José Reyes Baeza, ex mandatario de Chihuahua, es investigado por brindar protección al Cártel de Juárez durante su administración. Esto consta en una indagatoria que la PGR tuvo guardada durante dos años
La Procuraduría General de la República
(PGR) se guardó un as bajo la manga en el caso de los gobernadores
priistas relacionados con el narcotráfico.
José Reyes Baeza, ex
gobernador de Chihuahua, es investigado por brindar protección al Cártel
de Juárez durante su administración.
La indagatoria, que tiene la
procuradora general Marisela Morales desde 2010, destaca que Reyes
Baeza recibió apoyos económicos de narcotraficantes desde su gestión
como alcalde de la ciudad de Chihuahua.
Reyes Baeza se suma a Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, ex gobernadores priistas de Tamaulipas que están bajo investigación por sus nexos con organizaciones del narcotráfico.
José Antonio Jagou García, ex socio del gobernador Reyes Baeza en su despacho de abogados y uno de sus hombres más cercanos, fue quien contactó al político con un grupo de supuestos empresarios vinculados con el Cártel de Juárez.
Presuntamente, ellos lo apoyaron en su campaña de 2004, cuando contendió por la gubernatura de Chihuahua.
En ese grupo estaba el hoy testigo prote-gido de la PGR, Ramiro Chávez, presunto prestanombres de los hermanos Carrillo Fuentes en la región.
“Entre los meses de enero y febrero de 2004, al estar seguros que José Reyes Baeza buscaría la gubernatura por parte del PRI, acordamos apoyarlo en su candidatura con la cantidad de tres millones de pesos, los cuales aportaría yo”, declaró Chávez.
A cambio, le pidieron que cuando fuera gobernador, los dejara –entre otras cosas– nombrar al jefe de la policía estatal, ya que esto les facilitaría la operación de sus negocios.
El pacto se habría consumado, y una vez electo, Reyes Baeza respetó la petición de los seudoempresarios. El elegido fue Lauro Abelardo Venegas Aguirre, quien fue nombrado director de la Agencia Estatal de Investigación.
El testigo clave Ramiro Chávez, cuya identidad real se presume que es Julio Porras Chávez, es el supuesto empresario que coordinó la relación entre el Cártel de Juárez, con Vicente Carrillo Fuentes a la cabeza, y la Central de Inteligencia (CIPOL) del gobierno de Chihuahua.
Dicho operador explicó que desde 1990 conoció a Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, a través del policía judicial Otoniel Tarín Chávez, uno de los incondicionales del general Arturo Acosta Chaparro, quien fue asesinado el 20 de abril pasado.
A partir de esas relaciones con ex judiciales y lugartenientes de capos, Ramiro Chávez conoció a Vicente Carrillo, a quien años más adelante le administró los nexos con el gobierno estatal en turno, el de José Reyes Baeza, a quien conoció cuando éste era presidente municipal de Chihuahua.
Chávez dijo que logró que Vicente Carrillo Fuentes le entregara 60 mil dólares mensuales para pagar la nómina de las corporaciones policiacas, fundamentalmente la de los mandos que tenían rango de comandantes.
El arreglo se concretó con la intermediación de Pablo Rodríguez, “El JL”, lugarteniente de Vicente Carrillo en Ciudad Juárez y en toda la región.
“Habiéndole puesto al Cártel de Juárez a través del ‘JL’ la condición de que el único enlace sería yo y que por ningún motivo él ni nadie del Cártel tendría contacto con ningún comandante ni elemento de la policía, lo cual tenía conocimiento el Gobernador José Reyes Baeza, Raúl Grajeda, secretario de Seguridad Pública del estado y Fernando Rodríguez Moreno, secretario de Gobierno”, precisó el testigo protegido.
Pero el pacto comenzó a fallar. El ‘JL’, lugarteniente de Carrillo Fuentes, dejó de respetar los acuerdos entre el cártel y el gobernador.
“Quería tomar el control de todo el Estado respecto a la venta de droga y derecho de piso, esto es evitar que la policía persiguiera delitos de distribución de droga al menudeo, venta de objetos robados y giros negros, a efecto de cobrar él, derecho de piso”, explicó Chávez.
La ola de crímenes se disparó en la entidad como resultado de los ajustes de cuentas entre grupos rivales.
De 2005 a 2007, el estado se bañó de sangre. Fueron abatidos sicarios, abogados, policías y presuntos hombres de negocios.
En mayo de 2006, la mafia tocó al círculo más íntimo del propio gobernador Reyes Baeza al ser acribillado el director administrativo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Juan Carlos Jagou García, hermano gemelo de José Antonio Jagou, ex socio del gobernador.
José Antonio Jagou pertenecía al nicho inicial de seudoempresarios que habrían aportado recursos para llevar a Reyes Baeza a la gubernatura de Chihuahua.
En la entidad era bien sabida –y exhibida en la prensa local– la estrecha relación que tenía el ex socio del gobernador con el empresario Julio Porras Chávez, cuyos negocios apuntaban al narcotráfico.
LA HISTORIA DEL TESTIGO PROTEGIDO
Julio
Porras Chávez presuntamente es Ramiro Chávez, el testigo protegido de
la PGR que ha declarado contra el ex gobernador priista.En mayo de 2006, Julio Porras Chávez sufrió un atentado en su domicilio ubicado en San Felipe. Participaron cerca de 15 sicarios y murieron cuatro personas, entre ellas, dos policías municipales.
En su declaración, Julio Porras refirió que el 19 de mayo de 2006, al llegar a su domicilio particular a bordo de una camioneta BMW blindada y escoltado por una camioneta suburban conducida por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, lo rafaguearon al menos 15 hombres armados.
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