del dinero que el poder deforma a su antojo las noticias que vemos, oímos y leemos en periódicos, y aparatos de radio y televisión. Un caso extremo es el siguiente.
El pasado 5 de febrero, personas desconocidas colocaron en las tiendas de conveniencia de Cancún y Chetumal, Quintana Roo, una edición apócrifa de Luces del Siglo, la revista que dirige Norma Madero de Jiménez. Alguien falsificó el número 438 de ese semanario, para exhibir en la portada una foto del ex aspirante a senador del PRD, Gregorio Sánchez Martínez, junto a un agresivo título: Teólogo del crimen y apóstol del fraude.
Quienes distribuyeron esa edición apócrifa se llevaron los ejemplares de la que habían publicado efectivamente la señora Madero de Jiménez y su equipo, sobre un ex agente de los servicios de espionaje de la última dictadura argentina, que huyó a México y montó en Cancún una red de explotación sexual de mujeres. Lo singular del caso es que el sujeto fue denunciado por su propia hija. En consecuencia, la verdadera edición 438 de Luces del Siglo salió (de la imprenta) con este título: Raúl Martins, el espía espiado.
¿Cómo pudieron realizar tan abusiva maniobra, al margen del poder que gobierna Quintana Roo? Sin restarle gravedad –ni mucho menos dejar de subrayar el peligro en que se encuentra Norma Madero por denunciar a Martins–, esta jugarreta pertenece a la escuela picaresca de Roberto Madrazo, quien hace una década, en Tabasco, falsificó una edición de La Jornada para atacar a Andrés Manuel López Obrador.
Una prueba de que los medios nos imponen su propia versión de la realidad la ofreció nuestro compañero Víctor M. Toledo en su artículo más reciente: Enigma electoral: el misterio de las encuestas que se bifurcan (La Jornada, 10/4/12). A dos meses y medio de las elecciones, escribió, la gran mayoría de los medios televisivos, periodísticos y radiofónicos repiten con notoria frecuencia los resultados de las principales casas encuestadoras. Éstas ubican en primer sitio a Enrique Peña Nieto (EPN), seguido con cierta lejanía por Josefina Vázquez Mota (JVM). Y casi todas colocan a AMLO en tercer lugar.
Al promediar los resultados de siete firmas (GEA-ISA, Reforma, Mitofsky, Radio Fórmula, Covarrubias, El Universal y Parametría) ligadas con medios tradicionales, Toledo descubrió que marcan estas tendencias: AMLO, 17.8 por ciento; EPN, 38.5, y JVM, 23.5. Pero al examinar los estudios de opinión efectuados por otros actores y con otras metodologías, encontró que en todos ellos, sin excepción, AMLO apabulla a sus contrincantes.
Para apoyar la hipótesis de la manipulación de las encuestas (del primer grupo de firmas, en la que de antemano dijo que no cree), Toledo subrayó el retiro inexplicable (del aire) de tres sondeos realizados por televisoras: Univisión, UNO Noticias y Milenio Tv. En los tres, pero especialmente en el primero y en el tercero, AMLO arrasa a los otros candidatos con más de 80 por ciento de las opiniones. ¿A qué obedecen estas abismales diferencias?
Un destacado político tabasqueño expresó recientemente que, a su juicio, la pirámide social mexicana se divide en tres niveles, tanto por la manera de pensar como por los ingresos de sus integrantes. En la cima conviven personas de ideas y costumbres conservadoras, que representan 15 por ciento de los mexicanos. El grupo de enmedio (25 por ciento) se compone de mentes alertas y críticas, mientras en el de abajo, el más extendido (60 por ciento), se hallan quienes se orientan únicamente por la televisión.
Si trasladamos este esquema al ámbito electoral y lo contraponemos con los datos que Víctor M. Toledo mostró en su artículo, podríamos arriesgar algunas interpretaciones. Según las casas encuestadoras tradicionales, en el nivel inferior de la pirámide, de cada mil televidentes, 385 (o 38.5 por ciento) piensan votar por EPN, 235 (o 23.5) por JVM y 178 (o 17.8) por AMLO, en tanto 193 (o 19.3) no saben por quién se inclinarán, si es que lo hacen por alguien.
