De hecho nunca ha gozado de ella. Desde que se fundó en 1996, su integración está marcada por cuotas partidarias, y los consejeros y altos mandos operativos son designados por pactos en la legislatura local, donde siempre lleva la mano el grupo mayoritario del PRI. El IEEM padece una sumisión política estructural, al servicio del gobernador en turno, y por ello ha sido un botín marcado por recurrentes escándalos que reflejan el nivel de la cultura política autoritaria mexiquense y sus altos e intolerables niveles de corrupción.
A diferencia de ciertos periodos del IFE, el IEEM jamás se ha ciudadanizado. Los consejeros, especialmente los designados por el PRI, son férreamente controlados y se convierten en operadores que coadyuvan con la representación política en el instituto. Por lo tanto, sus intervenciones, como la intención de voto en el Consejo General, son altamente previsibles. Se trata de los llamados “consejeros de consigna”. A esto habría que sumar que los principales cargos operativos del instituto están también marcados por los acuerdos partidarios, y que en ellos dominan los signos tricolores.
Pero el PAN y el PRD son igualmente responsables del actual desprestigio del sistema electoral mexiquense. Han consentido y validado un modelo torcido basado en la simulación: el poder formal es depositado en los consejeros mientras el poder real descansa en la Secretaría de Gobierno del estado y en los acuerdos que ésta va entablando con los partidos. La operación y el manejo de los recursos financieros se asientan en el secretario ejecutivo, Javier López Corral, hombre de toda la confianza del gobernador Enrique Peña. Este control efectivo es metaconstitucional y expresa perversidad política. El otro poder, el de los consejeros, es una impostura mediática. Hacia abajo –en la estructura de las juntas distritales, vocales y consejeros ciudadanos– la lógica es la misma. Ahí es donde la maquinaria priista se deja sentir con mayor fuerza, pues es el único partido con presencia en toda la geografía mexiquense que tiene una estructura de cuadros que le da preeminencia territorial tanto en el IEEM como en el IFE.
Con el apoyo del PRI llegaron al Consejo General del IEEM José Martínez Vilchis, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de México; Jesús Jardón Nava, exmagistrado del Poder Judicial, y Policarpo Montes de Oca Vázquez, el exvocal de Organización del IFE en el estado. Mediante el Partido Verde, el PRI impulsó la llegada de Juan Carlos Villarreal, quien fuera director general del instituto, y a su salida obligada, en 2009, asesoró al secretario de Gobierno Luis Miranda Nava. El presidente del instituto, Jesús Castillo Sandoval, es un actor aislado; su carácter mediador es insuficiente, como lo advirtió el representante del Partido del Trabajo Joel Cruz Canseco: “El consejero presidente del IEEM, Jesús Castillo Sandoval, está secuestrado, acorralado y no tiene campo de acción y de maniobra, por los cotos de poder que existen al interior del órgano electoral”. Con mayores arrestos, Abel Aguilar, propuesta del PAN, es una voz en el desierto.
El IEEM constituye un claro ejemplo de la actual regresión del andamiaje electoral que prima en el país. Se han venido deconstruyendo la autonomía y la imparcialidad de las instancias electorales, lo que ha repercutido no sólo en su pérdida de credibilidad ante los ciudadanos, sino también en el hecho de que queden en riesgo los propios procesos electorales.
A lo largo de 15 años, el instituto ha experimentado crisis internas con serias consecuencias en el sistema político de la entidad. El ejemplo más notable fue la crisis de corrupción del llamado “Caso Cartonera Plástica”, de mayo de 2005. El escándalo fue mayúsculo al descubrirse un sobreprecio de los materiales electorales que involucraba a los propios consejeros, entre ellos Bernardo García Cisneros. Ante el total descrédito, el Congreso local obligó a la renuncia en bloque de los consejeros. Todo esto puso en jaque las elecciones para gobernador en 2005. Con el más alto índice de abstencionismo, Enrique Peña Nieto ganó la gubernatura. Durante más de 10 años, García Cisneros fue una especie de cacique electoral con gran poder en el instituto. No obstante su descrédito, el sistema lo recicla, y recientemente reapareció en un video donde se le ve organizando la operación electoral entre los funcionarios municipales de Chalco y maestros de la zona.
El IEEM es un territorio colonizado por el poder imperante en el Estado de México. Esta evidente condición determina que entre mermado en términos de autoridad moral y sea blanco de constantes descalificaciones, no sólo de los partidos de oposición, sino de un sector de la opinión pública. Como señal de protesta, el Partido del Trabajo ha abandonado las sesiones del Consejo General por agravios y parcialidades del mismo órgano. La clase política mexiquense puede pagar caro el sometimiento que ha operado hacia el instituto, pues en tan sólo seis años ha habido cuatro consejos diferentes, cuatro presidentes, de los cuales dos renunciaron.
