Trasnacionales pagan en Francia impuestos que les perdonan en México

AstraZeneca, Danone y Accor, compañías de origen francés, son “incentivadas”fiscalmente desde la administración de Vicente Fox. La actual, de Felipe Calderón, mantiene los privilegios, que ya suman –en 10 años– más de 100 millones de pesos. Estas trasnacionales, beneficiadas en México con el programa de “estímulos” del Conacyt, propusieron en Francia un incremento a los impuestos que pagan por sus actividades económicas. El objetivo: “atenuar” el “déficit económico” y el “empeoramiento de la deuda pública” del país galo

Érika Ramírez

Empresas multimillonarias francesas –que solicitaron al gobierno de Nicolás Sarkozy incrementar el cobro de impuestos para amortiguar la crisis económica de Francia– son condonadas fiscalmente en México por el gobierno federal. El monto perdonado por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón supera los 100 millones de pesos, revelan documentos oficiales.

Se trata de las firmas AstraZeneca, “incentivada” con más de 86 millones de pesos; Danone, “apoyada” con 22 millones de pesos; y Accor, con 5.7 millones de pesos. Todo, a través del Programa de Estímulos Fiscales, operado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), desde 2001.

En una “publicación exclusiva” del semanario Le Nouvel Observateur, 16 firmas galas propusieron el establecimiento de una “contribución excepcional”, para amortiguar la caída económica en Francia. En tanto, en México, los argumentos esgrimidos por los gobiernos abanderados por el Partido Acción Nacional para “apoyar” a estas compañías trasnacionales –así como a otras firmas multinacionales y “nacionales”– son: atraer la inversión, impulsar el avance tecnológico y generar de empleos.

Miguel Chávez Lomelí, director de Negocios de Innovación del Conacyt, indica –en entrevista con Contralínea– que el origen de la empresa no está contemplado en el marco regulatorio de organismo para el otorgamiento de los apoyos, en tanto se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. Es decir, la institución no discrimina entre empresas “nacionales” o trasnacionales.

Mario Di Costanzo Armenta, diputado federal por el Partido del Trabajo y economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, critica la entrega de este tipo de estímulos a las firmas trasnacionales, pues “refleja que en México las empresas hacen lo que quieren con el gobierno”. Este no es un asunto de “ilegalidad” sino de “inmoralidad”. Los “resquicios en las leyes nacionales permiten que esto pase”.

Franceses, solicitan aumento de impuestos

El pasado 23 de agosto, los representantes de las marcas: L’Oréal, Veolia Environnement, Accor, Fimalac, Publicis, Total, Société Générale, Le Nouvel Observateur, Leonardo & Co France, Danone, Orange, Volvo, AstraZeneca, Jaïna Capital, Air France-KLM, Areva, y Peugeot hicieron pública la propuesta realizada al gobierno de Nicolás Sarkozy de “contribuir” en el fortalecimiento de la economía nacional, que atraviesa un momento de “déficit fiscal e incremento de la deuda pública”.

Solicitaron, a través del semanario francés, el establecimiento de una “contribución excepcional”, traducida en un incremento de impuestos “calculados en proporciones razonables, a fin de evitar los efectos económicos adversos, como la fuga de capitales y la evasión fiscal mayor”. La misiva indica que los empresarios multimillonarios son “conscientes” de que han sido beneficiados “de un modelo francés y un entorno europeo [con el] que estamos comprometidos y queremos ayudar a preservar. Esta contribución no es una solución en sí misma: tiene que ser parte de un esfuerzo más amplio para la reforma, tanto en los gastos como en los ingresos”.

Clasificada como información “exclusiva” de Le Nouvel Observateur, los directivos de dichas firmas argumentan: “En el momento en que el déficit fiscal y las perspectivas de empeoramiento de la deuda pública amenazan el futuro de Francia y de Europa, cuando el gobierno pide a todos un esfuerzo de solidaridad, aparece la obligación de contribuir”.

