Excepto Alfredo Figueroa, cuya militancia en el movimiento cívico en favor de procesos electorales creíbles y legítimos le permite tener conciencia de la verdadera naturaleza del Instituto Federal Electoral, el resto de los consejeros, siete de ellos, pidieron al presidente Leonardo Valdés un incremento en sus ya voluminosas percepciones. Siguieron para hacerlo un camino sinuoso, que hubiera pasado inadvertido ante la opinión pública porque se consumó a través de un trámite en apariencia meramente burocrático. Conforme a la legislación presupuestal vigente, a más tardar el 28 de febrero era preciso publicar el Manual de percepciones para los funcionarios públicos al servicio del IFE. De modo que la Junta General Ejecutiva, órgano paralelo al Consejo General, se reunió el Día de la Bandera, el martes 24 de febrero y aprobó dicho Manual, en cuyo quinto considerando se estableció que “el consejero presidente y los consejeros electorales recibirán la retribución en los términos que establece el cuarto párrafo, base V, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.En el texto citado se lee que los miembros del Consejo General del IFE reciban emolumentos iguales a los fijados para los ministros de la Suprema Corte. La disposición data de 1996, cuando se erigió el IFE en órgano constitucional autónomo en abono de cuya prestancia los legisladores equipararon las funciones de sus consejeros con las de impartición de justicia. Sólo en función de ese propósito se comprende la desmesura de comparar la tarea del tribunal constitucional con la del órgano que administra las elecciones. Aunque no sea siempre así, llegar a la cúspide de la Judicatura implica haber realizado una carrera judicial, que incluye el paso por una secretaría (de juzgado, de sala o de tribunal), un juzgado federal, la magistratura de circuito. No es necesario que los consejeros electorales hayan tenido una trayectoria formal de esa dimensión, si bien la ley obliga a nombrar sólo a quienes tengan experiencia en la materia electoral.El Consejo General del IFE que actuó de 1996 a 2003 no se consideró obligado a recibir remuneraciones conforme a la letra constitucional, sino que las situó por debajo y esa infracción, ese desacato que no constituía una falta a sus deberes de aplicar la legalidad en su desempeño, se prolongó hasta el comienzo de este año. Algunos consejeros de hoy, los más, casi todos, acaso pensaron que la crisis que ya nos envuelve sería más llevadera si se aplicara en sus términos la Constitución, de suerte que en vez de ganar 172 mil pesos mensuales recibieran lo que los 11 miembros del pleno de la Corte: 330 mil pesos. Por eso, con fingida inocencia que ocultaba los alcances de la medida, simplemente se recordó que tal debía ser el monto de sus retribuciones.La decisión causó escándalo, al menos por tres razones. Primero, una de carácter general, que es la inconformidad de una amplia porción de la sociedad sobre los excesos en las retribuciones y gastos del personal público de alto nivel. No hay proporción entre los ingresos del promedio de las personas que viven de su trabajo y lo que recibe la élite de los poderes (federal y estatales, y aun municipales en muchos casos) y de los órganos constitucionales autónomos. Además de altísimos sueldos y salarios, dietas y honorarios, otras prestaciones, en exceso onerosas para los contribuyentes que se truenan los dedos para cumplir sus pagos fiscales, confieren a esa porción de funcionarios en una casta privilegiada ajena a las preocupaciones generales. En segundo lugar, la expectativa de una crisis, y la crisis misma ya vivida, que significa disminución o pérdida del poder adquisitivo, así como las exiguas alzas salariales conseguidas por negociación o disposición de los empleadores, generaron un fuerte contraste con la liberalidad con que los consejeros se incrementaron sus percepciones.En tercer lugar, el aumento salarial ocurrió en un clima de opinión adverso a los consejeros electorales, a su institución. Varios traspiés en su debut como administradores del tiempo del Estado culminaron el 13 de febrero en una abdicación vergonzante de su papel de autoridad. Dejaron que Televisa y Televisión Azteca