"Los mexicanos tienen derecho a conocer la corrupción en PEMEX"

La destacada periodista Ana Lilia Pérez nos escribe desde Alemania, donde nos habla de su exilio forzado y el acoso que está sufriendo de parte del diputado Juan Bueno Torio.

Su libro “El Cartel Negro” denuncia los actos de corrupción que han permitido al crimen organizado infiltrarse en Petróleos Mexicanos (PEMEX). En esta ocasión, nos escribe una carta desde su exilio en Alemania, donde nos cuenta las razones que la obligaron a salir de su natal México, cómo su labor le ha valido amenazas de muerte y de qué forma el diputado Juan Bueno Torio la acosa por sus investigaciones.

EL ACOSO DE JUAN BUENO TORIO
Por Ana Lilia Pérez
Hace dieciséis años que me desempeño como periodista, profesión que ejerzo debidamente acreditada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante los últimos diez años, he dedicado parte de mi trabajo profesional a investigar y hacer públicos graves casos de corrupción de funcionarios de alto nivel de Petróleos Mexicanos (Pemex). Como represalia, he sido objeto de amenazas de muerte, acoso judicial, agresiones, persecución, vigilancia, intervención telefónica, bloqueo informativo y de un recurrente abuso de poder. 
Las amenazas se acentuaron en el 2008, cuando investigué y publiqué los contratos que Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación de Felipe Calderón, firmó como contratista de Pemex, en una ilegal dualidad como funcionario público. A partir de entonces llegué, inclusive, a verme obligada a vivir y trabajar con una escolta personal y sistemas de seguridad diversos.
En junio del 2012 me vi forzada a salir de México, bajo graves amenazas y en circunstancias que ponían en riesgo mi vida. Para salvaguardar mi integridad y frenar el acoso y la violencia de los que he sido víctima ―documentados por organismos y organizaciones nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión y de derechos humanos― me acogí a un programa europeo de protección para perseguidos políticos, bajo un esquema de asilo temporal.
Durante mi estancia en Europa he participado en múltiples conferencias sobre mis investigaciones periodísticas y sobre las circunstancias en que los periodistas trabajan en México, actividades a las cuales la prensa europea ha dado amplia cobertura. Pero incluso aquí, en Alemania, donde estoy ahora, soy blanco de acoso judicial por parte del diputado con fuero federal Juan Bueno Torio, bajo las circunstancias que a continuación relato.
En febrero del 2010 apareció Camisas azules, manos negras, libro de mi autoría publicado bajo el sello Grijalbo. Se trata de un trabajo periodístico, producto de una exhaustiva investigación de más de seis años y sustentado con numerosas fuentes de información documentales y vivas, que revela graves actos de corrupción de altos funcionarios, durante las administraciones de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, en detrimento de Pemex.
La información contenida en el libro honra plenamente los principios periodísticos de veracidad y objetividad. En uno de sus capítulos aborda el desempeño que Juan Bueno Torio tuvo como director de Pemex Refinación (del 2003 al 2006). Parte de las fuentes de información proviene de los archivos de las propias áreas de gobierno, incluido Pemex, y algunos documentos se encuentran reproducidos en la publicación.  
El libro se presentó en espacios públicos y medios de comunicación distintos. Durante dieciocho meses no hubo respuesta de Bueno Torio respecto de la información publicada, ni siquiera cuando fue consultado por diversos medios de comunicación que abordaron el contenido del libro en sus espacios informativos.
En diciembre del 2010, por unanimidad de los diputados federales de la LXII Legislatura, el Congreso de la Unión creó la llamada Comisión Especial pluripartidista que se encargue de investigar las denuncias ciudadanas contenidas en el libro Camisas azules, manos negras, según puede cotejarse en la Gaceta Parlamentaria, núm. 3164, del viernes 17 de diciembre del 2010.
En agosto del 2011, mientras los legisladores federales le solicitaban a Pemex y otras instancias de gobierno los documentos citados en el libro, Bueno Torio, entonces senador de la República, con fuero federal,  presentó una demanda en mi contra por “daño moral”. 
En su demanda no hay un planteamiento claro y concreto que acredite el supuesto daño que, dice, provocó la publicación de dicho libro. Sin embargo, incluye en sus pretensiones y en cada punto de su demanda, un mensaje evidentemente intimidatorio. Entre sus pretensiones proyecta en mi contra acciones inhibitorias a futuro, sobre cualquier línea que pudiera yo publicar acerca de su desempeño como funcionario; en otras palabras, requiere que el juez que lleva el caso prejuzgue acerca de los señalamientos que, en el futuro, pudiera hacer yo como periodista respecto de él. 
El diputado pretende que el Poder Judicial coloque una mordaza legal a cualquier investigación y señalamiento acerca de situaciones irregulares, anteriores o actuales, aun cuando éstas por sí mismas constituyen temas de interés público dado que se trata de un legislador que desde hace doce años, por lo menos, se desempeña en el servicio público y está obligado por ley a la rendición de cuentas, y a que la sociedad califique su gestión. 
La demanda de Juan Bueno Torio tiene la finalidad de inhibir mi labor como periodista, y con ello menguar la independencia intelectual necesaria para ejercer el periodismo crítico que la sociedad mexicana demanda, y pretende que se le de validez legal a sus intimidaciones. No ofrece en ella ninguna prueba del supuesto daño moral en su contra; en cambio, exige pretensiones que atentan contra mis garantías individuales. Resulta destacable que me demandara sólo hasta que el Congreso federal abrió una Comisión Especial para dar cauce al análisis de la investigación periodística. 
La labor de un periodista es difundir asuntos e información de interés público, y con ese estricto afán, en el libro citado documenté el desempeño público de Bueno Torio como funcionario de Pemex. Muestra de dicho desempeño fue que en su administración, la subsidiaria a su cargo adjudicó de manera ilegal dos contratos que implicaron un grave daño patrimonial contra Pemex, como explico a continuación.
En enero del 2012 la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer, mediante un boletín de prensa, que en diciembre inhabilitó a catorce funcionarios de la subsidiaria a cargo de Bueno Torio, “por manipular procesos de licitación y contratar con sobreprecio el arrendamiento de cuatro buques-tanque a casco desnudo por cinco años”.
Los involucrados fueron inhabilitados por diez años, además, la SFP impuso multas a ocho de ellos por 500 millones, 913 mil pesos; a dos más por 355 millones de pesos; a uno por 145 millones de pesos; y a los tres restantes por 90 millones 415 mil pesos. Casos como el citado evidencian que en el periodo en el cual el hoy diputado dirigió Pemex Refinación, su desempeño no fue cabal. 
Cabe señalar que las irregularidades por las cuales la SFP inhabilitó a sus subordinados fueron detectadas años atrás por la Auditoría Superior de la Federación, el órgano máximo de fiscalización del país, e incluidos esos hallazgos, el resultado de su fiscalización a esos contratos, dentro de su informe de Resultados a la Cuenta Pública, tal cual se cita en el libro, donde se identifica plenamente como fuentes de información los organismos de auditoría y fiscalización oficiales.

