MANAGUA.- Una
comunicación del embajador de México, Rodrigo Labardini, era hasta la
semana pasada la “prueba documental” que deslinda a Televisa de los 18
mexicanos detenidos en Nicaragua acusados de lavado de dinero,
delincuencia organizada y tráfico internacional de estupefacientes.
Se trata del documento NICO2513, fechado el pasado 23 de agosto, en el cual Labardini asegura que los detenidos “no son empleados, técnicos, presentadores o periodistas de la empresa Televisa, S.A.”
Rodrigo Zambrana, fiscal del Ministerio Público, incorporó el documento del embajador como “prueba documental” al Escrito de Intercambio de Información y Prueba que presentó ante el juez Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias de esta capital, Julio César Arias, quien presidió el martes 18 una audiencia sobre el caso.
Esa “prueba documental” provocó una airada protesta de Johana Fonseca, integrante del equipo de los defensores de los detenidos. “Con un documento comunicativo del embajador de México pretenden demostrar que no son trabajadores de Televisa. ¿Desde cuándo tiene el embajador que certificar que no son de Televisa?”, preguntó la abogada en la audiencia.
La propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México aclaró dos días después –jueves 20– que el embajador Labardini elaboró su calificación con base en la información que le proporcionó la propia televisora. “Como parte de las investigaciones, el gobierno de Nicaragua solicitó a la embajada mexicana en Managua corroborar con la empresa Televisa si las personas y vehículos retenidos formaban parte de la planta laboral y vehicular de dicha empresa. La SRE se limitó a hacer la consulta con la empresa y a transmitir la respuesta en sentido negativo a las autoridades nicaragüenses”, apuntó la cancillería en una respuesta oficial entregada al reportero René Cruz, de Noticias MVS.
En el referido Escrito de Intercambio de Información y Prueba, aparece un “recibo de ocupación” –identificado con el número 0573-12– en el que se da cuenta de los bienes incautados a los mexicanos detenidos. En ellos aparecen carnets de Televisa a nombre de cada uno de ellos. Raquel Alatorre, por ejemplo, identificada como jefa del grupo, portaba el número A71438.
Zambrana no fue enfático cuando los periodistas le preguntaron si los vehículos son o no de Televisa y si los detenidos son o no sus empleados.
“La información que tenemos es una comunicación diplomática que señala que ellos no son miembros de este emporio televisivo”, dijo a los periodistas que dieron cobertura a la sesión convocada por el juez Arias.
“Ustedes tienen que comprender que estamos aún en un proceso investigativo en marcha y que ésta es probablemente la primera de las audiencias donde se puedan ofrecer elementos de pruebas y en el transcurso de la investigación se irán dilucidando algunos hechos”, agregó.
“La licenciada”
En el citado documento de la fiscalía, de 34 páginas, se consigna que a Raquel Alatorre se le incautaron un reloj Cartier, un anillo Bvlgari, otro anillo con diamante en forma de triángulo, varias cadenas posiblemente de oro y un iPad de 64 GB.
Cuando fue detenida ella se presentó como periodista y presentadora de televisión. El documento consigna que es “ingeniera en sistemas”. El resto de sus compañeros la llaman “la licenciada” y era quien se encargaba de hacer los trámites aduanales y migratorios en los puestos fronterizos por los que pasaba la caravana de vehículos con los logotipos de Televisa.
Ella presentaba su pasaporte mexicano número 08400011472. Además se encargaba de alquilar habitaciones en hoteles de Centroamérica. Pagaba siempre en efectivo y nunca exigía facturas. En una ocasión incluso olvidó retirar un sobrante de 160 dólares en un hotel.
En el documento de la fiscalía aparece también el Informe Pericial Trazológico TZ-0453-2487-2012, elaborado por el Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional, referido al peritaje de los seis vehículos incautados. En éste se describe el número de “VIN o de chasis” que corresponde a cada placa, cada uno de los cuales está a nombre de Televisa. Todos coinciden con los divulgados por la periodista Carmen Aristegui en su programa de MVS.
El perito trazológico, identificado como teniente Guillermo Rodríguez, concluye lo siguiente: “Que los VIN que poseen los vehículos Vans marca Chevrolet, año 2011, son originales de fábrica, y las placas receptoras de la serie conservan su posición y carecen de remoción”. Sin embargo, añade que “las etiquetas de las puertas delanteras izquierdas fueron eliminadas (borradas)”.
El miércoles 19, durante el noticiario que conduce Joaquín López Dóriga, Televisa sostuvo que los vehículos “fueron dados de alta a nombre de la empresa de manera ilícita”.
El documento consigna las conclusiones de un experto del ente regulador de las telecomunicaciones en Nicaragua, Telcor, el cual valuó dos de los vehículos (placas 165-XXLL y 848-XCJ) en alrededor de 475 mil dólares debido a los equipos de comunicación satelital incorporados en ellos.
