Por Ricardo Rocha
08 julio 2010
Perdón, pero como diría el bohemio de mis años mozos “siento por esta vez no complaceros”. Y es que la lógica más elemental impone seguir hablando del 4 de julio y sus consecuencias. Pero, la verdad, creo que no podemos permitir que los fulgores del superdomingo nos obnubilen la decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia al liberar a los doce presos políticos de Atenco. Que eso y no otra cosa eran los líderes de un pueblo que se negó a morir, a desaparecer con la construcción de un aeropuerto que era también el gran negocio de un foxismo corrupto y matrero, aliado con el impresentable gobernador priísta que fue el ínclito Arturo Montiel.
Viví y croniqué aquella rebeldía y también la gestación de una venganza heredada, prolongada y encarnada en el heredero montielista Enrique Peña Nieto. Un desquite feroz que tuvo una jornada vergonzante en aquel 3 de mayo de 2006 cuando, con la venia y el apoyo logístico del gobierno federal, las huestes del entonces recién estrenado gobernador del Estado de México embistieron ferozmente contra Atenco y sus habitantes: a cientos de ellos los persiguieron y los golpearon hasta hartarse; en la bárbara represión mataron de un balazo a Javier Cortés Santiago de 14 años de edad; luego de una detención masiva violaron a decenas de mujeres camino a la cárcel. Y la revancha se prolongó con nueve de los de Atenco en el penal de Santiaguito y sus tres principales dirigentes condenados a 67 años de cárcel, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, y hasta a 112 años de prisión a Ignacio del Valle; sentencias que entonces le parecieron benévolas al aspaventoso y copetudo góber.
Ahora la Corte ha concluido no sólo que se cometió una grave injusticia al criminalizar la protesta social incluyendo aberraciones como considerar agravante la sola pertenencia al Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra. Sino que además el gobierno mexiquense y sus cómplices judiciales alteraron, manipularon e inventaron pruebas en un proceso ipso facto y al gusto del que paga y manda. Además de que, por supuesto, nadie movió un dedo para castigar los abusos de quienes golpearon, violaron y mataron a pesar de las numerosas denuncias nacionales e internacionales.
Por eso la lucha de Atenco no ha terminado ni debe de terminar. Así que ahora más que nunca hay que reclamar una justicia plena y ya no más a medias. Porque ya no es posible que en este país los poderosos tengan patente de corso para reprimir, violar, asesinar y encarcelar y que no les pase absolutamente nada. Como si el matar o el robarles parte de su vida a los ciudadanos de a pie fuera un derecho abusivo.
No basta con que el arrogante gobernador haya dicho frases tan huecas como que él no es juez, ni que su único objetivo fue mantener la paz social. Ni que no haya tenido el valor civil de ofrecer una disculpa pública. Peña Nieto y sus cómplices tienen que responder por sus crímenes. Por eso Atenco vive y la lucha sigue y sigue.
Viví y croniqué aquella rebeldía y también la gestación de una venganza heredada, prolongada y encarnada en el heredero montielista Enrique Peña Nieto. Un desquite feroz que tuvo una jornada vergonzante en aquel 3 de mayo de 2006 cuando, con la venia y el apoyo logístico del gobierno federal, las huestes del entonces recién estrenado gobernador del Estado de México embistieron ferozmente contra Atenco y sus habitantes: a cientos de ellos los persiguieron y los golpearon hasta hartarse; en la bárbara represión mataron de un balazo a Javier Cortés Santiago de 14 años de edad; luego de una detención masiva violaron a decenas de mujeres camino a la cárcel. Y la revancha se prolongó con nueve de los de Atenco en el penal de Santiaguito y sus tres principales dirigentes condenados a 67 años de cárcel, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, y hasta a 112 años de prisión a Ignacio del Valle; sentencias que entonces le parecieron benévolas al aspaventoso y copetudo góber.
Ahora la Corte ha concluido no sólo que se cometió una grave injusticia al criminalizar la protesta social incluyendo aberraciones como considerar agravante la sola pertenencia al Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra. Sino que además el gobierno mexiquense y sus cómplices judiciales alteraron, manipularon e inventaron pruebas en un proceso ipso facto y al gusto del que paga y manda. Además de que, por supuesto, nadie movió un dedo para castigar los abusos de quienes golpearon, violaron y mataron a pesar de las numerosas denuncias nacionales e internacionales.
Por eso la lucha de Atenco no ha terminado ni debe de terminar. Así que ahora más que nunca hay que reclamar una justicia plena y ya no más a medias. Porque ya no es posible que en este país los poderosos tengan patente de corso para reprimir, violar, asesinar y encarcelar y que no les pase absolutamente nada. Como si el matar o el robarles parte de su vida a los ciudadanos de a pie fuera un derecho abusivo.
No basta con que el arrogante gobernador haya dicho frases tan huecas como que él no es juez, ni que su único objetivo fue mantener la paz social. Ni que no haya tenido el valor civil de ofrecer una disculpa pública. Peña Nieto y sus cómplices tienen que responder por sus crímenes. Por eso Atenco vive y la lucha sigue y sigue.
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