Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.MÉXICO, D.F., 28 de mayo.- Sin parar, el gobierno federal entiende de la aplicación de una sola política de Estado por encima de cualquier acontecimiento o asunto, por grave o relevante que éste pueda llegar a ser. Es la clara “percepción” de la existencia de un gobierno monotemático.
Esta unidimensional política se concentra en la justificación del uso de la violencia para enfrentar a la violencia. Y de allí no salen, a pesar de que desde distintas visiones, y aun desde insistentes propuestas, se ha convocado a redefinir esta política ciega para enfrentar mejor los grandes y agudos problemas de educación, salud, trabajo, crisis económica y pobreza que, de atacarse en serio, podrían generar mejores condiciones para hacer frente al crimen organizado. Lo mismo hicieron el gobierno de Uribe en Colombia, el de George W. Bush en Afganistán, y el de su padre George H. W. Bush en Irak, para meter a sus países en guerras sin salida con altos costos para la población civil.
Este discurso único se expresa, por supuesto, en las acciones de las estructuras del gobierno y de las secretarías que se encargan de aplicar programas y recursos. Por ejemplo, también en la educación todo se organiza para ser monotemático y estándar. Los aprendizajes, los nuevos conocimientos, la ciencia y la tecnología deben estar por atrás del crecimiento presupuestal a favor del aparato policiaco y militar. Asimismo, el tema de la violencia ya es la prioridad de la política educativa, con todo y que esto se exprese de manera enredada con un discurso que da cuenta de los nuevos términos para atender el problema educativo, como el de “daños colaterales” o “bajas civiles”, con los que se han buscado tapar los excesos militares y policiacos en los casos de los jóvenes muertos del Tecnológico de Monterrey, de los de Ciudad Juárez, del estudiante de la UNAM, de los niños de la guardería ABC, o en el contexto cada vez más deprimente que se cierne sobre las escuelas y universidades.
La violencia hacia y dentro de las escuelas también se expresa en las formas impositivas y autoritarias que pesan sobre la educación y la labor docente, y quizás éstas lleguen a tener mayores consecuencias en el mediano plazo. Durante los años que lleva este gobierno, lo que se ha promovido es la más aberrante confabulación de intereses particulares por encima del bien social de la educación, a través de la cual se impulsan políticas de carácter conservador y pruebas estándares que obligan a estudiantes y maestros a memorizar respuestas sólo para pasar exámenes y no para saber o para mejorar sus conocimientos.
La imposición de tendencias homogeneizantes en la educación evita la diversidad; también entorpece las prácticas democráticas y la posibilidad de impulsar una reforma educativa que evite profundizar la segregación de poblaciones enteras, como está ocurriendo ahora. En lugar de que la escuela pueda ser considerada como un espacio abierto al conocimiento, el autoritarismo está conduciendo a la estandarización cultural y a la extensión de la ignorancia. Se ha llegado al límite de la educación más tradicional, en la que alumnos y los maestros se organizan para pasar exámenes y no para aprender, en gastar recursos para dotar de tecnologías a las escuelas, cuando no se ha alcanzado la justicia distributiva y el acceso universal en todos los niveles educativos, en uniformizar al alumno para que adquiera determinadas competencias que se pretenden adecuadas a un mercado laboral marginal, y para que los alumnos aprendan a repetir una enseñanza obsoleta.
La calamidad es que con eso sólo se desvía la solución de los grandes problemas de la educación y del país, bajo la lógica de un pensamiento único tropicalizado que busca enraizarse y legitimarse.
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