La prostitución globalizada

La trata de mujeres es uno de los mejores negocios para las mafias internacionales

Rodrigo Vera

Después del narcotráfico y el comercio ilegal de armas, la trata de mujeres es el mejor negocio para las mafias internacionales que operan en México: al coludirse con narcotraficantes y autoridades gozan de impunidad y se mezclan en otros delitos igual de lucrativos. Por su parte, las víctimas de la esclavitud sexual padecen tratos violentos que no pocas veces terminan en homicidios. México es un importante enclave de las más poderosas mafias internacionales dedicadas a la trata de mujeres para su explotación sexual: la rusa, la argentina, la cubano-estadunidense, la Yakuza de Japón… Estas son sólo algunas de las organizaciones delictivas asentadas en el país y que en ocasiones operan en coordinación con los cárteles mexicanos del narcotráfico.Corre a su cargo la globalización del pujante negocio del sexo. Lo mismo importan en condiciones de esclavitud a mujeres de Europa del Este, el Caribe y Sudamérica, que exportan mexicanas a Estados Unidos y Japón, país donde son consideradas un producto “exótico” de alto valor. A la zaga de estas mafias, hay en el país una multitud de pequeñas bandas dedicadas a la trata de personas, que después del tráfico de drogas y de armas ya representa el “negocio más lucrativo en México”, según organizaciones de derechos humanos.El embajador de Hungría, György Herczeg, se muestra alarmado porque a sus oficinas llegan jóvenes de su país que piden auxilio para librarse de los tratantes y lenones que las explotan en México.“Las redes de tráfico de personas llegan a Hungría para ofrecer a nuestras jóvenes empleo en México. Les presentan contratos de trabajo muy tentadores, garantizándoles buen salario, vivienda, seguro y visa de trabajo. En letras pequeñas se les especifica que trabajarán en bares, sólo en contadas ocasiones les indican que realmente irán a parar a un table dance”, dijo Herczeg a mediados del año pasado a la prensa de Cancún, en el marco de un festejo sobre su país.Y agregó que, al llegar aquí, a las jóvenes húngaras se les quitan el pasaporte y el boleto de avión, y se les deja sin dinero. Son obligadas a prostituirse por hambre.Según esos reportes de prensa, otras embajadas enfrentan problemas similares, como la de Rusia y la República Checa. Pero el hecho más dramático lo padece la sede diplomática de Argentina con el “caso Vanesa”.

Viaje sin retorno

Vanesa Martínez es una bailarina argentina de 27 años de edad que trabajaba en el Royal Club, un exclusivo centro nocturno de la Zona Rosa, en la Ciudad de México. Desde julio del año pasado no se conoce su paradero. Cuentan sus familiares que en sus últimos contactos telefónicos con ella, Vanesa les decía que vivía aislada y sufría mucho, que intentaba volver a Argentina pero se lo impedían. ¿Quién la retenía en México y por qué? Nunca se supo. Vanesa desapareció repentinamente. Mariana Rendón, integrante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que brinda apoyo a este tipo de víctimas, señala:“A Vanesa seguramente la tenía enganchada una red muy escondida, como hay muchas operando en el país, hasta en casas particulares como cualquiera, sin que los vecinos reparen que ahí viven mujeres esclavizadas.”

–¿Sería una amplia mafia internacional?

–No lo sabemos, porque existen dos categorías en esos grupos: las grandes organizaciones internacionales bien estructuradas, a las que usted se refiere, y por otra parte las pequeñas bandas delictivas, que abundan muchísimo. “En el proceso de trata internacional bastan sólo tres personas para integrar una banda: la persona que engancha a la víctima en su país de origen, la que hace el traslado y, finalmente, quien se encarga de su explotación en el extranjero. Enganche, traslado y explotación son las tres fases del proceso.“Por eso debemos quitarnos la idea de que el tratante es el típico mafioso mal encarado, con pistola, traje fino y lentes oscuros. No. Puede ser la gente de aspecto más común, incluso hasta los mismos familiares de la víctima.” Mariana Rendón habla con conocimiento de causa, ya que es la coordinadora del Programa de Asistencia Directa a Víctimas de Trata en México, de la OIM, organización creada en 1951 y con sede en Ginebra, Suiza. Aquí empezó a operar en 2005.

Agrega: “El enganche se da comúnmente a través de falsas ofertas de trabajo. El tipo que llega y te dice: ‘Te tengo un trabajo muy bien remunerado en el extranjero, no pagarás ni transporte ni hospedaje’. Se da también el enganche por enamoramiento del chico que te seduce y promete cambiar tu vida. Hasta llegar al extremo del rapto y del secuestro”.

–¿Qué tipo de mujeres son las víctimas más comunes?

–Las de bajos recursos económicos que aspiran a un mejor nivel de vida. Las madres solteras son presa fácil por la necesidad de sacar a sus hijos adelante. Muchas menores de edad son también enganchadas.“Lograr detectarlas es la labor más difícil para nosotros, puesto que viven escondidas y bajo amenazas permanentes. Muy pocas se atreven a denunciar, por eso no se sabe cuántas víctimas hay en México. Seguramente son muchísimas. Después del narcotráfico y del tráfico de armas, la trata de personas es aquí el negocio más lucrativo.“En los tres años que llevamos trabajando en México, sólo hemos atendido a 70 víctimas de explotación sexual y laboral. Les proporcionamos albergue, asistencia médica y sicológica. Y en colaboración con las embajadas, gestionamos la reunificación con sus respectivas familias.”Rendón aclara que la trata internacional más común en México no es la de las gráciles rubias importadas de los países de la antigua Europa del Este –destinadas a un sector de alto poder adquisitivo y a los centros nocturnos más exclusivos–, sino la de las jovencitas traídas de Centro y Sudamérica.La Mafia Rusa, en conexión con la ucraniana, se dedica a traer a México a muchas mujeres de Europa del Este, según reportes de la Interpol y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Mientras que la mafia argentina y la cubano-estadunidense trafican principalmente con caribeñas, centroamericanas y sudamericanas. De acuerdo con un reporte de la Interpol que pertenece a su proyecto Regional Organized Counter-Crime Information Sharing System (ROCCISS), México se ha convertido en el paraíso de negocios de por lo menos 18 organizaciones del crimen trasnacional, que lo mismo se dedican a la trata de blancas y al tráfico de droga y armas que al lavado de dinero y el robo de autos o de precursores químicos.El informe agrega que esas organizaciones aprovechan la globalización de los mercados para expandirse en México, donde establecen sus reglas y se distribuyen tareas y territorios. Una de sus características peligrosas es su capacidad para pasar inadvertidas.Integrada por exmiembros importantes del Ejército Rojo y de la KGB que perdieron sus puestos al fin de la Guerra Fría, la Mafia Rusa opera principalmente en la Ciudad de México, Baja California y Cancún, según Interpol, la DEA y la Policía Federal Preventiva (PFP).En junio de 2003, José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), informó: “Son gente bien entrenada, con gran peligrosidad, se presume que pertenecieron a la KGB… Lo que tenemos documentado es la forma de actuar de esta gente, que es principalmente tráfico de armas, prostitución y tráfico de drogas”.Dos importantes grupos de la Mafia Rusa, la Solntsevskaya y la Izamailovskaya, proveen de mujeres europeas a bares de table dance de la Ciudad de México, indican los reportes policiacos.

Magnates del sexo

Jaime Montejo, vocero de Brigada Callejera, una organización civil que brinda apoyo personal a sexoservidoras que trabajan en distintos puntos del país, describe las condiciones de esclavitud y terror que la Mafia Rusa impone a sus víctimas:“Los grupos de mujeres de Europa del Este llegan a México bien enganchados, con guardias que los vigilan en todo momento. Los tratantes observan cómo se relacionan las mujeres entre sí. Escogen a la de carácter más fuerte para que dirija al grupo, siempre y cuando sea fiel a ellos.“Aun así, en ocasiones las jóvenes se rebelan. Es entonces cuando la Mafia Rusa suele recurrir al asesinato; mata a una de ellas como escarmiento para que las demás se disciplinen. Medida de control mucho más eficaz que la simple amenaza de agredir a algún familiar de las jóvenes. En realidad este método no tiene nada de novedoso; ya lo practicaban Las Poquianchis en Guanajuato.”En Cancún, según la prensa local, la Mafia Rusa ha adquirido tal poder que acaba de organizar ahí, el pasado 8 de marzo, una pelea de boxeo por el campeonato mundial de peso completo. El ruso Oleg Maskaev y el nigeriano Samuel Peter disputaron el título. Por cierto, una de las promotoras de la pelea fue Ana Cristina Fox, hija del expresidente Vicente Fox. Se intentaba mostrar a Oleg como símbolo del poderío de la Mafia Rusa sobre las otras organizaciones criminales que operan en el Caribe mexicano. Pero el ruso perdió. La prensa interpretó así el hecho: “Se quedan mafias rusa y ucraniana sin campeón”…Jaime Montejo señala que es precisamente Cancún el sitio predilecto de los tratantes internacionales que operan en México. “Ahí prácticamente convergen todas las mafias, por lo que se puede ver a la morena traída de La Habana, a la brasileña de Río de Janeiro, o a la checa ojiazul... Es la ley de la oferta y la demanda, el libre tránsito de mercancías en un mundo globalizado”.El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo, Gaspar Armando García, ha señalado que es la mafia cubano-estadunidense la que trae a las jovencitas cubanas para prostituirlas en Cancún.La italiana y la argentina son otras mafias que la policía detectó lucrando con la prostitución en México. Mariana Rendón recuerda, por ejemplo, el caso de la banda argentina Divas, que hace algunos años fue descubierta en el tráfico con jovencitas extranjeras. Jaime Montejo señala: “Las extranjeras más afortunadas son transportadas en avión y hospedadas en cómodas suites, para después introducirlas en la prostitución de alto nivel. Puede ser en night clubs, estéticas, agencias de edecanes u hoteles de superlujo donde a los huéspedes, sutilmente, se las ofrecen como ‘acompañantes’ para que les lleven sus portafolios a las reuniones de negocios. “Aún a ese nivel existen tres categorías: platino, oro y diamante. Las de ésta última categoría –según testimonios que nos dan las propias trabajadoras sexuales– llegan a cobrar hasta 20 mil pesos por un polvo, como las bellas jóvenes que la empresa Televisa oferta muy encubiertamente en traje de baño, en su programa sabatino de televisión Muévete, conducido por Maribel Guardia y Latin Lover.”

–¿Qué empresarios mexicanos lucran con esas jóvenes extranjeras?