Ahora, si tomamos los resultados de las encuestadoras no tradicionales y los aplicamos a la masa crítica que habita a la mitad de la pirámide, podemos deducir que de ese 25 por ciento de la población (alrededor de 30 millones de personas), 80 por ciento votará por AMLO. Y por supuesto que es ahí, en ese sector, donde bullen la energía y la capacidad organizativa y movilizadora de quienes no desean otro sexenio, ¡el sexto!, de neoliberalismo, es decir, de saqueo, devastación, genocidio y sometimiento del territorio nacional a los intereses militares estratégicos de Estados Unidos.
Si en la base de la pirámide predomina la televisión, lo cierto es que en medio crece en forma exponencial la influencia de Twitter. Una investigación efectuada por El Canario Temerario (blog en construcción) descubrió que en 2010 había en México un millón 185 mil usuarios de esa red social. Datos estadísticos oficiales revelaron que tal cantidad ascendió a 4 millones 100 mil en marzo de 2011, por lo que actualmente se estima que la población tuitera es de unos 10 millones.
Aunque todavía no hay estudios académicos sólidos y confiables acerca de esta novedosa forma de comunicación, se considera que en el mundo, en promedio, de cada 10 cuentas de Twitter sólo seis están activas, esto es, que gorjean, como mínimo, una vez cada 60 días (twit en inglés equivale a pío-pío en español). Lo que nadie sabe es cuántas cuentas inactivas son usadas por personas que se dedican a leer lo que piensan los demás pero jamás se manifiestan.
Hasta anoche, al cierre de este Desfiladero, la cuenta de Peña Nieto tenía 514 mil 251 seguidores, la de Vázquez Mota 422 mil 204 y la de AMLO 361 mil 872. ¿Por qué, desde la aciaga comparecencia pública del priísta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, los mensajes en Twitter han sido avasalladoramente favorables a López Obrador? Por dos razones.
Una: porque un número indeterminado de seguidores de Peña Nieto y Vázquez Mota son cuentas que se manejan mediante programas de computación, pero detrás de las cuales no hay personas de carne y hueso ni cerebros de materia gris.
La otra: porque los partidarios del tabasqueño han descubierto que Twitter es una muy eficaz herramienta para combatir la desinformación que propagan televisoras, estaciones de radio y periódicos. En cierto sentido, gracias a la transparencia imperante en esa red social, Twitter es una suerte de ombudsman que protege el derecho a la información de los consumidores de noticias.
Por todo ello, en las elecciones mexicanas de julio de 2012 no sólo competirán dos proyectos políticos diametralmente opuestos, sino también los medios que respaldan a cada cual. Pero en los hechos triunfará no el que logre acumular más votos para su candidato, sino el que sea capaz de defenderlos y lograr que el IFE los declare válidos. En pocas palabras, quienes insisten en que la victoria de la derecha es ya inevitable, únicamente pretenden desanimar y alejar de las urnas a los indecisos.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se quejó de la política monetaria estadunidense y no logró grandes avances en materia comercial durante el encuentro celebrado ayer en la Casa Blanca con su par Barack Obama. Las autoridades brasileñas culpan a las estrategias de países desarrollados, como bajar tasas de interés y comprar bonos de Estados Unidos y Europa, de causar un tsunami que ha inundado de liquidez al país sudamericano, provocado un alza del real y afectado las exportaciones. La reunión arrojó pocos resultados concretos .
El nuevo plan de ajuste representa 10 mil millones de euros El gobierno de España recorta salud y educación La medida de Rajoy, para cumplir con el déficit impuesto por la UE Arguye que es para "conseguir mayor racionalización de recursos" El incremento de la pobreza pega ya a 25 por ciento de la población
Crecen casos de depresión, osteoporosis, desnutrición y otros Ssa: aumentó la longevidad, pero también sus males Dos millones de adultos mayores sufren limitaciones en su vida diaria Los problemas de deterioro mental, como el Alzheimer, representan 6% Gran reto, dar viraje del enfoque curativo al preventivo: Chertorivski
"Si no toleramos a un rey como poder político, no debemos tolerar a un rey de la producción, el transporte o la venta de cualquier necesidad de vida". -John Sherman, senador de EU-
Si de todos los problemas que aquejan a México fuese necesario escoger cuál privilegiar para resolverlo, me inclinaría por la concentración de poder: concentración de poder político o concentración de poder económico, que, desde cualquier óptica, están estrechamente vinculados y son interdependientes.
