El trabajo de la Comisión Binacional Estados Unidos-México y el conjunto de mecanismos de cooperación en temas fronterizos, sanitarios, ambientalistas y de alcance educativo salen a la luz por la información que hace pública la propia sede diplomática de aquel país en México
La Comisión Binacional Estados Unidos-México (BNC, por sus siglas en inglés) administra la amplia agenda gubernamental entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, comercial, financiera, migratoria, medio ambiente fronterizo, educación y salud. Esa instancia, establecida en 1981, también cobija la presencia y actuación de agentes estadunidenses de distintos niveles y agencias en territorio mexicano.
De acuerdo con la información pública de la embajada estadunidense, la BNC reúne a funcionarios de nivel ministerial y a ejecutivos de otras agencias en “discusiones intensas” de uno o dos días. La prioridad de la BNC son los asuntos sin resolver que dividen a ambos países, y en su seno se discuten posibles soluciones.
Esa fuente cita que tales reuniones conducen a resoluciones y ocasionan “lluvia de ideas” para encabezar programas innovadores, diseñados con el fin de administrar los asuntos en un margen muy amplio de temas fronterizos. Actualmente, describe, la BNC tiene 13 grupos y subgrupos de trabajo. Éstos “reflejan los asuntos políticos, económicos, de aplicación de la ley, sociales y ambientales” que conforman el tejido de las relaciones entre Estados Unidos y México.
Respecto de la forma como opera la Comisión Binacional, el embajador mexicano Benito Andion, representante de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para América del Norte y también responsable de coordinar la Iniciativa Mérida desde la cancillería, precisó que esa instancia “no es un nido de espías”.
El diplomático aludió así a la crítica sobre la falta de información, permanente y clara, sobre los trabajos que coordina ese órgano. Esa precisión tuvo lugar en la participación de Andión en el Seminario Internacional de Seguridad Nacional, Relaciones Cívico Militares y Combate al Crimen Organizado, celebrado en octubre pasado.
En materia de cooperación antidrogas, el gobierno estadunidense afirma, desde su sede en México, que ambos países “continúan trabajando activamente en una variedad de frentes antinarcóticos”. Agrega que un grupo de contacto de alto nivel se reúne, al menos dos veces por año, para supervisar la puesta en marcha de la Estrategia Bilateral de Drogas. Conduce las discusiones en curso el Grupo Plenario de Oficiales Sénior de Aplicación de la Ley.
Destaca que Estados Unidos lleva a cabo “más investigaciones sobre lavado de dinero con México que con cualquier otro país”. Refiere que la cooperación entre la Marina mexicana y la Guardia Costera de Estados Unidos ha resultado en decomisos de “multitoneladas” de narcóticos.
Esto es producto de las acciones del Grupo de Trabajo sobre Intercepciones, establecido en 2000 para intercambiar información sobre drogas. Según la visión estadunidense, sus medidas han “mejorado las comunicaciones y la cooperación”.
Desde 1998, se celebran anualmente conferencias que exigen la reducción en la demanda de narcóticos ilegales entre los ciudadanos estadunidenses. La información que difunde la embajada estadunidense en México sobre mecanismos bilaterales antidrogas afirma que ambos países “han progresado considerablemente” en su cooperación para reducir la demanda.
Existen proyectos financiados por ese gobierno que se destinan a la ciudad de México para “ayudar a los estudiantes universitarios y a los niños de la calle, para evitar la adicción a las drogas” a través de la educación y capacitación. Esa cooperación se formalizó en 1990 a través del Memorándum de entendimiento sobre educación.
La complejidad de la relación bilateral en la frontera promovió que se creara, en 1980, la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, que convoca a los ejecutivos de 10 estados fronterizos.
Según la embajada estadunidense, la agenda de discusión de la Conferencia aborda temas de agricultura, cruces fronterizos, desarrollo económico, educación, medio ambiente, turismo y salud. No esclarece si se abordan, y a qué nivel, los temas sobre tráfico de drogas, armas, personas ni lavado de dinero.
Un mapa para la frontera
El “mapa de los mecanismos e iniciativas bilaterales transfronterizas”, como denomina la representación diplomática estadunidense a ese conjunto de medidas, es un amplio conjunto de rubros temáticos que involucran la participación de diversos actores.
