Gringos y Judios criminales
domingo, junio 30, 2013
Documental – “Sombras de Libertad”
En EE.UU, cinco grandes grupos privados de comunicación controlan el 90% de los medios. Ellos deciden qué es noticiable y qué no lo es en función de sus intereses. Sombras de libertad desenmascara sus manejos para controlar la información y muestra algunas de sus prácticas habituales: censura, corrupción, encubrimiento…En este documental, un exhaustivo trabajo de investigación, comunicadores y activistas de la talla de Dan Rather o Julian Assange hablan de la manipulación de la información y de la dañina relación de los medios con el poder y la política
Nación TV. La novela de Televisa.
Nación TV. La novela de Televisa de Fabrizio Mejía Madrid. Grijalbo
¿Qué ocurría dentro de
la televisora más grande de habla hispana, en sus foros, en sus
decisiones, en sus fracasos? ¿Qué tanto de México y de América Latina es
el resultado de lo que sus habitantes vieron durante cincuenta años en
las pantallas? ¿Somos todavía lo que vimos? Esta novela es, en cierta
forma, una respuesta.
Aquí está la historia de medio siglo de la televisión mexicana, desde su
primera transmisión –una misa–, hasta los líos familiares para hacerse
de su control. Por sus páginas desfilan lo mismo comediantes, cantantes,
productores de telenovelas, conductores de noticieros, que presidentes
de la República, gobernadores, jefes policiacos. Nación TV cuenta la
historia de la televisión y del poder, sea éste partidista,
presidencial, religioso o económico. Medio siglo de una televisión
monopolizada cuyo espíritu se mantuvo inamovible: “entretener a los
jodidos”.
Esta novela es, también, una reflexión sobre las relaciones entre padres
e hijos, de tres generaciones de Azcárraga que quisieron imprimirle a
su herencia un estilo personal para adueñarse de México.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/12-06-2013/642900. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
Nación TV, de Fabrizio Mejía Madrid, es
una magnífica novela que resulta ser una metáfora del México actual de
Televisa: guadalupano y moralizante, pero al mismo tiempo, hipócrita y
corrupto.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/12-06-2013/642900. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
En medio de ese circo televisado, lo que
alguna vez fuera un imperio ahora se mira en ruinas. Nación TV es ver
un castillo viniéndose abajo entre cortes comerciales.
“Emilio creía en la ciencialogía, a la
que no sólo podían acceder los upstat, los exitosos. Los demás, los
pobres, tenían que trabajar de esclavos para conocer sus enseñanzas. No
lo guadalupanos, que tenían una religión de “jodidos”, de himnos
murmurados, de imágenes hechas con flojos..”
Historia de la televisión mexicana. Por
sus páginas desfilan lo mismo comediantes, cantantes productores de
telenovelas, conductores de noticieros que presidentes de la República,
gobernadores, jefes policiacos. Cuenta la historia de la televisión y
del poder, sea éste partidista, presidencial, religioso o económico.
Medio siglo de una televisión monopolizada cuyo espíritu se mantuvo
inamovible: “entretener a los jodidos”
Fabrizio Mejía Madrid logra crear en su
novela la perfecta amalgama entre los hechos reales que ocurren en torno
a los personajes de la televisora más poderosa de México y las vidas
ficticias que inciden de extrañas maneras en los destinos del mundo de
la farándula. La historia que narra Nación TV es la de un desastre.
Ubicada entre el terremoto de 1985 y la crisis de 1995, describe una
década en la que las pantallas mexicanas pasaron de apoyar al presidente
en turno a endeudarse para tratar de resolver sus propios excesos. En
la trama, diversos personajes conviven con algunos de los prototipos de
la televisión mexicana.
Esta novela es, también, una reflexión
sobre las relaciones entre padres e hijos, de tres generaciones de
Azcárraga que quisieron imprimirle a su herencia un estilo personal para
adueñarse de México
Fabrizio Mejía Madrid es autor de las novelas El rencor (Debolsillo, 2010), Tequila, df (Mondadori, 2008) y del libro de crónicas Salida de Emergencia (Mondadori, 2007), entre otros. Actualmente es colaborador de las revistas Proceso, Letras Libres y Gatopardo.
#NaciónTV
Nación TV: La novela de Televisa, el más reciente libro de Fabrizio Mejía Madrid, fue el eje conductor de la conversación que su autor, Jenaro Villamil y Paco Ignacio Taibo sostuvieron el día de ayer en el teatro CADAC, ubicado en la delegación Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. En un par de horas, Mejía, Taibo y Villamil reflexionaron sobre la maquinaria de simulación que representa el monopolio televisivo, así como de los crímenes contra la cultura y la democracia que ha cometido –principalmente Televisa, aunque también TVAzteca– a lo largo de su historia. Se planteó cómo las televisoras son parte del engranaje de las estructuras de poder, cuya principal función es mantener el orden establecido, privilegiando a quienes lo detentan y perpetuando la desigualdad social, implantando en los espectadores los ideales de vida que les conviene, así como generando distracciones que fomentan “la cultura de la derrota” que mantiene adormecida a la población, evitando así que la ciudadanía se convierta en partícipe del devenir nacional. Sin embargo, los tres manifestaron que no se trata de un escenario fatalista, sino todo lo contrario: hablaron sobre la crisis de credibilidad del mecanismo de manipulación, así como de las oportunidades que se abren con los medios alternativos de información y las redes sociales. Junto con algunos de los asistentes que expresaron sus puntos de vista e inquietudes sobre cómo construir un panorama diferente de la realidad del país, arrojaron guías para una organización social viable y transformadora. En un diálogo ameno, invitaron a usar el “humor y la inteligencia” para subvertir la cultura de la sumisión y abrir canales en los que las personas puedan informarse, participar y convertirse en agentes de cambio.