México se ha forjado sobre la base de concentración de poder. Aprendimos desde la Colonia a aceptar poderes políticos absolutos impuestos por un rey; incorporamos como inevitable el derecho del soberano a otorgar concesiones a unos cuantos, en cuyas manos quedaba el desarrollo de las actividades económicas, con exclusión del resto. Desde entonces poco ha cambiado.
En política, presidentes-dictadores, partidos hegemónicos y políticos sexenales han marcado la historia; en economía, afortunados privilegiados a quienes el "Estado" confirió concesiones o prebendas para explotar, en exclusiva o con protección, distintas actividades económicas del país.
Al menos, la alternancia del 2000 allanó el camino para el traspaso del poder ilimitado del Presidente a los gobernadores de los estados, quienes, en muchos casos, se han aprovechado de sus cargos y se convierten en omnipotentes y reacios a someterse a las más básicas reglas de transparencia y responsabilidad pública. Pero en materia de economía, y pese a las promesas de candidatos que llegaron a presidentes, la alternancia no cambió nada. En algunos casos, hasta reforzó el control de las empresas sobre el sector en el que operan.
Y si en política hoy tenemos un oligopolio de partidos que, a través de reformas que ellos mismos aprobaron con el voto de "sus representantes" en el Congreso, se arrogaron el derecho exclusivo a designar candidatos a los distintos cargos de representación popular, restringiendo el mandato constitucional que garantiza que todo ciudadano mexicano tiene derecho a "votar y ser votado"; en los más importantes sectores económicos y de desarrollo, seguimos sometidos a los reyes del maíz y la tortilla, el cemento, los bancos, el cobre, la educación, el pan en caja o similares, las telecomunicaciones y la televisión, por dar unos ejemplos.
No es justificación, para ningún gobernante o legislador, el que los monopolios y los oligopolios establecidos se hubieran formado con anterioridad a su gobierno o encargo. Siguiendo los principios establecidos en nuestra Constitución, están obligados a evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público. Esto significa actuar, a pesar de que conlleve a la confrontación con los poderes económicos con los que están estrechamente vinculados, o de los que dependen.
Existen numerosos precedentes en distintos países, incluso en Estados Unidos, cuya filosofía nacional está cimentada en los principios del libre mercado, en los que se han adoptado medidas determinantes para la conformación de mercados y el fomento de la competencia.
Casos como el de DuPont, declarado monopolio en el negocio de los explosivos 1912, y de cuya división surgieron dos nuevos grupos; el de Standard Oil, que partió a la petrolera en 34 empresas separadas y competidoras; el de AT&T en telecomunicaciones, de cuyo rompimiento surgieron siete empresas de telefonía local y una de larga distancia, son claros ejemplos de cómo la acción contundente del Estado, la de la justicia americana, permitió la reconfiguración de mercados monopolizados por empresas preexistentes.
Pero en México hablar de medidas equivalentes para crear mercados competitivos es tanto como discutir la "confiscación" o, peor, la "expropiación". Para cualquier político mexicano, mencionar la posibilidad de revocar concesiones como consecuencia de la práctica reiterada de acciones en contra de la competencia es anatema.
Y es que, si no para todas las industrias, sí para algunos casos muy evidentes, poder económico equivale a poder político y viceversa.
Si no ¿cómo explicar las candidaturas propuestas por la alianza PRI/PVEM de 13 personajes tan allegados a las televisoras como la hija de Ricardo Salinas Pliego, la hermana de Leopoldo Gómez -quien por cierto también fue propuesta por el PRI para ocupar el cargo de consejera del Instituto Federal Electoral-, o a una de las abogadas que desde 2009 trabaja temas electorales ante el IFE para un funcionario de Televisa, entre otros?
Ojalá que los intereses de la sociedad mexicana queden tan bien representados como lo serán los de las televisoras. Y si la verdadera representación popular no fuese equivalente en términos numéricos, ojalá que quienes nos defiendan tengan calidad moral.
Denuncia la evidente preferencia de Televisa y Tv Azteca por el candidato priísta
Se trata de que el pueblo se informe y no vuelva a ser engañado con la mercadotecnia, dice
Roberto Garduño
La denuncia por la evidente preferencia y manifiesto impulso de Televisa y Tv Azteca en favor del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, propició un llamado del abanderado de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, a evitar la influencia sustantiva de las televisoras en la decisión electoral de los ciudadanos, suplantando así el derecho legítimo del pueblo a elegir a sus gobernantes.
