Fracaso educativo y precandidatos

Elba Esther Gordillo, líder del SNTE.

Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., (Proceso).- El fracaso de los gobiernos que se han padecido desde hace décadas puede medirse sobre todo por lo que se ha dejado de hacer en educación. Ni las decenas de miles de muertos ni otros “efectos colaterales” nos aproximan a ver la magnitud de ese fracaso –por el que se habla de un “Estado fallido”– como la pérdida de generaciones enteras de niños y jóvenes dejados en el vacío.

Lo que ha estado ocurriendo en el sistema educativo nacional tiene graves repercusiones en el desarrollo del país y en las condiciones de vida de los ciudadanos y sus destinos. De manera que, en un balance del actual gobierno, debe decirse que su mayor error fue ahondar el desastre educativo que le heredaron sus predecesores.
Los hechos se han sumado de forma dramática e irracional. El contubernio entre la alta jerarquía de la SEP con el SNTE, las corruptelas y triquiñuelas con las que se han manejado los recursos a favor de los intereses antieducativos de esta alianza en estados y municipios, la demagogia constante de sobornos retóricos que traen consigo jugosas ganancias, el desdén hacia la opinión pública cuando se descubren transas como la venta de exámenes para los maestros, o la multiplicación de evidencias que dan cuenta de que año con año los estudiantes y sus maestros no tienen conocimientos elementales, y que la escuela no da para que salgan adelante, son hechos que deberían alarmar a cualquiera.
La más reciente demostración de que la SEP y sus aliados no tienen ni la menor idea de lo que hacen es la propuesta enviada a la Cámara de Senadores denominada “Reforma Integral de la Educación Básica”, que tiene como objetivo “articular” el conjunto de los ciclos de este nivel. Entre otras cosas, la SEP, de forma increíble, se ha dado apenas cuenta de que el denominado sistema educativo nacional no es sistema ni es nacional, porque ha estado totalmente desarticulado, y ahora la genial idea será “articularlo” de aquí al 2030.
En la propuesta se dice que esta reforma estará “orientada al desarrollo de competencias, referida a un conjunto de estándares de desempeño, comparables nacional e internacionalmente”. Además de todas las críticas que se han hecho durante el sexenio (véanse, por ejemplo, las muy destacadas del Observatorio Filosófico de México) por adoptar la “moda” de las “competencias”, uno debe preguntarse respecto del tipo de estándares que se quieren aplicar en los planes y programas de estudio que se desplegarán desde preescolar hasta secundaria: ¿los de la realidad de Chiapas, o los de la ciudad de Chihuahua, los de Inglaterra, los de Shangai (que obtuvieron los primeros lugares en desempeño de sus estudiantes en la prueba PISA de 2009) o los de Finlandia, país que ha ocupado los primeros lugares como sistema educativo integral en las pruebas internacionales? ¿Cuál es el estándar que va servir para evaluar los conocimientos que se adquirirán por la vía de un currículum de competencias genérico entre los niños indígenas de la Sierra Mixe de Oaxaca y los de Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México?
No es posible “transformar la práctica docente para que transite (…) al énfasis en la generación y acompañamiento de los procesos de aprendizaje” cuando menos del 10% de los aspirantes a plaza de maestro en la educación básica cuentan con las “competencias” que se describen como estándares. Igualmente improbable es que la propuesta “articuladora” del nuevo sistema educativo “resignificará la educación básica, particularmente la de sostenimiento público”, cuando Felipe Calderón está propiciando el desarrollo de la educación privada por medio de estímulos a los contribuyentes, opción que ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años.
Sin embargo, desde la perspectiva de su visión utópica (el 2030), la SEP no se preocupó por definir un escenario de “articulación pedagógica” en este nivel educativo, ni ninguno de los organismos internacionales o nacionales consultados planteó metas por fases de realización, compromisos con los principales actores del sector, recursos que se requerirían y propuestas para modificar los esquemas de desorganización e ineficacia que saldrían a la luz. Y es que la propuesta, que perdió asidero con la realidad, no contó con el debido diagnóstico.
Así como este ejemplo, se han dado continuamente una serie de desaciertos en la materia más importante para alcanzar un nuevo desarrollo, la educación, mientras una exsecretaria del ramo busca ser candidata del PAN a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, quien no atinó a saber lo que significaba la educación nacional ni dejo ningún programa significativo, al igual que el actual secretario, Alonso Lujambio, quien busca la misma candidatura a la silla presidencial y sólo ha utilizado a la SEP como un trampolín político y como espejo de su arrogancia.

Los “ni-ni” y los “no-no”

Jóvenes. Exclusión.

Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 20 de agosto.- La manera como se ha buscado calificar al grupo de jóvenes en condiciones de exclusión social extrema en el país, los “ni-ni”, porque “ni estudian ni trabajan”, es absolutamente equivocada, pues no permite diferenciar los distintos sectores y la diversidad de grupos sociales que se encuentran en una situación de marginalidad para el ejercicio pleno de sus derechos, pero sobre todo porque no propicia la definición del tipo de políticas públicas que deben orientarse para superar o eliminar esta condición.