infringieran la ley y malquistaran al IFE con el sector del público deseoso de entretenimiento y no de mensajes electorales transmitidos en groseras interrupciones de espectáculos muy favorecidos por la afición. Y se rindieron ante el poder de las televisoras firmando unas insensatas bases de colaboración que servirían como pretexto para dejar sin sancionar conductas ilegales adoptadas de mala fe, de modo concertado, como lo narró sin ambages ni rubores Ricardo Salinas Pliego a estudiantes regiomontanos. Por las dos primeras razones hubiera resultado chocante el nuevo salario de los consejeros. Su pésimo desempeño, que significó pérdida de prestancia institucional y de autoridad frente a los sujetos regulados, acrecentó la descalificación pública de la torpeza en materia de salarios. Frente a la reacción adversa, los consejeros dieron marcha atrás. Lo hicieron de modo reticente, dejando abierta la posibilidad de que el incremento a que provisionalmente renunciaban recobrara vigencia. Por ello declararon que “no caben reconsideraciones sobre (la) validez legal” del Manual de percepciones. Reconocieron, sin embargo, que “nuestro país no es ajeno a los estragos de una profunda crisis económica y financiera a nivel mundial; por ello, no podemos ser insensibles ante la realidad que afecta a los propios trabajadores del Instituto. Es por ello que los nueve consejeros electorales hemos decidido no aceptar el incremento salarial que implica el acuerdo tomado”.No llegaron espontáneamente a esa conclusión. Fue renuente en particular Marco Antonio Gómez Alcántar, que encarna la visión del servicio público como chamba o como negocio. Abogado por la Universidad Anáhuac, adquirió experiencia legal en la estructura fuertemente jerarquizada de despachos extranjeros como Andersen y Baker & McKenzie. Se entrenó en la práctica del derecho corporativo y fiscal, pero ni por asomo (no era ese el espacio para ello) en el derecho electoral. Eso no obstante, y a pesar de que la ley es clara al establecer como requisito para integrar la autoridad electoral contar con experiencia en esa materia, la rebatiña en medio de la cual se formó el Consejo General en octubre de 2003, lo llevó en alas del Partido Verde a ocupar una plaza cuyos gajes paladea: el 16 de abril de 2005 recibió 156 mil pesos, el monto de la dote matrimonial, equivalente a un mes de salario. Alegaba en defensa de su incremento la importancia de la función que desempeña y su calificación para ejercerla. De la primera nadie duda, pero no se vio que el propio Gómez Alcántar la reconociera al trocar su posición adoptada antes del 13 de febrero por la que expresó ese día y contribuyó al sobreseimiento del procedimiento sancionador que ahorró al duopolio unos millones de pesos y costó al IFE buena parte de su prestigio.
domingo, marzo 01, 2009
IFE: el servicio público como chamba o negocio
Excepto Alfredo Figueroa, cuya militancia en el movimiento cívico en favor de procesos electorales creíbles y legítimos le permite tener conciencia de la verdadera naturaleza del Instituto Federal Electoral, el resto de los consejeros, siete de ellos, pidieron al presidente Leonardo Valdés un incremento en sus ya voluminosas percepciones. Siguieron para hacerlo un camino sinuoso, que hubiera pasado inadvertido ante la opinión pública porque se consumó a través de un trámite en apariencia meramente burocrático. Conforme a la legislación presupuestal vigente, a más tardar el 28 de febrero era preciso publicar el Manual de percepciones para los funcionarios públicos al servicio del IFE. De modo que la Junta General Ejecutiva, órgano paralelo al Consejo General, se reunió el Día de la Bandera, el martes 24 de febrero y aprobó dicho Manual, en cuyo quinto considerando se estableció que “el consejero presidente y los consejeros electorales recibirán la retribución en los términos que establece el cuarto párrafo, base V, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.En el texto citado se lee que los miembros del Consejo General del IFE reciban emolumentos iguales a los fijados para los ministros de la Suprema Corte. La disposición data de 1996, cuando se erigió el IFE en órgano constitucional autónomo en abono de cuya