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En las condiciones actuales de México, identificado como el país más peligroso del mundo para los periodistas, quienes nos dedicamos a esta profesión día a día nos jugamos la vida en pos de un bien público: el derecho a la información.
De manera personal, he abordado exhaustivamente el manejo que se ha hecho de Pemex en gobiernos que prometieron combatir la corrupción y tener “manos limpias”. Varias de esas investigaciones han generado la inhabilitación o procedimientos legales contra funcionarios y contratistas corruptos, lo cual representa un triunfo para la sociedad. Como consecuencia, he sido blanco de un insistente acoso que en su expresión más cobarde incluye las amenazas de muerte.
Bajo esa circunstancia, muy a mi pesar, salí de mi país. En esta condición de asilo, hace unos meses recibí la notificación de que el señor Bueno Torio, con la clara pretensión de continuar su acoso y amenaza en mi contra, ha impulsado el seguimiento del juicio en contra mía ahora en Alemania.
Este acoso judicial, que hoy me persigue hasta Europa, debe entenderse también en el contexto de uno de los principales temas de la agenda pública en México: la situación de Pemex, que con los recientes “incidentes” y la discusión de la nueva reforma energética, de nuevo coloca los reflectores sobre la actuación de sus funcionarios y exfuncionarios. Por eso el diputado Bueno Torio se empeña en colocarme una mordaza, y pretende que el juez me prohíba a priori escribir o siquiera pensar en escribir una sola línea sobre su desempeño público. 
Juan Bueno Torio aún le debe a los mexicanos muchas explicaciones sobre su  actuación como director de Pemex Refinación; por ejemplo, el hecho de que las compañías de su familia recibían millonarios contratos para el transporte de hidrocarburos en la misma empresa paraestatal que él dirigía. Me pregunto si para la ciudadanía éste es un asunto menor.
En lugar de entregar cuentas claras, el señor diputado promueve el enjuiciamiento contra una periodista que ha cumplido éticamente con el deber de informar. El juicio en cuestión es contrario al supuesto interés del Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República de salvaguardar los derechos de los periodistas y ha significado un gasto de recursos públicos que bien podrían asignarse a otros asuntos.
Aun si al final de este juicio el juez decidiera ponderar la fatua pretensión de Bueno Torio por encima del interés público, el derecho que los mexicanos tienen de conocer su actuación en Pemex es irrecusable, y para eso están ahí Camisas Azules, manos negras, y El Cártel Negro, dos largas investigaciones que dan algo de luz sobre el oprobioso manejo discrecional que durante años se ha hecho de nuestra principal empresa pública.
Quizá el diputado del que hablo logre amordazar a una periodista. No obstante, pese a la rabiosa oposición de políticos y funcionarios rapaces, no habrá mordaza capaz de callar a toda una sociedad.
Ana Lilia Pérez. Alemania, marzo de 2013.
Foto de Rubén Luengas