Una herramienta para afrontar los efectos enajenantes de las televisoras es el uso de las redes sociales, como medio de informar a los ciudadanos en torno a la trascendencia de la vigente campaña presidencial.
En encuentro matutino con los representantes de los medios de comunicación celebrado en su oficina de la calle San Luis Potosí, colonia Roma, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se dijo apesadumbrado por el fallecimiento del jurista Jorge Carpizo Mac Gregor.
Deseo expresar mi más sentido pésame a toda la comunidad universitaria por el fallecimiento del doctor Jorge Carpizo, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra universidad. El doctor Carpizo, como todos sabemos, fue un abogado distinguido que aportó mucho a la ciencia jurídica, un destacado universitario. Mi pésame para la comunidad universitaria y a sus familiares.
López Obrador advirtió sobre su preocupación por el destino del país y el futuro de las nuevas generaciones. Se tiene que informar a los ciudadanos –dijo– para que no logren su propósito los que tienen por objeto mediante la mercadotecnia y la publicidad imponer al próximo presidente de México, que no vuelvan a engañar al pueblo.
“Ese debe ser el propósito, no más engaños, no más mentiras. Que no sea a través de la televisión como se decida quién debe gobernar el país, en ningún momento se justifica el que con la publicidad se suplante el derecho que tiene el pueblo a elegir libremente a sus autoridades, menos en estos tiempos definitorios.
“¡Por eso, llamo a todos los integrantes de las redes sociales –gente avispada– a informar, porque en nuestro país desgraciadamente no se garantiza el derecho a la información, ahí está la clave de todo!”
El tema de la rueda de prensa fue un alerta por el deliberado interés político de las televisoras y un ataque directo al candidato presidencial del PRI. “Han venido posicionando, colocando a Peña Nieto; han hecho de este personaje una telenovela; mucha gente no sabe realmente lo que representa, porque todo es un empaque con un producto chatarra adentro, bien adornado, bien arreglado, todo a través de la mercadotecnia con un producto que resultaría muy dañino para el país.
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la izquierda a la Presidencia de la República, durante su conferencia de prensa de ayerFoto José Antonio López Pantoja
Ahora se atreve a decir, y esto es lo que se maneja en la publicidad, que él representa un cambio con rumbo, ¿con rumbo adónde? Con rumbo al despeñadero, porque él es representante del grupo que ha llevado a México a la actual tragedia nacional. Tenemos que decirlo, tenemos que hablar con toda claridad, él representa la corrupción que tanto daño ha hecho a nuestro país, por eso en las redes sociales se puede hacer una extraordinaria labor de información, porque, repito, ahí está la clave de todo, hay una televisora que no saca nada que no convenga a Peña Nieto; lo cuidan, no lo tocan ni con el pétalo de una rosa.
Recordó que hace unos días el cardenal Juan Sandoval Íñiguez dio un punto de vista sobre Peña Nieto; se supo en algunos medios, pero no salió nada en la televisión, no fue nota, porque no les conviene a los que están patrocinando a Peña Nieto, eso sí dio una declaración Gerardo Fernández Noroña haciendo uso de su libertad, un punto de vista que respeto y fue nota en esa televisora, todo lo que significa puntos negativos para nosotros se difunde, lo que puede afectar la imagen de Peña Nieto, esta imagen cuidada de mercadotecnia, de ir introduciendo al mercado un producto chatarra se cuida.
Por tanto, insistió en su llamado a las redes sociales para hablar con la verdad, no mentir ni calumniar. Anunció que garantizará el derecho a la información y no se expropiará ningún medio de comunicación, sólo va a haber competencia para que de esta manera con la competencia se abra paso la verdad, porque actualmente, repito, muchas cosas se desconocen.
–Entonces, ¿tiene que haber un cambio de estrategia?
–¡Ah! Eso hay que llevarlo a cabo. Llevamos cinco años informando, nada más que no se difunde lo que decimos; la imagen que hay de nuestro movimiento y de mi persona es distorsionada, porque, a diferencia de Peña Nieto, a través de la televisión se hizo de mi persona una leyenda negra. Y tampoco estamos viendo a los que controlan las televisoras como enemigos, son adversarios, pero si están metidos hasta la cocina en este asunto.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) tiene razón al señalar, en un desplegado del miércoles 15, que las “recientes decisiones tomadas por algunas autoridades electorales (…) han generado aún mayor confusión para medios y comunicadores de la radio y la televisión”. En lo que no tiene razón es en que sean las normas electorales producto de la reforma del 2007 las que “vulneran la libertad de expresión y atacan la actividad periodística”, ya que la causa de estas circunstancias es la aplicación que de dichas reglas han hecho las autoridades electorales. La reforma (a pesar de estar inacabada y de ser perfectible) es positiva, pero su implementación es pésima. Particularmente los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) parecen empeñados, con sus resoluciones, en hacer fracasar el modelo de propaganda político-electoral que emergió de la reforma constitucional y legal de 2007 y 2008.