–Bueno, entre los dueños de centros nocturnos destacan Pancho Soto y su familia, que manejan actualmente el Men’s Club y el Royal Club, donde trabajaba Vanesa; o Alejandro Iglesias Rebollo, quien era dueño del extinto Lobohombo y ahora maneja otros centros nocturnos; está también Antonio Gless y Juan Manuel Muracami Ortiz Suzumo. Son lenones que operan a nivel nacional. A los tres últimos se les ligó con el cártel de Juárez en un informe elaborado por Mariano Herrán Salvatti cuando fungía como jefe antidrogas de la PGR.“Estos empresarios viajan constantemente al extranjero buscando innovaciones para sus negocios. Por ejemplo, el table dance –de raíz oriental– lo introdujo Pancho Soto a México. Y Ortiz Suzumo fue el primero en utilizar los catálogos con fotografías de las muchachas.”Menciona Montejo a las mujeres centroamericanas que, en condiciones muy precarias, son transportadas por tierra al país. Trata manejada principalmente por pequeñas mafias mexicanas, asentadas sobre todo en el estado de Tlaxcala.“Esta trata se efectúa por cuatro rutas que las autoridades tienen bien definidas: la ruta del Pacífico, dos rutas centrales y, por último, la del Golfo”, explica Montejo.

–¿Por qué los tratantes se asientan principalmente en Tlaxcala?

–Por una vieja tradición que data de tiempos prehispánicos. Eran los tlaxcaltecas quienes surtían de mujeres al imperio azteca. Todavía, la mayoría de los padrotes que hay en el país provienen de Tlaxcala. Se les educa desde niños en esa lucrativa actividad. ¡Imagínese!, un padrote en La Merced le exige a cada mujer que controla una cuota que va de 3 a 4 mil pesos diarios. ¡Y sin hacer nada!

Autoridades implicadas

Cuenta Montejo que La Merced es el punto donde se da la trata más multitudinaria del país. Hondureñas, chiapanecas, salvadoreñas, oaxaqueñas, guatemaltecas… todas desfilan –en subastas clandestinas– frente al ojo escrutador de los marchantes. Relata una anécdota: “En 1998 supimos que llegaría un cargamento con 70 menores de edad al hotel Liverpool, en La Merced. Un grupo compuesto por asambleístas y miembros de Brigada Callejera alertó personalmente al entonces procurador del Distrito Federal, Samuel del Villar. Éste les dijo: ‘Yo prefiero quedarme aquí quietecito, porque además esta procuraduría es una cloaca donde no se puede confiar en nadie. Les aconsejo que no se metan, si es que no quieren aparecer muertos en una esquina’. La procuraduría finalmente mandó un operativo al hotel y pescó a los tratantes, pero luego los dejó libres”.

–¿Es un negocio en el que participan también las autoridades?

–¡Claro! Varios hoteleros de la Ciudad de México que tienen sexoservidoras pagan al gobierno capitalino, o a la delegación respectiva, una cuota mensual de hasta 150 mil pesos para poder seguir trabajando. Es una extorsión que, por supuesto, no queda registrada en caja. Hay y hubo gobernadores, como Jorge Carrillo Olea, en Morelos, que protegen a los lenones. “Otro ejemplo son los gobiernos estatales de Querétaro, que desde hace años regentean el burdel La Yegua, situado en la ciudad de Querétaro, donde, a su vez, cada alcalde se traspasa uno a otro el burdel El Farallón, que deja buenos dividendos al municipio. No importa si son gobernadores y alcaldes del PRI o del PAN. “Alrededor de las zonas militares hay burdeles para uso exclusivo del Ejército. El Campo Militar Número Uno está rodeado de ellos… Y así podríamos seguir enumerando más y más y más casos de prostitución institucionalizada. Respecto a la trata de extranjeras, no hay que rascarle mucho para comprobar que las autoridades migratorias también están metidas en el negocio.”

–¿Y qué hay respecto al tráfico de mexicanas enviadas al extranjero?

–La mayoría van a Estados Unidos. Aunque muchas otras son captadas por la mafia Yakuza para enviarlas a Japón, donde la mujer mexicana es un producto exótico de alto valor. A la Yakuza se le empezó a detectar en Guadalajara, hará unos 17 años, debido a que varias tapatías eran enviadas a Japón. Una de ellas fue rescatada viva.Según cálculos de la Asociación de Mujeres Hispanas –con sede en la ciudad estadunidense de Miami–, cerca de 3 mil mujeres mexicanas actualmente son prostituidas en Japón por la Yakuza, una vieja organización criminal cuyos miembros suelen estamparse el cuerpo con tatuajes para revelar sus jerarquías (figuras de tigres, dragones y serpientes cubren sus brazos y espaldas). La Yakuza fue creada por samuráis que se quedaron desempleados, un origen similar al de la Mafia Rusa. El problema empieza a enfrentarse con medidas legislativas. A finales del año pasado se aprobó en el Congreso de la Unión la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, mientras que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el diputado Tomás Pliego Calvo está impulsando una ley semejante para el Distrito Federal. Además, en la PGR se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), a cargo de Guadalupe Morfín, quien se negó a hablar con Proceso sobre este gravísimo problema que le toca combatir.El diputado Pliego Calvo –que el año pasado logró que se tipificara el delito de “trata” en el Código Penal capitalino– considera que será muy difícil enfrentar a toda la intrincada red de mafias, lenones, hoteleros y autoridades de gobierno involucradas. “Podría ser un sueño guajiro de nuestra parte, pero necesitamos ver avances en materia de procuración de justicia”, dice Pliego.

Contrabando de europeas

Piel cotizada

Rodrigo Vera

El cónsul de Hungría en México, Sándor Galambos, afirma que en Europa el mercado de la prostitución está tan saturado, que actualmente muchas jóvenes de los países del Este de ese continente son traídas a México por “agencias” de empleo que operan ilegalmente y a cuyos jefes –involucrados a veces con el narcotráfico– la policía no ha podido detectar.Comenta el diplomático: “En Europa, el mercado de la prostitución ya está saturado, principalmente en España, Gran Bretaña, Italia y Francia. Los periódicos de esos países publican un montón de ofertas. De manera que a las jovencitas húngaras, rumanas o checas se les comenzó a enviar a nuevos lugares.“Al principio, Alemania fue una salida. Después, los países del norte europeo. Pero ahí las jóvenes no fueron bien aceptadas. A ellas tampoco les gustó el clima helado de esos países, donde por meses no se ve ni el sol.”
–¿Y cómo empezaron a llegar a México?
–Como turistas, húngaros y húngaras primero llegaron a Cuba, principalmente a las playas de Varadero. Les gustó la calidez del clima. Pero el gobierno cubano tomó medidas muy severas que les afectaron, por lo que luego se pasaron a Cancún. Ahí llegaban en vuelos charter, directos desde Hungría. Fue entonces cuando los empresarios vieron que con ellas, por su color de piel y su cabello rubio, se podía hacer un buen negocio. Así empezó todo. En sus oficinas de la embajada, Galambos señala: “Según nuestros informes, habrá unas 150 jóvenes húngaras trabajando en bares, hoteles, moteles, table dances y restaurantes, principalmente en la Ciudad de México, Cancún y Acapulco. Trabajan sólo en lugares cerrados. Nunca se les ve en la calle.“Generalmente, tienen entre 22 y 27 años de edad. Por desgracia, allá en Hungría es muy mala su situación económica y tienen un bajo nivel de estudios. Caen fácilmente en este mercado de la globalización, pensando que con su cuerpo tendrán un mejor nivel en México.”
–¿Cómo se les contrata en Hungría?
–A través de agencias que les ofrecen un buen salario, alojamiento y pasajes de avión.
Firman un contrato de trabajo que, en ocasiones y en letras pequeñitas, sólo dice que trabajarán en un bar o en un hotel, como meseras o camareras. Las jovencitas aceptan por necesidad. Su inexperiencia también les hace ver un futuro romántico colmado de aventuras.
“Generalmente esos contratos son por tres meses, al cabo de los cuales ellas se dan cuenta que el salario no era tan bueno. Entonces se les dice que tendrán que hacer otras cosas si quieren ganar más, como trabajar cubiertas sólo con una tanga o prestarse a ciertos requerimientos sexuales.
“Quienes aceptan quedarse en México empiezan a ser víctimas de chantajes y amenazas, debido a que sus pasaportes y papeles migratorios se quedan en poder de sus empleadores. No pueden moverse libremente. Muchas veces sólo pueden ir al lugar donde trabajan y a donde viven, vigiladas siempre por guardias. Una moderna forma de esclavitud”.
“Falta cooperación”
El cónsul Sándor Galambos indica que en Hungría y otros países del este de Europa la policía busca infructuosamente a quienes manejan esas agencias empleadoras, que operan “ilegalmente” porque no están registradas ni pagan impuestos.“Esas agencias rentan locales por corto tiempo y publican sus ofertas de trabajo en los periódicos. Desaparecen cuando la policía está a punto de detectarlas. No dejan huella. Se instalan después en otro lugar. En Hungría, operan principalmente en las ciudades de Budapest, Miskolc, Debrecen y Eger. Se sabe que sus directivos se la pasan viajando por toda Europa del Este”.
–Se dice que la Mafia Rusa está detrás de esas agencias…
–Mire, la Mafia Rusa es enorme y muy potente, y sigue operando en Europa; envía mujeres principalmente a Alemania y al área del estrecho de Gibraltar. Pero el actual gobierno húngaro logró sacarla casi totalmente del país, le cerró las fronteras. Así que actualmente son sobre todo empresarios que operan desde África del Norte y de Medio Oriente quienes manejan esas agencias en Hungría. Tienen un montón de plata. Mueven sus capitales de un lado a otro. Pero es prácticamente imposible dar con ellos.
–¿Por qué no se logra capturarlos?
–Porque todavía no hay suficiente cooperación policiaca entre los países europeos para resolver este problema. Hay inmediata cooperación cuando se trata de narcotráfico. Ahora, por fortuna, ya se está descubriendo que el tráfico de mujeres está muy ligado al de la droga.Pese a que México es visto hoy como un “paraíso” donde la “vida es fantástica” y “abunda el dinero” para esas mujeres, Sándor Galambos prevé una caída de la demanda:“El mercado mexicano tiene también un límite. Ya lo empezamos a ver. Pongo como ejemplo la actual lucha entre las mujeres argentinas y las húngaras. Unas con otras se disputan los espacios y las mejores ganancias, se delatan mutuamente ante las autoridades migratorias.“En los últimos tres meses, las argentinas lograron sacar de México a 10 húngaras que fueron capturadas en el Distrito Federal, Veracruz, Acapulco y Cancún. En la embajada tuvimos que intervenir. En otras ocasiones nuestras jovencitas acuden a la embajada en busca de protección.”
–¿A cuántas ha atendido usted?
–Yo llevo en México casi año y medio. En ese tiempo he atendido a 25 mujeres y 10 hombres. Vienen aquí en un último momento, después de mucho pensarlo, pues sienten vergüenza de que se sepa a qué se dedican.
–¿Hay alguna que haya desaparecido? ¿Alguna asesinada?
–No. Gracias a Dios ninguna. Y tratamos de hacerles entender que ese oficio no tiene futuro y es además muy corto. Dura los pocos años de su juventud.
Este peligroso tráfico da una mala imagen de nuestro país y de la respetable comunidad húngara en México. Pero lamentablemente existe, ¡ahí está! l

