El Justo Reclamo

Ambición por las gasolinas

El propósito, abrir el mercado de las gasolineras a las trasnacionales

Jenaro Villamil

El propósito de los impulsores de la reforma energética es abrir el mercado de las gasolinas a las trasnacionales. Exsubdirector comercial de Pemex, Javier Jiménez Espriú afirma lo anterior y aclara: eso nadie lo ha dicho porque no han analizado el contenido del artículo 4 de la nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional. Una visión similar es la del exdirector de Pemex Francisco Rojas, quien aborda el caso en un artículo próximo a publicarse y cuya copia entregó a Proceso.La posibilidad de que empresas trasnacionales como Shell o Exxon tengan sus propias gasolineras en todo el país no es tan lejana.Las cinco iniciativas de Felipe Calderón en materia energética no sólo permitirán la inversión privada en refinación, transporte y almacenamiento de ductos, sino también la apertura total en el mercado de gasolinas y la privatización de un mercado interno de derivados de petróleo con un valor que oscila entre 75 mil y 80 mil millones de dólares.“Si la reforma es aprobada, prepárense los mexicanos a pagar 11 pesos el litro de gasolina en lugar de 7 pesos y a ver estaciones de Exxon frente al Ángel de la Independencia”, afirma a Proceso el ingeniero Javier Jiménez Espriú, exsubdirector comercial de Pemex.Jiménez Espriú llegó a esta conclusión después de un minucioso análisis de la redacción propuesta para el artículo 4 de la nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, iniciativa que ha sido considerada “abiertamente anticonstitucional” por los principales juristas que han participado en los cuatro foros de debate sobre la reforma energética organizados en el Senado.El texto de este artículo –que Jiménez Espriú lee ante este reportero– señala que “los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de petroquímicos básicos”.En paralelo, advierte, el artículo 14 de la misma iniciativa establece que los precios de las gasolinas estarán sujetos a regulación de precios, “salvo que existan condiciones de competencia efectiva, y los artículos 2 y 3 propuestos en la Ley de la Comisión Reguladora de Energía le dan a ésta la competencia de fijar los precios de venta de las gasolinas para Pemex”.Y prosigue: “Resumiendo, lo que la iniciativa dispone es que los particulares puedan almacenar, transportar y distribuir gasolinas y que mientras no haya condiciones de competencia efectiva Pemex no puede vender por debajo de los precios que fije la Comisión Reguladora de Energía (CRE).“¿Cómo se pueden lograr condiciones de competencia efectiva, si no es mediante la participación de particulares vendiendo gasolinas en competencia con Pemex?”, se pregunta Jiménez Espriú; “¿Cuál es el objeto que un regulador le fije los precios de venta de las gasolinas a Pemex si no es el de asegurar que Pemex no venda abajo del mercado haciéndole competencia desleal a los particulares que compitan con él en la venta de gasolinas?“Queda claro en la iniciativa que uno de sus efectos o propósitos es abrir el mercado de las gasolinas, y eso no se le ha dicho a la gente.”Hasta ahora, en los cuatro debates realizados en el Senado ninguno de los defensores de las cinco iniciativas originales enviadas por Felipe Calderón han mencionado este punto; tampoco lo han hecho los críticos más importantes, que han participado por parte del Frente Amplio Progresista.Para Jiménez Espriú, “está tan enterrado y oscuro” este efecto en las iniciativas, que es difícil percatarse de ello, a menos que uno conozca la industria. Protagonista en los noventa de las negociaciones para que Pemex tuviera 2.5% de las acciones de Repsol, cuando esta empresa española aún era mayoritariamente estatal, y artífice del contrato de Deer Park “que no es un contrato de maquila” como insiste el gobierno federal, Jiménez Espriú recuerda un episodio sobre la importancia del mercado de las gasolinas:Dice: “Cuando fui subdirector comercial implementamos lo de las franquicias de las gasolinas. En una reunión en Los Pinos en la que estuvimos el presidente Carlos Salinas, José María Córdoba, Pedro Aspe, Francisco Rojas y yo, se discutió que en lugar de las franquicias se privatizaran las gasolineras.“La frase común es que estaban tan mal las gasolineras de Pemex que ‘no se podía entrar ni a los baños’. Yo me opuse. Pedro Aspe sugirió que vinieran los privados. Argumentamos. Salinas nos dijo ‘párenle’. ‘El primer día que aparezca una gasolinera abanderada por Shell se cae el gobierno’, nos dijo.”En el sureste del país tan sólo el Grupo Energético del Sureste (GES), propiedad de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, es propietaria de 37 franquicias de gasolineras y aspira a abrir otras 14 en otras entidades del país, de acuerdo con la propia información del Corporativo GES.