El lunes 13 y el martes 14 los magistrados aprobaron, por mayoría, dos resoluciones que atentan contra el libre ejercicio periodístico y la libertad de expresión. En una de ellas, ratificaron la sanción que el Consejo General del IFE impuso a una empresa de comunicación por transmitir en un canal de televisión restringida los cierres de campaña –exactamente en las mismas condiciones– de los tres candidatos a gobernador del estado de Michoacán. En la otra, decidieron pedirle al IFE ponderar la sanción que debe imponerse a TV Azteca por transmitir la pelea en la que el boxeador Juan Manuel Márquez portó en su pantaloncillo el logotipo del PRI. En ambos casos, la lógica es que las respectivas empresas transmitieron propaganda electoral “fuera del tiempo asignado por la autoridad administrativa electoral”, lo cual implica una violación a la normativa correspondiente.
Así, bajo el pretexto de impedir que “los partidos políticos, personas físicas y morales contraten o adquieran, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, con el fin de influir en las preferencias electorales…”, la mayoría de los magistrados atentan contra la libertad de expresión, el ejercicio profesional del periodismo y la operación de las empresas televisivas.
Tv Azteca ha sido la empresa de comunicación más beligerante en contra de la reforma electoral; sin embargo, en este caso su única opción era transmitir la pelea tal como recibía la señal, pues la comprometía el contrato que firmó con la generadora de la misma. Por otra parte, cancelar la transmisión, así fuese únicamente en Michoacán, la habría metido en conflictos legales con los anunciantes que le contrataron tiempos. En este caso, tal como resolvieron el IFE y el Tribunal, es sancionable la conducta del boxeador y del PRI, pero la televisora no tenía posibilidades reales (sin pagar altos costos económicos y eventualmente generar conflictos legales) de impedir dicha transmisión.
Por otra parte, bajo ese criterio habrá un cúmulo de sanciones para las televisoras por la transmisión de la publicidad que contraten los candidatos y partidos políticos en los escenarios donde se celebren eventos deportivos, como será el caso del futbol soccer; una buena parte de la publicidad exhibida en los estadios se transmite normalmente por la televisión, porque no hay forma de ocultarla. Y tampoco existe una disposición legal que prohíba a los actores políticos comprar esta publicidad.
Pero el otro caso es todavía más grave, pues implica una violación a la libertad de expresión, ya que la televisora correspondiente decidió transmitir los cierres de campaña de los tres candidatos (incluyó a todos, y a ninguno le dio un tratamiento diferenciado), cumpliendo claramente con los principios periodísticos básicos. Ninguno de esos argumentos hizo recapacitar a cuatro de los siete magistrados que mantuvieron el criterio de que “CB Televisión (…) realizó una transmisión especial del cierre de campaña del candidato Fausto Vallejo y Figueroa, en el cual se hicieron diversas expresiones y alusiones propagandísticas, dirigidas a influir en las preferencias electorales”.
Y todavía remataron: “…sería irrelevante la investigación respecto de si los otros contendientes también tuvieron acceso a tiempo de televisión, difundido por el mismo canal, pues la irregularidad se actualiza por la difusión fuera del ordenado por el Instituto Federal Electoral”.
Nuevamente, bajo este criterio, la transmisión de cualquier acto de un candidato a un puesto de elección popular sería sancionada, pues invariablemente su actividad durante los 90 días de campaña tendrá expresiones propagandísticas y estará encaminada a influir en las preferencias electorales.
Tras la aprobación de la reforma, las argucias de los concesionarios (en buena medida ellos generaron esta reacción) y los actores políticos les permitieron burlar las nuevas disposiciones con la compra de espacios no comerciales, es decir, propaganda política disfrazada de algún género periodístico. Esta violación sistemática de la legislación llevó a que el Tribunal –pues en este tema, como en muchos otros, el IFE fue omiso– empezara a sancionar dichas emisiones, cuando claramente se detectaba un trato diferenciado hacia los aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos.