Cocaína: de mexicanos para mexicanos

El consumo de cocaína en México aumenta sin cesar

Jorge Fernández Menéndez Y Ana María Salazar

Mientras en Estados Unidos disminuye el consumo de cocaína, en México aumenta sin cesar. Factores económicos, políticos y socioculturales asociados al consumo de estupefacientes amenazan con hacer de la juventud mexicana actual una generación perdida…Tal es la tesis de Jorge Fernández Menéndez y Ana María Salazar Snack, coautores del libro El enemigo en casa. Drogas y narcomenudeo en México, del cual adelantamos, con autorización de la editorial Taurus, un fragmento del prólogo, titulado: México, de corredor a mercado interno.(...) Partamos de una base: buena parte del narcotráfi-co en México gira en torno al negocio de la cocaína. Es verdad que siempre ha habido una alta producción y consumo de mariguana, y una siembra importante de amapola para elaborar goma de opio y sus deri-vados, entre ellos la heroína; pero la primera nun-ca se convirtió en un problema de seguridad y salud pública realmente grave, y la segunda se producía, en buena medida, para el tráfico al otro lado de la frontera, aunque existieran lugares del país con al-tos índices de consumo oculto, por ejemplo Mexicali. Pero el núcleo del narcotráfico mexicano desde los años ochenta es la cocaína: los grandes cárteles, los recursos económicos, la transformación del narcotráfico en una gran industria trasnacional se deben a ella. Desde 1994, sin pausa y en progre-sión geométrica, se ha incrementado el consumo de cocaína y sus derivados en México: se consiguen a precios cada vez más bajos (en ocasiones el equiva-lente a un dólar por dosis), resultan accesibles en cualquier lugar del país sin mayores dificultades y su consumo va de la mano con un aumento –también muy significativo– del consumo de drogas sintéticas y alcohol entre los jóvenes. Para entender por qué ha sucedido esto, se debe hacer un estudio de mer-cado y otro sociopolítico.Si se analiza el problema actual de las drogas como mercado, tenemos una situación muy pecu-liar. Es verdad que el consumo de cocaína, sobre todo en Estados Unidos, no ha aumentado en los últimos años; incluso, si atendemos a las cifras oficiales del gobierno estadunidense, ha disminuido aunque sea en forma tangencial, en buena medida gracias a que también comienza, si bien en décimas porcentuales, a disminuir el aprovisionamiento de cocaína, tanto la proveniente de Colombia como la que cruza por fronteras mexicanas. No se trata de cifras muy signi-ficativas (en 2005 la disminución fue de un punto porcentual) pero, según las autoridades estaduni-denses, podrían indicar una tendencia. Esa disminución se da porque hay una mayor can-tidad de detenciones y decomisos de droga en dis-tintos puntos del Caribe y de la frontera mexicana, y no ha aumentado cuantitativamente el número de consumidores de cocaína en Estados Unidos. Eso no significa una disminución del consumo de drogas: ha aumentado, y en forma importante, pero recor-demos que las drogas se relacionan cada vez más con modas, y lo que hoy predomina entre los jóvenes es-tadunidenses es el consumo de drogas sintéticas: tan-to metanfetaminas como el éxtasis y sus derivados. A lo largo de los años, el uso de drogas en ese país ha variado también con cada generación. La de los sesenta y principios de los setenta fue la de la mariguana y el LSD; en la medida en que fue creciendo, aban-donó esas drogas y, salvo en el caso de la mariguana, quienes no se quedaron en el camino se han conver-tido en los llamados “consumidores sociales”. Hoy abundan las películas que muestran a adultos ma-yores de 35 años consumiendo mariguana sin que se haga un juicio moral sobre ello y sin considerarlo siquiera motivo de controversia. La de los ochenta y noventa fue la generación de la cocaína: los consumidores comenzaron a utilizarla cuando tenían aproximadamente 20 años y aho-ra, mayores, la siguen consumiendo, pero de manera moderada, por lo menos los estadunidenses. En cuanto a sus derivados –como el crack, basura de la cocaína–, siguen inundando en buena proporción las calles de las ciudades más pobres y muchas escuelas del país. Lo que está cada vez más de moda entre la juven-tud estadunidense, desde hace aproximadamente cinco años, son las drogas sintéticas derivadas de anfetami-nas y metanfetaminas, lo que podríamos denominar genéricamente éxtasis. Su producción requiere pre-cursores químicos fáciles de conseguir y se puede rea-lizar en cualquier lugar, sin campos de cultivo y de forma sencilla: En la cocina de una casa y con com-ponentes simples se puede sintetizar una importante cantidad de droga para cualquier traficante calleje-ro. Grandes bandas se dedican a la producción de drogas sintéticas en Estados Unidos, y éstas pueden encontrarse prácticamente en cualquier lugar, por respetable que parezca. Por ejemplo, a finales de 2005, en uno de los restaurantes más importantes de Las Vegas, el personal de limpieza ofrecía candies de todo tipo a quienes ingresaban al lugar; no todos acepta-ban, pero nadie parecía molesto por la oferta. En este momento, el panorama de la droga en Estados Unidos es el siguiente: un alto consumo de drogas sintéticas –éxtasis– (no hay cifras precisas so-bre el volumen) entre jóvenes que las pue-den conseguir en cualquier lugar –discotecas o centros nocturnos– con una facilidad pasmosa, porque son difíciles de detectar. Los precursores químicos para producir estas drogas provienen cada vez más de Asia (y en el futuro también llegará de allí la droga ya “in-dustrializada”). Además, persiste el consumo “social” de mariguana, pero ahora más de la mitad de ese consumo anual se produce en Estados Unidos, y no solamente en macetas o cultivos para uso personal, sino en grandes extensiones en distintos lugares del país y, sobre todo, en parques nacionales. Cabe seña-lar que se ha hablado de la participación en dichos cultivos de grupos mexicanos, particularmente de los Arellano Félix. ¿Qué se está propiciando? La droga –en este caso la cocaína–, como cualquier producto de consumo, necesita un mercado; si éste se agota, se abre otro. Como consecuencia se ha generado un aumento es-pectacular (“la gran marea blanca”, la calificó el pe-riódico español El País) del consumo de cocaína en Europa, y particularmente en España: no solamen-te es el principal centro de consumo, sino también de almacenamiento de cocaína que luego se distribuye en el resto del continente. Recordemos que Europa tuvo un consumo relativamente bajo en los últimos años: había otras drogas con mucha mayor influen-cia, particularmente los opiáceos, como la heroína. Sin embargo, ésta ha pasado de moda entre los jó-venes europeos, además de que las intervenciones militares en Irak y Afganistán dificultan su traslado y reducen el volumen de consumo en Europa (aunque no se han afectado los territorios de producción de amapola). La droga nueva, por la que se paga más que en Estados Unidos y Latinoamérica, es la cocaí-na. Cada vez hay mayores intentos por hacer llegar vo-lúmenes importantes de cocaína a Europa y los cárteles colombianos están controlando el negocio. En ese sentido, México deja de ser un punto impor-tante para trasladar cocaína hacia Europa: hay países con mayor facilidad de traspaso, como los del Caribe, Venezuela, la propia Colombia y, cada vez más, Brasil y Argentina. De todas formas, los cárteles mexicanos conservan un papel fundamental en el aprovisio-namiento de drogas hacia Estados Unidos, y el por-centaje de cocaína que se consume ahí es mayor que el europeo. Pero la tendencia está cambiando: poco a poco, el volumen de cocaína que los cárteles mexi-canos deben aprovisionar a Estados Unidos disminu-ye. Datos extraoficiales de 2005 del gobierno federal mexicano establecen que, por primera vez en muchos años, algunos cárteles mexicanos habrían obtenido más utilidades en Estados Unidos por el comercio de mariguana que por el de cocaína, lo que no ocurría desde finales de los ochenta. ¿Qué está pasando entonces? Una gran cantidad de cocaína se queda en el mercado mexicano. No es, como han dicho las autoridades, simplemente que las fronteras estén cerradas y por eso la droga no llega a Estados Unidos; esto no es verdad o es una verdad a medias. Lo que sucede es que hay una demanda menor de cocaína en Estados Unidos, y una enorme can-tidad de esa droga depositada en este país asegura el consumo por muchos meses, pero los cárteles del narcotráfico mexicano deben seguir financiándose. La venta de mariguana ha sido tradicional en Méxi-co; así mismo, la producción de opiáceos derivados de la amapola se mantiene sin mayores cambios, pero ¿qué ocurre con toda esa cocaína estancada en el merca-do? Cada vez más cárteles deben dedicar una parte de la oferta y de su estructura operativa a atender el consumo nacional; como todo empresario, buscan am-pliar su mercado, y en este caso aprovisionar cocaí-na a precios relativamente baratos para incrementar sus consumidores. Hoy la cocaína (o sus derivados, en muchas ocasiones de una calidad infame) es una droga plenamente accesible para sectores populares, y gracias a ello comienzan a crecer los cárteles o sus ramas, que ya no están interesados en enviar la droga hacia Estados Unidos. Así, han surgido dos tipos de organizaciones, una de ellas paradigmática, porque fue la primera con sus características que se conoció públicamente: la de Ma Baker, quien aprovisionaba el centro y el oriente de la Ciudad de México, y parte del Estado de México. Como ésta existen hoy unas 40 bandas operan-do en el área metropolitana de la Ciudad de México con infinidad de células de distribución. Otra organi-zación la creó Osiel Cárdenas, con base en la Ciudad de México, y se dedicó exclusivamente al narcome-nudeo; todas sus utilidades se destinaban a montar el esquema de protección de pagos que tenía Cár-denas en el penal de La Palma y en otros lugares. El esquema de corrupción se pagaba a partir de las estructuras del narcomenudeo. En el pasado esto no hubiera ocurrido; sim-plemente, esas estructuras y grupos se hubieran fi-nanciado de forma tradicional, con los recursos que provenían de la droga exportada, porque era más re-dituable colocarla en Estados Unidos que en nuestro mercado. Pero hoy, sin que haya disminuido en for-ma notable el producto destinado a Estados Unidos, es evidente que la oferta es mucho mayor, por lo que se torna rentable colocarla dentro de nuestro país. De esta manera, tenemos un mercado internacio-nal en el cual Estados Unidos está cambiando sus há-bitos; se mantiene el consumo de cocaína, pero poco a poco se va reduciendo. En los próximos años, ade-más, la tendencia indica que los jóvenes consumirán más drogas sintéticas, que pueden proveer sin mayo-res problemas los propios grupos y cárteles estadu-nidenses. Al mismo tiempo, el consumo de cocaína crece en forma muy importante –hasta convertirse en la droga más atractiva en estos momentos– en Europa; para este mercado México termina siendo una vía de tránsito relativamente marginal. Pero nadie abandona un negocio de miles de mi-llones de dólares: A México se puede hacer llegar co-caína en cantidades muy importantes, y hay mucha droga depositada en el país. Por eso, las organiza-ciones mexicanas tienen que hacerse fuertes y con-trolar mayor territorio, porque la producción de amapola comienza a ser muy importante para man-tener utilidades; sigue teniendo peso la producción de mariguana para aprovisionar parte del mercado estadunidense (aunque recordemos que la mitad de la mariguana que se consume ahí se produce lo-calmente) y existe un gran volumen de cocaína que debe distribuirse en el mercado interno mexicano, cuyas posibilidades de consumo son altas. A ello se agrega que ha bajado bastante el precio de esa dro-ga al llegar a México; en muchas ocasiones también la cocaína (aunque sea de mala calidad) puede ser accesible para los grupos de menores ingresos y los muy jóvenes, como sucede no sólo en la frontera norte, sino prácticamente en todo el país. En términos económicos, se han dado todas las con-diciones para un negocio lucrativo: un producto con oferta amplia, precio accesible y distribución na-cional, y un mercado dispuesto a consumir y pagar por el producto. Socialmente, además, las circuns-tancias de los jóvenes, sobre todo la falta de oportu-nidades laborales y de estudio, representan un campo propicio para el consumo de drogas. No se requiere nada más. Eso es lo que estamos viviendo, y la situación se agudizará en la medida en que baje el consumo de cocaína en Estados Unidos y crezca en Europa. Y no olvidemos que, por la “característica” del “negocio”, si aumenta el consumo de drogas dentro del país, la necesidad de un mayor control territorial (desde regiones completas hasta la esquina de cualquier ciudad) se torna imprescindible, lo cual lleva a que haya mayor violencia entre las distintas organizacio-nes del narcotráfico; porque, al mismo tiempo que requieren control territorial para producir droga, lo necesitan también para venderla. Y las distintas bandas y células encargadas del narcomenudeo generan, a su vez, mayor violencia y corrupción entre las fuerzas policiales. Lo anterior influye en la creciente violencia coti-diana, en los índices de inseguridad que vive el país; sumémosle a ello la dinámica que se propicia cuan-do el joven consumidor se transforma en adicto y re-quiere de recursos para mantener su adicción; luego ubiquemos todo en un contexto de desinformación y ausencia de medidas legales –tanto para atacar el fenómeno desde el punto de vista policial como de seguridad y salud pública–, y sazonémoslo con la pérdida de valores culturales tradicionales y la gene-ración de toda una cultura popular que gira en tor-no al narcotráfico… y el escenario queda listo para que la actual pueda convertirse, efectivamente, en una generación perdida. Nuevamente el enemigo, el verdadero enemigo, no está fuera: está en casa. l