Gasolinas y gas
La tesis de Jiménez Espriú coincide también con el escenario que prevé Francisco Rojas, exdirector de Pemex, quien participará este martes 27 en el quinto foro de debate, junto con Francisco Barnés de Castro, exrector de la UNAM; Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas; Mario Molina, Premio Nobel de Química, y otros cuatro ponentes.En su documento La reforma energética factible, elaborado para la Fundación Luis Donaldo Colosio, Rojas advierte que los promotores de una nueva ley reglamentaria para el artículo 27 constitucional señalan que esta reforma no basta. En su análisis sobre las iniciativas presentadas por Calderón, del cual Proceso obtuvo una copia, advierte Rojas: Ellos “recomiendan la modificación de otras disposiciones que permitan la construcción de refinerías, se elimine el control de precios en las gasolinas y otros derivados, se permita la libre importación y exportación, en su caso, de los refinados, y se autoricen gasolineras extranjeras para que compitan con Pemex en un ambiente de libre mercado”.Así mismo, advierte que los cambios incluidos en el artículo 4 de la reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27 contravienen “la integralidad de la industria petrolera nacional” y “ceden el valor agregado que genera esta etapa de la explotación petrolera”.También indica que se permitirá que las empresas privadas “interconecten la explotación y elaboración del gas natural, eliminando la restricción para conectarse de los pozos a las plantas”, según el artículo 2 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y permitirá que “las empresas privadas transporten, almacenen y distribuyan el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, sin la obligación de venderle los excedentes a Pemex”, de acuerdo con el artículo 4 de la iniciativa presidencial de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional.En este punto, Jiménez Espriú coincide con Rojas: el gobierno de Calderón pretende liberalizar el mercado de las gasolinas como antes se hizo con el gas natural.Afirma Jiménez Espriú: “Todos sabemos que en el caso del gas natural, aunque los particulares no puedan procesarlo en México, sí pueden importarlo, transportarlo y distribuirlo en competencia con Pemex y que la Comisión Reguladora de Energía ya implementó la regulación forzando a Pemex a no vender por debajo de los precios internacionales del gas. La reforma pone a las gasolinas exactamente en la misma situación que el gas natural”.
Contratos de riesgo y “empresas espejo”
En el segundo foro de debate, el jueves 15, Jiménez Espriú cosechó el mayor número de aplausos después de su ponencia en la que concluyó que el gobierno de Calderón “nos engañó antes con la amenaza y nos quiere engañar ahora con el disfraz de los contratos de riesgo”.Para el jurista Raúl Carrancá y Rivas, quien participó en el cuarto foro, la iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional es “absolutamente anticonstitucional”, específicamente el artículo 6 de dicha iniciativa “es un verdadero caballo de Troya en el cuerpo normativo del artículo 27 de la Constitución”.Es en este artículo donde se permiten los llamados “contratos de desempeño” o “contratos de incentivos” que para todos los críticos, incluyendo al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, Juventino Castro y Castro; a Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial del PRD, y al exprocurador general Sergio García Ramírez, constituyen “contratos de riesgo”, prohibidos en la Constitución.La redacción del texto del artículo 6 señala expresamente: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad”.Para los constitucionalistas que han participado en los debates del Senado esta redacción claramente constituye un contrato de riesgo. Jiménez Espriú advierte que esta condición está más clara en los artículos 45 y 46 de la iniciativa de la Ley Orgánica de Pemex, que “disfraza los contratos de riesgo” e inclusive permiten la adjudicación directa en los casos que las contrataciones tengan el propósito “de desarrollar innovaciones tecnológicas relacionadas con el objeto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”.“Imagínese, si se disfraza de ‘innovación tecnológica’ un contrato de exploración en aguas profundas, se podrá adjudicar de manera directa”, advierte Jiménez Espriú.La discrecionalidad es más clara en el caso del artículo 46 de la misma iniciativa de la Ley Orgánica de Pemex, que ordena: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo de proyectos exija con posterioridad. Petróleos Mexicanos podrá condicionar a que el proyecto genera ingresos para cubrir los costos correspondientes y podrá pactar incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo”.Para Jiménez Espriú, quien firmó “miles de contratos” como sudirector comercial de Pemex, no hay duda de que las últimas frases de este artículo constituyen un “contrato de riesgo”.Por su parte, Francisco Rojas advierte que también la redacción de los artículos 3 y 7 de la iniciativa de Ley Orgánica de Pemex podría dar lugar a las llamadas “empresas espejo”, que “podrían encubrir otra forma de privatización sin sustento económico y orgánico, trasluciendo incapacidades administrativas o de negociación, adelantándose, además, a la ‘balcanización’ de actividades estratégicas reservadas al Estado”.De acuerdo con Rojas, la creación de las llamadas “empresas espejo” sería una manera alterna de permitir contratos privados si se evitan los “contratos de maquila” que se proponen en materia de refinación.El tema de las “empresas espejo” ha interesado a varios gobernadores priistas, como el veracruzano Fidel Herrera, y el de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. Ambos participarán en el foro del jueves 29, junto con el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard; el gobernador michoacano, Leonel Godoy, y los gobernadores panistas de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y de Morelos, Marco Antonio Adame.