El viernes 7, envuelto en el mayor sigilo, el apoderado de Televisa, Ramón Pérez Amador, se presentó ante la fiscal departamental de esta ciudad, Blanca Salgado, para entregarle un fajo de documentos, entre ellos un escrito legal en el cual la televisora niega tener vínculos con los 18 detenidos y rechaza que los vehículos –en los que las autoridades encontraron ocultos 9.2 millones de dólares y rastros de cocaína– y el equipo decomisado sean de su propiedad.
Con base en ello Pérez Amador solicitó a las autoridades de la fiscalía departamental que presenten denuncia contra cualquiera de los 18 mexicanos que haya fabricado o utilizado gafetes o documentos que ostenten el nombre comercial, los logotipos o los colores que son parte de la imagen corporativa de la cadena mexicana de televisión.
Para dar seguimiento a la denuncia, la fiscal Salgado dijo a Proceso que trasladó el caso a la doctora Leyla Prado, quien se encarga de atender los casos de delitos de propiedad intelectual, entre ellos los relacionados con marcas y patentes.
“Es un delito de menor gravedad a los que ahora enfrentan (los 18 mexicanos), pero si se denuncia, nosotros estamos en la obligación de investigarlo”, comentó la funcionaria.
En su opinión se ha abierto un nuevo capítulo en el caso de los detenidos, ya que le corresponderá a la Policía Nacional y al Ministerio Público determinar si los acusa ahora por falsificación, usurpación o alteración de marcas y patentes registradas.
Durante la audiencia del martes 18 el equipo de abogados defensores de los mexicanos, encabezado por José Ramón Rojas Urroz, insistió en desestimar las pruebas testificales, documentales y periciales aportadas por el Ministerio Público. Las consideran un mero “relato acusatorio” ya que, dijeron, no aportan evidencias reales sobre tráfico internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado, delitos que se les imputan a sus clientes.
“¿Se va a demostrar el transporte internacional de estupefacientes con los resultados del Sintrex Trace 2200, que arroja resultados de nanogramos?”, preguntó al juez uno de los defensores. “Este no es el medio de prueba para demostrar el tráfico de estupefacientes. No está certificado tampoco de qué manera estas 18 personas transportaron drogas, en qué cantidades y en qué momentos”, agregó.
Según él lo único que está certificado es que entraron y salieron del país en varias ocasiones, y eso no es delito.
Sin embargo, el juez Arias decidió que había elementos suficientes para iniciar un juicio oral y público contra los acusados, el cual dará comienzo a las nueve de la mañana del próximo 3 de diciembre.
Se trata del documento NICO2513, fechado el pasado 23 de agosto, en el cual Labardini asegura que los detenidos “no son empleados, técnicos, presentadores o periodistas de la empresa Televisa, S.A.”
Rodrigo Zambrana, fiscal del Ministerio Público, incorporó el documento del embajador como “prueba documental” al Escrito de Intercambio de Información y Prueba que presentó ante el juez Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias de esta capital, Julio César Arias, quien presidió el martes 18 una audiencia sobre el caso.
Esa “prueba documental” provocó una airada protesta de Johana Fonseca, integrante del equipo de los defensores de los detenidos. “Con un documento comunicativo del embajador de México pretenden demostrar que no son trabajadores de Televisa. ¿Desde cuándo tiene el embajador que certificar que no son de Televisa?”, preguntó la abogada en la audiencia.
La propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México aclaró dos días después –jueves 20– que el embajador Labardini elaboró su calificación con base en la información que le proporcionó la propia televisora. “Como parte de las investigaciones, el gobierno de Nicaragua solicitó a la embajada mexicana en Managua corroborar con la empresa Televisa si las personas y vehículos retenidos formaban parte de la planta laboral y vehicular de dicha empresa. La SRE se limitó a hacer la consulta con la empresa y a transmitir la respuesta en sentido negativo a las autoridades nicaragüenses”, apuntó la cancillería en una respuesta oficial entregada al reportero René Cruz, de Noticias MVS.
En el referido Escrito de Intercambio de Información y Prueba, aparece un “recibo de ocupación” –identificado con el número 0573-12– en el que se da cuenta de los bienes incautados a los mexicanos detenidos. En ellos aparecen carnets de Televisa a nombre de cada uno de ellos. Raquel Alatorre, por ejemplo, identificada como jefa del grupo, portaba el número A71438.
Zambrana no fue enfático cuando los periodistas le preguntaron si los vehículos son o no de Televisa y si los detenidos son o no sus empleados.
“La información que tenemos es una comunicación diplomática que señala que ellos no son miembros de este emporio televisivo”, dijo a los periodistas que dieron cobertura a la sesión convocada por el juez Arias.
“Ustedes tienen que comprender que estamos aún en un proceso investigativo en marcha y que ésta es probablemente la primera de las audiencias donde se puedan ofrecer elementos de pruebas y en el transcurso de la investigación se irán dilucidando algunos hechos”, agregó.