Las fallas del ejecutivo

Detenciones inútiles

Jorge Carrasco Araizaga

En su “¡Ya basta!”, el presidente Calderón acusó a los jueces de liberar a muchos de los delincuentes que el Poder Ejecutivo –PGR, SSP y Sedena– pone en sus manos. Pero destacados integrantes del Poder Judicial aportan cifras y datos muy distintos. Muestran, por ejemplo, que en la reciente puesta en libertad de 10 presuntos integrantes del cártel de los Arellano Félix los factores determinantes fueron la negativa del Ejército a ratificar sus acusaciones y las deficiencias del Ministerio Público Federal al integrar las averiguaciones... La negativa del Ejército a ratificar sus acusaciones abrió la puerta a la confrontación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial por la liberación de un grupo de presuntos integrantes del cártel de los Arellano Félix, en un caso de impunidad donde todos se señalan pero nadie se responsabiliza. El pasado 23 de febrero, militares adscritos a la II Zona Militar detuvieron a 18 personas en el ejido Mariano Matamoros, zona de la periferia del este de Tijuana que es controlada por una de las facciones del cártel de los hermanos Arellano Félix al mando de Teodoro García Simental, conocido como El Teo o El Tres Letras. Pero 48 horas después cinco de los detenidos fueron exculpados por el Ministerio Público Federal, a cargo de la PGR, por no haber sido detenidos en “flagrancia delictiva”. A los otros 13 los consignó fincándoles los cargos de posesión de cocaína con fines de venta, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y portación de arma de fuego sin licencia. Además, los vinculó con tres homicidios, incluido uno de un agente del Ministerio Público Federal, pero lo hizo apoyado en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.Poco después, el 1 de marzo, los 13 detenidos quedaron en libertad por resolución del juez sexto de Distrito en Baja California, Sergio Darío Maldonado Soto. El juzgador aseguró que el Ministerio Público “no aportó datos incriminatorios” en ninguno de los cargos, y que no debió vincular los homicidios con la ley mencionada, por tratarse de casos del fuero común.Entre los liberados estaba Luis Romero Fierro o Mauricio Eduardo Nieto Navarro, El Sombrero o Don Luis, considerado líder de una célula del cártel en esa parte de la ciudad y en la vecina Tecate, además de que, según la prensa local, figura en las listas de los más buscados por el FBI. También se le menciona en los procesos que se siguen en el mismo juzgado por aquellos homicidios, así como en las investigaciones de un narcotúnel descubierto en Tecate el 3 de diciembre de 2007.La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) reaprehendió de inmediato a ocho de los liberados –incluido El Sombrero– en el momento en que abandonaban la prisión, pero dejó que otros cinco gozaran de la libertad decretada por el juez.Después de una semana, sólo ocho de los 18 detenidos quedaron bajo proceso penal a pesar de que el Ejército presentó a todos como integrantes de una célula del cártel de los Arellano Félix, la de El Teo, quien mantiene una sangrienta disputa con Fernando o Francisco Sánchez Arellano, El Fer o El Ingeniero, por el liderazgo de la organización. Hasta ahora, el único que ha explicado la liberación de algunos de los implicados es el instructor de la causa penal, el juez Maldonado Soto. El funcionario no sólo asegura que el Ministerio Público Federal, a través de la delegación de la PGR en Tijuana, no le ofreció suficientes elementos para ordenar la prisión, sino que el Ejército –como responsable de la detención– se negó a confirmar los cargos.En un hecho poco común en el Poder Judicial, el juez Maldonado tuvo que explicar públicamente su resolución luego de que la PGR anunció la apelación de su fallo ante un Tribunal Unitario y se ventiló que habrá acciones legales contra los secretarios del juzgado bajo el cargo de evasión de reos.El juez no actuó por cuenta propia para responder a la PGR. Tuvo el respaldo del Consejo de la Judicatura Federal. El organismo encargado de la administración y vigilancia de los juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito de todo el país dejó al criterio del juzgador la decisión de responder de manera pública a los amagos del Ministerio Público Federal.El Consejo de la Judicatura es presidido por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde causaron sorpresa y molestia los reclamos hechos el 12 de mayo pasado por Felipe Calderón en contra del Poder Judicial y otros actores sociales y políticos a los que endilgó responsabilidad por el avance del narcotráfico.En su malogrado “¡Ya basta!”, el presidente Calderón arremetió contra el Poder Judicial: “Esta tarea es un llamado para los jueces y para el Poder Judicial que tiene también que cerrarle el paso a la impunidad que se da, precisamente, en la liberación de muchos delincuentes que el Poder Ejecutivo –la PGR, el Ejército o la Secretaría de Seguridad Pública– pone en la cárcel y salen a los pocos meses por su propio pie”.Lo ocurrido en Tijuana pone en entredicho el discurso presidencial por lo que hace a la actuación de la delegación de la PGR y del propio Ejército, aunque el Poder Judicial optó por no responder a la imputación de Calderón, sobre todo porque las cifras de la Suprema Corte desacreditan lo dicho por el habitante de Los Pinos. Ortiz Mayagoitia así se lo hizo ver al mismo Calderón en diciembre pasado, cuando el primero dio su primer informe como presidente de la Corte. En un discurso que leyó ante el presidente, aseguró que durante 2007, en el caso de delitos penales federales, cuatro de cada cinco sentencias dictadas por jueces y magistrados fueron condenatorias; es decir que, según la Suprema Corte, son muy pocos los casos en que un acusado por la PGR de un delito federal es liberado por los tribunales. Por lo que se refiere a las apelaciones tramitadas por la PGR en contra de decisiones de jueces federales, en ocho de cada 10 la justicia federal confirmó la sentencia recurrida. Y a pesar de que a principios del año pasado el propio Calderón pasó por encima del Poder Judicial al autorizar la extradición de 15 narcotraficantes requeridos por Estados Unidos –lo que provocó el malestar de los jueces encargados de la instrucción de esos casos (Proceso 1579)–, Ortiz Mayagoitia le señaló a su ahora reclamante que en 2007 el Poder Judicial tramitó 96 procedimientos de extradición –en su mayoría de personas que requirió Estados Unidos– autorizados por el gobierno de Calderón.Inclusive las cifras de la administración federal, tomadas del primer informe de gobierno de Calderón, indican que la tendencia desde el año 2000 es que nueve de cada 10 acusados por delincuencia organizada son condenados desde la primera instancia por un juez federal. Más todavía, de acuerdo con el primer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el primer año de la administración calderonista disminuyeron 4.4% las consignaciones del Ministerio Público Federal, en tanto que “el porcentaje de sentencias condenatorias por cada 100 delitos federales cometidos fue de 35.2, equivalente a 2.3 puntos porcentuales mayor que lo alcanzado en 2006”.A pesar de que esas cifras echan abajo el reclamo presidencial, la liberación de los presuntos integrantes del cártel de los Arellano Félix en Tijuana aún está lejos de resolverse, pues el Ministerio Público reclamó ante un tribunal unitario la decisión del juez, quien a su vez asegura que la detención no ocurrió como lo reportó el Ejército.
Las otras versiones
La aprehensión de las personas mencionadas estuvo a cargo de elementos de la II Zona Militar, bajo la jurisdicción del comandante de la II Región Militar, el general Sergio Aponte Polito, quien en abril pasado causó una crisis política entre los aliados de Calderón al acusar a las autoridades civiles municipales, estatales y federales de proteger a narcotraficantes en el estado (Proceso 1644). En un operativo que según el Ejército fue resultado de una denuncia anónima, 18 personas fueron capturadas en la calle Benito Juárez del ejido Mariano Matamoros, en posesión de 12 armas de fuego –entre ellas varias de alto calibre, como rifles R15 y ametralladoras Uzi–, 392 gramos de crystal, 74 gramos de cocaína y dinero.Los detenidos fueron presentados por el Ejército en el cuartel Morelos, asiento de la Zona Militar, donde se aseguró que el operativo fue resultado de una denuncia anónima y como parte del programa “Nosotros Sí Vamos”, puesto en marcha por el general Aponte Polito.A diferencia de otras acciones reportadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte de los operativos contra el narcotráfico, ésta no fue consignada por la Sedena en la Ciudad de México.Después de ser presentados ante la prensa en las instalaciones militares, las personas capturadas fueron trasladadas a la delegación de la PGR en Tijuana, donde el Ministerio Público Federal dejó en libertad a cinco. Las otras 13 quedaron a disposición del juez en el penal de La Mesa.Pero Maldonado Soto aseguró no haber encontrado elementos para procesarlas por delitos de delincuencia organizada, por lo que el 1 de marzo ordenó su libertad. En el caso de las drogas, según la resolución del juez, no se comprobó que fueran para venta, y en el de las armas, tampoco se acreditó que pertenecieran a los detenidos.Cuando salían del penal, agentes de la SIEDO detuvieron a ocho de ellos y dejaron libres a cinco. Los primeros fueron trasladados y arraigados en la Ciudad de México. La SIEDO no informó quiénes fueron los liberados.El caso está lleno de acusaciones entre la PGR y la justicia federal, así como de inconsistencias sobre la manera como se produjo la captura. Según el Ejército, fue a las cuatro de la mañana del 23 de febrero en cuatro vehículos y en la vía pública. Pero los acusados declararon al Ministerio Público que se les detuvo un día antes en un inmueble dedicado a la pelea de gallos, pero que no tenían armas.De acuerdo con el semanario Zeta, de Tijuana, los 18 detenidos iban a arreglar una deuda por droga con una pelea de gallos en un inmueble del ejido. Entre los capturados estaba un joven que llevaba mil 356 dólares y portaba un rosario dorado con dije de Cristo y un reloj Cartier. Según la misma versión, El Teo ofreció medio millón de dólares para la libertad de dos de los detenidos, y ninguno era El Sombrero.
La negativa del Ejército
A la liberación de cinco personas dispuesta por el Ministerio Público el 25 de febrero siguió la decisión del juez de liberar a los 13 restantes. La resolución levantó ámpula y Maldonado Soto tuvo que salir a explicar su sentencia. Lo hizo en una entrevista con el semanario Zeta.El juez habló avalado por el Consejo de la Judicatura Federal, que “después de aprobar una nota de prensa elaborada en el juzgado de Distrito, dejó en el juzgador la decisión de salir a los medios”, aseguró personal del juzgado a Proceso.Maldonado se presentó acompañado de los cinco secretarios del juzgado, pues todos participaron en la integración del expediente debido a la cantidad de declaraciones y a los tiempos legales para emitir el fallo. El juzgador defendió su decisión con un señalamiento directo al Ministerio Público Federal por integrar mal la averiguación previa: “Lo que pasa es que están tratando de desviar la atención hacia acá, señalando que nosotros somos responsables de algo que no hicieron bien ellos”.Según el juez, el Ministerio Público Federal consignó por delincuencia organizada con una hipótesis relativa a la comisión de homicidio, “pero legalmente el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada no considera el homicidio como delincuencia organizada; no está en la lista y no podemos configurarlo”.Más aún, de acuerdo con lo informado a Proceso en el Juzgado Sexto de Distrito de Tijuana, la defensa de uno de los indiciados solicitó que el Ejército ratificara sus acusaciones, pero éste se negó con un argumento burocrático: que la solicitud se debía hacer con 10 días de anticipación a la Sedena, en el DF, además de que varios de los participantes en la detención ya habían salido de esa jurisdicción militar.En el encuentro con el semanario tijuanense, uno de los secretarios del juzgado, Luis Garza, aseguró que el Ejército también pudo haberse equivocado: “El hecho de que sean autoridades no les da la calidad de testigos irrefutables; no quiere decir que lo que narren sea la verdad a pie juntillas, sino que deberá analizarse todo el expediente y ver su veracidad o mendacidad. Ellos en la actualidad ya no pueden tomar confesiones”.Al final, la sentencia del juez hizo eco de los argumentos de los detenidos y no de los del Ejército y la PGR, aunque el juzgador considera que la SIEDO podría allegarse los elementos sobre la probable responsabilidad de los ocho arraigados, no los que aportó el Ministerio Público en Tijuana.El magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el DF, Miguel Ángel Aguilar López, asegura en entrevista que la mayoría de este tipo de casos se debe a una mala consignación del Ministerio Público.“El juez normalmente dice que el Ministerio Público no integra bien sus averiguaciones previas, pero no puede suplir esa deficiencia. La Constitución, las leyes secundarias, la doctrina y la jurisprudencia se lo prohíben. Sin embargo, añade, los jueces dejan el expediente a disposición del Ministerio Público para que siga investigando.” Exagente del Ministerio Público Federal, el magistrado asegura que si los jueces corrigieran esas deficiencias, “entraríamos en un estado de control social en donde las garantías, entre ellas la de presunción de inocencia, se verían restringidas o limitadas en aras de castigar”.Considera que los Ministerios Públicos son más vulnerables que los jueces y magistrados a las presiones de la delincuencia organizada para maniatarlos. “Socialmente así se ha evidenciado. Además de que nosotros somos vigilados permanentemente, sin soslayar que algunos jueces han muerto por cuestiones de delincuencia organizada, aunque aun eso no se ha determinado del todo”, acota.Refiere que como juez, magistrado de apelación y magistrado de amparo ha conocido asuntos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero, y ha juzgado y procesado a numerosas personas por delitos contra la salud. Pero también ha fallado en contra del Ministerio Público a pesar de los intereses especiales que éste pueda tener.Uno de esos casos fue el conocido como “Casa Blanca”, una investigación de lavado de dinero en México instigada por el gobierno de Estados Unidos. “Cuando vi el expediente y me tocó ser ponente en el Tribunal Colegiado, pude advertir que las pruebas del Ministerio Público no eran suficientes para acreditar exactamente los delitos imputados.“Los argumentos se desvanecieron y, pese a que el caso representaba una problemática para algunos, determiné en conciencia conceder el amparo a los procesados. Entre otras razones, porque en México sólo puede investigar el Ministerio Público, y aquí hubo investigaciones de policías que no tienen facultades ni competencias en territorio mexicano. Además de que los otros supuestos delincuentes eran agentes encubiertos. “Era un asunto preestablecido en el que estaban acotadas las circunstancias para la acusación. Además, a los acusados no se les podía fincar el delito de lavado de dinero porque éste tendría que haber sido de origen ilícito, y en el caso se trataba de dinero lícito del Tesoro estadunidense.” Para el magistrado, el caso demuestra que, no obstante la gravedad de las acusaciones, muchas veces el Ministerio Público no acredita la acusación. “Pero en todo caso –dice– no se trata de ver quién es el culpable. Y si se va a hacer, tenemos que declararnos todos culpables”. l

