Como director jurídico de Pemex, José César Nava Vázquez impuso convenios internos para que no se rescindiera un contrato en el que el consorcio suizo ABB tenía graves incumplimientos. El inexplicable beneficio a favor de esa compañía –en el mismo periodo en el que, según ABB, sobornó a funcionarios mexicanos para “retener” sus contrataciones con la CFE– llevó a Pemex a costear trabajos defectuosos e inoperantes.
En medio del escándalo internacional al declararse culpable ante cortes estadunidenses por sobornar a funcionarios mexicanos para “retener” sus contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), el consorcio suizo ABB Group está bajo investigación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que, hasta diciembre próximo, escrutará sus contratos de obra pública, adquisiciones y servicios con ambas compañías.
Paralelo a ello, están las indagatorias que abrieron la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR). Ambas dependencias están en espera de que el gobierno de Estados Unidos les comparta la indagatoria que integraron la Comisión de Intercambio y Valores, la Oficina Federal de Investigación y el Comité de Cuestionamiento Independiente de las Naciones Unidas, que derivó en la aceptación de culpa de ABB y de la sentencia: pagar 58 millones 800 mil dólares por prácticas ilegales.
Cuando el secretario de la SFP, Salvador Vega Casillas, anunció que la revisión de sus contralores se haría extensiva a Petróleos Mexicanos (Pemex), donde ha obtenido 150 de sus 556 contratos gubernamentales –facturados en la última década–, la alerta se encendió en las oficinas directivas de Marina Nacional. Desde allí se instruyó al blindaje de expedientes de funcionarios y exfuncionarios cercanos a la Presidencia de la República vinculados con irregulares contrataciones a favor de esa compañía.
Uno de ellos es el que integra la documentación relacionada con el contrato PRSPR-044/00DMX, en cuya ejecución ABB presentaba graves incumplimientos. Para que éste no se le rescindiera, desde el jurídico de la paraestatal, encabezado por José César Nava Vázquez, en contravención a la ley, se impuso una serie de “conciliaciones” internas, en contra del interés de la paraestatal. Los convenios solaparon que ABB atrasara por más de un año una obra crucial para Pemex Refinación.
Cuando finalmente se instaló la obra, presentó múltiples fallas: los equipos eran obsoletos, por lo que, según funcionarios de Refinación, la “modernización” de nada ayudó a los proceso de producción.
El contrato
La historia del contrato de ABB, beneficiado por el abogado Nava Vázquez en contra del patrimonio de Pemex, se relaciona con los primeros proyectos de reconfiguración de las refinerías. El 24 de marzo de 2000, Pemex Refinación y ABB signaron el contrato PRSPR-044/00DMX para que la compañía desarrollara el “Plan Maestro de Modernización de la Instrumentación Área 3, en la Refinería General Lázaro Cárdenas del Río”, de Minatitlán, Veracruz.
La obra era considerada por Pemex Refinación como fundamental, pues haría que se produjera un mayor volumen de refinados de alto valor agregado, principalmente gasolina “limpia”, y minimizaría la producción de combustóleo con alto contenido de azufre.
El proyecto del que emanó el contrato adjudicado a ABB plantea la urgencia de modernizar la refinería más antigua del país, al considerar los directivos de Pemex que su marginalidad en la producción de combustibles con bajo contenido de azufre y plomo –los que más se consumen en el mercado actual– la ponía en riesgo del cierre de sus instalaciones.
De acuerdo con las cláusulas contractuales, ABB automatizaría las líneas de proceso para la refinación de gasolinas libres de plomo en seis de las 27 plantas de la Refinería: las plantas estabilizadoras 1, 2 y 3, y las hidrodesulfuradoras de gasolina, kerosina y de diesel, ubicadas todas en el Área 3.