Tribunal Universitario sanciona a más de 3 mil 600
Más de 3 mil 600 alumnos y una treintena de académicos de la UNAM han sido sancionados por el Tribunal Universitario desde 1999, cuando detonó la última huelga general estudiantil. Las sentencias más recientes se ejercieron este año contra alumnos del bachillerato, críticos de la reforma al sistema CCH. El 97 por ciento de los casos que revisa el organismo terminan en sanción: todo aquel estudiante, profesor o investigador acusado ante el Tribunal sabe que sus posibilidades de resultar absuelto se reducen casi a cero. En 1990 el Congreso Universitario aprobó, por unanimidad, la supresión del órgano inquisitivo. Sin embargo, luego de 2 décadas, la institución sigue operando entre los cuestionamientos de los sectores críticos universitarios, quienes aseguran que no castiga las violaciones a la legislación universitaria sino la disidencia y la organización política.
La Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), a través de su Tribunal Universitario, ha sancionado
entre 1999 y lo que va de 2013 a, al menos, 3 mil 643 alumnos y
académicos. De éstos, 2 mil 595 fueron suspendidos; 538, expulsados;
482, amonestados, y 28, sujetos a extrañamiento.
En respuesta a las solicitudes de información F8 529 y F8532 a F8544, la UNAM, a través de su Unidad de Enlace, comunicó a Contralínea
que de 1999 a 2012 el Tribunal Universitario atendió 3 mil 740 casos.
De éstos, 3 mil 704 son de alumnos, en su mayoría adscritos al
bachillerato universitario.
Durante estos 14 años, el órgano
presidido por el miembro más antiguo de los profesores del Consejo
Técnico de la Facultad de Derecho, actualmente Luis Eduardo Feher
Trenschiner, suspendió a 2 mil 591 personas, expulsó a 533, amonestó a
480 y emitió 28 extrañamientos. A estos números deben agregarse las
cinco expulsiones, cuatro suspensiones y dos amonestaciones conocidas
que se emitieron en 2013 contra estudiantes de bachillerato.
La principal conducta sancionada fue
la ingesta, uso, venta y/o distribución de alcohol y drogas. Le siguen
agresión; alteración del orden; daño al patrimonio; extorsión, robo y
amenaza; falsificación de documentos; portación de armas y mutilación de
libros. Las autoridades universitarias aseguran que no se sancionan las
actividades políticas.
Desaparición del Tribunal, acuerdo incumplido
El
14 de mayo de 1990, en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria
–ubicada al Sur de la capital– se instaló el Congreso Universitario,
encargado de la reforma que entonces vivió la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Al acto asistieron 864 delegados
electos que, durante un mes, discutieron y resolvieron sobre distintos
aspectos del quehacer de la máxima casa de estudios del país. El proceso
arrojó casi 400 acuerdos, mismos que quedaron plasmados en el Diario del Congreso,
documento de carácter oficial que obra en el Archivo Histórico del
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
Uno de ellos, identificado con la
clave M-X G-13, refiere la desaparición del Tribunal Universitario
creado en 1945. El órgano encargado de conocer y resolver las faltas a
la legislación universitaria del personal académico y de los alumnos
sería sustituido por comisiones jurisdiccionales.
La mañana del 25 de mayo de 1990, los
delegados de la Mesa de Trabajo 10: Gobierno, Administración y
Legislación aprobaron por unanimidad (74 votos a favor, cero en contra y
cero abstenciones) la siguiente redacción: “Se propone la supresión del
Tribunal Universitario. Se crearán comisiones jurisdiccionales en todas
aquellas dependencias académicas que cuenten con Consejo Técnico. En el
caso de los sistemas de investigación se crearán comisiones
jurisdiccionales: una para la investigación científica y otra para
humanidades. Habrá una comisión jurisdiccional para el área de difusión
cultural.
“Las comisiones jurisdiccionales
estarán integradas por representantes de los consejos técnicos, de los
profesores y de los estudiantes.
“Sólo el personal académico y los estudiantes serán responsables ante las comisiones jurisdiccionales.
“Las comisiones jurisdiccionales serán
órganos de equidad y resolverán en conciencia las controversias que se
les presenten. La Comisión de Honor del Consejo Universitario resolverá
en segunda instancia las apelaciones que se presentaran por decisiones
de las comisiones jurisdiccionales.”
Han transcurrido ya 23 años desde aquel proceso de reforma y el acuerdo M-X-G-13 es letra muerta.
El Tribunal Universitario sigue operando, no obstante que la
convocatoria general para el desarrollo del Congreso Universitario
estableció que las propuestas que se constituyeran en acuerdos deberían
asumirse en un plazo de 90 días.
Ni siquiera José Narro Robles, actual
rector de la UNAM y quien en 1990 formó parte de la Comisión de Actas y
Acuerdos del Congreso Universitario, ha mostrado interés en hacer
efectiva la supresión de este órgano y la consecuente instalación de las
comisiones jurisdiccionales.
