Más de 600 millones de pesos programados para atender los “problemas estructurales” del campo mexicano son operados sin control ni mecanismos adecuados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), encabezada por Francisco Mayorga Castañeda.
Así lo muestra una auditoría de cumplimiento aplicada al organismo Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), encargado de suministrar los recursos del Programa de Atención a Problemas Estructurales en su Componente de Ingreso Objetivo.
Además, evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Banco Mundial reprueban la operación del programa diseñado para “amortiguar” las caídas de los precios en el sector.
Según el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 –elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, el presupuesto destinado ese año para el Ingreso Objetivo fue de 683 millones 188 mil 300 de pesos.
El máximo órgano de fiscalización del país apunta que Aserca “operó con un manual de organización y manuales de procedimientos desactualizados, que no coinciden con las modificaciones realizadas en su estructura orgánica”, por lo que la Dirección de Organización y Sistemas Administrativos tuvo que informar que “se están realizando las acciones para que se actualicen y autoricen los manuales”.
Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería en la Cámara de Diputados, dice que la estructura de la Sagarpa está “viciada”; hay delegados y funcionarios que “se han dedicado a crear problemas y dificultades”.
“El tema de las Reglas de Operación ha sido una de las formas para obstaculizar el ejercicio de los recursos, la eficacia y eficiencia de los programas, por lo que hemos estado haciendo modificaciones para su próxima aplicación”, dice el legislador priista.
Beneficiarios sin registro
Además, la ASF identificó “errores” de captura y falta de registro de los datos relativos al Registro Federal de Contribuyentes y a la Clave Única del Registro de Población, “así como beneficiarios que tienen más de una clave de productor, las cuales no han sido depuradas del sistema, de conformidad con los criterios de transparencia y control que regulan la Administración Pública Federal”.
La plataforma electrónica Subsidios al Campo en México publica que el Ingreso Objetivo sumó 21 mil 503 millones de pesos, con un total de 312 mil 230 apoyos, de 2000 a 2007, cuya lista es encabezada por Manuel Murua Sociedad de Solidaridad Social, en Coahuila y Durango, con 99 millones 269 mil 923 pesos.
Para calificar la eficacia del programa, la Auditoría revisó una muestra de 311 expedientes de los beneficiarios en Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora y la Comarca Lagunera (Coahuila y Durango), por un importe global de apoyo de 385 millones 622 mil pesos, “los cuales no se encontraban debidamente integrados”.
Como resultado de la intervención, dice la ASF, Aserca procedió a incorporar la documentación faltante, sin embargo, “se evidenció la falta de control en la integración de los expedientes que sustentaron la entrega de los apoyos del Componente de Ingreso Objetivo en el ejercicio 2009”.
De los productores beneficiados, el informe indica que “no se lleva un adecuado control del registro de los contratos de compra-venta del algodón…, se identificó que no se utiliza un criterio consistente en el cálculo de los apoyos cuando existe un contrato”.
La entidad fiscalizadora es contundente y señala que Aserca no cuenta con información para establecer mecanismos de control, en “incumplimiento” con los criterios de transparencia y control.
Javier Usabiaga, exsecretario de Agricultura y secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería, en la Cámara de Diputados, dice desconocer los resultados del Informe dado a conocer en febrero pasado. No obstante, como exfuncionario de la Sagarpa, califica: “El Ingreso Objetivo hoy en día es ineficaz. Cumplió porque es un paracaídas. Hoy en día no es necesario”.
El Coneval reprueba el Ingreso Objetivo
El Informe de la evaluación específica de desempeño 2008 al Programa de Atención a Problemas Estructurales, elaborado por el Coneval, también reprueba la operatividad del mismo, pues indica que no cuenta con una “población objetivo definida”.
Encargado de calificar la política de desarrollo social del país, el Coneval muestra que el Ingreso Objetivo no tiene “impactos” que permitan “conocer si el programa ha contribuido a resolver los problemas estructurales que atiende”, lo que lo hace “extremadamente regresivo”.
Este programa sólo se ha dedicado a atender a una “pequeña” proporción de los productores excedentarios de granos y oleaginosas, y “afecta negativamente” a los agricultores excluidos.
El Ingreso Objetivo buscó en 2008 “facilitar el acceso de los productores agropecuarios y pesqueros a los energéticos a precios competitivos; dar certidumbre a los productores de granos y oleaginosas elegibles comercializados a precios de mercado, garantizando un ingreso objetivo mínimo y ordenar el mercado de granos y oleaginosas elegibles con transacciones comerciales oportunas que den certidumbre a los productores y compradores en los mejores términos de mercado”, indica el Coneval.
El priista López Aguilar, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), critica que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no ha aplicado las sanciones correspondientes a los funcionarios que operan ineficazmente el programa. “La Auditoría Superior le ha dado más transparencia a lo que ocurre en la administración pública, pero hay muchos de los recursos que, de manera deliberada, se subejercen o se hacen economías que realmente no tienen sentido y terminan ubicados en los fondos en los que hay todavía opacidad.
“Hablan mucho de transparencia y honestidad, pero la SFP y las contralorías internas de las diferentes dependencias no han sancionado a nadie”, dice.
Cultivos de bajo valor
Para el Banco Mundial, el programa que en 2009 suministro más de 680 millones de pesos “alienta a los agricultores a producir cultivos de bajo valor, e incluso cultivos (forraje) de alto requerimiento de agua con recursos hídricos que son escasos”.
En el Análisis del gasto público en el desarrollo agrícola y rural, el organismo financiero internacional lo califica de un programa “distorsionador” que tiene que ser reemplazado por programas de pago por servicios ambientales, inocuos para el medio ambiente y dirigidos a grupos específicos.
Con ello, dice en el informe 51902-MX, “se permitirían reducir las distorsiones y proteger los ingresos de los pequeños agricultores y, al mismo tiempo, producir valiosas externalidades a nivel nacional y mundial”.
El panista Javier Usabiaga dice que urge que el campo mexicano sea modernizado a través de la aplicación de tecnología y actualización de los padrones de beneficiarios, ya que éstos se convierten en “trampas” para emplear eficazmente los recursos asignados.
Para Cruz López Aguilar, lo que “se tiene que hacer es una reingeniería de cómo se va a atender preventivamente el tema de las contingencias, qué vamos a hacer en materia de captación de agua, de incremento en la cobertura vegetal en todo el país.
“Se tiene que hacer un replanteamiento para darle certidumbre a los campesinos. Es indispensable que busquemos mecanismos de formulación de otros productos y de aseguramiento, que garanticen que, con los mismos recursos que actualmente dedicamos, no se van a ver afectados”, comenta el líder de la CNC.
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