Malos cálculos del instituto obligan a ex empleados a hacer trámites hasta por décadas
La demanda dura unos 2 años si se contrata un abogado, el cual cobra hasta 50% del adeudo
Ángeles Cruz Martínez
Cuando cumplió 30 años de servicio como maestra de primaria, Lucía pensó que podría llevar una vida tranquila como jubilada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Jamás imaginó que las dos décadas siguientes y hasta la fecha, a sus 72 años de edad, se las pasaría entre trámites administrativos y procesos judiciales, sólo para lograr que el instituto le pague la pensión justa.
Al momento de su retiro, el ISSSTE calculó el monto de la pensión de Lucía tomando en cuenta sólo su salario tabular, cuando por ley tenía que haber incluido las compensaciones que también formaban parte de su ingreso, con las cuales su pensión sería 60 por ciento superior.
Tras 16 años de trámites burocráticos, “pérdida” de documentos y seudoabogados que la timaron, Lucía logró, en 2006, que el instituto le pagara lo que hasta ese momento le debía. Pero para entonces la maestra ya llevaba ocho años en un nuevo trámite para reclamar la pensión por viudez que le toca, y aún no termina.
Después de un rato de conversación, los datos y las fechas que ella maneja a la perfección se vuelven un galimatías para quien la escucha. Sin embargo, Lucía –quien prefiere mantener en reserva su identidad por temor a represalias– no pierde la calma y cuenta su historia, muestra los papeles que corroboran su dicho hasta que quede claro. Al fin, maestra.
Su problema actual es que, según el ISSSTE, no puede cobrar más de 10 salarios mínimos de pensión, y resulta que entre la propia y la que le dejó su marido, la cantidad es superior. Ella, con la experiencia de 20 años de trámites, lecturas de leyes y reglamentos, asegura que el mencionado límite se aplica a cada pensión de manera individual. Y un abogado lo confirma.
Tal vez, dice Lucía, ya no habría peleado nada si no fuera porque en enero de este año, el instituto le empezó a descontar lo que supuestamente cobró de más desde 2006, cuando su pensión por años de servicio se incrementó.
La de Lucía es una de las cientos de historias que hay en las oficinas centrales del ISSSTE, adonde jubilados y pensionados acuden cada martes y jueves a preguntar cómo va el trámite para regularizar su pensión. Todos tienen en común que el ISSSTE “se equivocó” al momento de calcular el ingreso mensual que recibirían en el retiro y por eso tuvieron que interponer juicios que pueden durar cuatro años o más, si los llevan solos, o dos y medio si contratan un abogado, por cuyos servicios deben pagar entre 30 y 50 por ciento de lo que les entregue el instituto.
Quienes más padecen son los jubilados y pensionados que realizan el trámite de manera individual porque, una vez que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emite la sentencia definitiva, “tenemos que estar yendo al ISSSTE para corroborar que ya recibió la notificación judicial y que ya no falta ningún documento”.
Casi siempre falta algún papel y, a veces, hasta la sentencia, que ellos mismos tienen que llevar al departamento de consulta y regularización, a cargo de Víctor Gómez Cituk, para luego esperar entre dos o tres meses y en ocasiones hasta más de un año para que el ISSSTE les pague lo que les debe.
Los mismos empleados que atienden a los jubilados en la planta baja del edificio principal del instituto, en Plaza de la República, comentan que “el tiempo es variable y aquí lo único seguro es que tienen que estar viniendo a preguntar cómo va el trámite”.
Otro problema que enfrentan los afectados es que el departamento de consulta y regularización sólo atiende a 15 jubilados y pensionados los días martes y jueves. Así que para alcanzar una ficha es menester llegar a formarse a las 5 horas, o antes, aunque el servicio se inicia a las 9:30 o después, según la “carga de trabajo” que tenga Gómez Cituk, como ocurrió el pasado jueves, cuando los trabajadores en retiro empezaron a ser llamados de cinco en cinco cerca de las 10:30 de la mañana para que subieran al quinto piso.
El funcionario los despacha en menos de cinco minutos; apenas los mira, sólo para decirles cuándo deben volver, para ver si ya salió la resolución del trámite, lo que puede ser desde una semana hasta uno o dos meses después, según cada caso.
Un panorama distinto es el de los jubilados y pensionados que contratan los servicios de un despacho jurídico. Los abogados se encargan de dar sus vueltas al ISSSTE, de completar los papeles que falten (sin formarse), y el interesado sólo se presenta el día que va a cobrar su cheque. Así, a lo largo de la mañana pasan por el “módulo de demandas de pensión”, en la planta baja del edificio, varios abogados o gestores a checar las listas por si sale el nombre de alguno de sus clientes.
A quienes llegan a las cinco de la mañana les llama la atención la “eficiencia” con la que trabajan los abogados. No es para menos cuando se sabe que, según el despacho de que se trate, pueden llevar los trámites de 500 o hasta mil personas, aunque también existen otros que trabajan con cifras bastante menores.
Uno de estos abogados comentó que cuando llegó Gómez Cituk quiso eliminar la gestoría de los despachos, pero “el caos fue mayor”, pues el espacio del quinto piso y la planta baja fueron insuficientes para dar cabida a los demandantes. Tuvo que desistir y regresaron los litigantes.
El mismo Gómez Cituk reconoció ante una de las jubiladas, que el rezago es grande y que, desde su llegada al departamento de consulta y regularización, en la actual administración, ha resuelto alrededor de 2 mil casos, pero están pendientes muchos más, que obtuvieron sentencia definitiva del TFJFA en 2007 y años atrás.
Probablemente con la nueva Ley del ISSSTE se terminen estos trámites, debido a que en su artículo 17 define como sueldo básico el “sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado”.