Efectivamente, entre el 17 y el 20% de los jóvenes en México (de 15 a 24 años) está fuera de las posibilidades de encontrar empleo o acceso a los estudios de nivel post-secundario. En otros países, las tasas de incorporación a los estudios superiores llegan a alcanzar a más del 80% de ese grupo de edad, y sus posibilidades de empleo son mucho más amplias. En algunas naciones de América Latina las oportunidades de formación para los jóvenes son tres veces mayores que las de aquí.

En todos los casos, la disponibilidad de empleos siempre es superior para los más adultos que para los jóvenes. Entre menos edad se tiene, más se dificulta encontrar un empleo seguro y bien pagado. Como tendencia positiva, a mayor nivel de escolaridad, mejores puestos de trabajo y más altas expectativas de ingresos dignos.

En cambio, la falta de educación y de empleo que padecen los jóvenes mexicanos se traduce en inestabilidad social e incertidumbre legal, así como en ausencia de cobertura en servicios de salud y seguridad social. Esta situación es aún mas grave si dichos jóvenes se encuentran en comunidades indígenas, en colonias periféricas y de hacinamiento urbano, donde debido a la pobreza aumenta la frecuencia de la deserción escolar o desescolarización temprana.

Tres cuartas partes de los jóvenes que viven en comunidades indígenas o rurales tienen que trabajar a edad temprana, y muy pocos pueden acceder a aprendizajes significativos de nivel medio o medio superior, más aún si son mujeres. Lo mismo ocurre ahora con los jóvenes marginados de las grandes o medianas ciudades del país que tienen al alcance alguna escuela más cercana, ya que enfrentan obstáculos inverosímiles para poder continuar con sus estudios, y la sociedad y el sistema educativo no les ofrecen un escenario que los ayude a salir adelante a nivel personal o familiar. Lo que se les enseña es insustancial y obsoleto, y una beca efímera y muchos discursos electorales tampoco les solucionan nada.

Aunque a menudo se les califica de forma degradante (“vagos”, “delincuentes”, “drogadictos”, “buenos para nada”, etcétera), no se trata de una población que no quiera estudiar o trabajar, sino de gente con intereses culturales, educativos, económicos y sociales diferenciados. Ahora se les dice los “ni-ni” porque no tienen acceso al mercado educativo, aunque sea público, ni al trabajo y al consumo.

De los millones de mexicanos que se encuentran en esta condición, cerca de medio millón ya están metidos en algún grupo organizado para ejercer la ilegalidad. A ellos no se les considera “alguien”, y se les ha dicho “no” durante toda su vida: no al acceso a la educación y a la cultura; no a la inclusión en la sociedad por alguna razón de vestimenta, de color, de lengua o de aspecto; no a su realización personal. No a lo que aspiren o quieran ser.

Es decir, los “ni-ni” sólo existen a causa de los “no-no”.

Suman 7 millones los 'ninis' en el país, refuta Narro

El rector de la UNAM respondió así a los titulares de Educación Pública y de Gobernación, quienes aseguraron que la cifra de los jóvenes que no estudian ni trabajan es de 285 mil.

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La educación autoritaria

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.

Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 28 de mayo.- Sin parar, el gobierno federal entiende de la aplicación de una sola política de Estado por encima de cualquier acontecimiento o asunto, por grave o relevante que éste pueda llegar a ser. Es la clara “percepción” de la existencia de un gobierno monotemático.

Esta unidimensional política se concentra en la justificación del uso de la violencia para enfrentar a la violencia. Y de allí no salen, a pesar de que desde distintas visiones, y aun desde insistentes propuestas, se ha convocado a redefinir esta política ciega para enfrentar mejor los grandes y agudos problemas de educación, salud, trabajo, crisis económica y pobreza que, de atacarse en serio, podrían generar mejores condiciones para hacer frente al crimen organizado. Lo mismo hicieron el gobierno de Uribe en Colombia, el de George W. Bush en Afganistán, y el de su padre George H. W. Bush en Irak, para meter a sus países en guerras sin salida con altos costos para la población civil.

Este discurso único se expresa, por supuesto, en las acciones de las estructuras del gobierno y de las secretarías que se encargan de aplicar programas y recursos. Por ejemplo, también en la educación todo se organiza para ser monotemático y estándar. Los aprendizajes, los nuevos conocimientos, la ciencia y la tecnología deben estar por atrás del crecimiento presupuestal a favor del aparato policiaco y militar. Asimismo, el tema de la violencia ya es la prioridad de la política educativa, con todo y que esto se exprese de manera enredada con un discurso que da cuenta de los nuevos términos para atender el problema educativo, como el de “daños colaterales” o “bajas civiles”, con los que se han buscado tapar los excesos militares y policiacos en los casos de los jóvenes muertos del Tecnológico de Monterrey, de los de Ciudad Juárez, del estudiante de la UNAM, de los niños de la guardería ABC, o en el contexto cada vez más deprimente que se cierne sobre las escuelas y universidades.