El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) no se queda atrás. Ha resultado costoso e ineficiente. Este órgano también ha sido cuestionado, no sólo por su sesgado comportamiento, sino por la lentitud de sus resoluciones. El tribunal federal le ha corregido la plana y le ha exigido ser más expedito al TEEM, con una composición igualmente inclinada hacia el partido en el poder. Según una investigación del periódico Reforma, de las 28 resoluciones en 2010 que fueron impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 42.8% fueron revocadas o modificadas o se ordenó dar cumplimiento a una sentencia en otro sentido. Se calcula que cada resolución cuesta 1.6 millones de pesos y, para colmo, el tribunal citado se vio envuelto también en escándalos por haberse adelantado bonos, es decir, antes de que inicien las campañas se han premiado los magistrados mexiquenses por un trabajo que aún no desempeñan. Por ello, en casos de querella, los partidos de oposición buscan “brincar” esa instancia y acuden directamente a los tribunales federales.
El proceso electoral, por lo tanto, tiende a la judicialización. Buena parte de las decisiones y resoluciones del Consejo General del IEEM terminan en los tribunales. Menciono sólo algunos casos: designación de consejeros distritales y de vocales, monitoreo, reglamentos internos, multas a partidos, propaganda gubernamental y adopción de medidas cautelares. Muestran no sólo un proceso trompicado, sino la falta de acuerdos y el riesgo latente de crispación.
El Estado de México cuenta, como sabemos, con el padrón electoral más alto del país, de 10.5 millones de ciudadanos, pero con un alto grado de abstención, que en promedio supera el 50%. El huracán electoral ha bajado de intensidad y se coloca en la categoría de una elección más debido a la alianza frustrada de los partidos de oposición. Eruviel y el PRI encabezan todas las encuestas, cuentan con el aparato del Estado, con la maquinaria electoral más experimentada de toda la República y con el apoyo incondicional del magisterio. Este escenario es el que más le conviene a un instituto diezmado que sabe muy bien que no resistiría un resultado apretado. En un escenario de alta competitividad muy probablemente su caída sería aún más estrepitosa que la del IFE en 2006. Por ello, la clase política en el estado debe replantear la estructura del instituto, así como el método faccioso de los consejeros, y respetar tanto la necesaria autonomía del instituto como las tentaciones de manipulación. De lo contrario, los riesgos son palpables tanto para la legitimidad de las autoridades como para la democracia en la entidad. ¿Le importará esto a la clase política?
Cronología de escándalos
–En 1996 se crea el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) sustituyendo a la Comisión Estatal Electoral, que era manejada por la Secretaría de Gobierno del Estado.
–En 1997 se cuestiona el financiamiento de un libro, con recursos públicos del instituto, del entonces consejero Álvaro Arreola.
–En 1999 renuncia el consejero presidente, José María Sáenz Gómez Salcedo, por “motivos de salud”, a tan solo tres meses de los comicios; representantes de varios partidos denunciaron irregularidades en el manejo de recursos; como consecuencia, también sale el contralor interno.
–En febrero de 2003, María Luisa Farrera Paniagua, presidenta del consejo, sufre un atentado que a la postre resultó “autoatentado”, según lo calificó el entonces procurador Alfonso Navarrete Prida.
–En 2004 se presentan otros escándalos por el dispendio económico del Consejo por parte de María Luisa Farrera, tanto en el cobro de bonos millonarios como en derroches para la construcción del edificio sede, rebasando el presupuesto original. El costo fue superior a los 120 millones de pesos.
–En mayo de 2005 se produce el mayor escándalo de corrupción en la historia del instituto, con el caso de Cartonera Plástica. Este consejo refleja los excesos del montielismo y se ve obligado a renunciar a tan sólo unas semanas de las elecciones para gobernador.
–En septiembre de 2008, José Núñez Castañeda renuncia como presidente del consejo por su inconformidad con la regresiva reforma electoral local aprobada en marzo de 2008, que contemplaba la creación de la figura del secretario general ejecutivo, con excesivas atribuciones, por lo que Núñez considera que esto le representaría un contrapeso decisivo a la hora de tomar decisiones.
–En octubre de 2008, el PAN impulsa a Norberto Hernández como nuevo presidente, pese a que era militante en activo y había reprobado el examen básico de conocimientos electorales. Igualmente resulta controvertida la designación, incluso en el interior del PRD, de la consejera Sayonara Flores, esposa de Domitilo Posadas, dirigente político de PRD en Toluca.
–El 8 de abril de 2010, Gabriel Corona Armenta, exconsejero, recibe un amparo de la justicia federal para ser reinstalado en el cargo de consejero electoral del IEEM. También se ordena que sea sometido a un procedimiento por el cual tenga la oportunidad de reelegirse en el cargo del que fue separado ilegalmente en 2008.
–En enero de 2011, durante la sesión de instalación del proceso electoral de 2011, lo que podría haber sido un acto protocolario se convierte en una batalla campal de reproches, descalificaciones y advertencias entre los propios consejeros electorales sembrados por el PRI contra el PAN y el PRD. Desde éstos se procura que en la Cámara de Diputados se exija la salida de los consejeros priistas por parciales y tendenciosos, con críticas que especialmente se centran en Juan Carlos Villarreal. l
* Exconsejero del IEEM y estudioso de las religiones
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