prestancia los legisladores equipararon las funciones de sus consejeros con las de impartición de justicia. Sólo en función de ese propósito se comprende la desmesura de comparar la tarea del tribunal constitucional con la del órgano que administra las elecciones. Aunque no sea siempre así, llegar a la cúspide de la Judicatura implica haber realizado una carrera judicial, que incluye el paso por una secretaría (de juzgado, de sala o de tribunal), un juzgado federal, la magistratura de circuito. No es necesario que los consejeros electorales hayan tenido una trayectoria formal de esa dimensión, si bien la ley obliga a nombrar sólo a quienes tengan experiencia en la materia electoral.El Consejo General del IFE que actuó de 1996 a 2003 no se consideró obligado a recibir remuneraciones conforme a la letra constitucional, sino que las situó por debajo y esa infracción, ese desacato que no constituía una falta a sus deberes de aplicar la legalidad en su desempeño, se prolongó hasta el comienzo de este año. Algunos consejeros de hoy, los más, casi todos, acaso pensaron que la crisis que ya nos envuelve sería más llevadera si se aplicara en sus términos la Constitución, de suerte que en vez de ganar 172 mil pesos mensuales recibieran lo que los 11 miembros del pleno de la Corte: 330 mil pesos. Por eso, con fingida inocencia que ocultaba los alcances de la medida, simplemente se recordó que tal debía ser el monto de sus retribuciones.La decisión causó escándalo, al menos por tres razones. Primero, una de carácter general, que es la inconformidad de una amplia porción de la sociedad sobre los excesos en las retribuciones y gastos del personal público de alto nivel. No hay proporción entre los ingresos del promedio de las personas que viven de su trabajo y lo que recibe la élite de los poderes (federal y estatales, y aun municipales en muchos casos) y de los órganos constitucionales autónomos. Además de altísimos sueldos y salarios, dietas y honorarios, otras prestaciones, en exceso onerosas para los contribuyentes que se truenan los dedos para cumplir sus pagos fiscales, confieren a esa porción de funcionarios en una casta privilegiada ajena a las preocupaciones generales. En segundo lugar, la expectativa de una crisis, y la crisis misma ya vivida, que significa disminución o pérdida del poder adquisitivo, así como las exiguas alzas salariales conseguidas por negociación o disposición de los empleadores, generaron un fuerte contraste con la liberalidad con que los consejeros se incrementaron sus percepciones.En tercer lugar, el aumento salarial ocurrió en un clima de opinión adverso a los consejeros electorales, a su institución. Varios traspiés en su debut como administradores del tiempo del Estado culminaron el 13 de febrero en una abdicación vergonzante de su papel de autoridad. Dejaron que Televisa y Televisión Azteca infringieran la ley y malquistaran al IFE con el sector del público deseoso de entretenimiento y no de mensajes electorales transmitidos en groseras interrupciones de espectáculos muy favorecidos por la afición. Y se rindieron ante el poder de las televisoras firmando unas insensatas bases de colaboración que servirían como pretexto para dejar sin sancionar conductas ilegales adoptadas de mala fe, de modo concertado, como lo narró sin ambages ni rubores Ricardo Salinas Pliego a estudiantes regiomontanos. Por las dos primeras razones hubiera resultado chocante el nuevo salario de los consejeros. Su pésimo desempeño, que significó pérdida de prestancia institucional y de autoridad frente a los sujetos regulados, acrecentó la descalificación pública de la torpeza en materia de salarios. Frente a la reacción adversa, los consejeros dieron marcha atrás. Lo hicieron de modo reticente, dejando abierta la posibilidad de que el incremento a que provisionalmente renunciaban recobrara vigencia. Por ello declararon que “no caben reconsideraciones sobre (la) validez legal” del Manual de percepciones. Reconocieron, sin embargo, que “nuestro país no es ajeno a los estragos de una profunda crisis económica y financiera a nivel mundial; por ello, no podemos ser insensibles ante la realidad que afecta a los propios trabajadores del