La violencia hacia y dentro de las escuelas también se expresa en las formas impositivas y autoritarias que pesan sobre la educación y la labor docente, y quizás éstas lleguen a tener mayores consecuencias en el mediano plazo. Durante los años que lleva este gobierno, lo que se ha promovido es la más aberrante confabulación de intereses particulares por encima del bien social de la educación, a través de la cual se impulsan políticas de carácter conservador y pruebas estándares que obligan a estudiantes y maestros a memorizar respuestas sólo para pasar exámenes y no para saber o para mejorar sus conocimientos.

La imposición de tendencias homogeneizantes en la educación evita la diversidad; también entorpece las prácticas democráticas y la posibilidad de impulsar una reforma educativa que evite profundizar la segregación de poblaciones enteras, como está ocurriendo ahora. En lugar de que la escuela pueda ser considerada como un espacio abierto al conocimiento, el autoritarismo está conduciendo a la estandarización cultural y a la extensión de la ignorancia. Se ha llegado al límite de la educación más tradicional, en la que alumnos y los maestros se organizan para pasar exámenes y no para aprender, en gastar recursos para dotar de tecnologías a las escuelas, cuando no se ha alcanzado la justicia distributiva y el acceso universal en todos los niveles educativos, en uniformizar al alumno para que adquiera determinadas competencias que se pretenden adecuadas a un mercado laboral marginal, y para que los alumnos aprendan a repetir una enseñanza obsoleta.

La calamidad es que con eso sólo se desvía la solución de los grandes problemas de la educación y del país, bajo la lógica de un pensamiento único tropicalizado que busca enraizarse y legitimarse.

Educación: miserias presupuestales

Campus de la UNAM. Miseria presupuestal.

Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 12 de mayo.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió el pasado 31 de marzo a la Cámara de Diputados los criterios a partir de los cuales negociará el presupuesto para 2011 y, como ha ocurrido en lo que va del sexenio, la educación, la investigación, y particularmente la enseñanza universitaria, siguen sin ser valorados como esenciales, ni mucho menos como importantes.

De acuerdo con el documento que da cumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, durante 2010 el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzará un crecimiento de 4.1%, y se proyecta una inflación de 6.0%. En el análisis no se considera, sin embargo, el aporte al desarrollo que significan la educación o la producción y transferencia de conocimientos y tecnologías, ni el comportamiento del sector social y cultural, aun cuando se afirma que el objetivo de la presente administración federal es el “desarrollo humano sustentable”. Por el contrario, las únicas variables a las que se hace referencia son las macroeconómicas, los índices del precio del petróleo y las alteraciones en los mercados financieros, sobre todo de Estados Unidos.

Entonces, desde las perspectivas tecnocráticas con las que se presentan los criterios de asignación presupuestal para el 2011, se pronostica un escenario según el cual el país continuaría con una tasa “positiva” de crecimiento. No se propone, por ello, ninguna variación significativa al actual régimen fiscal y, para espantar a todos, se exhiben las asignaciones que tendrían, en este escenario inercial, los “programas prioritarios”. Para el caso del sector “educación pública” (ramo 11), la composición del subsidio federal a la educación superior para el próximo año prevé un crecimiento nominal de 4%. Sin embargo, cuando a esta cifra se le considera desde la tasa de inflación prevista, entonces el incremento real para las más importantes universidades públicas del país, así como para otros sectores de la educación, es de 0%.

En lo que respecta a la UNAM, la UAM y el IPN, y en lo que toca a la educación media superior y al conjunto de la educación superior, el presupuesto que se propone para 2011 es de “0%”, aunque suene a chiste. Los incrementos se concentran en la educación tecnológica, con un alza de 267% respecto de 2010, y de 15% en promedio para programas como los siguientes: “habilidades digitales para todos”, “escuelas de tiempo completo”, “prevención de adicciones”...

Sin embargo para cuestiones tan importantes como el mejoramiento de la infraestructura educativa se proyecta apenas un aumento de 7.7%, y para el programa nacional de becas, de 9.5%. Curiosamente, tres programas hacia los que se orientan subsidios que maneja directamente la empresa privada tienen incrementos de 8.0%, como los denominados “innovación para negocios de alto valor agregado”, “desarrollo e innovación en tecnologías precursoras” e “innovación para la competitividad de las empresas”. En contraste, no se muestra ningún crecimiento para el “sistema de becas de recursos humanos de alto nivel” ni para el Sistema Nacional de Investigadores, en donde se concentra el mayor potencial de investigación y producción de conocimientos del país.

