Informe sobre el Caso Atenco

Ante el inminente dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Atenco invitamos a la

Presentación del Informe

12 presos por la defensa de la tierra

ES TIEMPO DE SU LIBERTAD

Lunes 14 de junio. 12 hrs.

Centro Universitario Cultural (CUC) Sala 22. Odontología 35 Copilco.

Presentan el informe:

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

(Abogado Simón Alejandro Hernández León. Uso faccioso de la justicia y criminalización de la protesta en el caso Atenco)

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

(Fray Miguel Concha Malo, Informe sobre los procesos jurídicos de los 12 presos)

Comité Cerezo México

(Condiciones carcelarias de los 12 presos)

Seminario de acompañamiento psicosocial

(Impactos psicosociales en los familiares de los presos).

Comentan el informe:

Emilio Alvarez Icaza

(expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF)

Adolfo Gilly

(historiador, académico)

Luis Hernández Navarro

(periodista, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada)

Moderan los actores

Bruno Bichir y Julieta Egurrola

Campaña Nacional e Internacional Libertad y justicia para Atenco

ASAMBLEA URGENTE DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS DE ATENCO.

Es público que la Suprema Corte de Justicia tomará una decisión sobre los casos de los 12 presos políticos de Atenco antes de que termine el mes de junio. Llamamos de manera urgente a las organizaciones sociales, civiles, indígenas, estudiantiles, de mujeres y trabajadores a una reunión de emergencia para las próximas semanas para lograr la libertad de nuestros 12 compañeros. La cita es este sábado 12 de junio a las 11 hrs. en el auditorio principal de la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas ubicado en Insurgentes 98. LIBERTAD AHORA!

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

Comité Libertad y Justicia para Atenco

La guerra contra el SME

Luis Hernández Navarro

Para tener éxito en la guerra que el gobierno federal declaró al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) necesitaba propinar a sus trabajadores un golpe demoledor en un plazo relativamente breve. No ha sido así. Conforme pasan los días, la situación se ha vuelto cada vez más compleja y difícil para Felipe Calderón. La ventaja obtenida por el factor sorpresa tiende a disminuir.

Cinco elementos son claves en esta conflagración: a) la capacidad de la administración para garantizar el servicio eléctrico razonablemente bien; b) el número de trabajadores electricistas que acepten la liquidación; c) la percepción de la opinión pública sobre el sindicato, los trabajadores y la justeza de la medida gubernamental; d) el escalamiento del pleito y el involucramiento o deslinde de otros actores políticos, y e) la naturaleza de la solidaridad que el SME logre concitar entre otros gremios y sectores de la población.

El pasado 14 de octubre pobladores de Ocoyoacac, en el estado de México, bloquearon la autopista México-Toluca en protesta por la falta de energía eléctrica. En el Distrito Federal, 72 colonias de 12 delegaciones padecieron interrupciones del fluido y problemas con el suministro de agua potable. Antes del cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el promedio diario de apagones en la ciudad de México era de cinco.

Un día más tarde la situación no mejoró. Autoridades de los municipios de Otumba, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides y Axapulco reportaron fallas que duraron ocho horas. El Consejo Coordinador Empresarial mexiquense informó de seis apagones en parques industriales y cortes de energía en 200 empresas asentadas en Tlanepantla, Naucalpan y Lerma, que provocaron pérdidas millonarias.

Hay irritación social. Y no parece que el servicio vaya a funcionar medianamente bien. Políticos y autoridades culpan a los trabajadores de sabotaje. Es falso. La presencia de la Policía Federal en las subestaciones y oficinas impide que nadie se acerque. Los apagones son provocados por las mismas causas que siempre los han producido: equipo viejo y falta de mantenimiento. Pero se han agravado porque los electricistas que conocen a fondo su materia de trabajo fueron despedidos, y quienes ocupan su lugar no están familiarizados con las redes. Hay zonas en las que ni siquiera existen planos.

Hasta ahora, la pretensión de restar base social al sindicato mediante jugosas liquidaciones ha resultado un fracaso. Así lo han reconocido los mismos comentaristas que aplaudieron la medida gubernamental. Los pocos trabajadores que han acudido a recibirlas han sufrido malos tratos y han tenido que esperar muchas horas para ser atendidos. Muy probablemente quienes hasta el momento han aceptado renunciar a la empresa ha-brían accedido irse antes del conflicto de haber recibido una oferta similar.

Las encuestas de opinión serias muestran que, aunque sigue siendo mayoritario, cada día disminuye entre la opinión pública el apoyo al cierre de LFC. Según El Universal, 48 por ciento aprueba la medida contra 43 por ciento que está en contra (14 de octubre de 2009).

Con dificultad, los electricistas han demostrado que es falso que sean privilegiados: más de la mitad de ellos apenas gana menos de 6 mil pesos al mes. Los beneficios que otorga su contrato colectivo son menores a los que obtienen los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía que, según los planes gubernamentales, sustituirá a LFC. Como ha documentado en estas mismas páginas José Antonio Almazán, los trabajadores, sus salarios y prestaciones no representan ni siquiera 15 por ciento de los ingresos de la empresa por venta de energía eléctrica.

De la misma manera, se ha ido esclareciendo que el problema con LFC es un esquema de funcionamiento que descapitaliza a la compañía, en el que la CFE le vende cara la energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la obliga a revenderla a los usuarios a un precio por debajo de lo que tuvo que pagar.

La declaración de guerra del gobierno federal al SME ha polarizado la vida política nacional: los que están en favor de la liquidación de LFC y los que la rechazan. No hay espacio para posiciones intermedias. Tal como sucedió con el intento de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2004, el Partido Revolucionario Institucional ha perdido centralidad política en la coyuntura, a pesar de ser el ganador de las pasadas elecciones. Los amarres que la Secretaría de Gobernación había hecho con dirigentes del PRD y de la Unión Nacional de Trabajadores para que prestaran un apoyo marginal a los electricistas se deshicieron rápidamente.

El conflicto está muy lejos de ser un mero pleito entre el SME y el gobierno federal. Se ha convertido en un punto nodal de la lucha de clases en el país.

El pasado miércoles 14, durante un acto patronal de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, Felipe Calderón recibió una cerrada ovación del mundo empresarial. Dos días antes, miles de electricistas efectuaron un concurrido mitin junto con López Obrador. Un día después nombraron mediador a Marcelo Ebrard, quien solamente aceptó ser observador.

