A 13 años de la condena de los antiterroristas cubanos a penas de prisión que van desde 15 años hasta dos cadenas perpetuas, conviene hacer un breve recuento del caso.
En junio de 1998, a solicitud de la Casa Blanca, La Habana entregó al FBI documentadas pruebas sobre los trajines de los grupos terroristas que operan impunemente desde Miami contra Cuba, al extremo que los oficiales estadunidenses que las recibieron reconocieron sentirse “impresionados”. Tres meses más tarde, la citada agencia arrestaba y enjuiciaba en la ciudad floridana a los integrantes de la red cubana generadora de la información. La ausencia de ética exhibida en este caso es difícilmente superable en la historia de las relaciones entre Estados, por más adversarios que sean.
Lo que siguió fue un juicio en el que se vulneró groseramente la normatividad constitucional y legal estadunidenses sobre el derecho al “debido proceso”. No se aceptó por el tribunal la solicitud de cambio de sede de la defensa, plenamente justificada, pues Miami es el lugar menos indicado para ventilar imparcialmente cualquier asunto relacionado con Cuba. Así lo confirmaría el proceso, realizado en un ambiente de histeria anticubana amplificado en la prensa local por plumíferos pagados con fondos federales.
El jurado lo integraron incondicionales del gobierno, así y todo presionados para votar por la petición fiscal. A Los 5 apenas se les permitió comunicarse con sus abogados, que no tuvieron acceso al grueso del expediente por ser “clasificado”. Las penas impuestas no guardan proporción con los delitos imputados y nunca probados. Salvo los cargos –menores en la legislación estadunidense- de actuar como agentes extranjeros y utilizar documentos falsos, que los acusados aceptaron desde un inicio, la fiscalía vio cómo su caso era demolido por las pruebas y testimonios presentados por la defensa, incluyendo el de altos jefes militares estadunidenses en servicio cuando la red cubana estaba en operación, que reconocieron la ausencia de evidencias de que la actividad de sus integrantes hubiese implicado riesgo alguno para la seguridad nacional de Estados Unidos.
A lo largo del juicio y la apelación se probó que su accionar se limitó a infiltrar e informar a Cuba sobre los planes terroristas de la contrarrevolución, acto legítimo por la “necesidad de defender”, principio consagrado en la propia doctrina jurídica estadunidense que establece el derecho a violar la ley cuando el daño que se va a impedir es mayor que el derivado de su incumplimiento. Los 5 han resistido estoicamente presiones y ofertas para doblarlos, confinamiento solitario, y negativa de visa a dos de las esposas por constituir un “peligro para la seguridad nacional” .
Obama puede poner fin a esta situación en cualquier momento, mucho más considerando que a Los 5 no se les pudo probar el delito de espionaje. ¿No se intercambió el año pasado en un santiamén una recién capturada red de espías rusos por cuatro personas que ni eran ciudadanos estadunidenses? Una salida airosa para el ocupante de la Casa Blanca sería liberar a Los 5 como un gesto humanitario. Cuba seguramente estaría dispuesta a reciprocar poniendo en libertad a Alan Gross, que cumple en la isla 15 años de cárcel. Sorprendido por los órganos de seguridad cubanos distribuyendo equipo de comunicación satelital para burlar la red de comunicaciones de la isla, Gross afirma que su objetivo era ayudar a la comunidad hebrea a mejorar el acceso a internet. Pero los líderes de ella han reiterado que ni saben quién es. Lo evidente es que ejecutaba un programa de Washington para el “cambio de régimen” en Cuba, algo de lo que no puede acusarse a Los 5 en relación con Estados Unidos. Pero a Obama le preocupan mucho las eventuales reacciones de la mafia de Miami así como sus jugosas contribuciones electorales.
Por eso, lograr la libertad de Los 5 exige de muchas nobles acciones como la de la Red en Defensa de la Humanidad.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2011/10/20/opinion/024a1mun
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