Con este primer mensaje, ya sabemos por dónde irá el debate y los jaloneos en la Cámara de Diputados, pero también tenemos una muestra más de que para el sistema educativo y para las universidades públicas no hay más que cortedad de miras, imprudencia y una visión irresponsable.

La bomba demográfica juvenil

Joven detenido en una manifestación del 2 de octubre.

Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 21 de enero.- El nigeriano que falló en su intento de hacer estallar un avión comercial que se dirigía a Estados Unidos es sólo uno de los muchos jóvenes musulmanes dispuestos a atentar contra el imperio; los muertos en las batallas contra el narcotráfico en México son jóvenes; los desempleados con estudios de todo tipo son jóvenes, y, peor aún, este es el sector de la población que alcanzará las mayores tasas de crecimiento en los próximos años.
Según el estudio de Jack Goldstone The New Population Bomb (La nueva bomba poblacional), publicado en la influyente revista Foreign Affairs (enero-febrero de 2010), el crecimiento poblacional juvenil representa el problema más importante para la seguridad internacional y también para la seguridad nacional de los países ricos.
Sustentado en datos provistos por la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el autor señala que los habitantes del planeta pasarán de los actuales 7 mil millones a 9 mil 150 millones en 2050. Sin embargo, cuatro cambios históricos ocurrirán en este periodo: el peso poblacional de los países desarrollados descenderá alrededor de 25%, y el de los países en desarrollo aumentará de manera dramática; la fuerza de trabajo de las naciones desarrolladas dependerá de las subdesarrolladas; la mayoría de los jóvenes y trabajadores se encontrará en los países más pobres, donde se presentan las peores tasas de calidad educativa y de oportunidades de empleo; y, por primera vez en la historia, la mayor parte de la población mundial vivirá en las grandes ciudades de los países más pobres. De acuerdo con sus proyecciones, la expansión económica global y el crecimiento de una clase media con mayores capacidades de consumo se presentarán en Brasil, China, India, Indonesia, México y Turquía.
El envejecimiento de la población en Europa, Canadá, Estados Unidos y Corea del Sur, principalmente, va aparejado al cambio en el modo de producción económica y de organización social, dependiente de la generación de nuevos conocimientos y tecnologías, que se relacionan directamente con las capacidades de los países para ofrecer y mejorar la educación de sus jóvenes y fomentar la investigación científica y tecnológica. Para sostener su población adulta, estos países buscarán incrementar la llegada de jóvenes con el fin de sostener sus tasas de bienestar, salud y servicios básicos.
En la actualidad, 9 de cada 10 niños de hasta 15 años viven en países en desarrollo, y hacia 2050 el crecimiento será absoluto. A Goldstone le preocupa, sin embargo, el gran incremento de los jóvenes en los países de religión musulmana y en los grandes cinturones de miseria de las megalópolis, donde, dice, surgirán bandas de delincuencia organizada, violencia y terrorismo. La orientación del artículo de referencia va dirigido a los tomadores de decisiones de los países desarrollados, para indicarles que, de no fijarse en estas tendencias demográficas, sus políticas serán obsoletas en algunos años, porque el escenario ya es harto distinto del que consideraban hasta ahora.
En México, la población joven está creciendo de manera importante desde principios de la década de los noventa; pero, a diferencia del grupo de edad de 0 a 5 años, que tenderá a disminuir de forma muy considerable en los años por venir, el grupo de población en edades de trabajo y de estudio (15 a 64 años) se mantendrá en aumento hasta 2030. En 50 años este grupo se ha multiplicado por cuatro, con una tasa de crecimiento de 2.4%, lo que equivale a 1.45 millones de personas al año (confróntese México 2030, nuevo siglo, nuevo país, de José Gómez de León, FCE, México, 2000, página 94).
Si a ello se agrega que en esa población se concentran el mayor rezago educativo y la tasa más alta de migración al exterior –con grandes carencias en servicios de salud, vivienda y trabajo–, tenemos que la variable que se presenta en México es representativa de una sociedad a la que no le interesan sus jóvenes y donde las políticas de gobierno se orientan hacia su marginalidad y criminalidad, sin medidas ni programas dirigidos a mejorar sus condiciones de trabajo, de estudio, de vida y de futuro. Por el contrario, es a los jóvenes a quienes se conculcan sus derechos de expresión y de libre y responsable sexualidad, así como a quienes se constriñen sus posibilidades de acceso a la educación y a la cultura.
El 40% de los jóvenes en edad de escolaridad media superior (16-18 años) está fuera de las aulas, y sólo 2% en edad escolar del nivel superior puede acceder a éste. Más de 10 millones de jóvenes no se hallan inscritos en ninguna institución educativa, y quienes pueden mantenerse en algún plantel reproducen deficiencias severas en sus capacidades de lectura y comprensión, así como en la construcción de su proyecto de vida y en el razonamiento crítico y analítico frente a los procesos económicos, sociales y políticos en los que viven. Casi un millón y medio de jóvenes no cuentan con un trabajo estable, y más de 2 millones que realizaron estudios superiores no encuentran un trabajo adecuado.
Efectivamente, estamos frente a una bomba de tiempo, considerada de manera distinta conforme a las orientaciones de gobiernos, países y regiones, pero para nuestro país esta situación rebasa lo meramente demográfico porque tiene que ver con la sustentabilidad, la soberanía, la inversión que se realiza en educación –al igual que en cultura e investigación– y con el principal activo social de México para el presente y el futuro.