Los ejecutivos galos sólo siguen los pasos de quienes han acumulado grandes fortunas. La primera iniciativa ya la había promovido el estadunidense Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo, de acuerdo con la lista que publica la revista Forbes.

Di Costanzo Armenta refiere que en Europa “es muy mal visto” que las empresas grandes eludan impuestos. “Si las matrices de muchas empresas supieran lo que hacen en México, sería un escándalo”. El Régimen de Consolidación Fiscal, agrega, “ayuda” a que muchas evadan, por lo que en la Cámara de Diputados ya hay dos iniciativas para que esta situación se acabe. “Esto daña mucho al fisco mexicano, por lo que se debería cerrar la puerta. Sin embargo, aquí les da mucho miedo ir en contra de las grandes empresas”.

AstraZeneca, la más favorecida

Los padrones de beneficiarios de los programas Estímulos Fiscales y Estímulo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, del periodo 2001-2010, revelan que el organismo promueve la “condonación de impuestos” para los laboratorios AstraZeneca, la compañía de lácteos Danone y la empresa de negocios turísticos Accor.

De la revisión de cada año fiscal, publicado en el Diario oficial de la federación, se desprende que la empresa farmacéutica AstraZeneca obtuvo incentivos por 86 millones 442 mil 517 pesos, de 2004 a 2010. Los documentos oficiales evidencian que 2007 fue el mejor año para la firma, ya que le fueron autorizados “estímulos” por 13 millones 588 mil 428 pesos. Este ciclo económico tuvo como propuesta más ambiciosa la clasificada como AST961231B69-2007-7, por 1 millón 842 mil 591 pesos, sin que exista un registro del por qué le fueron aprobados los incentivos.

La revista Forbes –especializada en negocios y finanzas– documenta que este laboratorio opera con un capital anual de 65.55 billones anuales, y sus ventas ascienden a 33.64 billones de dólares. Enlistada entre “las compañías más grandes del mundo”, AztraZeneca ocupa la posición 129, de 2 mil, dedicada al “descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción en seis áreas de salud: cardiovascular, infección gastrointestinal, neurociencias, oncología, enfermedades respiratorias e inflamación”.

Danone, expansión mundial

La compañía dedicada al procesamiento de lácteos, fundada en 1899, es la segunda empresa de origen francés más “motivada” por el gobierno mexicano. Listados del Conacyt revelan que en sólo tres años obtuvo “estímulos” por 22 millones 284 mil 218 pesos. Éstos fueron aprobados en 2005, por 4 millones 222 mil 24 pesos; 2007, 7 millones 460 mil 247 pesos; y 2008, 10 millones 601 mil 946 pesos. En éste último año, en que le fueron concedidos los incentivos, su plan con mayores recursos condonados fue por 5 millones 256 mil 774 pesos. Los expedientes del Conacyt no muestran la información que avale la aprobación del proyecto.

Grupo Danone ocupa el lugar 218 en la lista de Forbes. La trasnacional “opera en cuatro líneas de negocio, que incluyen productos lácteos frescos, aguas, alimentación para niños y nutrición médica”. Sus principales marcas son: Danone, Actimel, Activia, Danacol, Vitalínea, Evian, Volvic, Aqua, Bonafont, Font Vella y Lanjarón. En la nutrición para bebés, la línea de negocio incluye a Blédina, Gallia, Nutricia, Cow & Gate, Milupa, Mellin y Dumex. Del negocio de nutrición: Nutricia, Nutrini, Nutrison, Fortimel, FortiCare, Fortisip, Neocate, Infatrini, entre otras.

El 31 de diciembre de 2009, la sociedad adquirió el 26.85 por ciento de la firma canadiense especializada en ciencias biológicas, Micropharma. Un año más tarde, Danone y la firma rusa de producción alimenticia, Unimilk, anunciaron la finalización de la fusión de sus negocios en los productos lácteos frescos.