Instituto. Es por ello que los nueve consejeros electorales hemos decidido no aceptar el incremento salarial que implica el acuerdo tomado”.No llegaron espontáneamente a esa conclusión. Fue renuente en particular Marco Antonio Gómez Alcántar, que encarna la visión del servicio público como chamba o como negocio. Abogado por la Universidad Anáhuac, adquirió experiencia legal en la estructura fuertemente jerarquizada de despachos extranjeros como Andersen y Baker & McKenzie. Se entrenó en la práctica del derecho corporativo y fiscal, pero ni por asomo (no era ese el espacio para ello) en el derecho electoral. Eso no obstante, y a pesar de que la ley es clara al establecer como requisito para integrar la autoridad electoral contar con experiencia en esa materia, la rebatiña en medio de la cual se formó el Consejo General en octubre de 2003, lo llevó en alas del Partido Verde a ocupar una plaza cuyos gajes paladea: el 16 de abril de 2005 recibió 156 mil pesos, el monto de la dote matrimonial, equivalente a un mes de salario. Alegaba en defensa de su incremento la importancia de la función que desempeña y su calificación para ejercerla. De la primera nadie duda, pero no se vio que el propio Gómez Alcántar la reconociera al trocar su posición adoptada antes del 13 de febrero por la que expresó ese día y contribuyó al sobreseimiento del procedimiento sancionador que ahorró al duopolio unos millones de pesos y costó al IFE buena parte de su prestigio.
miércoles, diciembre 10, 2008
Discurso del Presidente Legítimo y Rafael Barajas en Televisa
| ||||||
* Discurso por Rafael Barajas "El Fisgón" a nombre de la Comisión de Difusión del Gobierno Legítimo de México, en el acto de protesta frente a las oficinas de la empresa Televisa, en avenida Chapultepec |
martes, diciembre 09, 2008
ASAMBLEA INFORMATIVA DE NUESTRO PRESIDENTE LEGÍTIMO LOPEZ OBRADOR EN TELEVISA
En ésta cobertura presentamos las palabras de “EL FISGÓN” y de nuestro PRESIDENTE LEGÍTIMO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, en la jornada de protesta de hoy, en las puertas de TELEVISA, después de la respuesta que dio ésta empresa a la demanda de espacio para réplica del movimiento de la RCP, la cual, fue la de siempre, que “en Televisa hay espacio para todas las voces”, frase que sabemos lo que realmente significa.
miércoles, noviembre 12, 2008
Discurso AMLO en Televisa
http://serviciodenoticiasisa.
SIN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES, ABIERTOS, PLURALES Y COMPROMETIDOS CON LA VERDAD, NO SE PUEDE LOGRAR UNA SOCIEDAD MEJOR NI SE PUEDE ALCANZAR UNA AUTÉNTICA DEMOCRACIA: LÓPEZ OBRADOR
Discurso del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, en el acto de entrega de una carta a la empresa Televisa, en avenida Chapultepec, en la Ciudad de México, el 11 de noviembre de 2008
Amigas y amigos:
Nuestro movimiento está orientado a transformar la vida pública de México y en todo este proceso es indispensable hacer valer el derecho a la información. Sin medios de comunicación libres, abiertos, plurales y comprometidos con la verdad, no se puede lograr una sociedad mejor ni se puede alcanzar una auténtica democracia.
En nuestro país, la mayoría de los medios de comunicación no sólo no cumplen con su responsabilidad social, sino que actúan como instrumentos de control y manipulación al servicio del régimen decadente que padecemos.
Por ejemplo, desde aquí, desde Televisa, los potentados de México ejercen su dominio sobre la sociedad. Aquí hay más poder que en Los Pinos o que en el Congreso de la Unión porque, en realidad, los dueños de este medio de comunicación forman parte de los hombres y mujeres más ricos e influyentes del país.
Como es lógico, esta elite defiende a toda costa la política económica neoliberal que les permite a las minorías mantener y acrecentar sus privilegios, sin importarles el destino del país, ni mucho menos el sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo.
Por eso, desde la campaña presidencial del 2006, cuando se tenía que elegir entre dos proyectos distintos y contrapuestos de nación, esta elite no dudó en utilizar a los medios de comunicación en contra nuestra para desatar la guerra sucia y avalar el fraude electoral.