De acuerdo con la versión oficial estadunidense (www.usembassy-mexico.gov/eng/eborder_mechs.html#-),la región fronteriza entre ambos países vincula a no menos de 12 millones de ciudadanos que viven de uno y otro lado de la “línea”, que mantienen una “compleja y vibrante” red de relaciones.
Esos contactos se desarrollan en condados, municipios y ciudades que van desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. También cruzan legalmente esa frontera no menos de 250 millones de personas. Dada esa estrecha vecindad, en años recientes se ha desarrollado una amplia variedad de mecanismos “formales e informales” para administrar los asuntos fronterizos.
Los agentes institucionales de los niveles local, estatal y federal prácticamente conviven todos los días en su trabajo común de “construir la infraestructura necesaria que sostenga el desarrollo del comercio” en ese espacio, además de resolver, en conjunto, los problemas relacionados con la inmigración indocumentada, contrabando de drogas, degradación ambiental y su impacto en la salud y bienestar de los ciudadanos fronterizos.
Los cimientos para “expandir” esa cooperación se construyeron en la primera reunión oficial de los entonces presidentes George Walker Bush y Vicente Fox Quesada en México, en febrero de 2001. El objetivo fue “construir una auténtica sociedad para la prosperidad y trabajar para el desarrollo económico y social de nuestras comunidades fronterizas”.
El mapa de mecanismos bilaterales describe la llamada “cooperación a lo largo de la línea”. Tras el aumento del comercio bilateral, fue necesario construir instalaciones fronterizas: caminos, puentes, cruces de ferrocarril, oficinas de aduanas y migratorias. La información de la embajada afirma que la cooperación binacional es “esencial” y se mantiene por contactos regulares entre agentes de Aduanas y Migración de ambos países. Así se integra la Junta de Trabajo del Comité de Transporte e Infraestructura que sesiona anualmente en el Grupo Binacional sobre Puentes y Cruces Fronterizos.
Se construyeron nuevos puentes sobre el Río Bravo (ellos lo denominan Río Grande) en cuatro locaciones. El más reciente une a los dos Laredos: en Tamaulipas, México, y en Texas, Estados Unidos; el costo se comparte entre ambos países. Se establecieron nuevos puertos de entrada a lo largo de la frontera entre California y Baja California que reducen el tiempo de viaje para los usuarios a través del sistema automático de varios carriles en los cruces más concurridos.
Un grupo de trabajo evalúa la creación de nuevos puertos de ingreso multicarriles cerca de San Diego. Ese grupo, creado bajo los auspicios de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, identifica los pasos específicos que cada país debe emprender para mejorar la eficiencia en las operaciones fronterizas.
Los Mecanismos de Enlace Fronterizos (BLM, por sus siglas en inglés) se desarrollaron para atender los asuntos transfronterizos de carácter local y existen en cada una de las 10 “ciudades hermanas” a lo largo de la frontera.
Los cónsules generales de México y de Estados Unidos dirigen cada reunión de los BLM; a ellas asisten funcionarios federales, estatales y locales. También se les unen empresarios y organizaciones no gubernamentales. Esos mecanismos alimentan una amplia red de relaciones personales entre los funcionarios y agentes locales que les permite atender “crisis de corto plazo” y ayudan a resolver temas de largo plazo.
Según la visión estadunidense, los BLM contribuyen a “calmar la tensión que se relaciona con la migración ilegal”. Agrega la información que, como parte de las ideas que surgen en esas reuniones, los funcionarios federales de ambos países “han ampliado los programas para hacer esa región más segura para los migrantes, residentes y los agentes responsables para protegerlos”.
Los mecanismos bilaterales en materia migratoria son operados a través del grupo de trabajo sobre migración y asuntos laborales que acordaron, en febrero de 2001, los entonces presidentes Bush y Fox. Ese grupo lo dirige el secretario de Estado y su contraparte mexicana, y su tarea consiste en “buscar acercamientos comunes para atender constructivamente” los temas de migración y trabajo.
Sin citar la fecha, la información de la embajada estadunidense indica que México duplicó la dotación de personal de los Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración en las zonas “más peligrosas a lo largo de la frontera”, para atender a los migrantes con equipos de vigilancia, búsqueda y rescate.