Los negocios de la cédula de identidad

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 29 de diciembre (apro).- Considerada como una de las empresas telefónicas consentidas del gobierno de Felipe Calderón, la compañía Axtel, propiedad de Tomás Milmo Santos, ganó –el pasado lunes 14– la licitación para construir la infraestructura informática que integrará a los 105 millones de mexicanos al Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP), mismo que servirá de base para la creación de la cédula de identidad ciudadana, criticada por los partidos de oposición y consejeros del Instituto Federal Electoral.
El contrato por 664.5 millones de pesos que obtuvo Axtel, en sociedad con el consorcio Unisys de México, se suma a una serie de jugosos contratos que ha recibido la compañía del empresario regiomontano, hijo de Tomás Milmo Zambrano y sobrino de Lorenzo Zambrano, el principal accionista de Cementos Mexicanos (Cemex).
Informes bursátiles indican que tan sólo en 2009, Axtel obtuvo contratos por 1 mil 77 millones de pesos en diversos “productos y servicios” ofrecidos al gobierno federal. En plena crisis recesiva, sus ganancias durante el primer semestre de 2009 duplicaron a las registradas en 2008, al ascender a 486 millones de pesos.
El crecimiento de la compañía ha sido espectacular durante el presente sexenio. Al adquirir Avantel, hace dos años, Axtel se convirtió en la segunda compañía de telecomunicaciones, sólo por debajo de Telmex, empresa con la que mantiene una agria disputa por el sistema “el que llama paga”, instaurado por la Cofetel desde 1999.
El 15 de septiembre de 2009, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a Axtel una concesión por 30 años para instalar, operar y explotar una red de televisión satelital, con lo cual se convirtió en el tercer jugador de este segmento, por debajo del sistema Sky, de Televisa, y Dish, propiedad de MVS en alianza con EchoStar y Telmex.
Informes de consultorías como Signals Telecom, Consulting o Banamex Accival pronostican que Axtel podría asociarse con Sky, de Televisa, o con el holding de empresas cableras conocido como Yoo (formado por Cablevisión, Cablemás y TVI, las tres de Televisa, más Megacable) para ofrecer servicios de telefonía móvil convergente con el triple play.
Ahora, Axtel, asociada con Unysis, superó a otros consorcios que licitaron ante la Secretaría de Gobernación y ganó el contrato para configurar todo el sistema de almacenamiento y adquisición de los datos biométricos de los mexicanos, que incluyen la fotografía del rostro, la fotografía del iris de ambos ojos y las huellas dactilares de ambas manos.
Después de postergar en cuatro ocasiones el resultado del concurso, la Secretaría de Gobernación informó que la oferta de 664 millones 594 mil pesos de Axtel y Unysis fue mejor que la de otros 20 consorcios, entre los que se encontraban Telmex, Dies asociada con Hildebrando, propiedad del cuñado presidencial Diego Zavala, la chilena Sonda Pisa, la india Tata y la japonesa Nec.
Datos personales en riesgo
En un comunicado, Gobernación precisó que “la adjudicación de la infraestructura informática contempla la contratación del equipamiento y mantenimiento del centro de datos en las instalaciones de la secretaría, así como el almacenamiento y la adquisición de los motores de búsqueda de los datos biométricos de las personas, que corresponden a la fotografía del rostro, la fotografía del iris y las huellas de los dedos de ambas manos”.
Ante las dudas expresadas por legisladores del PRI y del PRD, así como por comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) por presuntas violaciones a los datos personales y a la privacidad, la dependencia dirigida por Fernando Gómez Mont aclaró que “la empresa ganadora en ningún momento podrá vincular la identidad física de las personas con la identidad jurídica de las mismas, compuesta por los datos asentados en el acta de nacimiento”.
Esta adjudicación incluye la contratación y mantenimiento del equipo del centro de datos de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, el almacenamiento y adquisición de los motores de búsqueda de los datos biométricos y el resguardo de la misma información por parte de las autoridades federales.
Antes de esta segunda licitación, que forma parte del paquete para la creación de la Cédula de Identidad Ciudadana, Gobernación adjudicó a la empresa holandesa Smartmatic la adquisición de 2 mil equipos necesarios para la captura de información. Empresas perdedoras en esta primera licitación, como Cosmocolor, propiedad de Jorge Kawaghi, se inconformaron ante la Secretaría de la Función Pública por el resultado.