Represión, abusos, desapariciones...

Torturas. Impunidad

José Gil Olmos

El número de muertes en el país relacionadas con el crimen organizado adquiere dimensiones inusitadas. El procurador Eduardo Medina Mora reconoció que este año van mil 378 ejecuciones; el 10% de estas bajas corresponden a elementos de la policía, la PGR, el Ejército y la Marina. Ante este escenario, organizaciones sociales muestran su preocupación no sólo por la militarización del combate al narcotráfico –25 mil soldados y policías federales se encuentran desplegados en diversas regiones del país–, sino por el retorno de prácticas represivas que, dicen, estaban ya superadas. Dentro y fuera del país, organizaciones sociales advierten que la situación de los derechos humanos en México es “extremadamente crítica”.Su argumento: el gobierno de Felipe Calderón carece de una política de protección en ese campo. Además de condenar la salida del país de Amerigo Incalcaterra, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por supuestas presiones del gobierno de Felipe Calderón, también hacen hincapié en lo inconveniente que resulta utilizar al Ejército en la lucha contra el narcotráfico, en el repunte de la práctica de la tortura y en la desaparición forzada de personas, así como en la aplicación de una política de criminalización de la protesta social.Édgar Cortez, integrante de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, sostiene: “Lamentablemente es el perfil de un gobierno que se ha desentendido de los derechos humanos, que mantiene un discurso y un trabajo en foros internacionales muy a favor, pero que en el ámbito doméstico es todo lo contrario e incluso contribuye a su agravamiento.”Y asegura que, como lo dijo la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, cuando visitó México, “seguimos viviendo una especie de esquizofrenia en materia de derechos humanos”.Para Cortez, el resurgimiento de las desapariciones forzadas y los casos de tortura registrados durante el gobierno de Calderón es grave porque, afirma, significa el retorno de crímenes de lesa humanidad que ocurrían en la llamada guerra sucia y que se creían superados.Cita los casos de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, quienes se encuentran desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007.Otro hecho, agrega, es la “criminalización” de la protesta social. Las violaciones a los derechos humanos que se presentan con más frecuencia son las agresiones contra periodistas. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2007 fueron asesinados cuatro periodistas y tres más fueron reportados como desaparecidos. Desde que el PAN llegó al gobierno en 2000, 35 comunicadores han sido ejecutados y otros seis han desaparecido. No se ha aclarado ni un solo caso.Señala Cortez: “La situación se sigue agravando sin que a la fecha la fiscalía especial creada para investigar los casos de los periodistas haya dado resultados, con el efecto que esto tiene con la libertad de expresión y de que no existan problemas para que los medios aborden todos los temas, incluido el de seguridad y el narcotráfico.”Así mismo, considera que la militarización en las tareas de combate al crimen organizado viene desde 1995, cuando el gobierno creó las Bases de Operación Mixta (BOM), integradas por elementos del Ejército y de las policías federales y estatales. Desde entonces, dice, el gobierno nunca se preocupó por la profesionalización y la depuración de los cuerpos policiacos.Un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) sostiene que la espiral de violencia provoca la muerte de ocho personas por día. Hasta la fecha, según el documento, las víctimas del crimen organizado suman 4 mil 172.El propio procurador Eduardo Medina Mora dijo en una entrevista radiofónica, el viernes 23, que en lo que va de 2008 han sido ejecutadas mil 378 personas, lo que representa un incremento de 47% con respecto al período correspondiente al año pasado, en el que las bajas fueron 940, todas atribuidas al crimen organizado.Destacó que de esos muertos 450 eran policías, policías fiscales o miembros del Ejército Mexicano y la Marina. Eso significa, según el procurador, que poco más del 10% son bajas de servidores públicos. Para Medina Mora, estas cifras reflejan los golpes que el gobierno de Calderón ha asestado al narcotráfico y son “una expresión de su fortaleza”.Lo que el funcionario omitió es que a partir de que Calderón decidió que el Ejército encabezara la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la CNDH ha recibido 634 quejas por actos de ilegalidad de las Fuerzas Armadas y ha emitido seis recomendaciones.
Los excesos
Cifras extraoficiales indican que más de 25 mil soldados y policías federales fueron desplegados en puntos clave del país para combatir el narcotráfico. La actuación de los militares ha sido muy criticada por los asesinatos de civiles en los retenes instalados y por las violaciones a mujeres en algunos de los operativos.Sobre esto último, el 2 de mayo de 2007, en un operativo militar en Nocupétaro, Michoacán, cuatro adolescentes que trabajan en un bar fueron secuestradas, drogadas y violadas en el cuartel de la XXI Zona Militar. Tan sólo por ese operativo, que se extendió a los municipios de Carácuaro, Huetamo y Apatzingán, la CNDH recibió 52 quejas por presuntas violaciones de las garantías individuales.En cuanto a los llamados “daños colaterales” en la guerra contra el narcotráfico, el 1 de junio de 2007, en el poblado de la Joya, municipio de Sinaloa de Leyva, un grupo soldados disparó contra una camioneta donde viajaba una familia. Murieron cinco personas, entre ellas un par de niños, y tres más resultaron heridas. Actualmente 19 militares están bajo proceso por este caso.Dos días después, el 3 de junio, sobre la carretera que va de Mier a Nuevo Laredo, Tamaulipas, los soldados que estaban en un retén dispararon contra un vehículo que no atendió el alto. En ese incidente murió el copiloto Héctor Adrián Salazar Hernández, de 27 años.La madrugada del pasado 16 de febrero, en un retén de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, fue acribillado un vehículo en el que viajaban Sergio Meza y José Antonio Barbosa. El primero murió, mientras que su compañero, de origen estadunidense, quedó herido. Ambos andaban de parranda.Para el mes siguiente, el día 26, hubo otro incidente en la comunidad de Santiago de Caballero, municipio de Badiraguato, Sinaloa. En esa ocasión un grupo de jóvenes viajaban en una camioneta cuando un camión con soldados les dio alcance y les disparó varias ráfagas. Murieron cuatro civiles. En un principio las autoridades castrenses alegaron que se trató de un enfrentamiento, pero las primeras indagatorias revelaron que la versión era falsa. Por este hecho fueron consignados cinco militares.Finalmente, el lunes 5, en un enfrentamiento entre soldados y presuntos sicarios del grupo de Los Zetas, en el municipio de Villa de Cos, Zacatecas, murieron tres civiles: Edwin Castañeda López, Alejandra Pérez Rodríguez y una niña de nueve años, Noemí Pinales Hernández.Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), advierte sobre los riesgos que implica la participación del Ejército en el combate al crimen organizado. Esto sólo lleva a que “se legitime la represión y se reduzcan derechos y garantías fundamentales”, dice.El peligro reside en que el gobierno de Calderón, en lugar de reconstituir a los cuerpos policiales para combatir el narco y la inseguridad pública, puede caer en la tentación de mantener a las Fuerzas Armadas de manera permanente en su cruzada.Incluso advierte: “Hemos visto que con la injerencia militar en ámbitos civiles persiste el riesgo de que los procesos democráticos se realicen sin la rapidez deseable, sobre todo que no se avance hacia un estado de respeto a los derechos humanos”.El director del Prodh sostiene que la alternancia política no ha llevado a una recomposición de los espacios de poder y observa que la polarización social se agudizó a partir de aquellas elecciones.“El escaso margen por el que se decide la elección y el clima de confrontación posterior han obligado prácticamente al presidente Calderón a construir su legitimidad con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, señala el director de este centro que lleva 20 años de trabajo ininterrumpido.Y añade: “Ante esta situación hemos externado nuestra preocupación por el protagonismo militar, ya que consideramos que (Calderón) actúa contra la consolidación de los procesos democráticos.”Adrián Ramírez López, director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), destaca que al haberle apostado al Ejército en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad pública, Calderón ha generado un contexto de graves violaciones a los derechos humanos poniendo en riesgo a todos los mexicanos.“Hemos visto los ataques que el Ejército ha lanzado de manera indiscriminada en diferentes lugares en los que ha habido muerte de civiles. Creo que el gobierno de Calderón pasa por encima del supremo derecho a la vida, así como del de libre voluntad de tránsito y del de asociación”.Ramírez destaca que con la decisión de mantener al Ejército en las calles en funciones policiales, Calderón viola el artículo 129 de la Constitución que establece con claridad que en tiempo de paz ninguna autoridad militar podrá ejercer ninguna acción para la que no está facultada.Así mismo, habla de la impunidad con la que actúa el Ejército. A pesar de que hay denuncias de violaciones graves a los derechos humanos, incluidos algunos asesinatos y abusos sexuales contra militares, ninguno de éstos ha sido consignado ante las autoridades civiles; todos los casos han sido remitidos a la Procuraduría de Justicia Militar.
La ilegitimidad