La ley anterior establecía en su artículo 15 que el sueldo básico incluía “el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación”; en tanto que el Reglamento de Prestaciones Económicas puntualizaba que para el cálculo de la cuota diaria pensionaria se debía tomar en cuenta la información de la hoja única de servicios, la que contiene “las cantidades por concepto de sueldo, sobresueldo, compensación, quinquenios, prima de antigüedad y años de servicio prestados por el trabajador”.
lunes, mayo 26, 2008
Colombia, el principal factor de riesgo para la paz en AL: Foro de Sao Paulo
La declaración final en Montevideo llama a impedir la guerra preventiva en la región
El presidente nicaragüense Daniel Ortega insta a “derrotar la tiranía del capitalismo global”
Afp, Reuters y Dpa
Montevideo, 25 mayo. Colombia es “el principal factor de riesgo” para la paz en América Latina, afirmó este domingo en su declaración final el Foro de Sao Paulo, que llamó a “impedir” la guerra preventiva en la región, mientras en su discurso el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, instó a “derrotar la tiranía del capitalismo global”.
El Foro de Sao Paulo destacó que es necesario “extremar los esfuerzos por lograr una salida negociada al conflicto armado en Colombia, que asegure una paz duradera y evite la generalización del conflicto en la región”, y estimó que un “acuerdo humanitario constituye un paso significativo en esa dirección que permita la liberación de los rehenes civiles y militares”, en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Asimismo, llamó a cerrar filas “para impedir que el concepto de guerra preventiva que ha bañado de sangre y destrucción a otros pueblos y zonas del mundo se instale en el continente”, al tiempo que denunció que “la política antiterrorista” del gobierno de Estados Unidos y sus aliados busca “criminalizar” la protesta social y “perseguir” a los movimientos políticos “que luchan por la transformación de nuestros pueblos”.
El Foro de Sao Paulo, que reunió en Montevideo, Uruguay, a partidos y organizaciones de izquierda de América Latina y el Caribe, denunció que “ la humanidad se encuentra amenazada por las políticas de una globalización impulsada únicamente en beneficio del gran capital”.
El foro, que sostendrá su siguiente reunión en México, rechazó el bloqueo contra Cuba, y se comprometió a impulsar los proyectos de integración regional.
En su discurso final, Ortega instó a “derrotar la tiranía del capitalismo global”, y señaló que sólo la “Cuba revolucionaria de Fidel (Castro) ha logrado sortear todos los planes del imperio”.
Es decir, el problema en América Latina es Colombia, o lo que es lo mismo, los Estados Unidos.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega insta a “derrotar la tiranía del capitalismo global”
Afp, Reuters y Dpa
Montevideo, 25 mayo. Colombia es “el principal factor de riesgo” para la paz en América Latina, afirmó este domingo en su declaración final el Foro de Sao Paulo, que llamó a “impedir” la guerra preventiva en la región, mientras en su discurso el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, instó a “derrotar la tiranía del capitalismo global”.
El Foro de Sao Paulo destacó que es necesario “extremar los esfuerzos por lograr una salida negociada al conflicto armado en Colombia, que asegure una paz duradera y evite la generalización del conflicto en la región”, y estimó que un “acuerdo humanitario constituye un paso significativo en esa dirección que permita la liberación de los rehenes civiles y militares”, en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Asimismo, llamó a cerrar filas “para impedir que el concepto de guerra preventiva que ha bañado de sangre y destrucción a otros pueblos y zonas del mundo se instale en el continente”, al tiempo que denunció que “la política antiterrorista” del gobierno de Estados Unidos y sus aliados busca “criminalizar” la protesta social y “perseguir” a los movimientos políticos “que luchan por la transformación de nuestros pueblos”.
El Foro de Sao Paulo, que reunió en Montevideo, Uruguay, a partidos y organizaciones de izquierda de América Latina y el Caribe, denunció que “ la humanidad se encuentra amenazada por las políticas de una globalización impulsada únicamente en beneficio del gran capital”.
El foro, que sostendrá su siguiente reunión en México, rechazó el bloqueo contra Cuba, y se comprometió a impulsar los proyectos de integración regional.
En su discurso final, Ortega instó a “derrotar la tiranía del capitalismo global”, y señaló que sólo la “Cuba revolucionaria de Fidel (Castro) ha logrado sortear todos los planes del imperio”.
Es decir, el problema en América Latina es Colombia, o lo que es lo mismo, los Estados Unidos.
Pemex deberá pagar deudas por $557.4 mil millones en 10 años
Acelera el gobierno contratar más débito de la petrolera a través de Pidiregas: BdeM
Cerró 2006 con pasivos por un billón 164 mil 780 millones de pesos, y sus ingresos fueron de un billón 132 mil 235 millones, según auditoría
Elizabeth Velasco
Para la próxima década Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá enfrentar compromisos financieros por 557 mil 443.6 millones de pesos por concepto de financiamiento contratado con particulares mediante los Pidiregas, así como por créditos obtenidos con la banca internacional, colocación de bonos y certificados bursátiles, entre otros conceptos, consigna la auditoría externa practicada a la paraestatal por PricewaterhouseCoopers SC.
Dicha firma indica que el pasivo total con el que la paraestatal cerró 2006 ascendió a un billón 164 mil 780.6 millones de pesos, mientras el total de ingresos en igual periodo fue de un billón 132 mil 236.2 millones de pesos.
En el documento entregado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y al consejo de administración de Pemex –cuya copia tiene La Jornada–, se detalla que sólo por la deuda contratada con particulares vía Pidiregas (proyectos de infraestructura productiva de largo plazo) esa entidad tendrá que desembolsar 73 mil 848.9 millones de pesos en los próximos nueve años, mientras por préstamos bancarios deberá cubrir a más tardar en 2018 poco más de 6 mil 800.6 millones de pesos.
