MÉXICO, D.F., 28 de noviembre (apro).- En México se negocia y se pacta con la delincuencia. Se le busca y se llega a acuerdos para que cada quien obtenga lo que quiere. Los delincuentes logran su objetivo principal: el lucro; el gobierno, “la resolución” de los casos de mayor impacto en la opinión pública.
El esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, el establecimiento de responsabilidades quedan de lado. No existen. La impunidad total.
Cuando en mayo pasado secuestraron al hasta entonces intocable millonario Diego Fernández de Cevallos, el gobierno de Felipe Calderón no movilizó los recursos del Estado, como era su obligación, para dar con el panista. Recurrió a uno de los símbolos del autoritarismo y la impunidad en México: el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, uno de los principales violadores de derechos humanos en los años setenta, durante la guerra sucia en México.
No fue la familia la que buscó al militar en retiro, experto en persecución y represión de los grupos subversivos. Fue el propio gobierno de Calderón quien lo llamó. En particular, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont. “Nos tiene que ayudar para la liberación de mi socio”, le dijo Gómez Mont al viejo militar. El abogado, entonces funcionario, en efecto, ha trabajo durante años para el despacho de Diego Fernández, junto con otro inseparable del grupo dedicado a la política y a los negocios desde la abogacía, el exprocurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, central en las negociaciones
para la liberación de Fernández.
El tono con el que Gómez-Mont se dirigió al militar en retiro fue el de un jefe a un subordinado. Y así era. Desde el primer año de que Calderón ocupó Los Pinos, Acosta Chaparro se convirtió en asesor de su gobierno para el combate al narcotráfico y a la guerrilla.
Para llegar a contar sus servicios, Acosta Chaparro primero debió ser exonerado de las acusaciones de narcotráfico en su contra y reivindicado por el Ejército, tal y como lo hizo públicamente quien fue su compañero de generación y amigo, el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional.
Acosta Chaparro era desde mediados de 2007, el asesor de lujo de Calderón. Su primera misión importante fue en septiembre de 2008, cuando se encargó de negociar la entrega de los supuestos responsables de los granadazos contra la población civil la noche del Grito de Independencia en Morelia.
Con conocimiento del gobierno de Calderón, en particular del antecesor de Gómez-Mont, Juan Camilo Mouriño, y del propio general Galván, Acosta Chaparro viajó a Michoacán para encontrarse con el liderazgo de La Familia Michoacana, la que casualmente acaba de anunciar una tregua navideña a través de narcomantas.
Con los jefes de ese grupo, como lo publicó Proceso en septiembre pasado, el militar en retiro pactó la entrega de tres hombres a la PGR como presuntos autores del que fue el primer atentado narcoterrorista en México, que dejó ocho muertos y más de cien heridos.
No fue el único encuentro de Acosta Chaparro con los jefes del narcotráfico en México. Se reunió también con el jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, y el jefe más popular del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.
El general viajaba hasta donde estuvieran los supuestos enemigos de Calderón en su guerra contra narcotraficantes. Y lo hacía con pleno conocimiento gubernamental. Así es que la tarea que le encomendó Gómez Mont para dar con los secuestradores del exjefe Diego no fue nueva. Y el general se sentía otra vez en lo suyo: en tareas de persecución desde la clandestinidad.
Apenas habían pasado tres días del secuestro del famoso político litigante cuando fue atacado y por poco pierde la vida. Estuvo varios días inconsciente.
Sus investigaciones se centraban en que el secuestro había sido cometido por la guerrilla: el grupo Tendencia Democrática Revolucionaria, que en 1999 se
escindió del Ejército Popular Revolucionario (EPR), con una probable ayuda de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
De las investigaciones no se supo nada. Calderón optó por la negociación directa con los secuestradores. Repitió lo que hizo Carlos Salinas de Gortari en 1994, cuando el EPR secuestró al exbanquero Alfredo Harp Helú. Después de tres meses, fue liberado a cambio de un pago estimado en 30 millones de dólares. Salinas, que se encontraba ya en el infierno de 1994 por el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el levantamiento del EZLN, optó por desactivar el grupo que estaba a cargo de la identificación de los secuestradores. En ese grupo participaba, precisamente, Acosta Chaparro.
Calderón, que dice no negociar con el narco, ha buscado la interlocución con ellos. Ahora lo hace con quienes cometen raptos de alto impacto. Si deja el famoso secuestro en la impunidad, habrá que preguntarse quién será el siguiente.jcarrasco@proceso.com.mx
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