Pero no venimos a reclamarles por eso. Venimos a señalarles que ellos son, en buena medida, responsables del desastre en que está sumido nuestro país. No sólo por la manipulación que ejercen, sino principalmente por lo que callan o dejan de informar.
Como muchos sabemos, Televisa es la fábrica más grande de producción de mentiras de México. Pero esto no es lo peor, porque afortunadamente hay millones de ciudadanos concientes que ya no son susceptibles de manipulación.
Lo más grave es su estrategia de no informar sobre los asuntos que verdaderamente interesan y afectan a los mexicanos. Y no es exagerado decir que son los principales administradores de la ignorancia en nuestro país.
Ellos se asumen como los grandes censores y deciden qué informar y qué no informar; a quién le abren sus espacios y a quién se los niegan.
Y desde luego, hay temas que nunca se abordan; guardan silencio sobre las causas de la pobreza, de la migración y de la violencia, a no ser sólo como nota roja; no hablan de la carestía, de la corrupción, de la impunidad, de la violación de los derechos humanos, del contubernio entre el poder económico y el poder político, no hablan de la devaluación del peso.
Tampoco informan que México ocupa el último lugar en crecimiento económico en todo el continente americano, o que ante la crisis, de nuevo, el gobierno usurpador, en vez de proteger al pueblo, está rescatando con el presupuesto público —que es dinero de todos— a los financieros y a los grandes empresarios.
En esencia, es esta administración de la ignorancia, lo que consideramos el peor de los males. Esto es lo que impide que exista una opinión pública más fuerte, una voluntad colectiva dispuesta a ejercer sus derechos y servir de contrapeso ante los abusos e injusticias que se cometen desde el poder.
Por eso, ante la dictadura de la televisión y de los medios de comunicación en general –con honrosas excepciones– hemos decidido luchar por hacer realidad el derecho del pueblo a la información.
No más mentiras, no más manipulación, no más silencio ante los grandes y graves problemas nacionales.
Como es obvio, este asunto no lo estamos planteando en Los Pinos, ni en Gobernación, ni en el Congreso, ni en la Suprema Corte, sino aquí, donde consideramos que están los que verdaderamente mandan y deciden.
Me refiero a los dueños y miembros del Consejo de Administración de Televisa. Es decir, nos estamos dirigiendo con todo respeto a Emilio Azcárraga, María Asunción Aramburuzabala, Pedro Aspe Armella, Ana Patricia Botín, Jorge Cutillas, Claudio X. González, Roberto Hernández, Germán Larrea, Fernando Senderos, Carlos Fernández González y Lorenzo Zambrano, entre otros.
De ellos esperamos una respuesta, y aunque no somos ingenuos, no descartamos la posibilidad de que asuman su responsabilidad social y entiendan que a nadie le conviene seguir manteniendo el actual régimen político de corrupción y privilegios, que, como está suficientemente demostrado, no sólo propicia la desigualdad económica y social, sino que es el principal causante de la violencia y lo que impide la gobernabilidad democrática en nuestro país.
Amigas y amigos:
Estamos aquí, venimos ahora, y posiblemente vamos a regresar las veces que sean necesarias. Vamos a regresar las veces que sean necesarias.
Nuestro movimiento tiene objetivos muy claros. Y siempre que nos proponemos un objetivo, vamos hacia ese propósito hasta lograrlo.
Ahora nos hemos fijado como objetivo el garantizar, el hacer valer el derecho del pueblo a la información y lo vamos a lograr.
¿Por qué luchamos? Todos los sabemos: porque éste es un movimiento de mujeres y de hombres libres y conscientes. Luchamos por defender a nuestro pueblo y, sobre todo, por defender a los humildes y a los pobres de México. ¿O no estamos de acuerdo de que por el bien de todos, primero los pobres? ¿Por qué luchamos también? Por defender el patrimonio nacional, por defender el petróleo, por defender nuestra soberanía.