Asimismo, por concepto de bonos colocados en los mercados internacionales debería cubrir hasta 2035 una cantidad superior a 230 mil 275 millones de pesos; por financiamiento de proyectos, 3 mil 112.2 millones hasta 2014; por arrendamientos financieros, 764 millones 893 mil pesos hasta 2012; por créditos al comercio exterior, 46 mil 897 millones de pesos hasta 2012.
Pasivos en euros y yenes
Además de ello se consignan otros pasivos adquiridos en euros, como el caso de la colocación de bonos en el mercado internacional con un valor superior a 58 mil 597 millones de pesos, los cuales deberá liquidar en 2025, en tanto por créditos directos, bancarios y otros financiamientos (también obtenidos en euros), la paraestatal deberá desembolsar de 2006 a 2014 más de 5 mil 760 millones de pesos.
En la auditoría, entregada el año pasado a la SFP como parte de las obligaciones de fiscalización que esa entidad debe cumplir, se indica que para 2013 la petrolera mexicana tendrá que liquidar más de 94 mil 468 millones de pesos en certificados bursátiles, mientras por “crédito bancario sindicado y préstamos bancarios sindicados 7 mil millones y 14 mil 333 millones de pesos, respectivamente”, a plazo hasta 2012.
Por créditos directos obtenidos en yenes japoneses, así como por bonos y financiamiento de proyectos, poco más de 12 mil 816 millones de pesos, y por créditos obtenidos en otras monedas, 8 mil 522 millones 440 mil pesos.
En documentos por pagar a contratistas el monto asciende a 10 mil 364.1 millones de pesos, más intereses devengados por mil 507.1 millones de pesos, entre otros conceptos.
De acuerdo con la auditoría que por esta ocasión realizó la firma referida, ya que a partir de diciembre de 2007 la SFP la sustituyó por el despacho KPMG Cárdenas Dosal, el vencimiento del principal en 2007 fue de 58 mil 964.9 millones de pesos; en 2008, 52 mil 501.4 millones de pesos; en 2009 será de 65 mil 351.6 millones de pesos; en 2010, 71 mil 776.8 millones de pesos; en 2011, 60 mil 851.5 millones; de 2012 en adelante será de 247 mil 997.1 millones, lo cual arrojará un total de 557 mil 443. 6 millones de pesos.
En la consolidación de los estados financieros se eliminaron “todas las cuentas y operaciones interorganismos e intercompañías de importancia”, entre ellos el de las subsidiarias donde Pemex tiene más de 50 por ciento de participación y control efectivo como: Pemex Project Funding Master Trust, fideicomiso constituido en Delaware; PMI Comercio Internacional SA de CV; Trading Ltd; PMI Holdings North America, Inc; PMI Holdings Petróleos España; PMI Holdings BV; PMI Norteamericana; Kot Insurance Company AG; Integrated Trade Systems, Inc; PMI Marine Ltd; PMI Services BV; Pemex Internacional España; Pemex Services Europe Ltd; Services North America Inc; Mex Gas International; el Fideicomiso F/163 y RepConLux SA.
■ Entran más de 16 mil 400 mdd en 15 meses
Juan Antonio Zúñiga
Más de 16 mil 400 millones de dólares ingresaron al país entre el primer trimestre de 2007 y el mismo periodo de 2008, para financiar proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, mejor conocidos como Pidiregas, principalmente desarrollados en Petróleos Mexicanos (Pemex), indican informes contenidos en la balanza de pagos que elabora el Banco de México (BdeM).
El ingreso de esas divisas, que corresponden a un mayor endeudamiento de Pemex, fue 185 por ciento superior al de 5 mil 760 millones de dólares obtenidos para el mismo fin en los primeros cinco trimestres de la administración que encabezó el ex presidente Vicente Fox.
De acuerdo con los informes del banco central contenidos en la cuenta de capital de la balanza de pagos, durante los primeros 15 meses de esta administración gubernamental se registró el ingreso de 11 mil 368.5 millones de dólares por la emisión de valores en el exterior, destinados exclusivamente a financiar los proyectos Pidiregas.
Esos ingresos se encuentran ubicados dentro del gran renglón de la inversión extranjera de cartera, y fueron 168 por ciento superiores a los obtenidos en un lapso similar de la administración anterior. Mientras en el renglón de “pasivos por prestamos y depósitos” de la cuenta de capital, se registra el ingreso de algo más de 5 mil millones de dólares, también para Pidiregas, entre el primer trimestre de 2007 y el mismo periodo de 2008, cuando en los primeros 15 meses de gobierno precedente se obtuvieron mil 517 millones de dólares por esta vía.
Confusiones
En un comunicado dirigido a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y destinado a aclarar confusiones en la opinión pública, la paraestatal petrolera informó el 23 de mayo que “la deuda financiera total consolidada de Pemex, que incluye Pidiregas, ascendió a 504 mil millones de pesos al 31 de marzo de 2008”.
Sin embargo, informes oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que al 31 de marzo de 2008 el saldo del financiamiento del Master Trust, uno de los mecanismos para obtener financiamiento para los Pidiregas de Pemex, ascendió a 52 mil 445.3 millones de dólares, cantidad que en moneda nacional, a un tipo de cambio de 10.5 pesos, representaba unos 550 mil 600 millones de pesos, y por sí misma mayor a la deuda financiera total que reporta la petrolera al término del primer trimestre 2008.
Pero además, en el fideicomiso nacional, creado también para financiar los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, existe una deuda que al 31 de marzo de este año ascendía a 138 mil 60.9 millones de pesos. Así, el saldo total de la deuda por Pidiregas en Pemex asciende a 688 mil 660.9 millones de pesos, unos 184 mil 660 millones de pesos superior a la que señala el comunicado de la petrolera a la BMV.
Según los informes de Hacienda, al término de marzo reciente la deuda de Pidiregas en Pemex se integraba con 37 mil 250.6 millones de dólares obtenidos por la emisión de bonos en el exterior, la cual aumentó en 3 mil 67 millones de dólares en el primer trimestre del año, como fue registrado por el Banco de México en la balanza de pagos.