Lo aberrante es que hoy sancionen una sana decisión editorial, pues el que gana con la transmisión –en vivo y en condiciones de estricta equidad– de los cierres de campaña de todos los candidatos a un determinado puesto de elección popular es el ciudadano, que se allega así información directa. Suponiendo –sin conceder, como dicen los abogados– que la empresa les vendió dicha transmisión a los tres candidatos, éstos estaban en la posibilidad de negarse y la empresa no podría hacer ninguna discriminación, pues entonces sí existiría al menos un elemento para suponer la adquisición ilegal de tiempo en televisión por parte del o de los candidatos que sí aparecieron.
La reforma en la materia está incompleta, ya que faltan –entre otras cosas– la ley reglamentaria del artículo 134 y reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión para permitir la imposición de sanciones, más allá de las económicas, a los concesionarios que violen las normas electorales reiterada y sistemáticamente.
Pero las autoridades electorales tenían las posibilidades de subsanar, al menos parcialmente, algunas de estas carencias y dar certidumbre a todos los actores con reglas claras, precisas y sancionadas conforme a la Constitución y la ley. Sin embargo, particularmente en esta materia, el IFE peca de omisión y el Tribunal parece empeñado en cancelar la libertad de expresión.
Como bien señalan en su voto particular los magistrados María del Carmen Alanís y Salvador Nava: “…el modelo de comunicación que se diseñó tuvo, entre otros objetivos, hacer prevalecer la equidad entre los participantes de las elecciones, es decir, que los partidos políticos y candidatos, en igualdad de circunstancias, tuvieran acceso a los mismos periodos de tiempo, más no coartar las libertades de expresión, información y prensa, de ninguna persona, entre ellos los comunicadores de la radio y la televisión”. Pero eso no parecen haberlo entendido el resto de los magistrados, y en ocasiones ellos mismos lo han ignorado.
Hoy termina el periodo de las llamadas precampañas. La veda silenciosa, prevista por la ley, difícilmente impondrá silencios o cerrojos sobre la electrificada inercia que ya traen los candidatos y sus inseparables equipos de operadores. En este mazacote de palabrería, gentíos y proyección de imágenes a contraespejo destaca en especial la perniciosa injerencia del señor Felipe Calderón. Soportado por los recursos públicos y por los mecanismos de autoridad de los que dispone, se ha venido entrometiendo en los asuntos que deberían concernir, en exclusiva, a los aspirantes a candidatos por los distintos partidos nacionales. Su diaria insistencia en aparecer en medios es apabullante. Por ahora todas las baterías del oficialismo que él dirige están enfocadas sobre el priísmo; pero, en un posible cambio de simpatías populares, también lo harían sobre las izquierdas. Tiene la dupla PAN-gobierno municiones de sobra y sin duda las usará con el mustio descaro y cinismo que acostumbra.
De manera harto parecida a la injerencia, por demás ilegal, de Vicente Fox en el transcurso de 2005 y parte de 2006, el actual titular del Ejecutivo federal mete su enorme cuchara en la disputa por el poder. Armado de todo un arsenal de mañas y recursos a su disposición, Calderón se adueña del espacio difusivo. No hay momento, noche o tarde, de noticiarios radiotelevisivos que no dediquen tiempos privilegiados a su accionar. En ambos casos, el de hace seis tristes años y el de hoy día, intentan lograr objetivos parecidos. El primero es disminuir el ímpetu de los rivales en la que hoy es, de verdad, una cerrada competencia. En segundo término, pero concomitante a tal pretensión, tratan de impulsar a la ahora candidata del PAN (JVM) y presentarla como opción humana, maternal, recatada y vaporosa. Una síntesis perfumada de sencilla mujer mexicana.