Refiere que el Servicio Estadunidense de Inmigración y Naturalización también desplegó a “personal adicional y recursos” del lado de su territorio. Afirma que la información pública de campañas que se despliega en la zona fronteriza pone énfasis en los peligros de los cruces ilegales y que se extiende “en el Sur de México y Centroamérica”.
Como la migración ilegal, el problema de la degradación ambiental exige cercana cooperación bilateral, expresa la sede diplomática. El rápido crecimiento y la industrialización de la zona fronteriza acompañan la “seria polución del agua, aire y suelo”. La calidad de vida en las zonas urbanas transfronterizas ha sufrido deterioro y pone en duda la habilidad de la región para sostener un desarrollo futuro.
Pese a tal riesgo, la información que brinda la embajada estadunidense recuerda que la tradición de cooperación transfronteriza en administración ambiental se remonta a más de 50 años y que, en las décadas recientes, ha visto una proliferación de instituciones binacionales.
Ahí se describe el trabajo de la Comisión Internacional Fronteriza y de Agua, establecida por el Tratado de Agua de 1944, que es responsable de la demarcación de los límites territoriales en zonas de agua; también se ha involucrado ampliamente en la planeación y desarrollo de plantas para tratar aguas residuales.
En 1999, la Comisión construyó la planta de tratamiento de aguas en San Diego para las aguas residuales que se originan en Tijuana (diariamente filtra más de 25 millones de galones: 92.5 millones de litros). Informa que comenzó negociaciones para construir una segunda planta en Tijuana.
El Acuerdo de La Paz –firmado en 1983 entre los presidentes Ronald Reagan y Miguel de la Madrid, que incluye el programa de la Frontera del Siglo XXI– estableció un marco de cooperación en temas ambientales que han mantenido los subsecuentes gobiernos de ambos países.
La Agencia de Protección Ambiental estadunidense y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales buscan soluciones para los problemas de contaminación del aire, agua y tierra en la frontera.
El compromiso en el Acuerdo de la Paz lanzó la iniciativa multianual Programa Fronterizo XXI. Su propósito es que todas las entidades federales, estatales y locales de ambos países sean responsables de la administración del medio ambiente y los recursos naturales de la frontera.
El programa pone énfasis en los aportes públicos, la “descentralización de la administración ambiental” y la “mejorada comunicación y cooperación entre funcionarios de todos niveles”.
Agrega el documento que una “innovación particular” fue el esfuerzo por involucrar a las autoridades “tribales” –que representan a los pueblos indios cuyas tierras cruzan la frontera– en el proceso de toma de decisiones.
La Frontera XXI, “que ha alimentado y mejorado el diálogo entre gobiernos y ciudadanos”, se acerca al fin del término de los cinco años que se propuso. El gobierno estadunidense, a través de su embajada en México, afirma que, en ese periodo, se logró desarrollar mecanismos para compartir información sobre sitios potenciales de desechos peligrosos o radioactivos.
Otro mecanismo ambiental transfronterizo en curso es la Oficina Ambiental del Buen Vecino, que creó la iniciativa para la Ley de las Américas de 1992 y que asesora al Ejecutivo de Estados Unidos en materia ambiental, así como de las necesidades en infraestructura en los estados fronterizos.
En esa Oficina están representadas las agencias estadunidenses estatales fronterizas ambientales y de salud, así como organizaciones del sector privado y no gubernamental. Funciona como una sede de información, análisis e innovación sobre temas fronterizos ambientales, de salud e infraestructura.
Uno de sus principales objetivos es proveer con “tecnologías ambientales” a las agencias mexicanas (que no se describen) y alternativas de recursos para los proyectos ambientales fronterizos. De acuerdo con la embajada estadunidense, esa Oficina trabaja “muy cerca” con el Consejo Nacional Mexicano para el Desarrollo Sostenible.
El aspecto ambiental se contempla igualmente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a través del paralelo Acuerdo de América del Norte para la Cooperación Ambiental, que a su vez estableció la Comisión para la Cooperación Ambiental. En 1993, se establecieron dos instituciones más: la Comisión Fronteriza de Cooperación Ambiental y el Banco para el Desarrollo de América del Norte, limitado a tratar cuestiones de alcantarillado y no de desarrollo
Fuente: Contralínea
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