Además, había 15 mil 194.7 millones de dólares de endeudamiento relacionado con Pidiregas que corresponden a créditos bilaterales, bancarios, directos y al comercio exterior, así como de “otras obligaciones”, todos ellos “con la garantía de Pemex y subsidiarias”.
Cerró 2006 con pasivos por un billón 164 mil 780 millones de pesos, y sus ingresos fueron de un billón 132 mil 235 millones, según auditoría
Elizabeth Velasco
Para la próxima década Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá enfrentar compromisos financieros por 557 mil 443.6 millones de pesos por concepto de financiamiento contratado con particulares mediante los Pidiregas, así como por créditos obtenidos con la banca internacional, colocación de bonos y certificados bursátiles, entre otros conceptos, consigna la auditoría externa practicada a la paraestatal por PricewaterhouseCoopers SC.
Dicha firma indica que el pasivo total con el que la paraestatal cerró 2006 ascendió a un billón 164 mil 780.6 millones de pesos, mientras el total de ingresos en igual periodo fue de un billón 132 mil 236.2 millones de pesos.
En el documento entregado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y al consejo de administración de Pemex –cuya copia tiene La Jornada–, se detalla que sólo por la deuda contratada con particulares vía Pidiregas (proyectos de infraestructura productiva de largo plazo) esa entidad tendrá que desembolsar 73 mil 848.9 millones de pesos en los próximos nueve años, mientras por préstamos bancarios deberá cubrir a más tardar en 2018 poco más de 6 mil 800.6 millones de pesos.
Asimismo, por concepto de bonos colocados en los mercados internacionales debería cubrir hasta 2035 una cantidad superior a 230 mil 275 millones de pesos; por financiamiento de proyectos, 3 mil 112.2 millones hasta 2014; por arrendamientos financieros, 764 millones 893 mil pesos hasta 2012; por créditos al comercio exterior, 46 mil 897 millones de pesos hasta 2012.
Pasivos en euros y yenes
Además de ello se consignan otros pasivos adquiridos en euros, como el caso de la colocación de bonos en el mercado internacional con un valor superior a 58 mil 597 millones de pesos, los cuales deberá liquidar en 2025, en tanto por créditos directos, bancarios y otros financiamientos (también obtenidos en euros), la paraestatal deberá desembolsar de 2006 a 2014 más de 5 mil 760 millones de pesos.
En la auditoría, entregada el año pasado a la SFP como parte de las obligaciones de fiscalización que esa entidad debe cumplir, se indica que para 2013 la petrolera mexicana tendrá que liquidar más de 94 mil 468 millones de pesos en certificados bursátiles, mientras por “crédito bancario sindicado y préstamos bancarios sindicados 7 mil millones y 14 mil 333 millones de pesos, respectivamente”, a plazo hasta 2012.
Por créditos directos obtenidos en yenes japoneses, así como por bonos y financiamiento de proyectos, poco más de 12 mil 816 millones de pesos, y por créditos obtenidos en otras monedas, 8 mil 522 millones 440 mil pesos.
En documentos por pagar a contratistas el monto asciende a 10 mil 364.1 millones de pesos, más intereses devengados por mil 507.1 millones de pesos, entre otros conceptos.
De acuerdo con la auditoría que por esta ocasión realizó la firma referida, ya que a partir de diciembre de 2007 la SFP la sustituyó por el despacho KPMG Cárdenas Dosal, el vencimiento del principal en 2007 fue de 58 mil 964.9 millones de pesos; en 2008, 52 mil 501.4 millones de pesos; en 2009 será de 65 mil 351.6 millones de pesos; en 2010, 71 mil 776.8 millones de pesos; en 2011, 60 mil 851.5 millones; de 2012 en adelante será de 247 mil 997.1 millones, lo cual arrojará un total de 557 mil 443. 6 millones de pesos.
En la consolidación de los estados financieros se eliminaron “todas las cuentas y operaciones interorganismos e intercompañías de importancia”, entre ellos el de las subsidiarias donde Pemex tiene más de 50 por ciento de participación y control efectivo como: Pemex Project Funding Master Trust, fideicomiso constituido en Delaware; PMI Comercio Internacional SA de CV; Trading Ltd; PMI Holdings North America, Inc; PMI Holdings Petróleos España; PMI Holdings BV; PMI Norteamericana; Kot Insurance Company AG; Integrated Trade Systems, Inc; PMI Marine Ltd; PMI Services BV; Pemex Internacional España; Pemex Services Europe Ltd; Services North America Inc; Mex Gas International; el Fideicomiso F/163 y RepConLux SA.
■ Entran más de 16 mil 400 mdd en 15 meses
Juan Antonio Zúñiga
Más de 16 mil 400 millones de dólares ingresaron al país entre el primer trimestre de 2007 y el mismo periodo de 2008, para financiar proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, mejor conocidos como Pidiregas, principalmente desarrollados en Petróleos Mexicanos (Pemex), indican informes contenidos en la balanza de pagos que elabora el Banco de México (BdeM).
El ingreso de esas divisas, que corresponden a un mayor endeudamiento de Pemex, fue 185 por ciento superior al de 5 mil 760 millones de dólares obtenidos para el mismo fin en los primeros cinco trimestres de la administración que encabezó el ex presidente Vicente Fox.
De acuerdo con los informes del banco central contenidos en la cuenta de capital de la balanza de pagos, durante los primeros 15 meses de esta administración gubernamental se registró el ingreso de 11 mil 368.5 millones de dólares por la emisión de valores en el exterior, destinados exclusivamente a financiar los proyectos Pidiregas.