En el caso de Axtel y Unysis, hasta el momento no se inconformaron las otras compañías perdedoras, pero existen serias dudas, ya que Axtel no tiene experiencia previa en el manejo de este tipo de información y Unisys es un corporativo creado en 1986 en Estados Unidos, que ha sido señalado por la prensa norteamericana por fallas de seguridad en el manejo de datos cibernéticos.
En 2003 y 2004, la compañía fue vinculada con el escándalo del lobbysta Jack Abramoff, acusado por varios delitos relacionados con sus actividades de gestor en el Congreso norteamericano. Unisys le pagó 640 mil dólares por sus servicios.
En 2007, The Washington Post publicó que el FBI investigó a Unisys por incidentes en el manejo de la base de datos del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. La compañía negó las acusaciones.
Unisys Corporation fue identificada como el proveedor oficial de servicios de tecnología de información para la Convención Nacional del Partido Republicano de Estados Unidos, en el que se presentaron oficialmente los entonces candidatos de 2008 a la presidencia y vicepresidencia, John McCain y Sarah Palin.
El litigio con Cofetel y Telmex
Axtel protagoniza desde hace dos años un agrio litigio en contra de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de los demás consorcios telefónicos, especialmente contra Telmex, por el sistema “el que llama paga”.
Axtel ha litigado ante diversos tribunales en contra de la resolución de la Cofetel que en 2006 asignó una tarifa de interconexión de 2.50 para que los usuarios de telefonía celular no pagaran las llamadas que surgieran desde un teléfono fijo.
Este litigio ha escalado hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, ha colocado en el banquillo de los acusados al presidente de Cofetel, Héctor Osuna, y ha generado un enfrentamiento entre Axtel y Telcel.
La primera compañía alega que el sistema“el que llama paga” es un mecanismo de subsidio para las grandes empresas de telefonía, y reclama de Telcel el pago de 2 mil 300 millones de pesos por tarifas de interconexión que no pagó la empresa sino sus usuarios.
A su vez, el director jurídico de Telcel, Alejandro Cantú, ha revirado señalando que Axtel le debe a su compañía 2 mil 400 millones de pesos, ya que la telefónica de Tomás Milmo sólo paga 50 centavos por minuto por tarifa de interconexión en el sistema “el que llama paga local”, en lugar de la tarifa de 1.90 pesos el minuto.
La disputa está aún en tribunales y ha agudizado las diferencias entre Cofetel y SCT. Un oficio enviado el 29 de octubre pasado por Héctor Osuna al titular de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcaditas, advierte que desde el 22 de abril de 2009 la Séptima Sala dejó “insubsistente” la multa decretada en contra del presidente de Cofetel, y niega que exista una violación a la suspensión provisional del sistema “el que llama paga” a favor de Axtel.
Para la Cofetel, el sistema “el que llama paga” permitió que el servicio de telefonía móvil tuviera un impulso significativo, a tal grado que el número de usuarios de servicio pasó de 3.3 millones en diciembre de 1998 a 47.1 millones en 2005.
“Este comportamiento se debió tanto a la introducción de la modalidad ‘El que Llama Paga’ en el servicio local, que le permite al usuario del servicio local móvil recibir llamadas locales sin cargo alguno, como al esquema de prepago, al hacer posible que el servicio local móvil esté al alcance de un sector más amplio de la población”, advierte un análisis de Cofetel entregado a Proceso.
Ante el litigio de Axtel, la Cofetel alega que el esquema conocido como “El que Llama Paga Nacional” para llamadas de larga distancia nacional e internacional, además de ser una alternativa más para el usuario del teléfono móvil, “genera importantes beneficios a los usuarios al incrementar las posibilidades de comunicarse y reforzar el derecho que tiene el usuario que origina la comunicación sobre su decisión para realizar la misma, al ser él quien cuenta con todos los elementos para valorar la conveniencia de la llamada y el costo que le representa su decisión”.
Sin embargo, Axtel ha acusado a la Cofetel de desacato a las órdenes judiciales, y sus representantes jurídicos rechazan que tengan algún adeudo con Telcel.
Conocedores de su bonanza durante el presente sexenio, prevén que Axtel contará con un fuerte apoyo en Los Pinos para continuar su expansión.
Fuente: Proceso