Los defensores de derechos humanos consultados por este reportero consideran que entre los factores que generan la crisis en materia de derechos humanos está la falta de legitimidad con la que Calderón llegó a Los Pinos, así como la polarización social que se derivó de las elecciones del 2 de julio de 2006.Para el representante de la Limeddh es paradójico que Calderón no esté ganando legitimidad con el uso del Ejército. Es con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y del empresariado nacional como ha logrado sostenerse, asegura el dirigente social.“Lo que se nota en el gobierno de Calderón es el desinterés que tiene con la constante violación a las garantías individuales, porque para él los derechos humanos son un obstáculo en su guerra en contra del narcotráfico y los grupos insurgentes”, puntualiza.Luis Arriaga, del Prodh, subraya que la falta de castigo a los responsables refleja la persistencia de la impunidad de parte de actores diversos, principalmente los gubernamentales, como fue el caso del conflicto en Oaxaca.“Persiste la impunidad, no hay acceso a la justicia por parte de las víctimas, tampoco se castiga a los responsables y mucho menos existe la reparación de daños”, externa. Y menciona el fracaso que significó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), coordinada por Ignacio Carrillo Prieto. Funcionó durante varios años y al final no pudo llevar a la cárcel a ninguno de los responsables de los asesinatos y desapariciones cometidas contra guerrilleros y luchadores sociales en la llamada guerra sucia.“Sabemos muy bien que para avanzar en un régimen democrático, de respeto a los derechos humanos, es necesario aclarar los crímenes del pasado. No podemos prescindir del derecho de las familias a conocer la realidad, de tener acceso a la justicia y, sobre todo, que se les dé una reparación adecuada”, sostiene Arriaga.
La salida de Incalcaterra
Ante esta situación de crisis, los responsables de las organizaciones no gubernamentales consideran grave la salida del país de Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por supuestas presiones del gobierno de Calderón a raíz de sus críticas al uso del Ejército en la lucha contra el crimen organizado.Arriaga expone: “Nos preocupa que sean ciertas las versiones de que salió por presiones del gobierno. El representante de la ONU señaló con oportunidad y con firmeza prácticas violatorias a derechos humanos; impulsó estrategias claras para promover la vigencia de los derechos humanos, y abrió algunos canales de comunicación entre diversos actores. En algunas ocasiones tuvo una voz crítica y con capacidad de aportar elementos sustantivos para prevenir violaciones a los derechos humanos.“Lo grave de su salida por las presiones del gobierno es que contribuye a profundizar un clima desconfianza y de conflicto. Estamos ante un país con un régimen que se ha caracterizado por sufrir una situación alarmante en materia de derechos humanos. Hemos visto que, más allá de la alternancia política, hay una recomposición de los espacios de poder.”Para Adrián Ramírez, la salida de Amerigo Incalcaterra es “el signo más ominoso” de los ataques a los defensores de derechos humanos.“Si el representante del máximo órgano de la ONU para los derechos humanos es presionado para que salga de la representación, ¡imagínese la situación que día a día viven los defensores de derechos humanos, los reporteros, los líderes de opinión y los luchadores sociales! Es una situación grave, es un signo más que nos preocupa.”El activista español Ignacio García, quien llegó a la Ciudad de México el miércoles 21 para entregar al gobierno de Calderón el informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) sobre los casos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, calificó de “extremadamente crítica” la situación de los derechos humanos en México.Tras 10 años de trabajo durante los cuales han visitado seis veces el país para observar la situación de los derechos humanos en la zona sur de la República, dijo que hay muy pocos avances en la aplicación de la justicia.En los foros internacionales, subrayó, “hay declaraciones más positivas y los compromisos se cumplen; pero en los hechos desgraciadamente esta política no se corresponde. Un ejemplo de ello es Acteal, donde hasta ahora no se ha hecho justicia a pesar de que ya pasaron más de 10 años. Lo mismo sucede en los casos de San Salvador Atenco y Oaxaca”.

Desaparición “forzada”, la de los dos eperristas

Marco Appel

BRUSELAS.- Aunque el pasado 7 de mayo la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Benita Ferrero-Waldner, anunció que México ha ascendido a la exclusiva categoría de “socios estratégicos” de ese bloque comercial, poco antes había acusado a las autoridades mexicanas de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El 4 de abril, en una comunicación oficial dirigida al eurodiputado español Raúl Romeva –con el número de folio E-0266/08ES–, la comisaria austriaca Ferrero-Waldner tipifica ambos casos como “desapariciones forzadas”.Señala allí que, “desde finales de 2007”, la Comisión Europea –el órgano de la UE que vigila el cumplimiento de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con México, en vigor desde el año 2000– está dando “seguimiento” al asunto de “las desapariciones forzadas” de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.Entrevistado por Proceso, el eurodiputado Romeva advierte que esa respuesta de la comisaria refleja la “gravedad” de la situación de los derechos humanos en México, ya que es la primera vez que la Unión Europea “reconoce” la existencia de “desapariciones forzadas” en México.Éstas son definidas por el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006 y que sirve de base jurídica a los señalamientos que hace la diplomática europea.La Convención estipula que “por desaparición forzada debe entenderse el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes de Estado, o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.Esa misma Convención Internacional, signada ya por 72 países, considera la desaparición forzada como un “crimen de lesa humanidad”.Apenas el pasado 18 de marzo, el gobierno de Felipe Calderón ratificó dicha Convención, que requiere de otras 16 ratificaciones para entrar en vigor. Sin embargo, organismos de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional lamentaron que México lo hiciera sin reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, instituido para recibir y examinar las quejas de las víctimas o sus familiares.En vista de ello, Romeva señala que, tras la respuesta de la comisaria, “la Comisión Europea se sitúa en un escenario en que debe tomar decisiones de forma pública e inmediata”.
–¿El caso amerita activar la cláusula democrática del acuerdo? –le pregunta este corresponsal.
–Por supuesto. Para que sirva una cláusula de ese tipo, debe aplicarse. De otra forma no tiene sentido. Espero que, al menos en el marco de esa cláusula, el asunto sea tratado. Las autoridades mexicanas suelen esconderse detrás del principio de no injerencia para no tocar esos temas con observadores extranjeros. Pero en materia de derechos humanos no hay tal injerencia, porque el diálogo en la materia es parte del acuerdo. Lo aceptó y firmó el gobierno mexicano: espero que esta vez entienda que el problema de las desapariciones forzadas forma parte de la cláusula democrática.Conforme al artículo 58 del mencionado acuerdo, la desaparición forzada puede clasificarse como “caso de urgencia especial”. En esa circunstancia, la Comisión Europea está facultada para aplicar “unilateralmente” las medidas que juzgue “adecuadas”, desde un diálogo extraordinario hasta un proceso de suspensión del acuerdo.
Preocupación
El pasado 17 de enero, el eurodiputado Romeva mandó una “comunicación parlamentaria” a Benita Ferrero-Waldner. En ella le preguntó qué acciones había adoptado la Comisión Europea, en el marco del acuerdo global con México, frente a las desapariciones forzadas de los presuntos guerrilleros.La comisaria –en un tono menos condescendiente hacia el gobierno mexicano que en ocasiones anteriores– reconoció en su respuesta que el hecho ha despertado tanta preocupación que la Comisión Europea debió establecer contacto “con fuentes independientes y organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, con la finalidad de obtener el máximo de información posible sobre el asunto”.Ferrero-Waldner informó que funcionarios de la Comisión Europea fueron autorizados a sostener reuniones “periódicas”, entre otros, con abogados de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) que han asumido la defensa de los activistas desaparecidos. Uno de esos encuentros se efectuó en la propia sede de la Delegación de la Comisión Europea en el Distrito Federal, al que acudieron también “representantes de otras ONG”.La jefa de la diplomacia europea aseguró que “la Comisión se propone hacer un seguimiento del problema, a través de los canales y las modalidades apropiados, en el contexto de sus contactos con las autoridades mexicanas y en coordinación con los Estados miembros de la UE”. Así, expone que el año pasado el Consejo de la UE, que agrupa a los representantes de los 27 Estados socios, requirió “información específica” sobre la situación “en el convulso estado de Oaxaca”; donde desaparecieron Reyes Amaya y Cruz Sánchez. El Consejo de la UE y la Comisión Europea, explica la comisaria, enviaron entonces a México “una misión exploratoria” conjunta, a la cual se integraron los representantes de las embajadas de los países europeos y de la Delegación de la Comisión Europea en el país.Aunque la comisaria no aborda los resultados de esa misión, revela que el conflicto de Oaxaca “ha sido en varias ocasiones objeto de conversaciones con las autoridades mexicanas, tanto en México como en Europa”. l