Esos ingresos se encuentran ubicados dentro del gran renglón de la inversión extranjera de cartera, y fueron 168 por ciento superiores a los obtenidos en un lapso similar de la administración anterior. Mientras en el renglón de “pasivos por prestamos y depósitos” de la cuenta de capital, se registra el ingreso de algo más de 5 mil millones de dólares, también para Pidiregas, entre el primer trimestre de 2007 y el mismo periodo de 2008, cuando en los primeros 15 meses de gobierno precedente se obtuvieron mil 517 millones de dólares por esta vía.
Confusiones
En un comunicado dirigido a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y destinado a aclarar confusiones en la opinión pública, la paraestatal petrolera informó el 23 de mayo que “la deuda financiera total consolidada de Pemex, que incluye Pidiregas, ascendió a 504 mil millones de pesos al 31 de marzo de 2008”.
Sin embargo, informes oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que al 31 de marzo de 2008 el saldo del financiamiento del Master Trust, uno de los mecanismos para obtener financiamiento para los Pidiregas de Pemex, ascendió a 52 mil 445.3 millones de dólares, cantidad que en moneda nacional, a un tipo de cambio de 10.5 pesos, representaba unos 550 mil 600 millones de pesos, y por sí misma mayor a la deuda financiera total que reporta la petrolera al término del primer trimestre 2008.
Pero además, en el fideicomiso nacional, creado también para financiar los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, existe una deuda que al 31 de marzo de este año ascendía a 138 mil 60.9 millones de pesos. Así, el saldo total de la deuda por Pidiregas en Pemex asciende a 688 mil 660.9 millones de pesos, unos 184 mil 660 millones de pesos superior a la que señala el comunicado de la petrolera a la BMV.
Según los informes de Hacienda, al término de marzo reciente la deuda de Pidiregas en Pemex se integraba con 37 mil 250.6 millones de dólares obtenidos por la emisión de bonos en el exterior, la cual aumentó en 3 mil 67 millones de dólares en el primer trimestre del año, como fue registrado por el Banco de México en la balanza de pagos.
Además, había 15 mil 194.7 millones de dólares de endeudamiento relacionado con Pidiregas que corresponden a créditos bilaterales, bancarios, directos y al comercio exterior, así como de “otras obligaciones”, todos ellos “con la garantía de Pemex y subsidiarias”.
López Obrador pide cuentas de los excedentes petroleros
De un plumazo Carstens quiere desaparecer 20 mil mdd, advierte
“Son perversas y mentirosas” las afirmaciones del funcionario, dice
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Guadalajara, Jal., 25 de mayo. Andrés Manuel López Obrador acusó al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, de pretender desaparecer, “con una declaración”, más de 20 mil millones de dólares, producto de los excedentes por la venta de petróleo.
“Son perversas y mentirosas las declaraciones del secretario de Hacienda cuando señala que no habrá excedentes del petróleo por el gasto que representa para el país la importación de las gasolinas. Esto es totalmente falso. No es posible que, de manera deliberada y utilizando falsedades, desaparezcan todos esos recursos”, aseveró.
Ante más de 3 mil simpatizantes reunidos en la Plaza de las Sombrillas, en el centro de esta capital, López Obrador adelantó que los legisladores del Frente Amplio Progresista van a exigir a la Secretaría de Hacienda un informe claro sobre el destino que se ha dado a esos excedentes, “que de una manera tan burda pretenden desaparecer”.
Recordó que para la adquisición de las gasolinas se destinan anualmente entre 10 y 12 mil millones de dólares, gasto que ya estaba incluido en el presupuesto de egresos, pero ahora es preciso conocer dónde están los recursos que se derivan del sobreprecio de la venta de los hidrocarburos, que para este año serán superiores a 20 mil millones de dólares.
“No hay que olvidar que nunca se le ha informado al pueblo de México en qué se utilizan esos recursos, ni en este momento que el precio del barril del petróleo está por encima de los cien dólares ni durante los seis años del gobierno de Vicente Fox, en los que se obtuvieron excedentes del orden de 10 mil millones de dólares por año”.
En lo que fue uno de los más calurosos recibimientos al tabasqueño en lo que va de sus reuniones con las brigadas por la defensa del petróleo, López Obrador insistió en que no va a dejar de luchar hasta lograr un verdadero cambio en México, luego de señalar que no sólo es la “política antipopular y entreguista” lo que ha llevado al país a la situación de pobreza que se padece en todos los ámbitos, sino la entrega de los bienes nacionales al capital extranjero.
Privatizar, sinónimo de corrupción
“Para los mexicanos privatización es igual a corrupción, significa privilegios para unos cuantos y miseria y pobreza para el resto de nuestro pueblo. Así ha sido con Teléfonos de México, con los ferrocarriles, con las líneas aéreas, con las minas y ahora quieren hacerlo con Petróleos Mexicanos. Algunos de estos bienes fueron entregados en pa-go a grupos empresariales que apoyaron a Felipe Calderón en la campaña presidencial y organizaron la guerra sucia en contra de nosotros”, sostuvo.
Tanto en Guadalajara como en Ciudad Guzmán y más tarde en Colima, López Obrador sostuvo que lo que les duele a los grandes empresarios y al gobierno “espurio” es que en su momento pensaron, “luego de robarnos las elecciones, que nosotros nos íbamos a hacer para atrás y dejarles el camino libre para que hicieran lo que quisieran, pero se van a fregar, porque no los vamos a dejar pasar en este intento de privatizar el petróleo”.
Destacó que por ello fue positivo el movimiento de los legisladores del FAP, quienes tomaron las tribunas de las cámara de Diputados y de Senadores, porque “ya habían acordado en las cúpulas del PRI y del PAN aprobar las iniciativas de Calderón. Ya hasta tenían la fecha para ello: era el 22 de abril, pero gracias a esa decisión de nuestros legisladores se pudo detener este nuevo atraco y simultáneamente tuvieron que aceptar que se llevaran a cabo debates en los que se contrastarán todos los puntos de vista”.
