Desapariciones forzadas: impunidad constante del Estado mexicano

La sistemática desaparición de personas que viven en distintos puntos del país exhibe el mandato y la aquiescencia del Estado para reprimir a quienes no coinciden con su gobierno Lejos de esclarecerse y erradicarse, las desapariciones forzadas de personas van en aumento en un país en la actual coyuntura de “guerra contra la delincuencia organizada” y contra aquellas personas de marcada disidencia frente al régimen.
El Estado se encuentra obligado a reparar y garantizar los derechos humanos, investigar las desapariciones a manos de elementos del Ejército y otros órganos del Estado, a legislar adecuadamente la desaparición, poner fin a la impunidad y a reparar a las víctimas y sus familiares.
En el marco de la Semana Mundial del Detenido Desaparecido, las organizaciones suscritas condenamos las desapariciones forzadas que el Gobierno mexicano, en distintas épocas, ha cometido e incentivado en contra de aquellas personas con ideologías contrarias al régimen gubernamental.
Las desapariciones forzadas no han finalizado con el simple paso del tiempo. Si bien la época conocida como “Guerra Sucia”, caracterizada por el alto y desproporcionado nivel de violencia que empleó el Estado mexicano mediante sus fuerzas armadas y aparatos de inteligencia en contra de movimientos estudiantiles y armados ha finalizado, la brutalidad de aquellas épocas no ha disminuido. En los últimos años se han llevado a cabo múltiples desapariciones forzadas atribuibles a diferentes órganos del Estado, sin que hasta la fecha existan investigaciones creíbles o explicaciones fehacientes.
El desinterés proveniente de los órganos de procuración de justicia, caracterizado por las nulas investigaciones y la falta de diligencia en los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la “Guerra Sucia”, han provocado que las fuerzas armadas puedan seguir operando bajo el mismo cobijo de impunidad que impera hasta el día de hoy. Aun con la entonces “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado” (FEMOSPP), que tras varios años de ineficacia desapareció en 2006, el Estado mexicano demostró que no está interesado en el respeto a los derechos humanos en el país, contribuyendo con ello al detrimento del “Estado de derecho” al que tanto alude en instancias internacionales.
Aunado a la nula respuesta del Estado para resolver las desapariciones forzadas de personas en la historia reciente del país, éstas continúan sucediendo. Bajo el contexto de la llamada “guerra contra el crimen organizado”, el gobierno federal y el Ejército mexicano han sido los responsables directos o indirectos de múltiples e ilegales privaciones de la libertad de personas cuyo paradero no se conoce hasta la fecha. Estos actos, cuando son cometidos de forma sistemática, como en el caso mexicano, han sido calificados por distintos instrumentos internacionales, que México ha firmado y ratificado, como “delitos de lesa humanidad”.
A los casos no investigados por parte del Gobierno y que por lo tanto permanecen en la impunidad, deben sumarse las desapariciones de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurridas hace tres años por su explícita disidencia del Gobierno, por ser miembros del EPR. También es actual la desaparición en Michoacán del líder social Francisco Paredes Ruiz, ocurrida hace casi tres años sin que a la fecha se sepa algo sobre su paradero.
De la misma forma, la sistemática desaparición de personas que viven en distintos puntos del país exhibe el mandato y la aquiescencia del Estado para reprimir a quienes no coinciden con su gobierno. Sin embargo, aún en casos en los que no se puede demostrar la participación directa del Estado o la existencia de un móvil político en la desaparición forzada de personas, el Estado sigue siendo responsable por la falta de investigación y sanción de los responsables. Ejemplo de lo anterior, es el caso de los desaparecidos en el estado de Coahuila, cuyos familiares entregaron un documento la semana pasada al Gobierno quien no ha movilizado a sus procuradurías, fuerzas armadas ni aparatos de inteligencia para su búsqueda, como sucede en otros casos.
Ante este marco de impunidad constante y creciente represión estatal, exigimos al Estado mexicano que adopte las medidas necesarias para garantizar la erradicación de la desaparición forzada de personas; la tipificación adecuada de este delito en los ámbitos federales y comunes; el esclarecimiento de los casos y la sanción a los responsables de estos hechos; así como la reparación a las víctimas y sus familiares.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la reciente Sentencia contra México por el caso de Rosendo Radilla, sostuvo: “la investigación llevada a cabo por el Estado no ha sido conducida con la debida diligencia, de manera que sea capaz de garantizar el reestablecimiento de los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.” (Párr. 212). Además, en junio de 2009 se llevó a cabo el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, en donde México fue examinado por este órgano internacional y señalado por las repetidas violaciones a los derechos humanos en función de los crímenes cometidos, su nula investigación y los candados que existen para acceder a la justicia, como lo es el fuero militar.
Un país que no conoce su historia y no repara los daños ocasionados a las víctimas, está condenado a la impunidad.
Están en algún sitio / concertados desconcertados / sordos buscándose / buscándonos bloqueados por los signos y las dudas ... nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no si son pancartas o temblores sobrevivientes o responsos ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen
Mario Benedetti “Desaparecidos” (fragmento)
Organizaciones firmantes:
Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Comité 68 Pro Libertades Democráticas
Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua
Fundación Diego Lucero
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
Nacidos en la Tempestad, A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 69 organizaciones)