Los electricistas han logrado articular una variopinta coalición solidaria en la que participan lo mismo organizaciones obreras, estudiantiles y campesinas. Multitud de jóvenes estudiantes viven el agravio sufrido por los trabajadores como propio. Los universitarios tienen ahora una causa a la cual sumarse. Internacionalmente, el movimiento sindical ha comenzado a fijar posición en favor del SME. El asunto puede convertirse en una molesta piedra en el zapato gubernamental.

El gobierno necesita ganar tiempo para restablecer el servicio, desangrar al sindicato liquidando a sus afiliados, seguir vendiendo en la opinión pública la idea de que el asalto al SME es una medida modernizadora y anticorporativa, y evitar explosiones de descontento social. Conforme los días avanzan da la impresión de que Felipe Calderón no midió las consecuencias de su aventura.

La conversión de Manuel Mel Zelaya

Luis Hernández Navarro

Manuel Mel Zelaya mide casi 1.90 de estatura, tiene un espeso bigote negro, usa sombrero de ala ancha y calza botas vaqueras. Hijo de terratenientes, estudió la carrera de ingeniería civil, pero no la terminó. Antes de involucrarse en política se dedicó a hacer exitosos negocios forestales y ganaderos. En 1987 fue nombrado directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y presidente de la asociación gremial de los madereros.

Mel ingresó en 1970 al Partido Liberal Hondureño (PLH), organización de amplia y documentada trayectoria anticomunista, con el que fue diputado en varias ocasiones y desde donde ocupó diversos cargos públicos. Los liberales y el Partido Nacional de Honduras (PNH) son las dos principales formaciones partidarias, entre las cinco existentes. Sin embargo, a la hora de gobernar, no hay entre ambos discrepancias esenciales. “Lo único que los diferencia –asegura un dirigente obrero– es el color de las banderas: una es azul y la otra roja y blanco.”

En 2006, Manuel Zelaya tomó posesión como presidente de Honduras. Durante la campaña se presentó como un genuino y honrado hombre de campo, de palabra directa y franca, desligado de la clase política tradicional, creyente temeroso de Dios, dotado de mano firme para combatir la corrupción, campechano, aficionado a tocar la guitarra y a montar caballos. Dispuesto a satisfacer las peticiones de democracia participativa y reforma política, reivindicó el poder ciudadano.

Ya como mandatario, apoyó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés), en medio de fuertes protestas en su contra. Ello no le impidió acercarse al gobierno de Hugo Chávez y formar parte de Petrocaribe, alianza en materia petrolera signada por varios países caribeños para adquirir combustible venezolano en condiciones de financiamiento preferencial, pagando 50 por ciento en un plazo de 90 días y el resto en 25 años, con una tasa de interés de uno por ciento.

Con el paso del tiempo, su discurso político combinó su adscripción al liberalismo socialista (para que todos los beneficios del sistema vayan allá, donde más se necesitan: las mujeres, los hombres, los niños, los campesinos, los productores), la crítica al intervencionismo estadunidense, el apoyo a Cuba y las invocaciones a Dios.

Al frente de una nación extremadamente pobre y sin cohesión social, con un gobierno descapitalizado, y con grandes dificultades para obtener financiamiento internacional, Zelaya coronó el pastel de su conversión ideológica incorporándose a la Alternativa Bolivariana para las Américas y el Caribe (Alba). La propuesta de integración regional de los países de América Latina y el Caribe, impulsada originalmente por Cuba y Venezuela, que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, le permitió, según Pavel Uranga, obtener dinero rápido para atender las demandas del país.

En un primer momento, el alejamiento del presidente Zelaya con la oligarquía no fue necesariamente bien recibido por amplios sectores del movimiento popular hondureño. Según el luchador social Lorenzo Reyes, ni él ni la mayoría de sus compatriotas dieron ninguna importancia al hecho de que Zelaya visitara Nicaragua u otros países, ni que hablara con Chávez o con cualquier líder mundial de izquierda, porque al fin y al cabo lo hacía como diversión o rélax, ya que al final no cambiará su ideología de derecha. “Para el pueblo –asegura– y para nosotros como Movimiento Popular no significa nada porque en Honduras el hombre no se define: un día dice cosas de derecha, otro día actúa un poco sesgado a la izquierda y está en dos aguas… es decir, no es de aquí ni de allá.”

El movimiento popular hondureño tiene, desde hace muchos años, un vigor y un protagonismo notable. Integrado por sindicatos clasistas, organizaciones campesinas, pueblos indígenas, asociaciones de profesionistas y estudiantes, surgidos, en parte, del trabajo organizativo de grupos de la teología de la liberación y de la izquierda revolucionaria, se ha dado a sí mismo instrumentos unitarios como el Bloque Popular. Durante los primeros 32 meses de gobierno, Zelaya enfrentó, cuando menos, 722 conflictos sociales de diversa magnitud, incluido los paros cívicos nacionales de 2008, que paralizaron al país por demandas como el control de los precios de la canasta básica, la no municipalización de los proyectos de agua potable y la aprobación de un aumento general de salario.

Lejos de circunscribirse a la lucha por sus reivindicaciones inmediatas, el movimiento posee una visión de cambio social profunda. Como ha señalado Rafael Alegría, coordinador de la Vía Campesina Centroamericana, los movimientos sociales tenemos el derecho de construir un nuevo ordenamiento jurídico que favorezca a todos los sectores sociales del país que siempre han estado excluidos y marginados. Por lo tanto, nos pronunciamos en favor de la consulta popular. La nueva Constitución debe servir para refundar el Estado y darle todo el poder al pueblo, que es el soberano.

Este movimiento ha cambiado, desde abajo, la correlación de fuerzas y creado una situación inédita. Son sus integrantes quienes han salido a la calle a defender a un presidente dispuesto a emprender la ruta de la transformación social. En mucho, la conversión de Zelaya es producto de la presión popular en el marco de un nuevo contexto regional. En un país en el que los dos principales partidos se distinguen sólo por el color de sus emblemas, las organizaciones populares han apostado por la construcción una nación realmente diferente: una que abandone la ruta del neoliberalismo. En el camino, hicieron de su presidente un político distinto al que era cuando llegó al poder.