En este contexto, convocó a los brigadistas a buscar medios alternativos de comunicación para hacer llegar a toda la población este mensaje de defensa del petróleo y la necesidad de convertirlo en palanca de desarrollo que, junto con un cambio de política económica, pueda revertir las condiciones de pobreza que no afectan nada más a las clases desfavorecidas, sino que empieza a tener repercusiones graves en las clases media y media alta, además de revertir la espiral de violencia e inseguridad que se apoderó de las calles de México.
“Son perversas y mentirosas” las afirmaciones del funcionario, dice
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Guadalajara, Jal., 25 de mayo. Andrés Manuel López Obrador acusó al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, de pretender desaparecer, “con una declaración”, más de 20 mil millones de dólares, producto de los excedentes por la venta de petróleo.
“Son perversas y mentirosas las declaraciones del secretario de Hacienda cuando señala que no habrá excedentes del petróleo por el gasto que representa para el país la importación de las gasolinas. Esto es totalmente falso. No es posible que, de manera deliberada y utilizando falsedades, desaparezcan todos esos recursos”, aseveró.
Ante más de 3 mil simpatizantes reunidos en la Plaza de las Sombrillas, en el centro de esta capital, López Obrador adelantó que los legisladores del Frente Amplio Progresista van a exigir a la Secretaría de Hacienda un informe claro sobre el destino que se ha dado a esos excedentes, “que de una manera tan burda pretenden desaparecer”.
Recordó que para la adquisición de las gasolinas se destinan anualmente entre 10 y 12 mil millones de dólares, gasto que ya estaba incluido en el presupuesto de egresos, pero ahora es preciso conocer dónde están los recursos que se derivan del sobreprecio de la venta de los hidrocarburos, que para este año serán superiores a 20 mil millones de dólares.
“No hay que olvidar que nunca se le ha informado al pueblo de México en qué se utilizan esos recursos, ni en este momento que el precio del barril del petróleo está por encima de los cien dólares ni durante los seis años del gobierno de Vicente Fox, en los que se obtuvieron excedentes del orden de 10 mil millones de dólares por año”.
En lo que fue uno de los más calurosos recibimientos al tabasqueño en lo que va de sus reuniones con las brigadas por la defensa del petróleo, López Obrador insistió en que no va a dejar de luchar hasta lograr un verdadero cambio en México, luego de señalar que no sólo es la “política antipopular y entreguista” lo que ha llevado al país a la situación de pobreza que se padece en todos los ámbitos, sino la entrega de los bienes nacionales al capital extranjero.
Privatizar, sinónimo de corrupción
“Para los mexicanos privatización es igual a corrupción, significa privilegios para unos cuantos y miseria y pobreza para el resto de nuestro pueblo. Así ha sido con Teléfonos de México, con los ferrocarriles, con las líneas aéreas, con las minas y ahora quieren hacerlo con Petróleos Mexicanos. Algunos de estos bienes fueron entregados en pa-go a grupos empresariales que apoyaron a Felipe Calderón en la campaña presidencial y organizaron la guerra sucia en contra de nosotros”, sostuvo.
Tanto en Guadalajara como en Ciudad Guzmán y más tarde en Colima, López Obrador sostuvo que lo que les duele a los grandes empresarios y al gobierno “espurio” es que en su momento pensaron, “luego de robarnos las elecciones, que nosotros nos íbamos a hacer para atrás y dejarles el camino libre para que hicieran lo que quisieran, pero se van a fregar, porque no los vamos a dejar pasar en este intento de privatizar el petróleo”.
Destacó que por ello fue positivo el movimiento de los legisladores del FAP, quienes tomaron las tribunas de las cámara de Diputados y de Senadores, porque “ya habían acordado en las cúpulas del PRI y del PAN aprobar las iniciativas de Calderón. Ya hasta tenían la fecha para ello: era el 22 de abril, pero gracias a esa decisión de nuestros legisladores se pudo detener este nuevo atraco y simultáneamente tuvieron que aceptar que se llevaran a cabo debates en los que se contrastarán todos los puntos de vista”.
En este contexto, convocó a los brigadistas a buscar medios alternativos de comunicación para hacer llegar a toda la población este mensaje de defensa del petróleo y la necesidad de convertirlo en palanca de desarrollo que, junto con un cambio de política económica, pueda revertir las condiciones de pobreza que no afectan nada más a las clases desfavorecidas, sino que empieza a tener repercusiones graves en las clases media y media alta, además de revertir la espiral de violencia e inseguridad que se apoderó de las calles de México.
La solución que se le ocurre al ineficaz, inepto e ilegítimo
Anuncia Calderón libre importación de maíz, arroz, trigo, sorgo y soya
Apertura total del mercado nacional a la importación de maíz, arroz, trigo, sorgo y pasta de soya proveniente de cualquier parte del mundo, reducción a la mitad del impuesto a las compras externas de leche en polvo, y adquisiciones de frijol libres de arancel, anunció ayer el presidente Felipe Calderón para enfrentar el alza de los precios internacionales de los alimentos. El paquete de acciones que dio a conocer incluye acuerdos con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y la continuidad de los programas sociales y agrícolas que ya existen. Leer más...
Demagógicas e insuficientes, las medidas anunciadas por Calderón: líderes agrarios
Las acciones en apoyo a la economía familiar que anunció el presidente Felipe Calderón son demagógicas, insuficientes, ineficaces y representan una falta de respeto al pueblo, porque son más una acción electorera con miras a 2009 que una preocupación por sostener a la agricultura y a la economía de millones de mexicanos, aseveraron dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCEP), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y de la Confederación de Productores de Maíz de México (CPM). Leer más...