Ambición por las gasolinas

El propósito, abrir el mercado de las gasolineras a las trasnacionales

Jenaro Villamil

El propósito de los impulsores de la reforma energética es abrir el mercado de las gasolinas a las trasnacionales. Exsubdirector comercial de Pemex, Javier Jiménez Espriú afirma lo anterior y aclara: eso nadie lo ha dicho porque no han analizado el contenido del artículo 4 de la nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional. Una visión similar es la del exdirector de Pemex Francisco Rojas, quien aborda el caso en un artículo próximo a publicarse y cuya copia entregó a Proceso.La posibilidad de que empresas trasnacionales como Shell o Exxon tengan sus propias gasolineras en todo el país no es tan lejana.Las cinco iniciativas de Felipe Calderón en materia energética no sólo permitirán la inversión privada en refinación, transporte y almacenamiento de ductos, sino también la apertura total en el mercado de gasolinas y la privatización de un mercado interno de derivados de petróleo con un valor que oscila entre 75 mil y 80 mil millones de dólares.“Si la reforma es aprobada, prepárense los mexicanos a pagar 11 pesos el litro de gasolina en lugar de 7 pesos y a ver estaciones de Exxon frente al Ángel de la Independencia”, afirma a Proceso el ingeniero Javier Jiménez Espriú, exsubdirector comercial de Pemex.Jiménez Espriú llegó a esta conclusión después de un minucioso análisis de la redacción propuesta para el artículo 4 de la nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, iniciativa que ha sido considerada “abiertamente anticonstitucional” por los principales juristas que han participado en los cuatro foros de debate sobre la reforma energética organizados en el Senado.El texto de este artículo –que Jiménez Espriú lee ante este reportero– señala que “los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de petroquímicos básicos”.En paralelo, advierte, el artículo 14 de la misma iniciativa establece que los precios de las gasolinas estarán sujetos a regulación de precios, “salvo que existan condiciones de competencia efectiva, y los artículos 2 y 3 propuestos en la Ley de la Comisión Reguladora de Energía le dan a ésta la competencia de fijar los precios de venta de las gasolinas para Pemex”.Y prosigue: “Resumiendo, lo que la iniciativa dispone es que los particulares puedan almacenar, transportar y distribuir gasolinas y que mientras no haya condiciones de competencia efectiva Pemex no puede vender por debajo de los precios que fije la Comisión Reguladora de Energía (CRE).“¿Cómo se pueden lograr condiciones de competencia efectiva, si no es mediante la participación de particulares vendiendo gasolinas en competencia con Pemex?”, se pregunta Jiménez Espriú; “¿Cuál es el objeto que un regulador le fije los precios de venta de las gasolinas a Pemex si no es el de asegurar que Pemex no venda abajo del mercado haciéndole competencia desleal a los particulares que compitan con él en la venta de gasolinas?“Queda claro en la iniciativa que uno de sus efectos o propósitos es abrir el mercado de las gasolinas, y eso no se le ha dicho a la gente.”Hasta ahora, en los cuatro debates realizados en el Senado ninguno de los defensores de las cinco iniciativas originales enviadas por Felipe Calderón han mencionado este punto; tampoco lo han hecho los críticos más importantes, que han participado por parte del Frente Amplio Progresista.Para Jiménez Espriú, “está tan enterrado y oscuro” este efecto en las iniciativas, que es difícil percatarse de ello, a menos que uno conozca la industria. Protagonista en los noventa de las negociaciones para que Pemex tuviera 2.5% de las acciones de Repsol, cuando esta empresa española aún era mayoritariamente estatal, y artífice del contrato de Deer Park “que no es un contrato de maquila” como insiste el gobierno federal, Jiménez Espriú recuerda un episodio sobre la importancia del mercado de las gasolinas:Dice: “Cuando fui subdirector comercial implementamos lo de las franquicias de las gasolinas. En una reunión en Los Pinos en la que estuvimos el presidente Carlos Salinas, José María Córdoba, Pedro Aspe, Francisco Rojas y yo, se discutió que en lugar de las franquicias se privatizaran las gasolineras.“La frase común es que estaban tan mal las gasolineras de Pemex que ‘no se podía entrar ni a los baños’. Yo me opuse. Pedro Aspe sugirió que vinieran los privados. Argumentamos. Salinas nos dijo ‘párenle’. ‘El primer día que aparezca una gasolinera abanderada por Shell se cae el gobierno’, nos dijo.”En el sureste del país tan sólo el Grupo Energético del Sureste (GES), propiedad de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, es propietaria de 37 franquicias de gasolineras y aspira a abrir otras 14 en otras entidades del país, de acuerdo con la propia información del Corporativo GES.
Gasolinas y gas
La tesis de Jiménez Espriú coincide también con el escenario que prevé Francisco Rojas, exdirector de Pemex, quien participará este martes 27 en el quinto foro de debate, junto con Francisco Barnés de Castro, exrector de la UNAM; Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas; Mario Molina, Premio Nobel de Química, y otros cuatro ponentes.En su documento La reforma energética factible, elaborado para la Fundación Luis Donaldo Colosio, Rojas advierte que los promotores de una nueva ley reglamentaria para el artículo 27 constitucional señalan que esta reforma no basta. En su análisis sobre las iniciativas presentadas por Calderón, del cual Proceso obtuvo una copia, advierte Rojas: Ellos “recomiendan la modificación de otras disposiciones que permitan la construcción de refinerías, se elimine el control de precios en las gasolinas y otros derivados, se permita la libre importación y exportación, en su caso, de los refinados, y se autoricen gasolineras extranjeras para que compitan con Pemex en un ambiente de libre mercado”.Así mismo, advierte que los cambios incluidos en el artículo 4 de la reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27 contravienen “la integralidad de la industria petrolera nacional” y “ceden el valor agregado que genera esta etapa de la explotación petrolera”.También indica que se permitirá que las empresas privadas “interconecten la explotación y elaboración del gas natural, eliminando la restricción para conectarse de los pozos a las plantas”, según el artículo 2 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y permitirá que “las empresas privadas transporten, almacenen y distribuyan el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, sin la obligación de venderle los excedentes a Pemex”, de acuerdo con el artículo 4 de la iniciativa presidencial de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional.En este punto, Jiménez Espriú coincide con Rojas: el gobierno de Calderón pretende liberalizar el mercado de las gasolinas como antes se hizo con el gas natural.Afirma Jiménez Espriú: “Todos sabemos que en el caso del gas natural, aunque los particulares no puedan procesarlo en México, sí pueden importarlo, transportarlo y distribuirlo en competencia con Pemex y que la Comisión Reguladora de Energía ya implementó la regulación forzando a Pemex a no vender por debajo de los precios internacionales del gas. La reforma pone a las gasolinas exactamente en la misma situación que el gas natural”.
Contratos de riesgo y “empresas espejo”
En el segundo foro de debate, el jueves 15, Jiménez Espriú cosechó el mayor número de aplausos después de su ponencia en la que concluyó que el gobierno de Calderón “nos engañó antes con la amenaza y nos quiere engañar ahora con el disfraz de los contratos de riesgo”.Para el jurista Raúl Carrancá y Rivas, quien participó en el cuarto foro, la iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional es “absolutamente anticonstitucional”, específicamente el artículo 6 de dicha iniciativa “es un verdadero caballo de Troya en el cuerpo normativo del artículo 27 de la Constitución”.Es en este artículo donde se permiten los llamados “contratos de desempeño” o “contratos de incentivos” que para todos los críticos, incluyendo al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, Juventino Castro y Castro; a Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial del PRD, y al exprocurador general Sergio García Ramírez, constituyen “contratos de riesgo”, prohibidos en la Constitución.La redacción del texto del artículo 6 señala expresamente: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad”.Para los constitucionalistas que han participado en los debates del Senado esta redacción claramente constituye un contrato de riesgo. Jiménez Espriú advierte que esta condición está más clara en los artículos 45 y 46 de la iniciativa de la Ley Orgánica de Pemex, que “disfraza los contratos de riesgo” e inclusive permiten la adjudicación directa en los casos que las contrataciones tengan el propósito “de desarrollar innovaciones tecnológicas relacionadas con el objeto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”.“Imagínese, si se disfraza de ‘innovación tecnológica’ un contrato de exploración en aguas profundas, se podrá adjudicar de manera directa”, advierte Jiménez Espriú.La discrecionalidad es más clara en el caso del artículo 46 de la misma iniciativa de la Ley Orgánica de Pemex, que ordena: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo de proyectos exija con posterioridad. Petróleos Mexicanos podrá condicionar a que el proyecto genera ingresos para cubrir los costos correspondientes y podrá pactar incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo”.Para Jiménez Espriú, quien firmó “miles de contratos” como sudirector comercial de Pemex, no hay duda de que las últimas frases de este artículo constituyen un “contrato de riesgo”.Por su parte, Francisco Rojas advierte que también la redacción de los artículos 3 y 7 de la iniciativa de Ley Orgánica de Pemex podría dar lugar a las llamadas “empresas espejo”, que “podrían encubrir otra forma de privatización sin sustento económico y orgánico, trasluciendo incapacidades administrativas o de negociación, adelantándose, además, a la ‘balcanización’ de actividades estratégicas reservadas al Estado”.De acuerdo con Rojas, la creación de las llamadas “empresas espejo” sería una manera alterna de permitir contratos privados si se evitan los “contratos de maquila” que se proponen en materia de refinación.El tema de las “empresas espejo” ha interesado a varios gobernadores priistas, como el veracruzano Fidel Herrera, y el de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. Ambos participarán en el foro del jueves 29, junto con el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard; el gobernador michoacano, Leonel Godoy, y los gobernadores panistas de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y de Morelos, Marco Antonio Adame.
Las derrotas
Hasta ahora, en el Senado se han realizado cuatro foros de debate, en los que los defensores de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo no han sido capaces de argumentar a favor de la constitucionalidad de las reformas. Al intentar defenderlas, se han entrampado; incluso han llegado a reconocer que es posible que la ley reglamentaria del artículo 27 modifique las prohibiciones constitucionales y que el término “explotación” no abarca a todas las fases de la industria petrolera, por lo que está permitida la inversión privada.Empezaron mal los defensores. El martes 13 de mayo el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, abandonó la sesión después de sostener un breve debate con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El hijo del general que expropió el petróleo en 1938, advirtió que existe una “visión falaz, pretendidamente catastrofista, desde el diagnóstico de Calderón”.Cárdenas abrió la línea de crítica que continuó en el debate sobre el análisis jurídico. Advirtió que la apertura a la inversión privada en refinerías, transporte y almacenamiento significa que “no se proponen reformar la Constitución, sino que alientan a violarla” a través de una ley reglamentaria.El exsecretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz, insistió en que se trata de avanzar en la “privatización parcial” de la industria petrolera, que constituye una “operación hormiga” para minar a Pemex. Dos días después, Porfirio Muñoz Ledo destacó que más que operación hormiga, las iniciativas de Calderón representan una “operación roedora, ratonera”. “Aquí se junta el hambre con las ganas de comer, el hambre energética de las grandes potencias con las ganas de comerse los negocios de una parte considerable de la clase política”, sentenció Muñoz Ledo.Los argumentos defensores han sido endebles. El dirigente panista, Germán Martínez; el escritor Héctor Aguilar Camín, y el investigador Carlos Elizondo Mayer-Serra, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), desacreditaron a los opositores como “teólogos del petróleo”, presas de la “mitología nacionalista”, e insistieron que hay que superar los “tabúes constitucionales”, pero no respondieron a críticas puntuales sobre el contenido de las iniciativas expresadas por David Ibarra, Lorenzo Meyer y Arnaldo Córdova.Las dos primeras sesiones, del 13 y 15 de mayo, permitieron que los integrantes del equipo de López Obrador –Claudia Sheinbaum y José Agustín Ortiz Pinchetti– perfilaran las líneas principales de la propuesta del FAP.En la tercera sesión del debate, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, Juventino Castro y Castro, apoyó la propuesta lopezobradorista de una consulta popular antes de que se voten las iniciativas. En la última sesión, a pesar de que existían cuatro firmes defensores –Sergio López Ayllón, Miguel Carbonell, José Roldán Xopa y Fauzi Hamdan–, la nota la dieron los priistas. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, rechazó las presiones del presidente Felipe Calderón, expresadas el martes 20, mientras que el senador Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI, afirmó: “Sí creo que en esta iniciativa hay cuestiones inconstitucionales. Creo que hay por lo menos tres partes en donde hay vicios de inconstitucionalidad”.Desde la primera sesión, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, advirtió que su partido, clave para la aprobación de las iniciativas, “no aceptará la privatización abierta o encubierta de las refinerías... No apoyaremos cambio alguno para compartir la renta petrolera”.