“Tribunal de la Santa Inquisición”
“A finales del siglo XX existe un
Tribunal de la Santa Inquisición en la UNAM”, así se titula una de las
ponencias presentadas durante el Congreso Universitario de 1990. Los
argumentos que el documento esgrime contribuyeron a que los delegados de
este Congreso se pronunciaran por la supresión del Tribunal
Universitario.
Los autores, entonces alumnos de la
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, aseguraban que “este
Tribunal se parece más bien a los de la Santa Inquisición, en donde
cualquier profesor o estudiante que no piense igual a ellos y que
intente expresar libremente sus ideas será sancionado”.
Para ejemplificar lo anterior,
referían el caso de los estudiantes de la carrera de ingeniería
agrícola, quienes en 1986 emprendieron un movimiento por el respeto a
sus prácticas escolares y la mejora de sus condiciones de estudio. Como
consecuencia de este hecho, asegura el análisis, cuatro de ellos fueron
consignados al Tribunal Universitario quien decidió suspenderles sus
derechos estudiantiles por 3 años.
Los cuestionamientos en torno al
actuar de este órgano disciplinario resurgieron 9 años después. El
detonante: las sanciones en contra de algunos participantes de la huelga
estudiantil de 1999-2000, encabezada por el entonces Consejo General de
Huelga como respuesta a la imposición de un Reglamento General de
Pagos.
Como lo documentó Contralínea
en diciembre de 2004, desde el fin de esta huelga hasta entonces, casi
300 estudiantes habían sido expulsados y 748 suspendidos de la UNAM.
“Las autoridades rechazan que exista represión contra los disidentes
políticos, pero la mayoría de los sancionados fueron activistas durante
el conflicto que paralizó las actividades académicas“, se lee en el
número 33 de este semanario.
Hoy los reflectores se posan
nuevamente sobre el Tribunal Universitario. Esto a raíz de las sanciones
de que fueron objeto algunos de los estudiantes que han manifestado su
rechazo hacia el Documento base para la actualización del plan de estudios: 12 puntos a considerar, la columna vertebral del proceso de actualización curricular por el que atraviesa el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).
El 23 de abril de 2013 el Tribunal
Universitario hizo pública la expulsión definitiva de cinco de estos
alumnos, la suspensión de cuatro y la amonestación de dos. De acuerdo
con la versión oficial, estas resoluciones se derivan de los hechos del 1
y 5 de febrero pasados, en los que se presume que un grupo de jóvenes,
en estado de ebriedad, agredieron física y verbalmente a trabajadores
del CCH Naucalpan.
En la página electrónica del Comité
Cerezo México, organización dedicada a la defensa de los derechos
humanos, se encuentran las relatorías de cinco de estos casos,
presentadas bajo el título Expulsados y juzgados por motivos políticos ante el Tribunal Universitario.
En éstas, los inculpados niegan las acusaciones que se les imputan.
Manifiestan, en contraste, que a raíz de la respuesta estudiantil
organizada que emergió con el “intento de imposición de la reforma al
plan de estudio de los CCH”, las autoridades del plantel Naucalpan, “en
contubernio con los empleados administrativos de bajo rango”, iniciaron
una campaña de hostigamiento, amenazas y agresiones físicas en su
contra.
Desde hace años, Eduardo López
Betancourt, profesor de la Facultad de Derecho y actual consejero
universitario, ha sumado su voz a la de quienes rechazan la existencia
del Tribunal Universitario. Y es que, explica, está “hecho a modo para
servir a la autoridad, para que se cumplan sus deseos, lo que lo hace
carente de legalidad y autoridad moral”. Agrega que se trata de un
“órgano parcial, que actúa bajo consigna y que no garantiza una justicia
correcta, adecuada, a quienes juzga”.
Leer mas AQUI.
Lecciones de historia a la tecnocracia: Cárdenas y su avance nacionalista
Segunda parte
Cuando el general Lázaro Cárdenas
asumió la Presidencia de la República en 1934, los energéticos se
encontraban de forma absoluta en manos de empresas extranjeras; por
ello, el crecimiento de la economía y el bienestar del pueblo de México
se supeditaban a los caprichos e intereses de los voraces capitales
internacionales.
Solapadas décadas atrás por el
entreguista gobierno de Porfirio Díaz, las ya poderosas trasnacionales
no únicamente imponían sus tarifas y condiciones de venta del petróleo,
las gasolinas y la electricidad que consumían los mexicanos; además, se
negaban de manera sistemática a pagar los salarios y prestaciones
consagrados en el Artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917, al imponer, como en el caso
de las compañías petroleras, condiciones infrahumanas y de alto riesgo a
sus trabajadores.
No puede dejar de mencionarse para
entender el contexto político y social en que se dieron acciones
trascedentes para el futuro del país y la defensa de su riqueza
energética que, desde el inicio de su administración, Cárdenas mostró
una política de apoyo a los obreros y a los campesinos, tanto en materia
legal como de respeto a sus procedimientos para realizar sus demandas
lo que, incluso, llegó a provocar fuertes críticas del llamado entonces Jefe Máximo
de la Revolución, Plutarco Elías Calles, en cuyo gobierno los
trabajadores siempre estuvieron en franca desventaja ante los abusos
laborales de los empresarios.