Apertura total del mercado nacional a la importación de maíz, arroz, trigo, sorgo y pasta de soya proveniente de cualquier parte del mundo, reducción a la mitad del impuesto a las compras externas de leche en polvo, y adquisiciones de frijol libres de arancel, anunció ayer el presidente Felipe Calderón para enfrentar el alza de los precios internacionales de los alimentos. El paquete de acciones que dio a conocer incluye acuerdos con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y la continuidad de los programas sociales y agrícolas que ya existen. Leer más...
Demagógicas e insuficientes, las medidas anunciadas por Calderón: líderes agrarios
Las acciones en apoyo a la economía familiar que anunció el presidente Felipe Calderón son demagógicas, insuficientes, ineficaces y representan una falta de respeto al pueblo, porque son más una acción electorera con miras a 2009 que una preocupación por sostener a la agricultura y a la economía de millones de mexicanos, aseveraron dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCEP), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y de la Confederación de Productores de Maíz de México (CPM). Leer más...
Los dos debates
Bernardo Bátiz V.
Hay en realidad, alrededor del tema del petróleo y el intento de reprivatizarlo, dos debates diferentes y en ámbitos distintos. Uno se da en el patio del viejo convento donde se encuentra la sede del Senado, y el otro, en los medios de comunicación, en las calles, en las reuniones de brigadistas, en las pláticas de cafés y en todas partes.
El primero, bajo reglas de cierta equidad; se concede la palabra en forma alternada a los defensores del pro o del contra, y quienes escuchan en los pocos lugares destinados para ello en el propio patio, o quienes pueden ver en televisión por cable los debates, verifican que los limpios y los rudos tienen tiempos similares para hablar y exponer, y la contienda de ideas se desarrolla sin ventajas para unos o para otros. En este ámbito, quienes han seguido con atención lo que se ha dicho ahí dan, casi por unanimidad, el triunfo a los que se oponen a la privatización y por ello a las reformas propuestas.
Especialmente en el tema crucial de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las propuestas, ha quedado bien claro de qué lado está la razón; los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, leídos de buena fe, son lo suficientemente nítidos, expresan con precisión lo que el legislador quiso ordenar y su interpretación debe ser, por tanto, la interpretación literal, la del sentido común, porque sus palabras no dan lugar a dudas. Por ejemplo, cuando el 27 dice: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”. ¿Hay alguna duda? En realidad no, el texto dice con precisión qué es lo que no se puede hacer en esa materia, otorgar concesiones o contratos, y aclara la intención del constituyente: la nación llevará a cabo la explotación de esos productos.
Por ello, si mediante una ley secundaria se pretende dar concesiones o celebrar contratos para la explotación de petróleo o de gas o de otros hidrocarburos, el conflicto de esa ley inferior con la Constitución debe resolverse en favor de ésta; es evidente que la que debe prevalecer es la que se encuentra, como dicen los formalistas siguiendo a Kelsen, en el vértice de la pirámide normativa; nada puede oponerse a un precepto constitucional.
Cabe aclarar también que no es cierto, como afirmó un jurista de gabinete, que no estén bien definidas las áreas estratégicas respecto de las cuales el Estado debe tener la “propiedad y el control”. Sí están bien definidas, sólo que, según la norma constitucional, la lista puede incrementarse, mas nunca excluir alguna de las ya establecidas en la Carta Magna. En efecto, el 28 constitucional (léanlo, abogados), en su cuarto párrafo, dice cuáles son las áreas estratégicas, a saber: “correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y (ojo) las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”.
Como se ve, las áreas estratégicas ya están bien definidas y basta saber leer para conocer cuáles son; sólo que al final de la lista el legislador constitucional consideró abrir la puerta para que la enumeración pudiera ser incrementada por el Congreso de la Unión, quien puede agregar algunas áreas estratégicas, pero de ninguna manera disminuir o segregar las que ya están en el precepto de la Carta Magna.
En ese debate ordenado y entre cuatro paredes, pero poco difundido, hay, como repito, alguna equidad y cierto equilibrio, pero en el otro, el que se da afuera del recinto parlamentario, no hay sujeción a reglas ni hay árbitros que impongan, equidad y mesura; ahí se debate con armas desiguales, David contra Goliat: por un lado, las grandes televisoras con sus andanadas de espots y con todo su arsenal de programas al servicio de la privatización; muchos medios escritos, muchos comentaristas con tribunas privilegiadas y mucho dinero. Enfrente, quienes se oponen a la privatización, sin acceso a los grandes medios, sin recursos cuantiosos y con sólo su convicción, su palabra y su trabajo.
Pero ellos serán quienes derroten a sus contrincantes; en reuniones, en parques y jardines, en pequeños recintos prestados, de boca en boca, con volantes modestos repartiéndose de casa en casa y en reuniones de brigadistas ávidos de oír, entender y comunicar a su vez. David contra Goliat otra vez, pero, en la honda, la contundencia de razones, argumentos y patriotismo.
Otro sí digo: Mi amigo Miguel Ángel Velázquez, en Ciudad Perdida de hace unos días, reveló una parte de una conversación sobre la Comisión de Garantías y Vigilancia del PRD, pero omitió una razón más que le di; se la recuerdo: Nueva Izquierda no puede garantizar una magistratura en el Distrito Federal al comisionado Renato Sales Heredia, porque quien propone a los magistrados es el jefe de Gobierno, que no milita en esa “expresión”.
Hay en realidad, alrededor del tema del petróleo y el intento de reprivatizarlo, dos debates diferentes y en ámbitos distintos. Uno se da en el patio del viejo convento donde se encuentra la sede del Senado, y el otro, en los medios de comunicación, en las calles, en las reuniones de brigadistas, en las pláticas de cafés y en todas partes.
El primero, bajo reglas de cierta equidad; se concede la palabra en forma alternada a los defensores del pro o del contra, y quienes escuchan en los pocos lugares destinados para ello en el propio patio, o quienes pueden ver en televisión por cable los debates, verifican que los limpios y los rudos tienen tiempos similares para hablar y exponer, y la contienda de ideas se desarrolla sin ventajas para unos o para otros. En este ámbito, quienes han seguido con atención lo que se ha dicho ahí dan, casi por unanimidad, el triunfo a los que se oponen a la privatización y por ello a las reformas propuestas.