Fin de época

Luis Hernández Navarro

Empecinados en ver en cada escándalo político y en cada crisis que aflora una maniobra electoral, perdemos de vista el hecho central de la coyuntura: el agotamiento acelerado de un régimen que vive sus últimos estertores.

Por supuesto, la inminencia de los comicios federales provoca que los distintos partidos traten de utilizar en su beneficio cada uno de los alborotos y pleitos de la elite, y cada uno de los desastres nacionales en curso. Pero suponer que alguna de esas fuerzas políticas ha articulado en un plan maestro todas las crisis, es una fantasía. Pensar que el gobierno federal ha provocado los altercados entre los que mandan y propiciado la emergencia sanitaria para ganar los próximos comicios, es un absurdo.

Lo que hoy se vive en el país es mucho más grave y de fondo que una mera batahola electoral. La nación atraviesa por una crisis en la que convergen varias crisis: económica, de seguridad pública, ambiental, sanitaria, diplomática, de gobernabilidad. Aunque cada una de ellas tiene su propia dinámica, han crecido por la incapacidad del gobierno federal para enfrentarlas adecuadamente, y por la división y enfrentamiento entre las elites.

Las elites están fracturadas y peleadas; sus reglas de convivencia se han roto. No es un hecho secundario el que una filtración en la radio de una conversación telefónica en la que Luis Téllez reconocía que Carlos Salinas se robó la partida presidencial secreta, se haya producido en el contexto de un fuerte enfrentamiento entre Carlos Slim y Televisa por el futuro del mercado nacional de las telecomunicaciones. Como secretario de Comunicaciones y Transportes, el doctor Téllez –no hay que olvidarlo– había tomado partido por el Canal de las Estrellas. Su renuncia al cargo no dirimió el diferendo.

Este pleito coincide en el tiempo con la emergencia de un nuevo ciclo de descontento popular, con la reanimación de las organizaciones guerrilleras, y –como resultado de la negligencia de la actual administración– de la disolución de la Comisión de Intermediación entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que era garantía de que esta fuerza político-militar no emprendería acciones armadas.

La incompetencia del equipo de Felipe Calderón para enfrentar la tormenta ha resultado proverbial. El único terreno en el que su gestión parece eficaz es el control de los medios de comunicación.

El gobierno federal no es responsable de la crisis financiera internacional, pero sí lo es del pésimo manejo que se ha dado a ésta dentro del país. La situación es desastrosa. La economía mexicana tendrá una contracción de 4.7 por ciento este año, sin contar las pérdidas causadas por las medidas para enfrentar el brote de influenza. El Banco de México confirmó que la economía del país sigue en una fase de fuerte contracción, en contraste con el resto el mundo, donde la recesión se está atenuando.

Moody’s, una de las tres firmas de calificación financiera en el mundo, señaló que el gobierno mexicano falló en poner en práctica una política de estímulo fiscal y monetaria sólida para hacer frente a la crisis. Por ello se retrasará la recuperación de la actividad productiva. Además, asegura, el gobierno no generó la flexibilidad fiscal suficiente (gasto) para mitigar el impacto de un choque externo. La política monetaria no sincronizó al estímulo fiscal a tiempo. El relajamiento fiscal fue dudoso y lento.

La administración de Felipe Calderón no provocó la emergencia sanitaria alrededor del virus A/H1N1, pero sí la manejó muy mal. Conforme se esclarece lo sucedido se ha evidenciado su pretensión original de ocultarla, su posterior desmesura y el manejo mentiroso de las cifras de infectados y muertos. Se los recordó Fidel Castro y el jefe del Ejecutivo montó en cólera.

Durante días, la imagen que el país proyectó al mundo fue la de un territorio en cuarentena con ciudades desiertas y ciudadanos circulando con tapabocas. Cuando otras naciones reaccionaron a ese mensaje, el gobierno actuó envolviéndose en la bandera y haciéndose el ofendido. La impericia diplomática mexicana propició un choque de proporciones nada despreciables. México se compró pleitos con China, Haití, Argentina y Cuba. Y, en el colmo de la soberbia, Felipe Calderón se proclamó salvador de la humanidad.

Antes de ser conocida como la patria del A/H1N1, México había alcanzado notoriedad internacional por el baño de sangre que tiene lugar dentro de su territorio. Los 5 mil 207 asesinados durante 2008 y los 2 mil 4 ejecutados en los primeros cuatro meses de este año alertaron sobre la debilidad del Estado mexicano.

Por supuesto, el narcotráfico existía antes de que Felipe Calderón llegara a Los Pinos, pero su manejo, exitoso en términos de popularidad personal, ha sido un desastre para la seguridad pública. Según Jorge Carrillo Olea (La Jornada, (12/05/09), que algo sabe de estos asuntos, el jefe del Ejecutivo abrió una guerra sin información, sin plan y sin cálculo de consecuencias. No sabe adónde ir ni cómo ejercer el mando; no ha tenido la capacidad para controlar sus huestes. Las bases, mandos básicos y medios de las fuerzas armadas están en un estado de ánimo bajísimo y una situación moral deplorable. Tienen miedo a cumplir misiones inexplicadas y sin objetivos claros. El solitario de Palacio vive su propio Vietnam, sordo y solitario.

Mientras en México apenas y se tocan las redes y las plazas de Joaquín El Chapo Guzmán, desde Washington se advierte sobre su peligro: lo mismo se le incluye en la lista de Forbes, en la que participan los hombres más ricos del planeta, que la revista Time lo ubica en el sexto lugar de los personajes más influyentes durante 2008. A buen entendedor, pocas palabras, más allá de los halagos y los apapachos públicos, la política mexicana de combate a las drogas está siendo cuestionada en Estados Unidos.

Escándalo tras escándalo, el país se les deshace entre las manos. Vivimos un fin de época. La verdadera senilidad no está en Miguel de la Madrid y sus declaraciones, sino en el conjunto de una clase política que quiere conducir al país mirando únicamente por el espejo retrovisor.

La militarización de la política

Luis Hernández Navarro

Felipe Calderón ha hecho de la guerra contra el narcotráfico el eje de su gobierno. El combate al crimen organizado ha proporcionado a su mandato una vía de legitimación que las urnas le negaron. La militarización de la política le ha dado las herramientas para administrar el país con medidas de excepción. La politización de la seguridad pública le ha facilitado recomponer la cadena de mando-obediencia.