En junio de 1935, el expresidente
declaró en una entrevista que el país requería de cordura, y se
lamentaba porque la administración de Cárdenas “toleraba la ola de huelgas” y movilizaciones de las organizaciones obreras en el país.
Eran los tiempos en que el fantasma
del fascismo recorría el mundo, por lo que no fue casual que tras las
declaraciones de Calles los grupos de ultraderecha y simpatizantes de
este sistema totalitario y represor buscaran organizarse en contra de
las decisiones justas en favor de las clases populares enarboladas por
Cárdenas, a través de organizaciones como los llamados Camisas Doradas,
que contaban, por supuesto, con el respaldo de las firmas extranjeras,
responsables en buena medida de orquestar campañas, desde el anonimato,
acusando al entonces presidente de simpatizar con los “comunistas”.
Las agresiones que ya se palpaban en
todo el territorio nacional contra el general Cárdenas, apadrinadas por
Calles, conllevaron a que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
lanzara una convocatoria a todo el país, el 12 de junio de 1935,
llamando a la unidad a las organizaciones obreras con carácter de
urgente. Acudieron todas, menos dos: la radical Confederación General de
Trabajadores y, por supuesto, la Confederación Regional Obrero
Mexicana, aliada, a través de Luis N Morones, al general Calles.
Firmaron el histórico documento de
unidad los sindicatos de tranviarios, de las Artes Gráficas, la
Confederación General de Obreros y Campesinos de México, la Federación
de Sindicatos de Obreros del Distrito Federal, los gremios de
ferrocarrileros, mineros y telefonistas, entre otros. De esta forma, el
15 de junio de 1935 las mismas organizaciones acordaron constituir el
Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP), también bajo los auspicios
del SME, y establecieron entre algunos de sus principales puntos: “se
constituye el CNDP ante las amenazas contra los derechos conquistados
por obreros y campesinos (…); Quinta: se establece la huelga general
ante el asomo de manifestaciones fascistas que ponga en peligro los
derechos de los trabajadores”.
El frente de apoyo a Cárdenas,
propuesto por el SME, permitió al entonces presidente detener los
avances reaccionarios en el país. Fue tal la fuerza del movimiento de
masas que se volcó en apoyo a Lázaro Cárdenas del Río que, rebasado por
las circunstancias históricas, Calles anunció el 16 de junio que se
retiraba a la vida privada en su Hacienda de Santa Bárbara, para más
tarde partir al extranjero.
Dos meses después, el 16 de agosto de
ese trascendente año, se constituyó el Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana ante los crecientes y desmedidos
abusos de las compañías petroleras, en su mayoría inglesas y
estadunidenses que se negaban a la firma de un contrato colectivo y el
reconocimiento de justas demandas, como la jornada de 40 horas y el pago
de salarios por enfermedad. Más tarde, en febrero de 1936, y también
con el apoyo del gobierno nacionalista de Cárdenas, nació la
Confederación de Trabajadores de México, bajo el liderazgo de Vicente
Lombardo Toledano.
Fue en aquel año cuando empezó a
gestarse en el proyecto de gobierno del general Cárdenas el nacimiento
formal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre todo cuando
sopesó aspectos como la intransigencia de la compañía Mex-Light por
negociar dentro del marco del derecho laboral, la revisión del Contrato
Colectivo de Trabajo con el SME, organización que comunicó al jefe del
Ejecutivo el inminente estallido de la huelga, misma que se verificó el
16 de junio y que no fue levantada sino hasta en la madrugada del día
25, cuando la empresa firmó la aceptación completa del pliego petitorio.
El mandatario corroboró el lastre en
que se estaba convirtiendo, no únicamente para los trabajadores sino
para el país, el monopolio de las firmas Mexican Light and Power y
American and Foreign Power, ya que las mismas apenas y habían mantenido
un crecimiento anual del 1 por ciento, insuficiente para atender la
creciente demanda nacional de electricidad. De hecho, y como una muestra
de su evidente desinterés por el futuro de México, las empresas ni
siquiera se molestaban en reinvertir sus exageradas ganancias en
proyectos que no consideraran altamente rentables. Todos sus excedentes
de capital eran enviados al extranjero.
Para 1937, México tenía 18.3 millones
de habitantes y solamente tres empresas ofrecían el servicio de energía
eléctrica a 7 millones de mexicanos, que representaban el 38 por ciento
de la población. La demanda superaba con creces a la estancada oferta.
Además, las fallas en el servicio eran constantes y las tarifas muy
elevadas. Desgraciadamente, tal como hoy sucede.
En este sentido y con el propósito de
construir plantas generadoras para satisfacer sin fines de lucro la
demanda existente, el presidente Cárdenas decretó en Mérida, Yucatán, el
14 de agosto de 1937, la constitución formal de la CFE, dependencia que
se encargaría de estudiar la planeación del sistema nacional de
electrificación, así como de ejecutar y adquirir obras relacionadas con
la generación, transmisión y distribución eléctrica, cambiando con ello
la perspectiva regionalista de la electrificación de modo que de acuerdo
con el proyecto de gobierno del general Cárdenas, el campo se viera
favorecido al poder bombear agua de riego, el arrastre y la molienda,
pero también se buscaba impulsar el alumbrado público de las pequeñas
ciudades.
