Mayela Sánchez/Érika Ramírez
Teléfonos de México (Telmex) sí fue multada por incumplir el programa de cobertura social de telecomunicaciones, afirma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aunque desconoce si la empresa del hombre más rico del mundo, Carlos Slim Helú, ha saldado la pena impuesta.
“Estamos en proceso de hacerle el requerimiento a Telmex para que nos dé los comprobantes de que hizo el pago [a la Tesorería Superior de la Federación]”, aclara el director general adjunto de telecomunicaciones rurales de la SCT, Francisco Javier Valdés Moreno, en entrevista con Contralínea.
Y es que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Telmex –única concesionaria del Fondo de Cobertura Social en Telecomunicaciones (Focosote)– incumplió los plazos establecidos para la instalación y operación de líneas telefónicas en comunidades pobres del país, “sin que la SCT aplicara las penas convencionales pactadas en los contratos correspondientes”.
En su edición 239, Contralínea dio a conocer estos señalamientos, que alcanzan tanto a la empresa del Carlos Slim, como a la dependencia encabezada actualmente por Dionisio Pérez Jácome.
Pero Valdés Moreno niega que la Secretaría haya sido indolente en requerirle a la empresa el pago de dichas penalidades. Y desconoce si ésta ha cumplido con pagar.
En su revisión a la Cuenta Pública 2009, la ASF consigna sólo una notificación de la Secretaría de Comunicaciones a Telmex por reportar tardíamente líneas telefónicas de 29 localidades y cuya penalidad era por 140 mil 800 pesos.
Sin embargo, la empresa se negó a pagar, alegando que no le aplicaba esa pena convencional, a pesar de que ésta figura en los contratos signados entre Telmex y la SCT, explica Valdés Moreno.
Hasta agosto del año pasado, cuando concluyó la auditoría, la SCT no había emitido ningún pronunciamiento respecto a la evasiva de Telmex. Pero de acuerdo con el funcionario, la dependencia sí volvió a requerirle el pago a la compañía de Carlos Slim Helú.
“A la fecha no tenemos conocimiento que haya hecho el pago, porque el pago lo tiene que hacer a la Tesorería”, aclara.
Valdés Moreno refiere que la SCT ha pagado a la telefónica 432 millones 500 mil pesos por la operación del Focosote. La multa que menciona la ASF es apenas el 0.03 por ciento de esa cifra.
De acuerdo con el representante de la SCT, el incumplimiento de Telmex ha afectado alrededor del 20 por ciento de las localidades en las que la empresa debía instalar y operar el servicio de telefonía fija.
Los argumentos que la empresa ha dado al respecto, dice Valdés Moreno, son la existencia de “presuntas interferencias” (sic) en la banda de 450 megahercios (la que se le asignó para prestar el servicio de telefonía rural), así como la inclinación de las comunidades por los teléfonos móviles en menoscabo de la telefonía fija.
El encargado de las telecomunicaciones en el ámbito rural afirma que han solicitado a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, monitorear las localidades reportadas, a fin de saber “si efectivamente existen” las interferencias referidas por Telmex.
Mas el alegato de la empresa no es reciente. El 30 de septiembre de 2009, la columna Capitanes, del diario Reforma, aludió a los “colgados” en la banda de 450 megahercios que entorpecían la conexión de más de 2 millones de personas que habrían de beneficiarse con el Focosote.
Para entonces, la experta en el sector de telecomunicaciones Clara Luz Álvarez González de Castilla ya había abordado la problemática del Fondo en su blog, Telecomunicaciones y sociedad.
En su texto “¿A dónde van los recursos del Focosote?”, Álvarez González de Castilla escribe: “…se ha polemizado de si [las bandas de frecuencia concesionadas a Telmex] están ocupadas por otros y si ello imposibilita que Telmex las utilice”. Era noviembre de 2007, es decir, hace más de tres años y ya entonces se hacía referencia al problema de las interferencias en la banda concedida a la telefónica.
Fondo resucitado
En su informe, la ASF anota que el Focosote no ha cumplido con el objetivo para el cual fue creado –llevar servicios de telecomunicaciones a poblaciones de escasos recursos– y recomienda a la SCT considerar la posibilidad de extinguirlo.
Al respecto, Valdés Moreno responde que el Fondo no se liquidará, pues “son muchos los beneficiarios”: 7 millones 900 mil habitantes de 8 mil 951 localidades rurales marginadas.
El funcionario de la SCT no sólo defiende el Focosote, sino que justifica su existencia al referirse a un nuevo proyecto de cobertura social, aprobado el año pasado.
Hasta entonces, los recursos del Focosote habían financiado sólo dos proyectos, ambos concesionados a Telmex, desde la creación del Fondo en 2002.
Es decir, que en casi una década son apenas tres los programas de cobertura social en telecomunicaciones que se crean al amparo del Focosote, cuya bolsa actualmente asciende a 851 millones de pesos. De éstos, 803 millones “están comprometidos” en los programas de cobertura social, de acuerdo con Valdés Moreno.
De ponerse en marcha este año, el nuevo proyecto sería el primero en crearse luego de cuatro años (los convenios con Telmex se firmaron en 2005 y 2006), y prácticamente el único impulsado durante la administración calderonista.
Se trata de la conexión de 11 mil localidades marginadas a través de tecnología satelital, que contarán con servicio de telefonía e internet de banda ancha, explica Valdés Moreno.
El ejecutor de este nuevo proyecto será Telecomunicaciones de México, organismo descentralizado del gobierno mexicano que se encarga, entre otras cosas, de controlar y operar servicios satelitales.
Valdés Moreno defiende que este nuevo plan de cobertura social utilice tecnología satelital, pues es el medio “más eficiente y más práctico, (aunque) tal vez no el más económico”.
Respecto de la intención de otras empresas de participar en este tipo de proyectos, el funcionario de la SCT reconoce que por ser lugares de baja demanda “hay poco interés de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones”.
Anomalías sin sanción
Acerca de los señalamientos de la ASF relacionados con omisiones administrativas, Valdés Moreno asegura que la dependencia los ha solventado.
Los auditores del máximo órgano fiscalizador también detectaron diversas fallas en el servicio otorgado por Telmex: cobros indebidos, deficiencias en la instalación y el servicio y falta de información a los usuarios.
Sobre éstas, Valdés Moreno dice que ya se informaron a la empresa: “Sea la Auditoría Superior, sea alguna queja de algún usuario, de algún concesionario, de alguna autoridad local, la hacemos del conocimiento de Telmex”. Y acota que por tratarse de telefonía rural, el proceso de atender estas anomalías es más tardado.
Sin embargo, se trata de fallas que no ameritarán sanción alguna a Telmex, pues los contratos entre la empresa y la Secretaría no contemplan penas para este tipo de irregularidades.
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