De la misma manera en la que el 11 de septiembre de 2001 le permitió a George W. Bush intentar hacer de la guerra el poder constituyente de un nuevo orden neoconservador, la batalla contra los cárteles de la droga ha posibilitado al jefe del Ejecutivo mexicano tratar de afianzar y perpetuar su gobierno. Pero, en lugar de enviar tropas a Irak y Afganistán, el mandatario mexicano las ha sacado de sus cuarteles para tomar posiciones dentro del territorio nacional.

El Ejército está en las calles de muchas localidades del país, desempeñando funciones que no le corresponden. Ha establecido retenes, toques de queda de facto e inspecciones. Los mandos militares ocupan los puestos policiales. En lo que parece el ensayo general de lo que se piensa hacer en varios estados del norte, en lugares como Ciudad Juárez, Chihuahua, se vive una situación muy cercana a un estado de excepción no decretado por el Congreso.

Día a día Felipe Calderón se presenta ante los medios de comunicación como el comandante en jefe de una gran cruzada nacional. La propaganda nacional lo presenta como el defensor de las familias mexicanas. Sus desplazamientos por el país son organizados con el mayor sigilo. Sus actos públicos son encapsulados por elementos del Estado Mayor Presidencial. Las demandas o protestas en su contra son acalladas por la fuerza pública.

A corto plazo, la politización de la seguridad pública le ha proporcionado al jefe del Ejecutivo saldos positivos. Las encuestas le reconocen niveles de aceptación razonables, aunque han caído sistemáticamente en los últimos meses. Las violentas expresiones de descontento social que se vivieron durante 2006 se han acotado.

Entre las primeras bajas de la guerra en que vivimos se encuentran los derechos humanos. El marco jurídico ha sido transformado en despecho de éstos. En la macabra cuenta de descabezados, cadáveres insepultos y pozoleros que se registra cada día, el asesinato de líderes sociales apenas cuenta. La criminalización de la protesta social avanza cada día.

No parece importarle al jefe del Ejecutivo que al militarizar la política la haya desgastado y degradado. Pareciera ser que le tiene sin cuidado que en plena crisis económica, con la producción nacional estancada, el desempleo creciendo y la válvula de escape de la migración hacia Estados Unidos atascada, sus márgenes de maniobra se hayan reducido. La única salida que vislumbra es intensificar aún más esa guerra.

El último episodio de la politización de la seguridad pública son los reiterados señalamientos sobre el involucramiento con el crimen organizado de siete gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), formulados por distintos dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN). Ciertas o no las acusaciones, más que buscar combatir realmente el crimen organizado, lo que muestran es el deseo del blanquiazul de utilizar la ofensiva antinarco para golpear a sus rivales electorales.

Para Felipe Calderón el futuro inmediato es amargo. Todas las encuestas auguran el triunfo del tricolor en los próximos comicios federales. La pérdida de la mayoría panista en la Cámara de Diputados significará una declaratoria de muerte anticipada del sexenio calderonista, ya de por sí breve.

La única posibilidad de que Acción Nacional remonte electoralmente a corto plazo parece estar en que desde el gobierno federal se desate una furiosa campaña mediática que asocie a destacados políticos priístas con el narcotráfico para deslegitimarlos. El PAN posee una amplia experiencia en campañas electorales negativas y Antonio Solá, el asesor de cabecera del presidente para estos asuntos, sigue teniendo gran ascendencia sobre el hombre de Los Pinos.

Para Calderón, seguir una opción de esta naturaleza implicará quedarse sin aliados y poner en serio riesgo la ya de por sí precaria gobernabilidad existente. No hacerlo supondrá perder la mayoría en San Lázaro, ubicarse en condiciones muy difíciles de cara a los comicios de 2010, en los que se renovará casi la tercera parte de los gobernadores, y quedar preso en las redes del tricolor.

En 2006, al PAN y los poderes fácticos no les tembló la mano para polarizar el país y llevarlo al borde del enfrentamiento violento. A pesar de que el PRI no es López Obrador, la situación no tendría por qué ser distinta en 2009. Más aún si la ruta que se ha trazado desde Presidencia es la de incrementar la presencia de los militares en las calles, mantenerlos lejos de los cuarteles y ponerlos a hacer el trabajo que corresponde a los civiles.

Boletín Informativo ISA núm 634

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. Guerrero: Violencia policial, por Miguel Ángel Granados Chapa

II. Raúl Lucas: siembra de odio, cosecha de ira, por Luis Hernández Navarro

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GUERRERO: VIOLENCIA POLICIAL
por Miguel Ángel Granados Chapa
(publicado en Reforma el 24 de febrero de 2009)

A la par con Chihuahua, Baja California y Sinaloa —las entidades a las que se reduce la violencia homicida, según la diplomacia mexicana—, Guerrero padece altas tasas de criminalidad vinculada con la delincuencia organizada. En la entidad suriana, sin embargo, hay un factor agravante, causa de extrema preocupación. Es el papel que cumplen agentes policiacos, o delincuentes que se disfrazan de tales, y practican levantones que concluyen en homicidios.

Anteayer domingo fueron identificados por sus familiares los cadáveres de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en el servicio médico forense de Acapulco. Sus cuerpos, hallados el viernes 20 en el municipio de Tecoanapa, mostraban huellas de tortura. Habían sido aprehendidos una semana atrás, el viernes 13, en Ayutla de los Libres por tres individuos que ostentaban uniformes de la policía investigadora ministerial que los hicieron subir a un vehículo sin placas.

Raúl Lucas tenía 39 años de edad y Manuel Ponce, 32. Eran presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), un centro promotor de los derechos humanos surgido a raíz de violaciones a las garantías de las personas.

El 7 de junio de 1998, en una escuela de la comunidad de El Charco, fueron muertas 11 personas, en lo que se pretendió hacer pasar como un enfrentamiento entre tropas del ejército mexicano y guerrilleros, si bien quedó claro que sólo hubo fuego por la parte militar, que por lo tanto no sufrió ninguna baja. Tiempo más tarde, en tres comunidades de la misma región 18 mujeres indígenas fueron esterilizadas sin su conocimiento (y en consecuencia sin su consentimiento). La Organización por el Futuro del Pueblo Mixteco actuaba en relación con acontecimientos de esa naturaleza, por desgracia no infrecuentes en parajes alejados. Por eso la presencia de Lucas no era grata a las autoridades. El 18 de octubre de 2006 fue retenido por miembros del ejército y sometido a interrogatorios fuera del marco jurídico. Por ello presentó el 24 de ese mes y año una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los mismos hechos fueron denunciados por el activista ante el Ministerio Público Federal, que abrió una averiguación por abuso de autoridad.