El 18 de marzo de 1938, y tras meses
de agobiante lucha por lograr que las empresas petroleras les
concedieran mejores prestaciones, los trabajadores petroleros vieron
cristalizarse sus demandas a la par de que el país recobraba la riqueza
de sus hidrocarburos. Al negarse las empresas extranjeras a reconocer su
compromiso con los trabajadores y manifestarse en franca rebeldía por
el laudo emitido en su contra por la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje –pese a que la Corte les demostró con cifras en la mano sus
escandalosos dividendos–, el general Cárdenas tomó la determinación de
llevar a cabo la expropiación petrolera.
Y como ocurrió 3 años atrás, el
mandatario no sólo recibió el apoyo solidario del movimiento obrero en
su conjunto sino de todo el pueblo de México. La oligarquía
internacional y la ultraderecha fascista vieron desmoronarse su
intención de debilitar al gobierno cardenista y, con ello, aniquilar la
lucha de la clase trabajadora por defender y conservar sus legítimas
conquistas plasmadas en la Constitución de 1917; pero, sobre todo, la
nación recobró el pleno dominio sobre la riqueza de sus hidrocarburos y
fincó las bases de una industria eléctrica que en 1960, durante el
gobierno del presidente Adolfo López Mateos, concretaría, con la misma
visión nacionalista de Cárdenas, el control del Estado sobre sus
energéticos, en aquellos gloriosos tiempos en que pueblo y gobierno iban
de la mano, y en un mismo sentido, por la salvaguarda de las riquezas
de la nación y de su progreso económico.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
Fuente: Contralínea 341 / junio 2013
Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/06/30/lecciones-de-historia-la-tecnocracia-cardenas-su-avance-nacionalista/
La industria del crimen organizado que protegió Calderón
El gobierno panista de Felipe Calderón
quedó marcado por la tragedia humanitaria que superó, sin lugar a
dudas, los 25 años de la Guerra Sucia desarrollada por el gobierno
federal en las décadas de 1960, 1970 y parte de la de 1980, en contra de
la oposición, principalmente de izquierda, y de todo aquel movimiento
social que se opusiera o criticara las políticas públicas.
México vivió un sexenio sangriento: más de 100 mil civiles fueron ejecutados,
otros 30 mil desaparecieron; miles de familias, se calcula 250 mil,
fueron desplazadas por la violencia y otros cientos de miles más
perdieron su patrimonio. Centenas de niños y niñas quedaron huérfanos,
sin protección alguna, y otros cientos de personas viajan por todo el
país en busca de sus familiares.
Otros problemas sociales se
profundizaron en el gobierno anterior, como la corrupción
institucionalizada y la impunidad. Ésta es la herencia que dejó
Calderón, quien para protegerse huyó del país y se refugió en la
Universidad de Harvard, en Estados Unidos, hasta donde el brazo de la
justicia mexicana parece ser que nunca alcanza.
Oficialmente, Calderón dijo que la
“guerra” acabaría con el crimen organizado, pero lejos de esa “promesa”
los grupos delincuenciales florecieron y se han convertido en verdaderas
empresas trasnacionales, al grado de que su antecesor, el expresidente
Vicente Fox, también panista, planea –como lo ha dicho– producir a gran
escala mariguana.
En el sexenio anterior prácticamente
nadie fue a parar a la cárcel. La impunidad no sólo cubrió a los
delincuentes, también a quienes los protegieron y los fortalecieron, un
grupo de políticos y policías corruptos encabezados por el exmandatario.
La consolidación de la delincuencia es
tal, que ni la autoridad puede desmentirla. Y es que no es fácil
ocultar la prosperidad: los negocios de los cárteles del narcotráfico
llegan a más de 50 países de los cinco continentes.
En lo doméstico, la expansión de los
cárteles tampoco se puede negar. El mapa de la delincuencia abarca
prácticamente todo el país, tal como lo revela una importante
investigación publicada en Contralínea por la reportera Nancy Flores, en la primera semana de junio (337).
Se trata de un mapeo hecho por la
Procuraduría General de la República (PGR), en el cual se identifican 88
organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos.
De éstas, ocho son consideradas “grandes organizaciones del
narcotráfico”, descubre el informe Células delictivas con presencia en el país, fechado el 25 de marzo de 2013.
Se calcula que, tan sólo por venta de
drogas en Estados Unidos, esos ocho grupos criminales –Los Zetas, el
Pacífico, los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Caballeros
Templarios, el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de la Barbie y el
Cártel de los Beltrán Leyva– obtienen ganancias anuales superiores a los
39 mil millones de dólares (unos 468 mil millones de pesos); esto
significa que las bandas delincuenciales son 15 veces más rentables que
el Grupo Carso de Carlos Slim.
Del documento oficial destacan varios
puntos. Uno de ellos plantea que el Cártel del Golfo ha dejado de
existir desde el año pasado, tras la captura de quien sería su último
líder, Eduardo Costilla Sánchez, el Coss (ocurrida el 12 de
septiembre de 2012). De ser cierto lo que afirma la PGR, la desaparición
se derivaría del debilitamiento que le causó la ruptura a fines de 2009
y el posterior enfrentamiento con su brazo armado Los Zetas.
Otro punto destacado es el
encumbramiento del Cártel de la Barbie, a pesar de que su cabecilla,
Édgar Valdez Villarreal, fue detenido el 30 de agosto de 2010. Hasta
ahora, el narcotraficante conocido con el sobrenombre de la Barbie había sido identificado como un criminal de rango medio: era el jefe de los sicarios del Cártel de los Beltrán Leyva.