El contrato se estipuló a “precio alzado” y “tiempo determinado”, lo que significa que legalmente no podía modificarse ni el monto ni el plazo de ejecución de los trabajos, pues el precio de ABB –9 millones 135 mil 039.33 dólares– consideraba ya un margen adicional al precio de los trabajos para respaldar cualquier variación en el costo de obra o equipo y por el plazo fijo de entrega. Dicho de otra manera, ABB estaba cobrando un sobreprecio con el que le garantizaba a Pemex que entregaría los trabajos a cabalidad en un periodo de 660 días (del 27 de marzo de 2000 al 15 de enero de 2002).
Para diciembre de 2001, a cinco semanas de que las líneas de proceso debieran estar automatizadas, ABB presentaba atrasos considerables en los trabajos programados, lo que interrumpía repentinamente los procesos de refinación, que abastece los estados de Puebla, el Sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En el oficio 200027-C-ABPM277, fechado el 5 de diciembre, ABB solicitó a Pemex que se le aprobara un plazo adicional de 90 días para entregar la obra. Argumentó que de éstos, 49 días eran imputables a atrasos de Pemex para recepcionar sus equipos y 41, a sus propios atrasos.
El 14 de diciembre se le notificó la “no procedencia” de los 49 días imputables a Pemex, debido a que la dilación para dar entrada a los equipos derivó en que ABB, en contravención a las cláusulas contractuales, instalara equipos diferentes a los especificados en el contrato inicial, los cuales, además, posteriormente presentarían graves fallas por su baja calidad y condición obsoleta.
De acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, el incumplimiento a un contrato a precio alzado hacía inminente su rescisión. La Ley daba pie a los funcionarios para contratar vía adjudicación directa el resto de los trabajos y que el atraso de ABB no obstruyera los procesos de producción.
La decisión de la Oficina del Abogado General (OAG) iba en otro sentido, según devela el expediente de las “conciliaciones” instruidas por Nava y formalizadas a través de sus abogados subalternos, expediente que fue clasificado por Pemex como “confidencial” –cuya copia posee Contralínea.
ABB, expediente en Pemex
En su estancia como abogado de Pemex –octubre de 2001 a septiembre de 2003–, Nava favoreció a empresas nacionales y extranjeras –que por sus incumplimientos contractuales, enfrentaban o enfrentarían controversias judiciales y extrajudiciales con Pemex– mediante la autorización de convenios y conciliaciones para autorizarles plazos o montos adicionales, con el consecuente impacto económico para la paraestatal. De esta manera, a su oficina llegó la petición de prórroga que la empresa ABB solicitaba para el contrato número PRSPR-044/00DMX, que se le permitiera continuar, fuera del plazo contractual establecido, con sus trabajos pactados con Refinación. En términos generales, el jurídico consideró que era “más conveniente para los intereses de Pemex ceder a la solicitud de la contratista”, según reza el convenio.
Si algo caracterizó la OAG en tiempos de Nava, además de sus lujos a costa del erario, fue que invariablemente favoreció los intereses de las compañías privadas en vez de velar por el patrimonio de la principal empresa del Estado. Así se condujo con el consorcio que recién reconoció que estila sobornar con viajes y cruceros a los funcionarios públicos y sus esposas.
Inversión infructuosa
“La obra amparada en el contrato es de primordial relevancia para el organismo, ya que una vez concluida la integración de la instrumentación al nuevo sistema de control distribuido, permitirá una operación más confiable y segura de las plantas hidrosulfuradotas de gasolina, kerosina y diesel, así como de las plantas estabilizadoras números 1, 2 y 3”, cita el argumento utilizado para conceder a ABB uno de los plazos adicionales fuera de contrato.
Millonarias adjudicaciones a ABB
En la última década, el consorcio suizo ABB ha recibido jugosos contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos subsidiarios, que por su monto, de acuerdo con la normatividad en la materia, debieron licitarse.
Asunto de Estado
En septiembre pasado, cuando las autoridades estadunidenses hicieron pública la multa en contra de ABB –58 millones 800 mil dólares– por pagar sobornos oficiales en México para “retener” negocios con paraestatales del sector energético, el presidente Felipe Calderón se dijo “indignado” de las prácticas de ABB y de los funcionarios públicos sobornados. Sin embargo, omitió las operaciones de Nava en favor de esta empresa.
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