Aunque a menudo fue objeto de agresiones (como un ataque armado el 15 de febrero de 2007, del que resultó ileso), Lucas no cejó en su tarea. El año pasado presentó cinco quejas documentadas ante la propia CNDH, sobre allanamientos, robo, daño en propiedad ajena, retenciones e interrogatorios ilegales practicados por militares en comunidades mixtecas y tlapanecas.

La noche del viernes 13, cuando desaparecieron a manos de presuntos o reales agentes de la Policía Ministerial, el Centro de Derechos Humanos Tlanchinollan solicitó amparo a favor de Lucas y Ponce por incomunicación, posible tortura y privación ilegal de la libertad, y demandó al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo una búsqueda de los desaparecidos en las instalaciones de la Policía Ministerial, de la Municipal de Ayutla, del 48º. batallón de infantería establecido en Cruz Grande y en las oficinas de la PGR en Acapulco y Chilpancingo.

Las familias de los desaparecidos acudieron rápidamente, el 14 de febrero, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pos de medidas cautelares que los protegieran. Ninguna de esas gestiones prosperó de inmediato y se quedaron sin materia cuando fueron hallados los cadáveres.

Es de temer, dados los factores en presencia —militares y agentes ministeriales— que así como no se movió la maquinaria judicial en tratándose de su desaparición, tampoco haya acciones destinadas a averiguar lo sucedido y a castigar a los responsables.

Tal impunidad es pronosticable a la luz del papel que parece estar jugando la Policía Ministerial o grupos en su interior que actúan como en aparente fuera de control. Para citar un ejemplo de gravedad semejante tomamos el caso del profesor Máximo Mojica que a principios de enero fue levantado en Teleoloapan, por individuos encapuchados que actuaban como si fueran agentes de la Policía adscrita a la Procuraduría Estatal. Cuando se disponía a denunciar el hecho, la señora María de los Ángeles Hernández fue también detenida y, con un muchacho que por azar se hallaba a la mano del grupo paramilitar, hecha desaparecer. Días después, sin embargo, aparecieron en manos del Ministerio Público en Acapulco, que solicitó y obtuvo el arraigo de las tres personas.

La semana pasada, el 18 de febrero, el arraigo fue levantado, pues un juez accedió a librar órdenes de aprehensión contra las tres personas, bajo la acusación de haber secuestrado en octubre pasado, en Atoyac, a la profesora Adriana de Jesús.

Al igual que Lucas, que fue hecho desaparecer en circunstancias semejantes aunque su suerte fue peor, Mojica es un activista social: dirige la organización Tierra y Libertad y participa en movimientos de reivindicación magisterial y de solicitantes de vivienda popular.

Además de lo anotado, este fin de semana pasado Guerrero fue escenario de insólitos actos de violencia a los que será necesario referirse con mayor detenimiento.

En la madrugada del viernes, unos 200 militares catearon varios domicilios en Zihuatanejo y detuvieron a varias personas, entre ellas el hijo de un ex alcalde de Petatlán, Francisco Javier Rodríguez Aceves, quien al día siguiente negó que su hijo y él mismo tuvieran nexos con el narcotráfico. Horas después lo asesinaron en su pueblo.

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RAÚL LUCAS: SIEMBRA DE ODIO, COSECHA DE IRA
por Luis Hernández Navarro
(publicado en La Jornada el 24 de febrero de 2009)

La quinta fue la vencida. Cuatro ocasiones anteriores, Raúl Lucas Lucía se había librado de la muerte. Pero el pasado 13 de febrero ya no pudo escapársele. Ese día fue detenido y desaparecido con violencia. Tres días más tarde fue asesinado. Sus restos aparecieron ocho días después. Su cuerpo tenía huellas de tortura y tiro de gracia. La misma suerte sufrió su compañero Manuel Ponce Rosas.

Insumiso, desde hace 10 años Raúl vivía acosado por el poder. En 1999, poco después de la matanza de El Charco, el ejército mexicano lo torturó y amenazó. En septiembre de 2001 nuevamente fue torturado por militares en su comunidad, junto a sus hermanos y cuñado. El 18 de octubre de 2006, después del paso de la otra campaña por la comunidad mixteca de El Charco, recibió amenazas de los soldados. El 15 de febrero de 2007 fue herido de bala en el cuello durante una emboscada que casi le costó la vida.

La quinta fue la vencida. El pasado 13 de febrero, Raúl y Manuel participaban en un acto oficial para inaugurar la construcción de edificios escolares en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, junto con otras 35 personas. Recién acababa de pasar la una y media de la tarde cuando tres sujetos con armas largas llegaron, gritando policía. Los golpearon en la cabeza, los sacaron de la reunión a rastras para meterlos en una camioneta Liberty negra que los esperaba con el motor encendido y se los llevaron con rumbo desconocido.

Media hora después, Guadalupe Castro Morales, esposa de Manuel, recibió una llamada a su celular proveniente del teléfono de su marido. Cuando ella respondió, una voz masculina le advirtió: No empieces a chingar. Quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto les pasa por defender indios. No se supo más de ellos, hasta el 21 de febrero en que sus restos fueron encontrados.

Raúl Lucas García y Manuel Ponce Ríos eran indígenas, mixtecos, guerrerenses y pobres. Raúl era presidente de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos (OIPM) y Manuel, el secretario. La organización, nacida en 2002 de las comunidades sembradas entre profundas barrancas y grandes cerros, tiene su base en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Se dedica a defender los derechos de los pueblos indios de la región, a denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren y a gestionar proyectos productivos y de bienestar social para los nu’saavi.

