“Sin justificación, que la SEP deje fuera la filosofía”

*Error, desproteger a la sociedad al suprimir la formación humanística, dicen en carta a Székely
Académicos demandan preservar disciplinas filosóficas en escuelas
*La SEP debería incluirlas como obligatorias en programas de bachillerato nacionales, afirman

El ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova, en imagen de archivo. El investigador se ha manifestado en contra de eliminar materias filosóficas en el bachillerato.Foto Carlos Cisneros

Karina Avilés

En una carta enviada al subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely, integrantes de la comunidad filosófica y académica del país, entre ellos Pablo González Casanova, Adolfo Sánchez Vázquez y Luis Villoro, expresaron que “des- de la República Restaurada hasta la actualidad, la filosofía ha sido uno de los principios rectores de los planes de estudio del bachillerato; sin embargo, hoy, por primera vez, en forma inconsulta e injustificada se decide eliminar las materias filosóficas” de la reforma educativa a nivel preparatoria.
Luego de destacar que los rasgos generales de la llamada Reforma Integral de Educación Media Superior (RIES) se fundamentan en indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de los acuerdos de Bolonia para la Unión Europea, subrayan que México debe hacer su propia transformación, después de un debate donde “aflore el tipo de país que deseamos construir, partiendo de las características propias como nación”.
En la misiva enviada al subsecretario Székely el pasado 23 de abril, avalada por representantes de asociaciones, universidades, centros, seminarios y destacados académicos como Juliana González Valenzuela, Octavio Rodríguez Araujo, Enrique Dussel, entre muchos otros, señalan que el gobierno mexicano no puede ir en contra de los principios y orientaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los cuales impulsan la enseñanza de la filosofía no solamente en el nivel medio, sino en todos los ámbitos de la sociedad.
Sostienen que en contra de la tradición histórica y fructífera del México moderno y de las recomendaciones de la UNESCO, la RIES “impulsa la desaparición paulatina de la filosofía” y contribuye a su desaparición en las universidades.
Enfatizan que no debe abandonarse la formación humanística y filosófica del joven bachiller en un país donde los problemas sociales, económicos, políticos, culturales, ecológicos, están a la orden del día.
“No debe desprotegerse a la sociedad suprimiendo la reflexión filosófica y humanística en un nivel educativo formado por millones de jóvenes mexicanos de entre 15 y 18 años de edad, a punto de ser ciudadanos votantes, a punto de emprender una profesión…”
Y advierten que de continuar con la eliminación de disciplinas filosóficas –lo cual ha sido una tendencia en las últimas dos décadas–, “esta reforma estaría atentando contra una educación que ponga como centro la humanización de los seres humanos” en un mundo que ha propiciado enormes desigualdades, destrucción de los sistemas ecológicos, automatización, problemas en bioética, crisis de los valores y un complejo tránsito hacia una nueva democracia.
Por lo anterior, se pronunciaron “enérgicamente” en contra del desplazamiento y la desaparición de las disciplinas filosóficas” y reiteraron su exigencia a la Secretaría de Educación Pública de que las incluya como disciplinas básicas y obligatorias en los planes y programas de estudio de nivel medio superior en todo el país.

La UNAM, en riesgo por la crisis

Editoral

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), Agustín Rodríguez, advirtió ayer que unos 40 mil alumnos que se encontraban matriculados en instituciones educativas privadas han buscado continuar su educación en la máxima casa de estudios, y atribuyó tal cambio a la crisis económica presente.
El dato desmiente las opiniones que el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, formuló hace un par de semanas, pues da cuenta del efecto devastador de esa crisis en las clases medias y medias altas, lo que es indicativo del desempleo que afecta o que afectará en el futuro inmediato a docentes y administrativos de las escuelas privadas –y no sólo en los niveles medio superior y superior–, y plantea, para las universidades públicas, empezando por la UNAM, un riesgo que no debe ser soslayado: el incremento súbito y masivo de la demanda de plazas, el consiguiente aumento en el número de rechazados (pues estas instituciones no pueden extender de la noche a la mañana sus cupos) y la gestación de brotes de descontento de jóvenes y padres de familia que, sin una comprensión cabal e integral de la circunstancia por la que atraviesa el país, podrían derivar en la exigencia de una ampliación de la matrícula.
De ocurrir, esas previsibles presiones sociales sobre el sistema público de educación superior se presentarán en un entorno particularmente adverso para ellas, habida cuenta de que, ante la inflación y la devaluación, los recursos que les fueron otorgados para el presente año resultarán por demás insuficientes para cubrir sus gastos operativos en los actuales niveles de cobertura. A los obstáculos de la presente coyuntura ha de agregarse el rezago provocado en la educación superior del país por décadas de una política económica neoliberal y privatizadora aún vigente, que ha relegado a las universidades públicas y propiciado la proliferación de empresas o de organismos privados que instauran planteles carentes, en muchos casos, de calidad académica, que aportan muy poco o nada a la investigación –uno de los motores del desarrollo y, por extensión, de la recuperación económica– y que, en la presente circunstancia, ante la imposibilidad de muchas familias de pagar las cuotas correspondientes, expulsarán a una porción aún indeterminada de su población escolar hacia las instituciones del Estado.
Tales consideraciones deben llevar al gobierno federal a cobrar conciencia de la importancia de las instituciones públicas de enseñanza media superior y superior como factores irrenunciables de la economía y del desarrollo, pero también como mecanismos de amortiguamiento social. En este sentido, sería pertinente, así fuera como medida de contención de la crisis, emprender el establecimiento de nuevas universidades públicas –en la capital de la República se ha fundado sólo una en casi cuatro décadas– que amplíen la cobertura, ofrezcan alternativas a los estudiantes de familias depauperadas, contribuyan a elevar el nivel educativo general del país y absorban una demanda que, de otro modo, puede convertirse en un acoso social indeseable para las instituciones existentes.
En suma, al igual que en el conjunto del quehacer gubernamental, en materia de educación superior es también necesario un viraje de rumbo: ante las preocupantes perspectivas que enfrentarán la UNAM y el resto de las universidades públicas, los funcionarios del sector educativo tendrían que acusar recibo de las dimensiones del problema y abstenerse, en lo sucesivo, de minimizar o negar la realidad.