Desplazados por la violencia La violencia ha "desplazado" también a familias de escasos recursos a esta ciudad

gabriela hernández

Laredo, Texas., 26 de mayo (apro).- Mauro siente cada mañana impotencia y rabia cuando tiene que cruzar el Puente Internacional Lincoln-Juárez, para trabajar en Nuevo Laredo, de donde es originario y donde pensaba vivir el resto de su vida. Pero como muchos otros habitantes de esa ciudad tamaulipeca, Mauro, administrador de empresas, decidió hace un año traerse a su familia a “este lado” del Río Bravo, para ponerla a salvo de la violencia generada por las bandas del narcotráfico, que en esta frontera es algo de todos los días. De hecho, en los últimos seis años, cientos de familias de Tamaulipas, en especial de Nuevo Laredo, han huido de esa ciudad para “refugiarse” en poblaciones de la frontera texana. No hay datos precisos aún, pero se cuentan por cientos las familias pudientes que han decidido cambiar su residencia a esta ciudad. La mayoría de ellas se han establecido en un sector, conocido como el “Little Madero” o “Maderito”.A últimas fechas, la violencia en Nuevo Laredo ha “desplazado” también a familias de escasos recursos esta ciudad fronteriza de Estados Unidos. Sin dinero para adquirir una casa, buena parte de esas `personas se han concentrado en los suburbios de los condados texanos, como Zapata, El Cenizo, Roma y Río Grande, entre otros. El Consejo Estatal de Población de Tamaulipas no cuenta con estadísticas que permitan tener una perspectiva de este fenómeno migratorio, provocado por la violencia. Lo único cierto es que cada vez es más notorio el despoblamiento de algunos sectores urbanos de Nuevo Laredo, como la colonia Madero. Decenas de residencias han sido puestas en venta por sus propietarios con precios 20% inferiores de su valor real, dice Oscar Chapa González, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Nuevo Laredo. Mauro dice ante el clima de violencia que priva en Nuevo Laredo muchas familias decidieron abandonar sus raíces y establecer su residencia en Texas. “Cuenta que algunas familias compraron casa, otras rentaron y, las menos, buscaron asilo con familiares y que ahora radican de manera ilegal en Estados Unidos, con todos los riesgos que eso implica.
Ahora, los “levantones”…
Mauro narra su propia historia: “Desde niño me dijeron que, si hacía lo correcto, me iba a ir bien en la vida… Estudié la carrera de Administración de Empresas y tengo una maestría. Hice lo que me habían dicho que era lo correcto, pero con tristeza me di cuenta que estábamos indefensos ante un puñado de delincuentes. Después de muchos años de no dormir y sentirme impotente, y ante los riegos que corría mi familia y yo, en lo personal, entendí que era imposible seguir viviendo en Nuevo Laredo”. Añade que sus amigos ya habían huido prácticamente de Nuevo Laredo. “A mi me costó mucho tomar la decisión, debido a que yo nací en Nuevo Laredo y tengo arraigos muy importantes ahí”. Explica que, hace ocho años, los habitantes de Nuevo Laredo convivían normalmente con familias involucradas en el tráfico de drogas. Sin embargo, subraya que con la llegada de Los Zetas todo cambió. Sostiene que los sicarios del cártel del Golfo “se ensañaron contra las familias de la clase alta y media alta” de Nuevo Laredo.
Prosigue:
“Antes se metían a las casas para robar, asaltaban a las mujeres o robaban coches amenazando a la gente con armas de armas de fuego. Luego vinieron los `levantones`, los secuestros… Lo peor fue cuando los grupos delictivos robaban casa por casa en la colonia Madero, donde radican los ricos de Nuevo Laredo. Uno no podía dormir tranquilo pensando que, en cualquier momento, podían entrar a la casa”.Mauro agrega que lo que lo empujó a tomar la decisión de dejar Nuevo Laredo fue cuando se enteró de que el hijo de un amigo suyo, que habían matado meses antes, fue secuestrado. “Eso fue lo que me llevó a irme a un país que no es el mío, sin papeles, a endrogarme con una casa que tengo que pagar durante 30 años, y a empezar a cambiar mis hábitos de vida. Vendí lo que tenía en Nuevo Laredo. Además, me ha costado trabajo acostumbrarme a la vida en Estados Unidos”, señala. Añade que lo más difícil para las familias que viven ahora en ciudades texanas, es el alto costo de la vida. “Ellos tienen una mentalidad muy abierta hacia las drogas y el sexo. Muchos tamaulipecos dicen que ya no aguantan; que mejor se van a regresar, aunque los maten… Además, no creo que las cosas vayan a cambar en Nuevo Laredo”.
“!Ya vámonos...!”
Igual que Mauro, Carlos cruza la frontera todos los días para trabajar en Nuevo Laredo. “Desde hace años, mi familia y yo teníamos planes de vivir algún día en Estados Unidos, pero la violencia en Nuevo Laredo adelantó esos planes. Pensábamos que lo ideal era trabajar en Estados Unidos y vivir en Nuevo Laredo. Nos gustaba la manera de vivir aquí, la convivencia, la gente y todo eso y, además, ganar dólares y gastar en pesos”, dice. Sin embargo, dice que, como la mayoría de los habitantes de Nuevo Laredo, él empezó a vivir en carne propia los embates de la delincuencia organizada contra la población. Cuenta que en 2001varios sujetos armados le robaron su camioneta, una pick up del año. Posteriormente, dice, uno de sus amigos, compañero de trabajo, fue ejecutado.“Pero lo que impactó más a mi familia y a mi fue lo ocurrido una madrugada, cuando ya estábamos dormidos. Cerca de la casa, hubo una balacera, en la que una patrulla quedó totalmente destruida. A raíz de ese incidente, mi hija casi no podía dormir y nosotros quedamos tan atemorizados que no la dejábamos salir ni siquiera a jugar en el patio de la casa”, señala.Carlos confiesa que al darse cuenta del impacto emocional que arrastraban acudieron con una psicóloga, quien les hizo ver que la niña sólo reflejaba el temor que ellos mismos le transmitían.
Explica:
“Fue entonces cuando empezamos a analizar la posibilidad de irnos a vivir al otro lado. Pero aun así lo pensábamos, porque era volver a empezar de nuevo: a comprar una casa, adquirir de un crédito a 30 años, cuando en Nuevo Laredo ya teníamos deudas”.Indica que la situación se agravó cuando se empezaron a presentar los asaltos casa por casa en la Colonia Madero, donde él vivía, y dijo a su familia: ¡Ya vámonos; ¿qué hacemos aquí?”. Carlos y su familia tienen ya dos años de vivir y trabajar en Laredo.“Ahora, sólo soy yo el que toma el riesgo de cruzar todos los días a Nuevo Laredo. Ya estoy tranquilo al saber que mi esposa y mis dos hijos están allá, donde también puede haber peligro, pero menos que acá. Muchos tamaulipecos comentan que están temporalmente en Texas, con la esperanza de que se solucione el problema y regresar a Nuevo Laredo”, dice.“Pero ya son tantos tamaulipecos que la colonia donde vivimos la llaman `Little Madero`. Un 50% de las personas que viven ahí son las que salieron huyendo de la violencia en Nuevo Laredo. Incluso, hace poco hicieron una fiesta en la que nos reunimos todos, y la llamaron `la fiesta de los refugiados`” Otro caso es el de Mirna. Ella perdió a su marido hace tres años, lo asesinaron frente a ella. Después de ese incidente, Mirna decisión abandonar Nuevo Laredo. Sin documentos migratorios y sin recursos para rentar un departamento, cruzó la frontera y actualmente vive de “arrimada” con una amiga en un maltrecho trailer house, en la colonia Zapata, Texas. “Desde entonces paso apuros algunos días y otros no”, dice la mujer que dejó a su hija en Nuevo Laredo, al cuidado de una tía.Menciona: “Muchas personas han llegado aquí igual que yo: a pasar apuros, a vivir como si estuviéramos en una colonia marginada de Nuevo Laredo, pero lo que buscamos en ponernos a salvo porque en Nuevo Laredo las cosas si están difíciles”.Mirna vive al día. Trabaja limpiando casas, una labor que, dice, cada vez es más difícil, debido a que el departamento de Migración de Estados Unidos realiza campañas para detectar a los ilegales.