La OIPM proviene de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), fundada en 1994. De esta última surgió, también, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, que actualmente tiene a cinco de sus integrantes recluidos en el penal de Ayutla, y que han sido adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional. Ambas uniones indígenas trabajan de manera coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Raúl era oriundo de la comunidad de Roca Colorada, en la región mixteca de Ayutla de los Libres. Durante muchos años luchó por el beneficio de las comunidades indígenas. Cuando fue nombrado presidente del comisariado de Coapinola defendió los bosques contra la tala ilegal de la madera que llevaban a cabo empresas que saqueaban la riqueza forestal sin permiso del comisariado. Con éxito, encabezó la lucha de las comunidades mixtecas de su municipio en contra del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede).

El asesinato de Raúl y Manuel es el más reciente episodio de la cosecha represiva de El Charco. Ellos son las dos últimas víctimas de una saga macabra que se remonta casi 11 años atrás. En la madrugada del 7 de junio de 1998, mientras dormían en la escuela primaria Catarino Maldonado, 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM fueron ejecutados —algunos sumariamente— por soldados. Los campesinos pertenecían a la OIPMT. El general Juan Alfredo Oropeza Garnica, jefe de la 27 zona militar, estuvo al mando del operativo. Ernesto Zedillo era presidente de la República. El gobierno quiso presentar la matanza como un enfrentamiento entre el ejército y guerrilleros.

La lista de dirigentes indígenas regionales muertos violentamente desde entonces es larga. Entre muchos otros forman parte de ella Galdino Sierra Francisco, tlapaneco de Barranca de Guadalupe, miembro de las Comunidades Eclesiales de Base, asesinado en abril de 2000. Donaciano González Lorenzo, ejecutado en enero de 2001. Y Andrés Marcelino Petrona, dirigente mixteco de El Charco e integrante del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, baleado el 26 de agosto de ese mismo año.

En una de muchas otras denuncias hechas en los últimos años, Raúl Lucas explicó cómo militares y policías han entrado en al menos 20 de las 28 comunidades mixtecas de Ayutla. Contó que en los pueblos La Fátima y Vista Hermosa los soldados llevan dulces a los niños, pero luego les preguntan si han visto a guerrilleros o a narcos. Explicó cómo en esas incursiones cerca de 100 uniformados a unos les robaron cultivos de caña y a otros los quisieron vincular con organizaciones guerrilleras como el ERPI o el EPR y, en el peor de los casos, con narcotráfico.

Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en poblaciones mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales. Los abusos no cesaron.

Los homicidios de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Ríos son un paso adelante en la guerra de intimidación en contra de las comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica. Dos hombres, dignos y valientes, defensores de los derechos de los pueblos indios, fueron salvajemente eliminados. En la región, los militares han sembrado odio, violencia, muerte, robo de cosechas, abusos. Le han echado gasolina al fuego. Que nadie se extrañe cuando se levante una cosecha de ira.

Teotihuacán: patrimonio histórico y rapiña comercial

Luis Hernández Navarro

Resplandor teotihuacano es un espectáculo multimedia estilo Televisa con el que se busca convertir el pasado prehispánico en show y la difusión de la historia en negocio para inversionistas privados. No se trata de un hecho aislado: es la última embestida de empresarios y políticos para beneficiarse del patrimonio histórico del país.

Resplandor teotihuacano es una agresión al patrimonio histórico que, en nombre del “progreso”, viola la legislación vigente. Los hechos son incontrovertibles. La instalación de luminarias y rieles para el espectáculo de luz y sonido en las pirámides del Sol y la Luna han dañado los estucos y estructuras de los monumentos precolombinos. Como han señalado investigadores y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) los promotores del negocio ni siquiera cuentan con un guión académico terminado.

El 31 de octubre de 1977 se publicó en el Diario Oficial un acuerdo por el que los museos nacionales y regionales, así como los monumentos arqueológicos e históricos y las zonas de monumentos arqueológicos, dependientes del INAH, no serán utilizados por ninguna persona física o moral, entidad federal, estatal o municipal, con fines ajenos a su objeto o naturaleza. Estos fines se establecen en la Ley de Monumentos Históricos.

Resplandor teotihuacano viola flagrantemente ese decreto y esa ley. Aunque las autoridades del INAH parecen no darse cuenta, en ninguna legislación se establece que el objetivo de las pirámides sea el de entretener turistas con pasatiempos inspirados en Las Vegas.

La ofensiva del capital inmobiliario, la industria turística y los políticos contra el patrimonio histórico y cultural protegido por la legislación federal viene de muy atrás. Para ellos es inadmisible que esos bienes no puedan convertirse en mercancías con las que obtener beneficios privados. Exigen, reiterada y sostenidamente, de manera abierta o soterrada, su desamortización. Unos quieren hacer negocio y lo quieren hacer ya. Otros desean invertir obras que le den lustre a sus administraciones, sin importarles que se destruyan inmuebles de indudable valor.

El decreto del 31 de octubre de 1977 fue promovido por el director del INAH, Gastón García Cantú, para contar con un paraguas jurídico que protegiera a los monumentos arqueológicos e históricos. Contó con el aval de la comunidad científica, académica y laboral del instituto.

Entonces, tal como sucede ahora, las presiones ilegítimas contra el patrimonio cultural eran incontenibles. Las anécdotas dan para un libro. Por ejemplo, el entonces gobernador de Puebla quería deshacerse de un edificio del siglo XVII, en el que se había albergado el primer colegio de estudios superiores de esa entidad porque, según él, “estorbaba y ya no servía”.

En Hidalgo, uno de los precandidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura deseaba efectuar su toma de protesta entre los Atlantes de Tula, el centro prehispánico más importante de la entidad, acompañado de la agrupación de charros, cabalgando briosos equinos.

Era frecuente que las distinguidas señoritas de la alta sociedad de diversas entidades utilizaran los monumentos históricos para sus fiestas de quince años o bodas. También que se celebraran en ellos banquetes y festividades de todo tipo, con cualquier pretexto.

El empleo abusivo de los monumentos históricos provenía de lo más alto de la nomenclatura política. Carmen Romano de López Portillo, esposa del entonces jefe del Ejecutivo, gustaba convocar a animadas francachelas en el Castillo de Chapultepec. Un buen número de trabajadores de intendencia eran contratados para atender a distinguidos visitantes, entre los que se encontraba el ilusionista Uri Geller, quien deslumbraba a los invitados doblando con la mente cucharas que pertenecieron a Maximiliano y Carlota. A decir de los custodios, las recepciones eran bastante divertidas. Las armaduras de los conquistadores amanecían con sendos vasos de jaibol en la mano, y las habitaciones de su majestad con vestigios de uno que otro revolcón. Al lado de paredes forradas con tela de seda se instalaban las cocinetas con las que se guisaban los alimentos para la cena.