Ciencia sin conciencia: la “subglobalización”

Axel Didriksson

Un país que no se apoya en la ciencia por la inconciencia de sus gobiernos está en la subglobalización, es decir, en la cola de las condiciones de bienestar promovidas por la investigación científica, los conocimientos y la educación a favor de una sociedad determinada. En el mundo contemporáneo, para ir eliminando las condiciones de pobreza y de ignorancia, para fortalecer vías alternas y programáticas de gobernabilidad democrática, para mejorar las condiciones de salud y de seguridad social de las mayorías de la población, para enfrentar la violencia y el crimen organizado, para mejorar las condiciones medioambientales y enfrentar con menos riesgos el cambio climático, para eso y para mucho más es indispensable la investigación científica.
La sociedad actual ha encontrado que con la ciencia, con la producción de nuevos y mejores conocimientos, con la extensión y mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, es posible tomar decisiones en condiciones menos espontáneas y ligeras, como las que realizan a diario la mayoría de los burócratas y políticos de nuestro país, y que se expresan en que se compran en el extranjero vacunas para enfrentar la influenza; que la innovación empresarial y gubernamental dependen de las soluciones que fueron diseñadas para otras latitudes; que se fomenta la maquila, la formación y la promoción en competencias laborales en los planes y programas de estudio y en la carreras de bachillerato y de educación superior; que no se fomentan los coeficientes de inventiva ni las patentes, y que no se destinan los recursos necesarios para crear bases de sustentabilidad mucho más amplias para la ciencia en el país.
Mientras que en otros países se invierte como media el 3% del PIB en investigación experimental, se incentiva por múltiples medios y con suficiencia de recursos la producción de artículos de investigación científica, y se promueve la autonomía de los investigadores para generar conocimientos fundamentales en todas las áreas del conocimiento, en México esto se limita al máximo, se tienen otras prioridades y se deja en manos del mercado lo que debería de ser una política de Estado.
De acuerdo con la programación original del presupuesto para educación superior e investigación científica de 2010, elaborada por la Secretaría de Hacienda, se presentaba un recorte al gasto federal en estos rubros de 6.2% y de 6.4%, respectivamente, lo que podría dar cuenta del interés que tiene el actual gobierno en la materia. Con las modificaciones que realizaron los diputados de la actual legislatura, el gasto federal en ciencia y tecnología sólo tendrá una reducción real de 4.6% durante 2010, y el Conacyt de 1.6%. Esto significa que, en la última década, el presupuesto para estas actividades no se ha incrementado de manera significativa; por el contrario, ha ido a la baja, porque en 2003 alcanzaba el 0.39% y para 2010 apenas llegará a 0.34% del PIB.
Esto implica que la ciencia que se lleva a cabo en el país –principalmente en algunas cuantas instituciones públicas de educación superior y centro regionales Conacyt– tendrá que apretarse aún más el cinturón y tendrá que reordenar proyectos para adecuarlos a una mayor contracción de recursos.
Sin embargo, hubo algunos programas y centros a los que se canalizaron mayores recursos, como en las ampliaciones aprobadas para el Ramo 38 del Conacyt, que son: para el Gran Telescopio Milimétrico, 390 millones de pesos; para los Centros de Tecnología y Aprendizaje del Estado de México, 120 millones; para el Laboratorio de Bioseguridad BSL III Plus, 50 millones; para el Centro “Mario Molina”, 50 millones, y para la creación de la Agencia Espacial Mexicana, 10 millones. Pero hasta allí quedó el asunto.
Frente a este terrible panorama, apenas se oyen algunas voces, pocas, muy pocas, porque son otros los grandes temas de interés. Una de ellas es la Academia Mexicana de Ciencias, que honrosamente y contra viento y marea acaba de cumplir 50 años de vida. Su presidenta, la doctora Rosaura Ruiz, ha señalado que “el sistema científico nacional no desempeña el papel central en el desarrollo cultural y social del país, ni constituye una parte indisoluble de la vida diaria… (pero sí) el avance del oscurantismo y el ataque a la laicidad, que se expresa en la aprobación de leyes antiabortistas en 17 entidades del país justo 150 años después de las Leyes de Reforma y de la publicación de El origen de las especies”.
Otros han propuesto desde hace rato la necesidad de establecer una política de Estado para la ciencia y la tecnología con el fin de estructurar un sistema nacional, impulsar áreas estratégicas fundamentales para el país, acrecentar la cultura en estos aspectos y garantizar aumentos constantes en la inversión pública y privada para alcanzar, por lo menos, el 1% del PIB hacia este sector. Esto ya tiene tiempo, y se ha dicho de muchas maneras y con toda la fuerza que se tiene. Sin embargo, la respuesta que ha mostrado el actual gobierno federal no ha estado a la altura. Preocupa que tampoco haya más debate al respecto, ni de un lado ni de otro, y todo quede en propuestas aisladas e interesadas, recurrentes pero mínimas, que no alcanzan a construir una visión distinta para salir de la subglobalización en la que, parecería, se ha optado por mantener al país a toda costa, como estrategia general.