Bien se sabe que la conformación de la opinión ciudadana radica, mayoritariamente, en los noticiarios televisivos. Televisa, con sus múltiples canales de alcance nacional en lo particular, moldea, con interés creciente, la conciencia de sus audiencias. Y ahí, en esos canales y noticieros, la imagen del señor Calderón se torna ubicua. Trátese de aparentar ser un jinete versado con motivo de la Marcha de la lealtad, trasladando paquetes de auxilio para la Tarahumara o, en fin, levantando la ceja izquierda para acentuar enojos o preocupaciones aunque estén carentes de sustancia. El objetivo es aprovechar los minutos, las horas, días y semanas de espacios difusivos a su disposición en este tembloroso final de sexenio. Tiene además un enorme garrote que blande, mustiamente, pero con premeditado coraje, frente a los concesionarios de medios. A unos les presenta el cebo de los ansiados combos. A otros, ya muy toreados, les pica sus ambiciones de entrar en la televisión encadenada (tercera o cuarta opciones) A los demás, para limitarlos o no, sus pretensiones de ofrecer, mediante algunos trámites pendientes, el posible cuádruple servicio (play) en telecomunicaciones. Pero, en especial, a Televisa y Tv Azteca, los viene amenazando con una caprichosa cuan endeble autorización para asociarse, o no, en telefonía inalámbrica. Muchos, quizá cientos de miles de millones están en juego en este manipuleo que se cobija en la inasible libertad de mercados. Ese fetiche neoliberal en el que ya pocos creen y menos aún practican en su cotidiano trajinar.
Es imposible negar la influencia que la presencia de señor Calderón, revestida con el hálito presidencial, tiene en la mente colectiva de los mexicanos. Es ya insoportable la intensidad con la que aparece en las pantallas por cualquier motivo, incluso los más baladíes. A veces se trata de un simplón discurso para celebrar un aniversario que nadie recuerda ni solicita. En otras ocasiones simplemente le dan tribuna para sus múltiples inauguraciones (carreteras, hospitales y otras obras) o clausuras de seminarios y asambleas por demás inocuas. El propósito es encontrar un motivo, por tonto e impersonal que sea, para exhibirlo, de cuerpo entero, como un líder atractivo y preocupado por el bienestar del pueblo. A últimas fechas se ha visto hasta repartiendo dinero en efectivo a damnificados. Las tomas detrás de un atril, para escudar su reducido tamaño, le permiten aparentar que dicta las líneas de un mandato que, parea su desgracia, se desvanece por anodino. No importa el contenido real. Lo importante es el conjunto de tomas, encuadres, las sonrisas y las solícitas manos alargadas en pos de ayudas. Eso que, de manera artificial, torna familiar y hasta deseable al líder responsable.
Pero la realidad es por demás terca, hasta necia se puede decir, en contraponerse a la manipulación. Ahí surgen, sin desearlo por los estrategas comunicacionales de Los Pinos, los datos duros del fantasmagórico desempleo y la creciente precariedad de los salarios: 36 por ciento del total de los asalariados reciben, cuando mucho, dos salarios mínimos. Y otro 26 por ciento ingresan de dos a tres de esos raquíticos emolumentos mensuales. Ésta es una tragedia verdadera que, por más disfraces que se le pongan encima, golpea de frente las conciencias y ensancha la desigualdad que en México se vive. Así, la presumida clase media nacional es aquella que ingresa de tres a cinco salarios mínimos (19 por ciento), completada con otro corto tramo de los que llegan a ocho de esos escuálidos salarios. Tal estadística, difundida desde las mismas instancias oficiales, presenta esa parte oscura, terrible, de las consecuencias de un modelo económico impuesto a rajatabla. Seguir alardeando, como repetidamente hace el señor Calderón, de contar con cobertura universal de salud recibe, de inmediato, un brutal desmentido del Coneval: 37 por ciento de las comunidades indígenas no tienen servicios de salud, 50 por ciento no cuentan con servicios básicos de vivienda y 47 por ciento sufren rezagos en educación alternada con carencias alimentarias (40 por ciento) En ello, hay que decirlo, han colaborado, con alevosía evidente, varias gestiones federales de PRI y PAN. Las evidencias negativas, ante los alardes de efectividad justiciera del prianismo, brotan a borbotones por doquier. Lo peor acontece cuando todo ello adquiere la cruenta forma de una violencia criminal incontrolada.
Exxon, Shell y la venezolana Citgo concentran las compras
*Por la falta de capacidad de refinación se erogó un monto similar a la deuda pública externa Se gastaron 110.7 mil mdd en este sexenio para importar gasolinas *La dependencia de los combustibles extranjeros se incrementó 98% con el actual gobierno *Aumenta el déficit entre la elaboración y el consumo nacional, revelan cifras de Pemex
El gobierno de Felipe Calderón benefició con más de 110 mil millones de dólares a un limitado grupo de empresas petroleras, entre las que se encuentran algunas de las más grandes del mundo, con las que se mantienen contratos de compra de las gasolinas que Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha logrado producir, revelaron fuentes y documentos de la paraestatal.