García Cantú narró en varias ocasiones cómo las escandalosas fiestas de la primera dama en el Museo Nacional de Historia lo llevaron a buscar una entrevista con el presidente López Portillo, de la cual surgió la propuesta de emitir el decreto. Según él, en una reunión con el mandatario en la que también participó Porfirio Muñoz Ledo, entonces secretario de Educación Pública, le expuso al jefe del Ejecutivo la imposibilidad de otorgar el permiso para efectuar la recepción. El Presidente le respondió que el cuerpo diplomático ya había sido convocado y, por tanto, no se podía cancelar el acto. García Cantú insistió en que el castillo estaba en peligro y le propuso que el Ejecutivo federal expidiera un acuerdo prohibiendo que los centros históricos o prehispánicos sean sitios de reuniones sociales. López Portillo aceptó, aunque la pachanga de su consorte no fue cancelada.

Pese a la prohibición expresa, esas cenas y reuniones se han seguido haciendo para beneficio de sus patrocinadores. Sin ir más lejos, Marta Sahagún se apropió sin pudor alguno el alcázar para recaudar fondos para su fundación, con el gancho de un millonario concierto de Elton John. Ahora se quiere usar la zona arqueológica de Teotihuacán para montar un espectáculo que daña y desnaturaliza el sitio.

La lógica de la preservación responsable del patrimonio histórico es contrapuesta a la de su utilización para hacer negocios privados. Los inversionistas quieren ganancias rápidas y los políticos como Enrique peña Nieto hacerse publicidad. Para el pueblo mexicano su conservación tiene un enorme valor e importancia. Ésta debe efectuarse con integridad y respeto. En Teotihuacán la rapiña comercial pretende usufructuar y desvirtuar un bien común. Impedirlo no es asunto banal ni secundario.

CNTE: 29 años

Luis Hernández Navarro

Hace 29 años nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El encuentro fundacional se efectuó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 17 y 18 de diciembre de 1979. Desde entonces, año con año, el movimiento magisterial democrático ha protagonizado importantes luchas en el ámbito laboral y político.

La CNTE se formó promovida por vigorosos movimientos regionales de maestros en estados como Chiapas, Tabasco, la Montaña de Guerrero y La Laguna. Demandó un aumento salarial de 30 por ciento, rezonificación por vida cara y democracia sindical. No fue producto de la iniciativa de algún partido o grupo político.

De hecho, las corrientes sindicales que actuaban en el interior del sindicato, incluyendo algunas con muchos años de actividad, quedaron relegadas ante el vertiginoso empuje de los profesores de base. Su nacimiento permitió que esas luchas locales rompieran su aislamiento, extendieran la protesta a otros estados y se proyectaran a nivel nacional.

La Coordinadora se definió a sí misma como una fuerza democrática e independiente que luchaba dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), claramente diferenciada de Vanguardia Revolucionaria y los partidos políticos. Era una fuerza formada por los maestros de base organizados en consejos centrales de lucha (CCL), grupos promotores y corrientes sindicales.

Dominaba la dirección gremial desde 1972 Vanguardia Revolucionaria. Su dirigente, Carlos Jonguitud Barrios, controlaba el sindicato con mano de hierro, grupos de golpeadores y un sistema de canonjías a sus incondicionales, entre las que se encontraban las dobles plazas, las licencias sindicales con goce de sueldo, los créditos y los programas de vivienda. El SNTE formaba parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Gobernaba el país José López Portillo. La propaganda oficial anunciaba que México nadaba en petróleo y se debía preparar para “administrar la abundancia”. Pero lo salarios de los trabajadores de la educación eran raquíticos y la inflación en los estados donde se explotaba el oro negro los hacían aún más precarios. “País petrolero, maestro sin dinero”, coreaban los mentores en sus protestas.

Se acababa de aprobar una reforma política que legalizó al Partido Comunista Mexicano (PCM). Los maestros pertenecientes a grupos más radicales temían que esa legalización implicara que, a partir de ese momento, la lucha social se rigiera por criterios parlamentarios, dando al partido y a sus aliados el monopolio de la interlocución de la lucha reivindicativa.

En 1979, la insurgencia obrera de los años 70 había sido derrotada. La inmensa mayoría de las tendencias sindicales democráticas que actuaban en el interior de los grandes sindicatos nacionales habían fracasado en su intento de remover a los líderes venales. Así había pasado con los electricistas y los metalúrgicos. El entorno gremial en el que la CNTE desplegaba su lucha era desfavorable.

Han pasado 29 años desde entonces. Han gobernado al país seis presidentes de la República de dos partidos diferentes. Una y otra vez, mandatarios y funcionarios en turno, aliados con los charros sindicales, han tratado de acabar con la Coordinadora. Decenas de sus dirigentes ha sido asesinados, encarcelados o despedidos. Pero no han podido: el movimiento sigue. Con altas y bajas, transformándose y reinventándose en el camino, la CNTE ha sobrevivido y se conserva como una poderosa organización sindical.

En muchos lugares las organizaciones que la integran son una formidable escuela de democracia y ciudadanía. Son una isla en el mar de corrupción del sindicalismo nacional y una fuerza anticorporativa. Reivindican la dignidad del magisterio. Cuando han ganado las secciones sindicales del sindicato, su gestión ha sido, en lo esencial, honesta. En algunos estados se han convertido en sujeto pedagógico alternativo.

En el camino, una parte de sus dirigentes han formado, dirigido o asesorado organizaciones urbano populares y campesinas. Los maestros democráticos siguen comportándose, en las zonas rurales, como intelectuales orgánicos del campesinado. Otros se han incorporado a los principales partidos de izquierda. Unos cuantos han sido diputados y funcionarios públicos. Su compromiso, constancia y paciencia con la causa democrática y popular son asombrosos. La lucha de muchos sectores subalternos en el país sería incomprensible si no se contempla en su análisis el papel que han desempeñado en ellas los trabajadores de la educación democráticos.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. Algunos de ellos han sido cooptados, sobre todo a partir de 1989, por Elba Esther Gordillo. Otros han traicionado a sus compañeros y se han convertido en todo aquello contra lo que siempre lucharon. Algunos más hasta, como sucedió con Solidaridad campesino-magisterial de Chiapas, se volvieron paramilitares.

