Un veto que dura tres décadas

Víctor M. Quintana S.

Felipe Calderón podrá defenderse de haber vetado la asignación de 10 mil millones de pesos por parte de la Cámara de Diputados para apoyar a los estados que han padecido heladas, sequía o inundaciones. Podrá esgrimir tecnicismos o incluso carencia de facultades del Legislativo para introducir partidas que el Ejecutivo no propuso. Pero en lo que no tiene defensa el residente de Los Pinos es en el veto sistemático de su gobierno y quienes lo precedieron a la agricultura nacional, a la soberanía alimentaria, al desarrollo de los pequeños y medianos agricultores.

Hace once meses, con toda presteza, Felipe Calderón ordenó destrabar de inmediato una cuantiosa partida para acudir al rescate de los maiceros sinaloenses, afectados por la helada de febrero. Se trasladó personalmente hasta aquellas tierras y hasta condujo un tractor para las labores de resiembra. Pero a mediados de diciembre pasado, cuando la Cámara de Diputados estableció un fondo de 10 mil millones de pesos –nunca programado por el Ejecutivo Federal– para apoyar a las entidades afectadas por la sequía, las inundaciones y las heladas, Calderón ejerció un veto de hecho sobre la partida, alegando que tenía algunas “observaciones” que hacerle, mismas que no ha explicado

Se puede conjeturar que Calderón trata de evitar que esos diez mil millones vayan directamente a las manos de los gobernadores, la mayoría priístas y los utilicen con propósitos electoreros en este crucial 2012. Y razón no le faltaría, si no fuera porque el solo hecho de atorar ese dinero también tiene implicaciones electoreras. Entonces, lo que está en el fondo de este conflicto no es la atención a la emergencia alimentaria en la que se están sumergiendo millones de familias, sino quién y cómo capitaliza la ayuda alimentaria. En términos llanos, quién entrega las despensas, a nombre de quién y con qué colores. Así de ramplón el enfrentamiento, así de superficial.

Porque si se quiere ir más a fondo, hay mucho qué decir y qué analizar. En primer lugar, que, ante el cambio climático no se ha diseñado una política agroalimentaria de Estado, siquiera de mediano plazo. Hay un pleito de órdenes de gobierno por echarse mutuamente la culpa y apropiarse de los dividendos electorales, pero no hay ni siquiera la convocatoria a diseñar y poner en marcha un proyecto que desarrolle capacidades productivas, tecnológicas, humanas para hacerle frente a dicho cambio.

Si todo el norte árido y semiárido de nuestro país, si todo el altiplano va a ser de las regiones más afectadas del orbe por sequías y fríos extremos, ¿qué programa se ha diseñado para cambiar de cultivos o adoptar tecnologías adecuadas para que la gente de esas regiones siga produciendo alimentos para ella y para las ciudades?

Porque las políticas federales siguen fomentando la producción y la productividad de los productores y las regiones más ricas y destinando sólo recursos asistenciales para la gran masa de productores pobres y medios, como lo acaban de demostrar investigadores de la Universidad de Chapingo: los programas existentes se concentran en sólo el 15 por ciento de los productores empresariales y dejan fuera a los pequeños campesinos. (La Jornada, 26 de diciembre de 2011, nota de Javier Salinas y Saúl Maldonado).

No sólo en la fase de producción, las políticas oficiales favorecen a los más ricos, también en las de acopio y comercialización: Aserca sigue concentrando sus apoyos en los grandes productores y en los acaparadores. Y, tanto gobierno federal como estatales, siguen favoreciendo a la agricultura extractiva, a las que más contribuye a la desertificación y al cambio climático. Conagua sigue tolerando la sobreexplotación de los mantos acuíferos, Semarnat sigue dando permisos de cambio de uso de suelo, permitiendo el desmonte de miles de hectáreas para nuevos proyectos mineros o agrícolas basados en la extracción sin control de las aguas fósiles. No sólo se toleran estas prácticas; se premia incluso a sus autores con Procampo o cuantiosos recursos del programa “activos productivos”.

Estas son prácticas sistemáticas, conexas que vienen a conformar un modelo agroalimentario. Modelo que no está hecho para generar alimentos, riqueza y vida digna para las mayorías rurales, ni tampoco soberanía alimentaria para esta nación. Díganlo si no los 50 millones de mexicanos con algún grado de escasez de alimentos y los más de 12 millones al borde de la hambruna. Ahí también están los datos que nos muestran que de enero a octubre de 2011 se incrementó en un 98 por ciento el volumen de importaciones alimentarias.

El veto de Calderón a los 10 mil millones de apoyo para las entidades afectadas por los extremos climáticos, es preocupante. Pero es más preocupante el veto de gobiernos priístas y panistas a un modelo de desarrollo rural en el que tengan un lugar primordial la vida digna para los productores campesinos y la comida accesible y de calidad para los consumidores urbanos.