Las derrotas
Hasta ahora, en el Senado se han realizado cuatro foros de debate, en los que los defensores de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo no han sido capaces de argumentar a favor de la constitucionalidad de las reformas. Al intentar defenderlas, se han entrampado; incluso han llegado a reconocer que es posible que la ley reglamentaria del artículo 27 modifique las prohibiciones constitucionales y que el término “explotación” no abarca a todas las fases de la industria petrolera, por lo que está permitida la inversión privada.Empezaron mal los defensores. El martes 13 de mayo el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, abandonó la sesión después de sostener un breve debate con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El hijo del general que expropió el petróleo en 1938, advirtió que existe una “visión falaz, pretendidamente catastrofista, desde el diagnóstico de Calderón”.Cárdenas abrió la línea de crítica que continuó en el debate sobre el análisis jurídico. Advirtió que la apertura a la inversión privada en refinerías, transporte y almacenamiento significa que “no se proponen reformar la Constitución, sino que alientan a violarla” a través de una ley reglamentaria.El exsecretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz, insistió en que se trata de avanzar en la “privatización parcial” de la industria petrolera, que constituye una “operación hormiga” para minar a Pemex. Dos días después, Porfirio Muñoz Ledo destacó que más que operación hormiga, las iniciativas de Calderón representan una “operación roedora, ratonera”. “Aquí se junta el hambre con las ganas de comer, el hambre energética de las grandes potencias con las ganas de comerse los negocios de una parte considerable de la clase política”, sentenció Muñoz Ledo.Los argumentos defensores han sido endebles. El dirigente panista, Germán Martínez; el escritor Héctor Aguilar Camín, y el investigador Carlos Elizondo Mayer-Serra, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), desacreditaron a los opositores como “teólogos del petróleo”, presas de la “mitología nacionalista”, e insistieron que hay que superar los “tabúes constitucionales”, pero no respondieron a críticas puntuales sobre el contenido de las iniciativas expresadas por David Ibarra, Lorenzo Meyer y Arnaldo Córdova.Las dos primeras sesiones, del 13 y 15 de mayo, permitieron que los integrantes del equipo de López Obrador –Claudia Sheinbaum y José Agustín Ortiz Pinchetti– perfilaran las líneas principales de la propuesta del FAP.En la tercera sesión del debate, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, Juventino Castro y Castro, apoyó la propuesta lopezobradorista de una consulta popular antes de que se voten las iniciativas. En la última sesión, a pesar de que existían cuatro firmes defensores –Sergio López Ayllón, Miguel Carbonell, José Roldán Xopa y Fauzi Hamdan–, la nota la dieron los priistas. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, rechazó las presiones del presidente Felipe Calderón, expresadas el martes 20, mientras que el senador Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI, afirmó: “Sí creo que en esta iniciativa hay cuestiones inconstitucionales. Creo que hay por lo menos tres partes en donde hay vicios de inconstitucionalidad”.Desde la primera sesión, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, advirtió que su partido, clave para la aprobación de las iniciativas, “no aceptará la privatización abierta o encubierta de las refinerías... No apoyaremos cambio alguno para compartir la renta petrolera”.