Accor, en el turismo mexicano

Encargada de desarrollar en México productos como Ticket Restaurante, Ticket Vale Despensas, Ticket Vale Gasolina, Ticket Vale Uniforme, Ticket Car, Ticket Alimentación, la empresa inició en 2007 con los negocios en el sector turístico con la promoción de hoteles, agencias de viajes y casinos.

Accor que tiene en México 30 años de presencia, fue apoyada fiscalmente con 5 millones 759 mil 501 pesos, indican los padrones del Conacyt. Su proyecto más favorecido implica un monto de 3 millones 644 mil 960 pesos, otorgado en el periodo de transición gubernamental de Vicente Fox a Felipe Calderón, en 2006. Se trata del folio ASE930924SS7-2006-1, que no muestra en los documentos oficiales el concepto por el que le fue autorizada la operación fiscal, la cual fue publicada el 15 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

Accor opera con 65 mil 170 empleados a nivel mundial y sus ventas ascienden a 7.96 billones de dólares. Su capacidad de habitaciones, en el sector turístico, llega a 500 mil habitaciones en más de 4 mil hoteles, en 90 países. Las marcas en sus hoteles son: Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, All Seasons, Etaphotel, Formule 1 y Motel 6. En su sección de servicios, está involucrado en el diseño, desarrollo y suministro de las soluciones en el ámbito de los empleados públicos y los beneficios, incentivos, gestión de gastos para clientes corporativos e instituciones públicas, como lo señala Forbes.

Mexicanos más ricos

De la revisión de fortunas en la lista de negocios y compañías de Forbes, México tiene hombres de negocios siguen el ejemplo de sus homólogos franceses para solicitar “estímulos” fiscales en México. Sus fortunas superan o se acercan a la de Liliane Bettencourt, dueña de la marca L’Oréal, una de las empresarias que solicitaron el incremento de impuestos en Francia.

Sus nombres: Carlos Slim Helú, propietario mayoritario de la empresa telefónica más importante en México, Telmex, y el hombre más rico del mundo; Germán Larrea Mota Velasco, director y propietario de uno de los principales grupos mineros del país, Grupo México; y Alberto Bailleres González, propietario de Industrias Peñoles.

Carlos Slim acumula un capital de 74 mil millones de dólares, que supera por 314 por ciento la fortuna de Liliane Bettencourt, con 23 mil 500 millones de dólares. A sus 71 años de edad, es dueño de Grupo Carso, Telmex, America Móvil, inversionista del diario The New York Times, y propietario del Museo Soumaya. Los empresarios mineros Germán Larrea Mota Velasco y Alberto Bailleres González acumulan un patrimonio menor al de la dueña de L’Oréal, en un 32 y 50 por ciento, respectivamente.

El Conacyt aprueba “conforme a la ley”

Miguel Chávez Lomelí, director de Negocios de Innovación del Conacyt, asegura que el Programa de Estímulos Fiscales –derogado en 2008 para dar paso al Programa Estímulo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación– cumple con lo que establece la Ley de Ciencia y Tecnología.

El funcionario explica que sus beneficiarios son empresas, laboratorios, instituciones o personas físicas que están inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas de Ciencia y Tecnología, para efectos de cualquier beneficio del Conacyt, sin que se tenga una “relación” con las matrices que pudieran tener en otro país.

“Para efectos de la legislación nacional, solamente pueden obtener recursos aquellas empresas que, mediante concurso, son evaluadas positivamente y en función de la disponibilidad de recursos directos o indirectos. Todo el apoyo que se entrega tiene que cumplir con lo que prevé la ley, las reglas de operación, las convocatorias y los términos. Las compañías que reciben algún beneficio se enmarcan en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las evaluaciones se basan en las capacidades técnicas de las propuestas y en las del proponente”.

Chávez Lomelí agrega que “el origen de la empresa no está en el marco regulatorio del Conacyt, porque la definición legal de éste y de todos los programas del organismo es que deben estar inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas”.

