Sicarios de prepa al servicio de Los Zetas y el cártel del Golfo

Nuevo León prendió los focos rojos debido al aumento constante del número de menores de edad que prestan servicios al crimen organizado. Los Zetas y el cártel del Golfo reclutan adolescentes para que cumplan funciones de vigilantes, vendedores, ladrones y hasta asesinos. Un especialista sostiene que las mafias han aprovechado la reforma al artículo 18 constitucional, que volvió inimputables a los muchachos, a fin de utilizarlos para sus actividades ilícitas.

Luciano Campos Garza

MONTERREY, NL. (Proceso)- La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León presentó el pasado 6 de agosto a un grupo de 20 halcones presuntamente al servicio de Los Zetas en el municipio de Sabinas Hidalgo; los lideraba un joven de 17 años identificado como Jesús Alejandro, El Sapo.
Junto a él fueron presentados Alan Guadalupe, de 16 años; Brayan Juninho, de 14 y Ricardo, de 17, capturados el 27 de julio.
No es el único caso reciente de menores de edad aprehendidos por actos delincuenciales o por estar al servicio del crimen organizado: Néstor Iván, El Capi, de 15 años, fue detenido el 1 de febrero de 2011 por comandar una banda que cometió por lo menos 20 robos a mano armada en el sur de la capital nuevoleonesa.
Poco antes se presentó un hecho que implicaba a menores: un boletín de la PolicíaFederal informó el 4 de febrero de ese año que habían sido detenidos en la colonia Bosques del Country, en el municipio conurbado de Guadalupe, los integrantes de una célula del crimen organizado que incluía a un niño de 15 años llamado Luis José y apodado Julio.
A escala nacional el caso que más impactó a la sociedad fue el de Édgar Jiménez Lugo, El Ponchis, de 14 años, arrestado en Cuernavaca y asesino confeso de al menos cuatro personas.
En entrevista con este corresponsal, Federico Requenes Ordaz, director de Atención Integral del Menor yla Familiadel DIF de Nuevo León, considera que los menores se involucran en acciones delictivas en gran medida porque son invitados por mayores que saben que la nueva legislación los protege y los exime de castigos.
Cada día más
La Procuraduría de Nuevo León ha desarticulado este año 89 bandas; de ellas 60 estaban relacionadas con la delincuencia organizada. Se encuentran presos 590 de sus integrantes, de los cuales 68 son menores de edad. De las otras 29 bandas han sido detenidos 163 miembros; 17 son menores.
En la entidad es larga la lista de casos delictivos en los que están implicados muchachos.
Un día antes de las elecciones del pasado 1 de julio fue asesinado el regidor del municipio de Benito Juárez, Tomás Betancourt Gaytán, coordinador local de la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
El 24 de julio el procurador general de Justicia del estado, Adrián de la GarzaSantos, informó que había cinco detenidos por ese homicidio; pertenecen a Los Zetas y entre ellos hay un menor al que identificaron como Milton Gabino, El Poncho, de 17 años.
El 27 de junio la Agencia Estatal de Investigación (AEI) presentó a una banda de cuatro zetas dedicados al secuestro en la zona citrícola del sur de Monterrey. Entre ellos estaba José Manuel, de 16 años. Todos, según el vocero estatal de seguridad, Jorge Domene, eran sicarios.
El 13 de junio Domene había informado de la detención de 52 halcones que daban a la delincuencia organizada información sobre las acciones de las autoridades estatales y federales. Ente ellos había cinco menores de edad. Algunos trabajaban para Los Zetas; otros, para el Cártel del Golfo.
Tres jóvenes fueron detenidos por los asaltos a siete restaurantes en Monterrey y Guadalupe entre mayo y junio de este año; Domene aclaró que no estaban relacionados con la delincuencia organizada. Los muchachos fueron identificados como Juan Carlos, El Vagueta, de 15 años; Jassiel, de 16 y José Daniel, El Dany, de 17.
Siete jóvenes fueron capturados por el asalto a la preparatoria Centro de Estudios Regiomontanos el pasado 16 de mayo en Guadalupe. Ese día, a las 10:30 horas, asaltantes enmascarados sometieron a estudiantes y directivos del plantel y se llevaron dinero en efectivo y equipo de cómputo de la escuela.
Domene informó que entre los jóvenes estaban los hermanos Giovani de Jesús, de 17 años, y Gerardo Gabriel, de 15, estudiantes de esa institución, que quedaron a disposición de la justicia para adolescentes de Nuevo León.
