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Trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18
por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Las
multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil
millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país
“derechos” por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas
canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron de México
más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata.
Mineras trasnacionales pagan a México poco más del 1 por ciento del
valor total de lo que extraen del territorio nacional, del cual las
administraciones panistas les han concesionado alrededor del 25 por
ciento de los 2 millones de kilómetros cuadrados que lo conforman, hasta
por 50 años.
Tan sólo por la extracción de oro y plata las multinacionales se
llevaron a sus arcas el 90 por ciento del valor de los metales
preciosos. A México le dejaron un equivalente de menos del 10 por ciento
de esos recursos, durante el último lustro. De documentos de la
Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, y
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se desprende la
disparidad entre los beneficios obtenidos por las empresas y los montos
que se retribuyen al erario.
Del análisis de las estadísticas de producción y valor de los
metales, publicadas por la Dirección General de Minas para el periodo
2005-2010, y del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010
(presentado el 15 de febrero pasado), resulta que la mayor utilidad
para México por la extracción de oro fue de apenas 10.61 por ciento, en
2008.
Los documentos revelan que de los 15 mil 698 millones 429 mil 400
pesos en que se evaluaron los 50 mil 365 kilos de oro extraídos ese año,
entraron al erario 1 mil 667 millones 42 mil 800 pesos por el concepto
de pago de cuotas para explotar minas.
En tanto, por plata ?metal que coloca a México como el productor
más importante a nivel mundial? la “ganancia” para el país fue del 11.93
por ciento del valor total de lo extraído, en ese mismo periodo fiscal.
Ese año la producción del metal precioso fue de 2 millones 668 mil 28
kilos, lo que implica un valor de 13 mil 972 millones 569 mil pesos. La
ganancia para las trasnacionales fue del 88.07 por ciento.
El año en el que inició la administración de Felipe Calderón
Hinojosa fue el que más pérdidas representó para México en este rubro:
registró un pago de cuotas de tan sólo 322 millones 696 mil 600 pesos.
No obstante, el oro se cotizó, en ese año, en 7 mil 628 millones 188 mil
800 pesos. El “beneficio” para México fue de 4.23 por ciento de los
valores mercantiles.
El avalúo de la plata llegó a los 9 mil 777 millones 994 mil 200
pesos, por la extracción de 2 mil 413.147 toneladas. Durante ese mismo
año, el pago por derechos, en más de 320 millones de pesos, dejó
utilidades a las compañías extranjeras por 96.7 por ciento, contra el
3.30 por ciento aportado al fisco.
Francisco López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México,
asegura que las disposiciones “relativas a las actividades mineras no
regulan derechos a favor de la nación ni de los propietarios de las
tierras donde los minerales se encuentran, sino para favorecer a las
grandes mineras”.
Cuotas simbólicas
En México las compañías dedicadas a la extracción de minerales no
pagan al gobierno por el valor de los recursos extraídos, sino por
hectárea concesionada. En enero pasado, Contralínea documentó que las cuotas estipuladas van de 5 a 111 pesos semestrales, por cada hectárea concesionada.
Esta situación ha motivado iniciativas para reformar la Ley Federal
de Derechos, que establece los montos de cobranza. Sin embargo, éstas
permanecen en la congeladora de la Cámara de Diputados (Contralínea 268).
El informe de la ASF, correspondiente al ejercicio fiscal 2010,
precisa que los pagos por explotación y exploración de minas son
“simbólicos” y “contrastan” con el valor de los recursos extraídos del
territorio nacional.
En cuatro años de administración calderonista y el último de Vicente Fox (periodo analizado en la Cuenta Pública 2010) sólo se aportó poco más del 1 por ciento de los beneficios obtenidos por las compañías.
La Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Juan Manuel Portal, indica
que el valor de la producción en ese lustro ascendió a 552 mil 422
millones 429 mil 300 pesos, y el de los derechos cobrados a 6 mil 543
millones 417 mil 400, los cuales equivalieron al 1.2 por ciento de la
producción.
Concesiones sin beneficio a la nación
De
acuerdo con el informe de fiscalización, los requisitos para el
otorgamiento de concesiones mineras son “mínimos y de fácil
cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y
aprovechamiento de los recursos naturales y de proporcionar un beneficio
a la nación”.
Los auditores del máximo órgano de fiscalización del país
detectaron “deficiencias en la integración y datos del padrón de
concesionarios y asignaciones mineras, así como en el contenido de los
expedientes”.
Igualmente, documentaron que la Secretaría de Economía, que
encabeza Bruno Ferrari García de Alba, “carece de manuales de
procedimientos o lineamientos específicos para el control de pagos de
los derechos de solicitud y trámites diversos al título de concesión
minera, de asignaciones mineras, así como de los adeudos”.
López Bárcenas, maestro en derecho y desarrollo rural, expone que
los problemas de la minería “se agravan cuando los propietarios de las
tierras son los pueblos o comunidades indígenas, por la relación
especial que mantienen con la tierra y en general con la naturaleza
[...]. Esto genera conflictos, porque los campesinos, pueblos o
comunidades indígenas saben que tienen derechos, aunque la legislación
minera no los contemple, y no están dispuestos a que les sean violados”.
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, las
principales beneficiarias de las concesiones son la australiana Azure
Minerals, Ltd y las canadienses Almaden Minerals, Ltd; Dia Bras
Exploration, Inc; Pediment Gold Corp; y Goldcorp, Inc.
Efectos nocivos
Una de las iniciativas que permanece congelada en la Cámara de
Diputados es la promovida por el legislador petista Jaime Cárdenas
Gracia, quien hace énfasis en el impacto ambiental que producen las
mineras en el país.
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