Entre políticos y narcos

Sergio Barragán Villarreal, El Grande.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 26 de noviembre (apro).- Luego de varias amenazas de muerte lanzadas por capos de la droga, el Tribunal Agrario se vio obligado a cambiar de jurisdicción a uno de su magistrados; actualmente, el Tribunal busca el lugar más seguro para proteger a otro de sus funcionarios, debido a que se encuentra en una situación de peligro.
La causa de estos movimientos tiene su origen en la presión que grupos de narcotraficantes realizan en contra de magistrados para que modifiquen el estatus legal de tierras de uso agrícola y que en la actualidad están siendo utilizadas para la siembra de estupefacientes.
Según el Tribunal Agrario, Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Oaxaca forman parte de “los focos rojos” del territorio nacional, pues en esas entidades el narco se ha dedicado a presionar al personal de esa instancia para que los beneficie.
Dicen que lo que más preocupa es que “los conflictos sociales, como la disputa por la tierra, cada día se mezcla más con los problemas agrarios generados por los narcos”.
Estamos a una décima de que ambos problemas se vuelvan uno, consideran en el Tribunal.
Estos hechos, más el reciente asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, el pasado 21 de noviembre, aparte de la revelación del diálogo entre el capo Sergio Barragán Villarreal, El Grande, con el presidente Felipe Calderón en septiembre de 2006, hecha por el periodista Ricardo Ravelo en la edición 1777 de la revista Proceso, sólo llevan a pesar que en México se esbozan rasgos de un ‘narco-Estado’.
Un lugar en donde pareciera que conviven políticos y narcos; un país en donde el narco podría estar dictando las reglas, y no sólo del sistema financiero para lavar dinero; un país en donde lentamente este cáncer se ha ido infiltrando, quizá desde hace varios sexenios, en distintos órganos de gobierno, más allá de las corporaciones de seguridad.
Los acontecimientos de los últimos años hacen pensar que el narco está en las campañas políticas, en el Legislativo, en la banca, en los sindicatos, en el presupuesto… el narco es casi omnipresente.
Los órganos de gobierno, desde el más modesto hasta el más alto, podrían estar infiltrados por el narco, y no de hoy, sino de algunos años atrás.
Por ejemplo, en el caso de Colima y el asesinato de Cavazos Ceballos, se sabe que desde septiembre de 2007, siendo aún gobernador de la entidad, solicitó la intervención de un legislador federal para que indagara la situación penal de un hombre acusado y sentenciado como narcotraficante de nombre Humberto Anguiano Moreno, La Rana, y quien en 2004 fue condenado a diez años de prisión por vender metanfetaminas; el primo de La Rana, de nombre Rafael, purga una condena de 27 años en Estados Unidos por ser considerado el jefe de la organización de los Anguiano en Los Ángeles, California, vinculada presuntamente con los hermanos Amezcua Contreras, mejor conocidos como los “reyes de las metanfetaminas”.
El asesinato de Silverio Cavazos es una muestra de cómo se mezclan la política y el narco, si se considera que La Rana es justamente el hermano del actual gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno y sucesor del exgobernador ejecutado recientemente.
Aunque, claro, hay que puntualizar que el lazo de sangre entre el actual gobernador de Colima y su hermano condenado por narcotraficante no hace en forma alguna un narcotraficante al gobernador. Pero sí llama la atención el vínculo que en algún momento tuvo quien hoy está muerto con un personaje como La Rana, hermano del actual gobernador.
Igualmente llama la atención la forma en que el periodista Ricardo Ravelo narra el encuentro entre El Grande, hoy preso, y Calderón Hinojosa.
Y, para abonar aún más a la suspicacia, basta con recordar que el hermano de El Grande, de nombre Juan Francisco Villarreal Barragán, quien el 12 de mayo del año pasado fue el designado por las autoridades para instalar el equipo de sonido en un acto en el que participó la Presidencia de la República: la inauguración por parte de Calderón de una planta procesadora de la empresa Lala en la comarca Lagunera.
Todo esto puede lleva a pensar que en México se perfila ya un “narco-Estado”, término que se aplicó en Colombia en 1994, cuando Ernesto Samper llegó al gobierno, supuestamente apoyado por los narcotraficantes; un lugar en donde el capo Pablo Escobar llegó a ser, además del narcotraficante más buscado por las autoridades de su país y de Estados Unidos, un legislador, un representante popular de su país.
Y no sólo en el Tribunal Agrario están prendidos los “focos rojos”, también entre algunos sectores del PAN, el partido en el gobierno federal, en donde se piensa que en México ya se vive como en un ‘narco-Estado’, similar a la etapa que padeció Colombia. Tan preocupados están, que ya han hablado sobre el tema con autoridades estadunidenses, tanto para saber cómo detectarlo cómo para tratar de entenderlo y eventualmente hacerle frente.

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