El Conacyt es el organismo del gobierno federal encargado de elaborar la política nacional de ciencia y tecnología. Durante el gobierno de Vicente Fox fue dirigido por Jaime Parada Ávila (2001-2005) y Gustavo Chapela Castañares (2005-2006). Felipe Calderón nombró director de la institución al guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, quien se mantuvo en el cargo hasta marzo de 2011. Desde hace seis meses, la dirección está a cargo de Enrique Villa Rivera, exdirector del Instituto Politécnico Nacional.

Se solicitó entrevista con los representantes de las trasnacionales en México: Mónica Castelazo, jefa de Comunicación Organizacional de AstraZeneca; Sergio Fuster, director de mercadotecnia de Danone México; Carine Caudmont, gerente de Comunicación y Responsabilidad Social en Accor-Edenred México, sin que hasta el cierre de edición se obtuviera respuesta.

[TEXTO PARA TWITTER: AstraZeneca, Danone y Accor proponen en Francia pagar más impuestos. En México deja de pagar 100 MDP]

La privatización del agua

El reconocimiento de los derechos humanos surge en torno a las necesidades del contexto sociohistórico vivido, siempre en búsqueda de un mejor desarrollo para todos y todas y la afirmación de la dignidad humana. Hoy en día, la discusión respecto del agua como un derecho humano ha sido larga. La importancia del líquido como elemento esencial para la vida, así como la crisis mundial respecto de las reservas en los mantos acuíferos la han vuelto un tema de preocupación en las agendas nacionales e internacionales, privadas y públicas.