Este Cártel de la Barbie cuenta con
más grupos afines (23) que las otras siete grandes organizaciones. Le
sigue el de los Arellano Félix, con 14; el Cártel del Pacífico, con 12;
La Familia Michoacana, con cinco; Los Zetas, con tres; y los Caballeros
Templarios y el Nuevo Cártel de Juárez, con dos, respectivamente.
Mientras que del Cártel de los Beltrán Leyva se habrían escindido 19.
Aunque en términos de número el Cártel
de Sinaloa ocupa el tercer lugar, éste es el que tiene a las
organizaciones más relevantes a su favor: Gente Nueva, Cártel de Jalisco
Nueva Generación, Cártel del Poniente, Cártel de la Laguna, Los
Mata-Zetas, Los Cabrera, La Barredora, el Comando del Diablo o Comando
Guerrero Diablo, el Aquiles, el Tigre, los Artistas Asesinos y los
Mexicles.
El consorcio criminal que encabeza
Joaquín Guzmán Loera –y que se extiende a 50 países de los cinco
continentes– controla el mercado de la cocaína y las metanfetaminas.
Pero sus negocios no se limitan a los llamados delitos contra la salud,
al tráfico de armas y al lavado de dinero; también están
involucrados en tráfico de personas, de animales en peligro de
extinción, de maderas finas y piedras preciosas, trata de blancas,
secuestro, robo de combustibles a Petróleos Mexicanos, robo de
automóviles, piratería, extorsión y cobro de piso. Es decir, es la
industria delincuencial más peligrosa del país y a la cual el gobierno
de Felipe Calderón rindió protección.
El informe de la PGR señala que Gente
Nueva se ubica en Chihuahua y Sinaloa; el Cártel de Jalisco Nueva
Generación, en Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz; Los Cabrera, en
Durango y Chihuahua; La Barredora y el Comando del Diablo, en Guerrero;
el Cártel del Poniente, en Coahuila; el Cártel de la Laguna, en Durango y
Coahuila; Los Mata-Zetas, en Veracruz y Jalisco; las pandillas del
Aquiles y del Tigre, en Baja California; y las de los Artistas Asesinos y
los Mexicles, en Chihuahua.
Los Zetas, considerados como los
narcotraficantes más violentos del país y cuyos negocios abarcan el
continente americano y llegan hasta el europeo, tendrían bajo su
control, según la PGR, a tres organizaciones de menor nivel pero igual
dimensión de brutalidad: Los Talibanes, Los Legionarios y Los Hijos del
Diablo.
No obstante, al parecer dos se han
deslindado del que originalmente era el brazo armado del Cártel del
Golfo, conformado en un principio por militares de elite que desertaron
de los grupos Aeromóvil y Anfibio de Fuerzas Especiales y de la Brigada
de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano.
De acuerdo con la investigación
confidencial de la Procuraduría, Los Talibanes se ubican en Tamaulipas y
Quintana Roo. Esta facción, sin embargo, declaró la “guerra” a Los
Zetas el 1 de junio de 2012. Ese día se colocaron en Zacatecas unas
mantas presuntamente de su autoría, con las fotografías impresas del
líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, y de otros delincuentes
que habían sido abatidos o capturados, bajas que entonces le achacaban a
el Lazca.
El 20 de agosto de 2012, el líder de esta célula Iván Velázquez Caballero, el Z-40 o Talibán,
rompió abiertamente su vínculo con Los Zetas tras señalar en unas
mantas colocadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que Miguel Treviño –el
Z-50– y Heriberto Lazcano se aliaron con “los federales” y traicionaron a
sus jefes para poder controlar el cártel. El Z-50 fue capturado el 28
de septiembre y el Lazca fue “abatido” el 7 de octubre de ese mismo año por elementos de la Secretaría de Marina.
El segundo grupo que la PGR vincula a
Los Zetas –Los Legionarios– opera en San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo
León y Tamaulipas. Su objetivo, según refirieron el 20 de octubre de
2012 a través de unas mantas, es acabar con el Z-40 o Talibán.
“Los Legionarios somos un grupo de Zetas renegados que fuimos
traicionados por ‘Z-40’. Los Legionarios tenemos claramente la orden de
exterminar sólo a la gente de Los Zetas y familias… ojo por ojo” (sic).
Los mensajes, reportados por algunos
medios de información, concluían así: “Nuestro negocio es el
narcotráfico, sólo y exclusivamente. Respetamos a las fuerzas federales y
la lucha que hacen para terminar con el narco” (sic).
De acuerdo con el informe de la
Procuraduría, Los Hijos del Diablo se localizan en San Luis Potosí y
Zacatecas. A esta célula se le vincula con el narcotraficante Miguel
Treviño e incluso con miembros del supuestamente extinto Cártel del
Golfo.
El fraccionamiento de la mafia
mexicana ha derivado en el ascenso del nuevo Cártel de la Barbie, como
identifica la Procuraduría General de la República a una de las “grandes
organizaciones del narcotráfico” y de la cual no se tenía registro
hasta ahora.