Luchamos por defender la cultura, luchamos por defender el derecho del pueblo a la libre expresión de sus ideas y luchamos, desde luego, por garantizar y hacer valer el derecho a la información. En este caso estamos reunidos, congregados, por la defensa del derecho a la información.
Estamos, al mismo tiempo, pendientes para que cuando se promulguen las leyes en materia de petróleo, de inmediato nos manifestemos enfrente de Palacio Nacional, para volver a reiterar que no vamos a permitir que se ceda nuestro territorio a empresas petroleras extranjeras.
Y todos sabemos, porque aquí no hay planes secretos, todo es público y transparente. Todos sabemos que el día 23 de noviembre va a haber una marcha-mitin, para la defensa de la economía popular, para la defensa del petróleo y para la defensa de la soberanía nacional. Y van a asistir de todo el país, y vamos a mantener el tiempo que sea necesario nuestro movimiento.
Han querido destruir nuestro movimiento, pero no han podido ni podrán. Lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repito ahora: no pueden porque estamos defendiendo una causa justa, y porque la razón siempre triunfa. No pueden porque tenemos autoridad moral y no pueden porque somos millones los que hemos decidido luchar hasta transformar la vida pública de México.
No nos preocupemos. Sigamos adelante, hagamos nuestro trabajo, como aquí se ha dicho, con entusiasmo y con alegría, porque no hay ninguna cosa más satisfactoria que el estar bien con nuestras conciencias, estar bien con nosotros mismos y estar bien con el prójimo.
Y eso es precisamente lo que estamos haciendo: luchando por los demás, para rescatar a México, para sacar adelante a nuestro país y, sobre todo, para sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la marginación.
México y su pueblo merecen un mejor destino y con este movimiento vamos a lograr estos cambios que se necesitan, más temprano que tarde.
Pensaron que iba a perder fuerza nuestro movimiento al paso del tiempo, porque tienen el control de todos los medios de comunicación. No ha sucedido eso; por el contrario, ahora hay más conciencia, porque esto —como lo dijimos desde el principio— es la revolución de las conciencias.
Aquí nos hemos ido formando, aquí hemos ido aprendiendo entre todos y, fundamentalmente en este movimiento, nos hemos humanizado más. No tendría ningún sentido luchar por asuntos individuales, en aras de lo material. Por eso decía que es muy satisfactorio lo que hacemos.
Ahora que desgraciadamente la crisis económica está golpeando muy fuerte a la mayoría de nuestro pueblo, ahora nuestro movimiento también va a ocuparse de eso. Vamos a proteger a nuestro pueblo. Vamos a obligar, a presionar para que el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, se destine a apoyar a la gente y no a apoyar a los potentados de siempre. Y va a haber organización y ayuda mutua.
El día 23 se va a dar a conocer todo el plan de defensa de la economía popular.
Yo les agradezco mucho, porque de nuevo han acudido a la convocatoria, están aquí, vienen por su propio pie, por su propia voluntad, como mujeres y hombres conscientes que son.
Vamos a seguir luchando hasta lograr la apertura informativa y hasta que se respete realmente la libertad de expresión.
Vamos a luchar no sólo por la justicia y la democracia, sino por la libertad. Parece extraño, increíble que estemos planteando la lucha por la libertad, pero ésa es desgraciadamente la realidad en nuestro país, no hay democracia, estamos hablando de la dictadura que ejercen la mayoría de los medios de comunicación.
Y luchar por la libertad, ustedes lo saben, la libertad no se implora, la libertad se conquista. Vamos a seguir adelante.
¡Viva la resistencia civil pacífica! ¡Viva el derecho a la información! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
martes, noviembre 11, 2008
Los dueños del país, en el consejo de Televisa: AMLO
De todos ellos, dijo López Obrador, “esperamos una respuesta” a la petición de abrir Televisa a todas las opiniones, “y aunque no somos ingenuos, no descartamos la posibilidad de que asuman una actitud responsable y entiendan que a nadie le conviene mantener el régimen político de corrupción, que como está comprobado fomenta la desigualdad y es el principal causante de la violencia e impide la gobernabilidad democrática en nuestro país”.


AMLO en Televisa Chapultepec.