A la mitad de la decadencia

Axel Didriksson

Navegando a la deriva durante los tres años que lleva este sexenio, con un proyecto empantanado, sumido en pugnas y bajas negociaciones, con recursos escasos y mal repartidos, el sistema educativo nacional está en su ocaso.
Mientras en otros países la educación y la ciencia son consideradas vitales para alcanzar mayores tasas de desarrollo y enfrentar las crisis económicas, en México estos componentes no importan mucho, más allá de lo que se dice y se proclama en los discursos políticos. En Estados Unidos, por ejemplo, debaten en estado de alerta el declive educativo y científico, y buscan remontarlo a través de reformas legales, con incrementos importantes en el financiamiento público y privado, y con la promoción de programas sustantivos de mejoramiento de la calidad de la educación (confróntese National Center on Education and the Economy, Tough Choices, Tough Times, Washington, 2008; Discurso de Barack Obama, febrero de 2009).
En esas referencias, las cifras dan cuenta de que la capacidad de innovación y la competitividad de EU están bajando de manera ostensible, sobre todo frente a algunos de sus principales competidores –como Singapur, Corea del Sur, Japón, India, Suecia y Brasil– en áreas tan importantes como los semiconductores, las patentes farmacéuticas con sus aplicaciones (véase de dónde vienen las vacunas para la influenza que estamos comprando a costos millonarios) y las fuentes alternas de energía, pero sobre todo en lo relacionado con la calidad de su “capital intelectual” (Newsweek, 23 de noviembre de 2009).
En respuesta, el gobierno estadunidense está planteando elevar los esquemas salariales, las compensaciones y los niveles de formación universitaria de los profesores, así como mejorar las condiciones de inversión en ciencia y tecnología. En Brasil la preocupación es la misma. En un reciente artículo (Folha de Sao Paulo, del 22 de noviembre último), Fernando Haddad, actual ministro de Educación, señala algunas de las principales enmiendas constitucionales que ha impulsado el gobierno de Lula en este campo: a) la obligatoriedad de ofrecer educación al grupo de edad de cuatro a 17 años; b) la obligatoriedad de aplicar en el sector ciertos montos de recursos públicos como proporción del PIB; c) el establecimiento de un piso salarial para el magisterio que empezará a operar a escala nacional desde el 1 de enero de 2010; d) la elevación de la inversión por alumno, desde la educación infantil hasta la media, incluyendo a jóvenes y adultos; e) la inclusión educativa de todos los hijos de familias pobres hasta completar nueve años, y f) la extensión de los programas de libros didácticos, alimentación, transporte y salud escolar para todos los estudiantes de los niveles básico y medio. Lo mismo está ocurriendo en otros países donde las prioridades son la educación, la ciencia y los conocimientos, procurando incidir de forma integral en la inclusión educativa, la calidad de la investigación y la innovación.
En contraste, en nuestro país se va para atrás con la reducción de los recursos para la educación y la investigación científica, al igual que con la promoción de medidas vergonzosas que sólo conducen a la ignorancia (como las leyes contra el aborto y las expresiones de incultura nostálgica del secretario de Gobernación al referirse al ciclo reproductivo), y sin hacer nada a favor de la equidad, la inclusión y la calidad social del servicio educativo.
Así, las prioridades del actual gobierno se concentran en: favorecer política y financieramente a los gobiernos estatales proclives a su partido; no emitir opinión alguna frente a los embates contra la laicidad que de manera increíble están ocurriendo; insistir en que deben modificarse los mecanismos de otorgamiento de las plazas para reclutar a los maestros de educación básica, sólo como una manera de transmutar el control que se tenía de parte del SNTE en beneficio del mismo SNTE; y proclamar como lo máximo el enfoque de “competencias” y las evaluaciones, cuando en el mundo dejaron de ser moda hace muchos años.
Todo, en un panorama donde el secretario de Educación afirma que su único interés está en dar continuidad a las bibliotecas de aula y propiciar la participación de los padres de familia (¿se ha reunido alguna vez con ellos?), a la vez que promueve su libro sobre la historia del PAN y sigue “bailando con la más fea” (Líderes, octubre de 2009, página 46). Así andaba el titular de la SEP en tanto se discutía el presupuesto para el sector, al grado de que el mismo secretario general del SNTE le reclamó su escaso trabajo en las negociaciones que se dieron en la Cámara de Diputados, y el director de la revista az y presidente de la Fundación para la Cultura del Maestro –instancias vinculadas a la cúpula del SNTE– lo increpó por su falta de liderazgo y de “quehacer político y de coordinación” en lo relacionado con el retraso que se presenta en los acuerdos de la denominada Alianza para la Educación (Reforma, 29 de noviembre).
Así se vive el estancamiento en el sistema educativo, primero sumido en las pugnas, rabietas y desplantes cotidianos entre la anterior secretaria de Educación y la dirigente del SNTE, y ahora en medio del ensimismamiento e irrelevancia del secretario de Educación, con una SEP que no sale de sus conflictos y sin que hagan mella las cifras que dan muestra del mayor empantanamiento que se haya conocido en la historia del sistema educativo nacional: en 2010 el gasto total federal para educación será, en términos reales, equivalente al 3.8% del PIB, mientras que a educación superior le corresponderá el 0.6%, y a ciencia y tecnología el 0.3%. Lo demás es demagogia o es pura vergüenza.
Fuente: Proceso