Miguel Concha Malo

La cantidad de agua extraída en el mundo, exigida por los usos modernos, obstaculiza la recarga natural. La globalización económica, la predominancia de la visión de mercado y la libre actuación de sus principales actores, las empresas nacionales y trasnacionales impactan en el disfrute de los derechos humanos. Si a esto le sumamos el desarrollo de una crisis multidimensional, como la que nos envuelve en la actualidad, el panorama se torna negativo, sobre todo para aquellos sectores en situación de pobreza y discriminación.
Para 2025, datos publicados por La Jornada estiman que en México la disponibilidad de agua por persona será “baja”, es decir, de aproximadamente 3 mil 788 metros cúbicos (cuando el volumen de agua disponible por habitante es menor a 1 mil metros cúbicos al año, se está hablando de una grave crisis hídrica). Nuestro país cuenta con un gran número de problemas respecto de la distribución del agua, como la sobreexplotación de los mantos acuíferos, cuyo resultado es la escasez en las zonas rurales y que, sin embargo, no soluciona las altas demandas y la insuficiencia del suministro, principalmente en el centro y norte del país. Asimismo, la contaminación de aguas superficiales y aguas subterráneas a causa del desagüe –que incluye el uso doméstico pero que en gran medida es industrial– y la filtración de materias tóxicas afectan a la agricultura y al suministro de agua potable; al igual, la ineficaz atención de las fugas en la red propicia que se desperdicien millones de litros del líquido mucho antes de llegar a los hogares.
De no haber un cambio en el modelo de gestión, dependiendo de las regiones del país y de los contextos urbanos o rurales, las diferencias en cuanto a la disposición del líquido también se mantendrán. Por ejemplo, en el Distrito Federal, algunos hacen uso de 28 litros al día, en cambio, otros disponen de más de 800 litros diarios, tales son los casos de Iztapalapa y de Lomas de Chapultepec, respectivamente.
Las organizaciones de derechos humanos estamos convencidas de que una de las formas de asegurar la sostenibilidad del recurso, pensando en la dignidad y el bienestar de las personas, es su reconocimiento y ejercicio como derecho humano. Desafortunadamente, el acceso al agua no figura en el catálogo de derechos reconocidos en la Constitución Mexicana; mucho menos, la administración del “oro azul” se realiza bajo esta perspectiva.
Para la sociedad civil es preocupante que las discusiones en foros mundiales del agua, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, sobre la venta del agua como estrategia para preservar el recurso, la coloquen como un bien privado. En México, la visión del agua como bien público se está perdiendo ante los argumentos de que el Estado no ha podido solucionar las fallas estructurales en la repartición y explotación del recurso natural. Ante la corrupción por parte de las autoridades y la falta de recursos para inversión en infraestructura, se tiende a una política privatizadora de un bien común.
Las autoridades mexicanas han adoptado ya este discurso, en el cual, junto con la alusión al libre comercio y la descentralización de los servicios, se encuentran las recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Dichas medidas buscan la menor participación del Estado en el manejo de bienes públicos; sin embargo, con estas disposiciones se beneficia la participación de las empresas extranjeras.
De este modo, durante las últimas décadas, principalmente desde la década de 1990, los cambios legislativos, la política pública y la actuación de la Comisión Nacional del Agua desarrollan diversos modos de apertura o participación de capital privado en el sector, que en el trasfondo no son más que diversos modos de llamar a la privatización.
Algunas de estas formas de privatización que se dan en nuestro país se expresan mediante el embotellamiento y comercio del líquido. En este modelo son las cuatro trasnacionales (Danone, Pepsico, Nestlé y Coca-Cola) las que mantienen el mayor control de un negocio que les brinda ganancias entre 1 mil y 10 mil veces más del costo inicial.
Con la política descentralizadora, los municipios, al verse a cargo de un sistema con grandes problemas, pero sin recursos suficientes para solucionarlos, optaron por cambios legislativos en torno al agua, y con ello abrieron paso a la privatización de los servicios mediante las llamadas empresas descentralizadas o paramunicipales. Se otorgó la oportunidad a las trasnacionales de apropiarse de las redes de extracción, distribución y saneamiento, como sucede en los casos de Saltillo, Distrito Federal y Aguascalientes.
En Saltillo, desde 2001, se da una participación mixta entre Aguas de Barcelona (49 por ciento) y el gobierno municipal (51 por ciento), a través de Aguas de Saltillo. Si bien el suministro ha sido “suficiente” es gracias a la sobreexplotación de los pozos y, con ello, la mala calidad del agua que se distribuye. Además, como producto de la manipulación de la información, se dan altos costos y cobros indebidos violentando el principio de accesibilidad económica. Ante esto, la sociedad civil en Saltillo sigue su lucha para que se disuelvan las concesiones y la empresa vuelva a ser netamente municipal.
En Aguascalientes se da una concesión integral a una compañía privada francesa (hoy día Vivendi), para extracción, saneamiento, distribución, facturación y cobranza. Los resultados son como en Saltillo. Aunado a ello, el gobierno federal brindó subsidios públicos a la empresa privada y, sin embargo, el mal estado de las redes y la infraestructura sigue sin solucionarse. Ante la falta de pagos por parte de los usuarios, las empresas tienden a cortar el suministro, negando la accesibilidad física al agua.
Existen más casos a lo largo del país. Las autoridades niegan que estas formas de invertir capital privado en bienes públicos sea privatización, con todo, beneficios y ganancias son para las empresas, mientras la población “costea” los problemas.
Cabe recordar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas dio origen a la Observación General Número 15. En ella se precisa el contenido del agua como un derecho fundamental, señalando que ésta debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de consumo, cocina, higiene personal y del hogar; debe ser de buena calidad, sin sustancias nocivas y con color, olor y sabor aceptables; accesible, por lo que los servicios deben estar al alcance físico de toda la población; accesible económicamente, los costos no pondrán en riesgo el ejercicio de otros derechos, como el contar con una vivienda digna, el tener salud, una alimentación adecuada; el goce de una vida digna; que el agua sea un bien de dominio público (artículo 2); y que tenga mucha importancia el acceso sostenible a los recursos del agua para la agricultura (artículo 7).
Un bien imprescindible, indispensable para la vida, no debe ser fuente de comercio y quedar a disposición de las leyes del mercado. Los Estados deben reconocer el agua como derecho humano y, como tal, respetarlo, protegerlo, promoverlo y garantizarlo.
*Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; doctor en teología y diplomado en ciencias sociales