Dicha organización tiene vínculos con
El Indio, que opera en Chiapas, el Distrito Federal, Estado de México,
Guerrero, Morelos y Quintana Roo; Los Canchola, El Cabezas, El Panda, El
Coyote y El Banda, en Morelos; La Oficina, el Cártel Independiente de
Acapulco, Los Marquina, Santana Ríos Bahena, Iguala, El Mudo y EI Yey,
en Guerrero; El Güero Guetamo, en Guerrero y Morelos; el Cártel del
Centro, el Comandante 8 y el JJ y/o Batman, en el Estado de México; Los
Pelones, en Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Estado de México y Chiapas;
el Javi, en Quintana Roo; el Pelón, en Chiapas; el Pelos, en Morelos,
Distrito Federal, Estado de México y Guerrero; La Nueva Administración,
en el Distrito Federal; y grupos al mando de una persona con el apellido
de Solano, en Morelos y Guerrero.
La ubicación de las 88 organizaciones
del narcotráfico es parte de un amplio diagnóstico sobre la delincuencia
organizada con el cual el procurador general de la República, Jesús
Murillo Karam, ha empezado a trabajar para diezmar su presencia y, por
primera vez, contar con una estrategia multidisciplinaria que involucre a
varias secretarías de Estado, para hacerle frente al crimen organizado e
impedir que sigan ganando territorios en todo el país. Es la misión que
Enrique Peña Nieto ha encomendado al procurador y a los órganos de
seguridad nacional e impartición de justicia.
*Periodista
TEXTOS RELACIONADOS:
A 6 meses del “Pacto Antiméxico”
Hace 6 meses, tras la brutal provocación y represión del 1 de
diciembre –día del regreso del Partido Revolucionario Institucional
(PRI)– , se aprobó el 2 de diciembre el Pacto por México, que
calificamos desde un inicio como Pacto Antiméxico. La razón de
ese calificativo es que el Pacto cupular, firmado por tres partidos:
PRI, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución
Democrática (PRD) se saltó al Congreso de la Unión y jamás se puso a
discusión pública.
Es una clara imposición de las grandes
corporaciones extranjeras y nacionales que vulnera la soberanía
nacional y popular y los derechos colectivos e individuales de los
mexicanos.
El principal objetivo del Pacto es la
privatización del sector energético: dicen que buscan “abrirlo a la
competencia”, principalmente la refinación, petroquímica, transporte de
hidrocarburos. Pretenden que la renta petrolera beneficie a las
corporaciones privadas y para compensar buscan la reforma fiscal. El
objetivo es subir el impuesto al valor agregado (IVA) y meterlo a
alimentos y medicinas.
Están preparando el terreno. Mientras
tanto, han comenzado los golpes con las reformas educativa, financiera y
la de telecomunicaciones.
La reforma educativa tiene como
objetivo el negar los derechos laborales y la permanencia en su empleo a
millones de maestros y de cargar los costos de la educación a los
padres de familia, con lo que han llamado “autonomía de gestión”, que
niega la educación gratuita y, por lo tanto, el Artículo 3 de la
Constitución. El objetivo es la privatización de la educación y la
destrucción de la educación pública.
La reforma de telecomunicaciones está de espaldas
a las necesidades de las comunidades de pobladores, culturales,
universitarias, profesionistas, asociaciones para acceder a los medios
de difusión masiva; sólo busca que grandes corporaciones extranjeras
accedan a los tiempos y espacios telecomunicativos, permitiendo el
ciento por ciento de inversión extranjera directa en telecomunicaciones y
comunicación vía satélite y hasta 49 por ciento en radiodifusión, y que
dos o tres grandes corporaciones nacionales (Televisa, Tv Azteca,
Telcel y Iusacell) tengan oportunidad de acceder a televisión o
telefonía e internet.
La reforma financiera pretende ampliar
la cartera de clientes y deudores para las corporaciones bancarias
extranjeras (cerca del 90 por ciento de los activos bancarios son
extranjeros) y legalizar el negocio de la usura para facilitar el cobro a
deudores morosos a costa de su patrimonio y el despojo de sus bienes,
con métodos agresivos.
Las becas a estudiantes y madres
solteras, y los estímulos a los productores, las pensiones a los
ancianos, que suman miles de millones de pesos, serán depositados en la
banca privada y engordarán su cartera. Todo esto aumentará sus altas
utilidades (por cierto, ni siquiera realizan el reparto de utilidades
entre sus trabajadores, dado que la mayoría son subcontratados).
La Cruzada Nacional contra el Hambre,
además de su clientelismo para beneficiar al PRI y de que deja fuera a
los 800 municipios más pobres, apoya la expansión en México de
corporaciones extranjeras como Pepsi Cola y Nestlé. Las becas, ayudas a
madres solteras y pensiones van a engordar a la banca privada. Por otro
lado el número de municipios a atender en la primera fase se redujo de
400 a 80, con lo que impacta sólo a 365 mil personas en extrema pobreza y
no a los 7.4 millones que eran la meta inicial en esta etapa, todo para
tener algo que presumir el 1 de septiembre, día del informe
presidencial.
