Los agentes especiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, como se le conoce en Estados Unidos), que jerárquicamente pertenecen al Departamento de Justicia estadunidense, operan en México desde hace años para “ayudar” a las autoridades de este país a contener el tráfico de armas. Hasta ahora, 16 elementos de esa agencia están desplegados en varios estados y próximamente se sumarán 26 más, advierten Colby Goodman y Michel Marizco en su investigación Tráfico de armas estadunidenses hacia México: nuevos datos y elementos que dan luz sobre las tendencias clave y nuevos retos.
Ahí se muestra que, actualmente, hay dos agentes de la ATF en Ciudad Juárez, Chihuahua; 10 en la ciudad de México; dos en Monterrey, Nuevo León; y dos en Tijuana, Baja California. En el futuro, se planea desplegar a dos agentes en cada una de estas ciudades: Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Nogales y Nuevo Laredo. Sólo en la ciudad de México, operarían 14 elementos, con lo que el total planeado suma 26 elementos.
Los hombres de la ATF tienen la misión de rastrear el origen de las armas que utilizan las organizaciones delictivas en México. Particularmente las que causaron la muerte de más de 28 mil personas entre 2007 y agosto de 2010. De acuerdo con datos oficiales mexicanos consultados por Goodman y Marizco, en ese mismo periodo fueron asesinados por bandas criminales 915 policías municipales, 698 policías estatales y 463 agentes federales.
La mayoría de esos crímenes se cometió con fusiles semiautomáticos tipo AK-47 y clones de ametralladoras AR-15, que cruzaron la frontera con Estados Unidos de forma ilegal. Ambos investigadores estadunidenses siguieron el rastro de las armas producidas y comercializadas en ferias y armerías estadunidenses que adquieren los traficantes de armas para introducirlas en México de forma clandestina.
Bajo la cooperación que mantiene con México, el gobierno estadunidense entregó recientemente a las autoridades mexicanas cuatro Sistemas de Identificación Balística Integrada (IBIS, por sus siglas en inglés) para utilizarlos en sus laboratorios. Se prevé que México recibirá dos más. Los IBIS son un “sistema de cómputo que hace fotografías digitales de balas disparadas y cartuchos”. Esas imágenes se almacenan en una base de datos y se comparan electrónicamente con otras.
El personal de las agencias puede usar esa información para determinar si un arma de fuego específica ha sido usada en un crimen. La ATF también considera la posibilidad de proporcionar acceso a las autoridades mexicanas a la Red Nacional de Información Balística Integrada, que le permitiría ver esa información a las jurisdicciones de ambos países.
Con ese recurso, se podría, por ejemplo, constatar si la misma arma fue usada en México y Estados Unidos. La Protección Fronteriza y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés) también entrenó, en abril de 2010, a 14 agentes aduanales mexicanos en el uso de perros para detectar drogas, armas, municiones y dinero.
Goodman y Marizco obtuvieron información sobre la forma en que el gobierno estadunidense capacita y equipa al gobierno mexicano en relación con el tráfico de armas en la hoja informativa del Departamento de Estado Combatiendo el tráfico de armas, que divulga la embajada estadunidense en México.
El trabajo de estos dos investigadores integra el informe conjunto Responsabilidad compartida: EU-México opciones políticas para confrontar al crimen organizado, redactado por el Centro Woodrow Wilson y el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego. Los editores Eric I Olson, David A Shirk y Andrew Selee hicieron público este informe en octubre pasado.
Las otras agenciasElementos de otras agencias estadunidenses también operan en territorio nacional, aunque los gobiernos mexicano y estadunidense no transparentan a qué instituciones pertenecen, su número, la misión que realizan ni la zona en que trabajan. Una fuente con información reciente es la hoja informativa de la Embajada de Estados Unidos en México: Fronteras y aplicación de la ley bajo el Proyecto Gunrunner (traficante de arma, en inglés).
Ahí se detalla que “agentes especiales” se han desplegado en Monterrey para apoyar el trabajo de los ya agregados en la oficina de la ATF en México. Su trabajo consiste en asistir a las autoridades mexicanas en su lucha contra la violencia relacionada con armas de fuego. El documento agrega que “se planea destacar a tres especialistas en inteligencia de la ATF adicionales y a un analista investigador del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés)”.
Esos elementos apoyarían a sus colegas del Proyecto Gunrunner, además de un especialista investigador en inteligencia en cada una de las cuatro divisiones de campo en la frontera Suroriental (Phoenix, Dallas, Houston y Los Angeles).
La hoja informativa explica que el rastreo en inteligencia de armas de fuego “es crítica” porque permite a la ATF y a sus socios identificar los corredores de tráfico, patrones y esquemas de operación que siguen los traficantes, así como a sus cómplices de ese delito. Ese rastreo puede, incluso, identificar a los compradores minoristas y a las redes de traficantes, con lo que sería posible desmantelar la infraestructura que surte de armas de fuego a las bandas delictivas de México.
El gobierno federal aumentó su colaboración con Estados Unidos “para hacer frente al tráfico de armas”. Esto condujo a que el Departamento de Seguridad de la Patria, a través de la oficina de Aplicación de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lanzara en 2008 la Operación Armas Cruzadas.
Contra el tráficoDurante una inspección de rutina en una tienda de armas en Houston, Texas, en enero de 2007, un agente de la ATF observó una tendencia sospechosa: numerosos individuos habían comprado gran cantidad de armas de fuego estilo militar en un periodo de tiempo relativamente corto.
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