El 8 de mayo la AEI presentó un grupo de detenidos dedicados al narcomenudeo en Benito Juárez. Entre ellos había tres menores pertenecientes a Los Zetas.
El pasado 18 de abril la Agencia Estatal de Investigación había informado de la captura de una banda de 13 personas relacionadas con 21 homicidios y acusadas además de secuestro, robo de automóviles y narcomenudeo.
Siete de los detenidos son identificados como Morgan Jesús, Texas, de 17 años; Marco Antonio, El Guachillo, de 17; Juan Carlos, Pavalín, de 16; Karen Yanneth, La China, de 16, Esmeralda Samahid, Esme, de 16; Liliana, Emma, de 17 y Yaresy Lisset, La Chabela.
Entre el 16 y el 17 de febrero de este año el Ejército detuvo a 17 presuntos delincuentes en operativos de la Operación Noreste; entre los aprehendidos había cinco menores.
En Cadereyta fueron apresados cinco presuntos delincuentes, dos de ellos de 17 años: viajaban en un jeep robado y tenían dos paquetes de mariguana. En Salinas Victoria, 50 kilómetros al norte de Monterrey, se detuvo a tres halcones. Uno tiene 17 años.
Mayores perversos
Federico Requenes considera que el aumento del número de niños y adolescentes en actividades delictivas corresponde a la perversión de criminales adultos que saben que los menores no son punibles según lo establecen modificaciones a la ley hechas en 2006.
“Hemos visto cómo el crimen organizado recluta más jovencitos y mucho tiene que ver esto en el sentido de la ley que cambió en cuestión de justicia de menores adolescentes, que ahora es garantista y ya no tutelar, como en el pasado. Gente perversa pudo aprovechar esta situación”, señala.
Una fuente de la Agencia del Ministerio Público de Justicia para Adolescentes, de la Procuraduría local, explica que en 2005 fue presentada una iniciativa para reformar el artículo 18 de la Constitución de la república, que fue aprobada en marzo de 2006.
La enmienda ordena a los estados crear instituciones especializadas de atención a adolescentes para sustituir los consejos tutelares. Entre sus lineamientos consideró que los menores serían sometidos al sistema penal acusatorio, conocido también como juicio oral.
A partir del 12 de septiembre de 2006 todas las entidades federativas están obligadas a acatar esa disposición, que tiene efecto sólo entre personas de entre 12 y 18 años. Algunas han incumplido hasta ahora, pero Nuevo León la tuvo lista a tiempo.
La fuente explica que el sistema anterior era tutelarista y el estado se hacía cargo de los menores.
Con esa norma la pena máxima para quienes incurrían en delitos graves era de cinco años de internamiento en el entonces llamado Consejo Tutelar para Menores. Con la nueva ley los niños de entre 12 y 14 años son procesados pero sin confinamiento. Los de 14 a 16 años pueden sufrir confinamiento máximo de seis años, y los de 16 a 18, de ocho años. Los menores de 12 son impunibles.
Requenes afirma que cuando se cambió la ley ya se anticipaba esta situación, pero la justicia internacional así lo dictaba y México tenía que estar “a tono”.
“Esto se preveía cuando había cambios legislativos, pero era una tendencia mundial que teníamos que seguir. (Los que se aprovechan de la ley) saben que los menores no son castigados y un niño es fácil de manipular; hemos tratado de trabajar más con la familia sobre este punto”, señala.
Agrega que en los municipios rurales a veces la policía detiene a menores infractores, pero como la ley los protege, muchas veces son puestos en libertad sin canalizarlos al área adecuada.
Los policías conocen los procedimientos, aclara Requenes, y los siguen, pero hay muchos casos en que sólo los menores son liberados, lo que ofrece al DIF un área de oportunidad en la que ya se trabaja.
Actualmente, apunta, se necesita más coordinación entre el DIF estatal con los municipios para conocer la información sobre los menores que son detenidos, aunque darle seguimiento a los adolescentes es tarea de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Dice que en el transcurso del año les han canalizado unos 50 menores de edad, de los cuales tres estaban implicados directamente en el crimen organizado. El tratamiento hacia ellos, agrega, es integral, e involucra en su rehabilitación a toda la familia.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal no respondió a una solicitud de entrevista de este semanario que tenía como propósito conocer de qué manera da seguimiento a los menores que cumplen sentencias en sus casas.