“La licenciada”
En el citado documento de la fiscalía, de 34 páginas, se consigna que a Raquel Alatorre se le incautaron un reloj Cartier, un anillo Bvlgari, otro anillo con diamante en forma de triángulo, varias cadenas posiblemente de oro y un iPad de 64 GB.
Cuando fue detenida ella se presentó como periodista y presentadora de televisión. El documento consigna que es “ingeniera en sistemas”. El resto de sus compañeros la llaman “la licenciada” y era quien se encargaba de hacer los trámites aduanales y migratorios en los puestos fronterizos por los que pasaba la caravana de vehículos con los logotipos de Televisa.
Ella presentaba su pasaporte mexicano número 08400011472. Además se encargaba de alquilar habitaciones en hoteles de Centroamérica. Pagaba siempre en efectivo y nunca exigía facturas. En una ocasión incluso olvidó retirar un sobrante de 160 dólares en un hotel.
En el documento de la fiscalía aparece también el Informe Pericial Trazológico TZ-0453-2487-2012, elaborado por el Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional, referido al peritaje de los seis vehículos incautados. En éste se describe el número de “VIN o de chasis” que corresponde a cada placa, cada uno de los cuales está a nombre de Televisa. Todos coinciden con los divulgados por la periodista Carmen Aristegui en su programa de MVS.
El perito trazológico, identificado como teniente Guillermo Rodríguez, concluye lo siguiente: “Que los VIN que poseen los vehículos Vans marca Chevrolet, año 2011, son originales de fábrica, y las placas receptoras de la serie conservan su posición y carecen de remoción”. Sin embargo, añade que “las etiquetas de las puertas delanteras izquierdas fueron eliminadas (borradas)”.
El miércoles 19, durante el noticiario que conduce Joaquín López Dóriga, Televisa sostuvo que los vehículos “fueron dados de alta a nombre de la empresa de manera ilícita”.
El documento consigna las conclusiones de un experto del ente regulador de las telecomunicaciones en Nicaragua, Telcor, el cual valuó dos de los vehículos (placas 165-XXLL y 848-XCJ) en alrededor de 475 mil dólares debido a los equipos de comunicación satelital incorporados en ellos.
El viernes 7, envuelto en el mayor sigilo, el apoderado de Televisa, Ramón Pérez Amador, se presentó ante la fiscal departamental de esta ciudad, Blanca Salgado, para entregarle un fajo de documentos, entre ellos un escrito legal en el cual la televisora niega tener vínculos con los 18 detenidos y rechaza que los vehículos –en los que las autoridades encontraron ocultos 9.2 millones de dólares y rastros de cocaína– y el equipo decomisado sean de su propiedad.
Con base en ello Pérez Amador solicitó a las autoridades de la fiscalía departamental que presenten denuncia contra cualquiera de los 18 mexicanos que haya fabricado o utilizado gafetes o documentos que ostenten el nombre comercial, los logotipos o los colores que son parte de la imagen corporativa de la cadena mexicana de televisión.
Para dar seguimiento a la denuncia, la fiscal Salgado dijo a Proceso que trasladó el caso a la doctora Leyla Prado, quien se encarga de atender los casos de delitos de propiedad intelectual, entre ellos los relacionados con marcas y patentes.
“Es un delito de menor gravedad a los que ahora enfrentan (los 18 mexicanos), pero si se denuncia, nosotros estamos en la obligación de investigarlo”, comentó la funcionaria.
En su opinión se ha abierto un nuevo capítulo en el caso de los detenidos, ya que le corresponderá a la Policía Nacional y al Ministerio Público determinar si los acusa ahora por falsificación, usurpación o alteración de marcas y patentes registradas.
Durante la audiencia del martes 18 el equipo de abogados defensores de los mexicanos, encabezado por José Ramón Rojas Urroz, insistió en desestimar las pruebas testificales, documentales y periciales aportadas por el Ministerio Público. Las consideran un mero “relato acusatorio” ya que, dijeron, no aportan evidencias reales sobre tráfico internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado, delitos que se les imputan a sus clientes.
“¿Se va a demostrar el transporte internacional de estupefacientes con los resultados del Sintrex Trace 2200, que arroja resultados de nanogramos?”, preguntó al juez uno de los defensores. “Este no es el medio de prueba para demostrar el tráfico de estupefacientes. No está certificado tampoco de qué manera estas 18 personas transportaron drogas, en qué cantidades y en qué momentos”, agregó.
Según él lo único que está certificado es que entraron y salieron del país en varias ocasiones, y eso no es delito.
Sin embargo, el juez Arias decidió que había elementos suficientes para iniciar un juicio oral y público contra los acusados, el cual dará comienzo a las nueve de la mañana del próximo 3 de diciembre.
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