Barbosa: ¿se instaura el crimen político?

Editorial

El pasado 21 de agosto, tras el asesinato de Armando Chavarría Barrera, titular de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero y quien despuntaba como el aspirante mejor posicionado para suceder al actual gobernador de esa entidad, Zeferino Torreblanca, se señaló en este espacio que el crimen resultaba amenazador para el futuro del país y que, de no ser esclarecido, podría marcar un punto de no retorno, en la medida en que puede ser un nuevo hito en la violencia política, la cual, en lo que va de la presente administración, ha cobrado la vida de decenas de activistas y dirigentes, especialmente en Guerrero y Oaxaca. Una semana exacta después del atentado contra el político guerrerense, el líder barzonista Maximiano Barbosa Llamas y su hijo Maximiano Barbosa Robles fueron víctimas de una agresión a balazos en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, en la que ambos resultaron heridos de gravedad.

Aunque por el momento las autoridades no parecen tener indicios precisos de los autores de ese ataque criminal ni de sus motivaciones, el hecho simple y brutal es que en una semana se haya atentado contra la vida de dos militantes de la izquierda social y partidaria con trayectorias destacadas, tanto en el ámbito nacional como en sus respectivas regiones. Sin sugerir ni descartar la existencia de una conexión entre ambos atentados, es claro que alguna de las violencias de distinto signo que recorren al país está cebándose contra personalidades políticas pertenecientes, en su mayor parte, a causas progresistas. A principios de abril pasado, la activista social Beatriz López Leyva, integrante del movimiento lopezobradorista, fue ultimada en su casa de Oaxaca. El 5 de julio, con el trasfondo de las elecciones legislativas realizadas ese día en el país, el perredista Faustino Vázquez Jiménez fue asesinado en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, entidad en la que suman dos decenas los integrantes del PRD que han sido privados de la vida en lo que va del año.

Los anteriores son sólo algunos ejemplos de un patrón de asesinatos –o de tentativas de homicidio– que parece desarrollarse en forma independiente del contexto de la pavorosa violencia en la que se ha sumido el país como consecuencia de la aplicación, por parte del gobierno federal, de estrategias erráticas y fallidas para combatir a la delincuencia organizada. Pero es estremecedora la perspectiva de que, ante la espectacularidad de la llamada guerra contra el narcotráfico y sus resultados macabros, esta otra vertiente de criminalidad –a la que puede denominarse política, porque se dirige contra personajes comprometidos en ese ámbito– sea colocada en un segundo plano por las autoridades o por la opinión pública. Otro motivo de alarma es que, ante la manifiesta incapacidad de los organismos ministeriales, policiales, militares y judiciales del país para contrarrestar la creciente impunidad de la delincuencia en sus diversos giros, no puede esperarse gran cosa en lo que se refiere al esclarecimiento de atentados como los que sufrieron Chavarría, los Barbosa o López Leyva. Más aún, si los grupos paramilitares del narcotráfico proliferan a pesar de los operativos y despliegues de fuerzas oficiales –y las capturas y los decomisos de armamento, tan publicitados por el gobierno, no hacen más que confirmar esa proliferación–, cabe preguntarse por la capacidad real de las autoridades para poner un alto a las ejecuciones de activistas sociales, dirigentes políticos y representantes populares.

Sin embargo, el esclarecimiento y el castigo de los actos criminales referidos resulta indispensable si es que se desea preservar los instrumentos y procesos institucionales, democráticos y pacíficos para disputar el poder público y evitar que la vida republicana del país acabe por volverse una mera simulación. En otros términos, si se desea mantener abiertas las vías de la política, es indispensable localizar, capturar y someter a juicio a quienes asesinan o intentan asesinar a políticos. Renunciar a esa obligación de Estado llevaría a una tragedia mucho mayor que las que hoy enfrenta el país, y que por sí mismas plantean riesgos inocultables a la estabilidad, la gobernabilidad y la paz.