A lo largo de los últimos dos años la CNTE ha desempeñado un papel central en la resistencia contra la Ley del ISSSTE y en el rechazo a la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE). Sus integrantes fueron la columna vertebral en la oleada de amparos contra la reforma y para boicotear la afiliación al sistema de pensiones privado. Desde comienzos de este años escolar han estado en primera línea en la defensa de la educación pública y el normalismo.

A 29 años de formada, la Coordinadora está más viva que nunca. Ha superado la prueba del tiempo. Cuenta con una dirección estable y objetivos de lucha claros.

ACE: los que miran hacia el otro lado de la frontera

Luis Hernández Navarro

Quienes promueven la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE) ven hacia Estados Unidos. Su mirada no busca recuperar las mejores tradiciones pedagógicas nacionales. Tampoco reflexionar sobre las prácticas educativas exitosas de los países de excelencia académica. No. Su pretensión es otra: quieren copiar la reforma pedagógica impulsada por la administración de George W. Bush y reproducir la experiencia de los cristianos fundamentalistas en la construcción de una base social desde los consejos escolares.

Lo hacen a pesar de que la calidad de la educación en el país del Tío Sam dista de ser ejemplar, no obstante sus escuelas de excelencia. Estados Unidos ocupa el lugar número 28 entre 40 naciones en la enseñanza de matemáticas, y se gradúan sólo 75 por ciento de los alumnos que cursan la preparatoria.

En 2001 se aprobó en Washington la legislación Que Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left Behind, NCLB, por sus siglas en inglés), ley federal cuyo objetivo es mejorar la educación de todos los niños y medir la calidad de la educación a través de exámenes estandarizados de opción múltiple, responsabilizando a las escuelas por los resultados escolares; formalmente ofrece más opciones a los padres.

Muchos de los elementos que integran la ley Que Ningún Niño se Quede Atrás están presentes en la ACE, de México. Sea en el espíritu o en la letra, ambos proyectos son almas gemelas. Más aún, el programa educativo mexicano parece, en momentos, copia directa de la de nuestro vecino.

Que Ningún Niño se Quede Atrás ha recibido fuertes críticas de pedagogos, maestros, padres de familia y directivos. Importantes estudios muestran que, más allá de sus declaraciones a favor de la calidad educativa, sus resultados son pobres y limitados, cuando no francamente contraproducentes. (Véase Linda Darling-Hammond, “Evaluating No Chlid Left Behind”, The Nation, 2/5/07.)

Detrás de la ley estadunidense se encuentra la pretensión de subvalorar la educación pública. Los mecanismos de evaluación sesgados que se han utilizado han servido para mostrar que ésta es de pobre calidad. Han dado argumentos a quienes promueven los vales escolares, iniciativa que otorga subsidios para que las familias puedan enviar a sus hijos a escuelas privadas, en detrimento de las públicas. En México, se trata de un anhelado sueño panista; es su versión de la gratuidad de la enseñanza.

Las denuncias sobre las tendencias privatizadoras ocultas en esta legislación provienen no nada más de la izquierda estadunidense, sino del mundo conservador. Por ejemplo, Susan Newman, subecretaria de Educación Primaria y Secundaria durante el primer gobierno de Bush (2000-2004), señaló que importantes funcionarios dentro de esa administración vieron en NCLB un caballo de Troya para impulsar su propia agenda, “una forma de mostrar las fallas de la educación pública y reventarla” desde adentro. La ex subsecretaria asegura que entre los promotores de la ley hay “personas empujando duro a favor de las fuerzas del mercado y la privatización” de la educación (Time, 8/6/08).

Los críticos de Que Ningún Niño se Quede Atrás, al igual que los maestros que en México se oponen a la Alianza, advierten que los instrumentos de evaluación de ambos modelos educativos se concentran en realizar pruebas cuantitativas, más que en proporcionar las herramientas adecuadas para medir la formación y el desempeño académico. Bajo este sistema, los maestros se concentran en que los estudiantes memoricen las respuestas correctas en los exámenes, en lugar de comprender a profundidad los contenidos educativos para ser capaces de aplicarlos creativamente a la hora de enfrentar retos similares que acontecen en la vida cotidiana.

Las naciones de altos niveles educativos privilegian en su currícula el desarrollo del pensamiento crítico y la solución de problemas, usando exámenes que obligan al estudiante a investigar, a resolver desafíos del mundo real y a defender ideas propias de manera oral y escrita. Estos criterios nada tienen que ver con los exámenes de opción múltiple estandarizados.

Por supuesto, alrededor de la capacitación para aprobar las pruebas estandarizadas florecen magníficos negocios privados. Neil Bush, el hermano del presidente de Estados Unidos, montó Bush’s Ignite! Inc, empresa dedicada a esta actividad, que le ha prodigado ganancias millonarias. (BusinessWeek, octubre 16, 2006.).

Pero las semejanzas de la Alianza para la Calidad de la Educación con el modelo conservador estadunidense rebasan el marco estrictamente normativo. La ACE abre a la iniciativa privada y a sus asociaciones civiles un enorme espacio para participar en la gestión de la escuela mediante los consejos escolares, y desde allí crear clientelas políticas. Por eso el entusiasmo de las cámaras patronales con ella.

En Estados Unidos los cristianos fundamentalistas han buscado conquistar los consejos escolares para impulsar sus valores y su moral. Desde allí se han dotado de una base social significativa. La derecha religiosa controla ya 15 por ciento de los consejos escolares de esa nación. Utilizando las posiciones de poder que ocupan en esos consejos, promueven la educación religiosa en las escuelas públicas. Ponen en duda la teoría de la evolución de Charles Darwin. Reivindican el creacionismo (creencia inspirada en dogmas religiosos que sostiene que la Tierra y cada ser vivo son obra de Dios) como una enseñanza igualmente válida a la de cualquier conocimiento científico. Buscan imponer a otros su moral religiosa y su doctrina teológica.

Quienes defienden la Alianza en México viendo hacia el Norte copian una política pública que no mejora la calidad de la educación. Se trata de un modelo para que algunos hagan grandes negocios y la derecha construya desde las escuelas una base social de la que, hasta ahora, carece.