Trasnacionales como Shell, Exxon, la venezolana Sitgo (filial de PDVSA, pero que está constituida legalmente en Estados Unidos) y Valero, concentran alrededor de 75 por ciento de las compras de gasolinas que se consumen en México y por las que en 2011 se pagaron 29 mil 403.6 millones de dólares, la cifra más alta en la historia del país.
Sólo dos petroleras, la estadunidense Exxon y la anglo-holandesa Shell, le venden a México más de la mitad de las importaciones de combustibles automotrices, con el argumento de que se compra al que ofrezca el precio más barato.
Con esa estrategia, Pemex concentra 60 por ciento de sus compras de gasolinas en el mercado estadunidense y otro 20 por ciento se adquiere en compañías europeas (particularmente Shell), aunque según las fuentes consultadas en la petrolera mexicana también se adquiere el combustible de refinerías ubicadas en Arabia Saudita, España, Argentina, Brasil, Kuwait y China, siempre y cuando se considere una cotización adecuada y porque no queremos depender de un solo país.
OCDE "mantiene en su integridad" la crítica sobre telecomunicaciones
*Reitera que por falta de competencia, México pierde 25 mil millones de dólares al año Slim respondió que las ventas de Telmex y Telcel son de 17 mil millones *Sostiene la organización que se trata de quebrantos sufridos por clientes y consumidores potenciales
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio respuesta a las críticas hechas a su estudio sobre telecomunicaciones en México por el empresario Carlos Slim.
Señaló que el documento fue elaborado con la información disponible entre 2009 y 2011. Sostuvo que la falta de competencia en el sector ha costado al país 129 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, equivalentes a 25 mil 800 millones por año o 1.8 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Aseveró que este exorbitante costo es una llamada de atención a los reguladores y autoridades de competencia sobre la importancia fundamental de contar con regulaciones y políticas que aseguren la competencia abierta y justa, vigilada en su cumplimiento por un regulador fuerte, y que garantice la provisión de un servicio de calidad a precios bajos.
Afirmó que Telmex y América Móvil tuvieron oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre el estudio y que un ejecutivo de la segunda empresa estuvo presente en la revisión del documento.
Luego de conocer los resultados y las recomendaciones del estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, Carlos Slim defendió la participación de sus empresas en el mercado mexicano.
Empleados de Iusacell impidieron el ingreso de los notificadores de la Comisión Federal de Competencia en las instalaciones de la empresa, ubicada en Montes Urales, Lomas de Chapultepec. Los funcionarios incluso hallaron que la numeración de la calle fue alterada y que se había quitado el logotipo del consorcio. Integrantes de la Policía Federal intervinieron para hacer efectiva la entrega del documento en el que se rechaza la solicitud de alianza con Televisa. Sólo uno de los representantes legales de la telefónica recibió la notificación.
Impugnan Iusacell y Televisa rechazo de CFC a su alianza *Las empresas sostienen que el organismo regulador impide la competencia *Empleados de la telefónica obstaculizan la notificación del fallo de la comisión Con la intervención de la Policía Federal, funcionarios entran a la sede de Iusacell para entregar el fallo de la CFC.
La Comisión Federal de Competencia (CFC) negó a Televisa y Iusacell la autorización para que la primera adquiera 50 por ciento de las acciones de la empresa de telefonía en mil 600 millones de dólares.
Ambas firmas señalaron que solicitarán a la comisión que reconsidere esa decisión, y criticaron que con esta medida sea el propio órgano regulador el que no promueva la competencia en el mercado de telefonía móvil. Detallaron que Iusacell ya está invirtiendo parte del dinero que aportó Televisa.
Ayer por la mañana notificadores de la CFC se presentaron en las instalaciones de Iusacell ubicadas en Montes Urales 460, pero se encontraron con que la numeración había sido alterada y cambiada por el número 409 y había sido quitado el logotipo de Iusacell.
Luego de un enfrentamiento con personal de la empresa, los notificadores tuvieron que ser apoyados por elementos de la Policía Federal (PF), y de esa manera lograron hacer la notificación sólo a uno de los representantes legales de Iusacell, de tal forma que este jueves intentarán cumplir con otras notificaciones para que el proceso se concluya en tiempo, forma y apego a la ley.
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