Junto con estas reformas se han
promovido otras medidas antinacionales como la venta de playas y
terrenos cerca de las fronteras, que son verdaderamente nocivas para los
mexicanos y una verdadera traición, pues se entrega al extranjero
nuestro territorio, tan sólo pensemos lo que puede suceder con la
península de Baja California, que de por sí ya ha sido invadida por
propietarios estadunidenses que de manera ilegal se han ido apoderando
de nuestras tierras. Ahora quieren legalizar la entrega y venta de
México. Esta reforma al Artículo 27 constitucional que hicieron los
diputados es inadmisible, y esa es la dinámica que ha implementado el Pacto Antiméxico,
que es sumamente nocivo y antipopular, firmado por los cómplices de
ésta dictadura neocolonial disfrazada de “democracia”. Por eso hemos de
organizarnos y oponernos a su implantación. Ahora lo más importante es
detener las reformas energética y fiscal.
Recientemente Enrique Peña Nieto
declaró en Inglaterra que buscará en los próximos meses poner fin “a un
tabú de casi 8 décadas al abrir el sector de hidrocarburos a la
inversión privada y la competencia”. El gobierno espera que la decisión
atraiga inversiones de miles de millones de dólares. La idea de los prianistas
es que compañías privadas compartan con el Estado las ganancias a costa
de nuestras reservas de energía en depósitos de crudo en aguas
profundas (y en tierra también) al permitirles producir crudo y gas
esquisto a través de acuerdos de ganancias compartidas para que se
beneficien de nuestra renta petrolera, así como entregar la petroquímica
a las corporaciones extranjeras. ¡No permitamos que se nos despoje a
los mexicanos de nuestra riqueza! ¡El petróleo es de todos!
Hemos de movilizarnos para frenar los
planes contra la nación. Al respecto hay que tener claro que desde el 1
de diciembre se trata de criminalizar las movilizaciones y, en
particular, a los jóvenes. Esto volvió a hacerse patente el 10 de junio
en la Ciudad de México, cuando se dio una provocación y se detuvo a
inocentes. Necesitamos una amplia movilización a nivel nacional que
saque a las calles primero a miles y luego a millones de mexicanos para
combatir la reforma energética de Peña, el Pacto Antiméxico y todos los planes del PRIAN.
El descontento y la indignación crecen y el potencial para efectuar
grandes manifestaciones también. Entonces, lo que ha aplicado el
gobierno es un esquema de infiltración y provocación que consiste en
introducir a un grupo de seudoanarquistas enmascarados que realizan
actos vandálicos, queman, atacan a la policía y generan disturbios. El
blanco principal del gobierno de Peña son los jóvenes. Estos actos de
los vándalos son publicitados por televisión y otros medios para
justificar la acción policiaca y ganar respaldo social como base para
posteriormente atacar y detener a decenas de manifestantes inocentes que
se manifiestan pacíficamente. Con estas acciones que difunden
ampliamente los medios crean un efecto social de repudio a las
manifestaciones, miedo y parálisis a quienes evalúan su asistencia a una
manifestación o la de sus familiares y generan la desmoralización
general, además de criminalizar la protesta social y a los jóvenes. Por
eso es imprescindible informar ampliamente la realidad y romper el cerco
informativo.
Ante la perspectiva de actos de
provocación en una movilización, una de las salidas es no asistir o
alejarse, pero precisamente esto es lo que quiere el régimen. La otra
salida es movilizarse ampliamente de forma organizada y planificar las
acciones para neutralizar a los provocadores, aislarlos y evitar sus
desmanes. Y sobre todo desarrollar ampliamente el movimiento democrático
y patriótico en México.
Callarse e ignorar la realidad es
contraproducente. Tenemos derechos y hay que defenderlos abiertamente.
La movilización organizada y pacífica puede y debe garantizar que
nuestro derecho a la libre expresión se respete por las autoridades,
quienes dividen para vencer. Estas provocaciones buscan marginar de la
mayoría de la población a quienes protestan y en particular a los
jóvenes. La única salida para el movimiento democrático es la unión y la
organización que implemente las medidas necesarias que eviten
desvirtuar las manifestaciones masivas.
La libertad de expresión y
movilización es un derecho irrenunciable; los derechos no se mendigan,
se ejercen. Es precisa la más amplia unidad popular para frenar los
golpes del malgobierno. Estamos en emergencia nacional y hay una gran
resistencia, pero el movimiento de resistencia de diversos sectores está
atomizado y debe unirse por encima de diferencias. Electricistas,
mineros, maestros, campesinos contra los transgénicos, indígenas,
familiares de víctimas y desaparecidos, jóvenes, comunidad
lésbico-gay-transexual, estudiantes, deudores. Las demandas de un
movimiento son las demandas de todos. Para lograr avances es preciso que
el movimiento se proteja a sí mismo de la represión gubernamental y sus
provocaciones orquestadas. Hoy es imprescindible orquestar la
movilización. Es la única salida. Entonces no podemos permitir que se
impidan las manifestaciones. El movimiento contra la privatización del
petróleo y el aumento del IVA debe nutrirse de un amplio movimiento
social por los derechos de todos y apoyar este movimiento, dentro del
que se encuentra el movimiento en defensa de la Ciudad de México y de
los derechos democráticos en el Distrito Federal, en primer lugar el
derecho de manifestación y de libre expresión (que son derechos
constitucionales).
¡No a la criminalización de la
protesta social! ¡Protestar es un derecho! ¡Reprimir es un delito! ¡No a
las reformas estructurales! ¡Amplia unidad ante las reformas que
atentan contra el pueblo de México!¡No al Pacto Antiméxico!
*Politólogo y urbanista; vocero del Congreso de la Soberanía y dirigente de Mexte
Fuente: Contralínea 341 / junio 2013
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