Especialmente en el tema crucial de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las propuestas, ha quedado bien claro de qué lado está la razón; los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, leídos de buena fe, son lo suficientemente nítidos, expresan con precisión lo que el legislador quiso ordenar y su interpretación debe ser, por tanto, la interpretación literal, la del sentido común, porque sus palabras no dan lugar a dudas. Por ejemplo, cuando el 27 dice: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”. ¿Hay alguna duda? En realidad no, el texto dice con precisión qué es lo que no se puede hacer en esa materia, otorgar concesiones o contratos, y aclara la intención del constituyente: la nación llevará a cabo la explotación de esos productos.
Por ello, si mediante una ley secundaria se pretende dar concesiones o celebrar contratos para la explotación de petróleo o de gas o de otros hidrocarburos, el conflicto de esa ley inferior con la Constitución debe resolverse en favor de ésta; es evidente que la que debe prevalecer es la que se encuentra, como dicen los formalistas siguiendo a Kelsen, en el vértice de la pirámide normativa; nada puede oponerse a un precepto constitucional.
Cabe aclarar también que no es cierto, como afirmó un jurista de gabinete, que no estén bien definidas las áreas estratégicas respecto de las cuales el Estado debe tener la “propiedad y el control”. Sí están bien definidas, sólo que, según la norma constitucional, la lista puede incrementarse, mas nunca excluir alguna de las ya establecidas en la Carta Magna. En efecto, el 28 constitucional (léanlo, abogados), en su cuarto párrafo, dice cuáles son las áreas estratégicas, a saber: “correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y (ojo) las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”.
Como se ve, las áreas estratégicas ya están bien definidas y basta saber leer para conocer cuáles son; sólo que al final de la lista el legislador constitucional consideró abrir la puerta para que la enumeración pudiera ser incrementada por el Congreso de la Unión, quien puede agregar algunas áreas estratégicas, pero de ninguna manera disminuir o segregar las que ya están en el precepto de la Carta Magna.
En ese debate ordenado y entre cuatro paredes, pero poco difundido, hay, como repito, alguna equidad y cierto equilibrio, pero en el otro, el que se da afuera del recinto parlamentario, no hay sujeción a reglas ni hay árbitros que impongan, equidad y mesura; ahí se debate con armas desiguales, David contra Goliat: por un lado, las grandes televisoras con sus andanadas de espots y con todo su arsenal de programas al servicio de la privatización; muchos medios escritos, muchos comentaristas con tribunas privilegiadas y mucho dinero. Enfrente, quienes se oponen a la privatización, sin acceso a los grandes medios, sin recursos cuantiosos y con sólo su convicción, su palabra y su trabajo.
Pero ellos serán quienes derroten a sus contrincantes; en reuniones, en parques y jardines, en pequeños recintos prestados, de boca en boca, con volantes modestos repartiéndose de casa en casa y en reuniones de brigadistas ávidos de oír, entender y comunicar a su vez. David contra Goliat otra vez, pero, en la honda, la contundencia de razones, argumentos y patriotismo.
Otro sí digo: Mi amigo Miguel Ángel Velázquez, en Ciudad Perdida de hace unos días, reveló una parte de una conversación sobre la Comisión de Garantías y Vigilancia del PRD, pero omitió una razón más que le di; se la recuerdo: Nueva Izquierda no puede garantizar una magistratura en el Distrito Federal al comisionado Renato Sales Heredia, porque quien propone a los magistrados es el jefe de Gobierno, que no milita en esa “expresión”.
Argentina
Naomi Klein
Damos vueltas sobre Buenos Aires. El espacio aéreo está lleno de aeronaves, todas esperando, como la nuestra. El piloto explica que es culpa del humo, palabra que escucharé a menudo durante la semana siguiente.
Una hora y media después estoy en tierra firme, la cabeza me retumba, respiro el humo. La portada del diario Clarín muestra a alguien sofocándose y declara: “La peor contaminación atmosférica de la historia”.
Algunas cosas, como sobredimensionar, no han cambiado en Buenos Aires. De todos modos, es difícil no pensar en la primera vez que vine. Era enero de 2002. La economía acababa de derrumbarse, los bancos habían bloqueado las cuentas de sus clientes y los argentinos acababan de echar a cinco presidentes en tres semanas. Entonces también había humo, pero provenía de las fogatas callejeras.
En el lapso de una hora tengo tres teorías que intentan explicar el humo. 1) Es una protesta política de los granjeros, que prendieron fuego a sus cosechas para protestar contra un nuevo impuesto a las exportaciones de soya. 2) Es el gobierno, que prende fuego a los cultivos para que la opinión pública se ponga en contra de los granjeros después de que se pusieron en huelga contra el impuesto a la exportaciones. 3) Puede que sean los granjeros los responsables de prender el fuego, pero es culpa del gobierno, que deliberadamente rehúsa extinguirlo.
La verdad, aprendo más tarde, es que los fuegos son resultado de un cambio radical en la economía argentina. Este país solía centrarse en las vacas alimentadas con pasto, criadas por los famosos cowboys del cono sur, los gauchos. Pero la acelerada expansión de la producción de soya, debido a los elevados precios y a la gran demanda en China, ha orillado a los rancheros a ocupar tierras nuevas y cada vez más pequeñas. Queman los pastizales para renovar la tierra rápidamente, pero este año, debido a una sequía, los fuegos se extendieron sin control. Si sumamos los fuertes vientos, se explica el humo en Buenos Aires.
Es un símbolo poderoso: los orgullosos gauchos sofocados por la soya. Argentina sí que está cambiando.
Esta semana, la soya no es la única fuerza que desplaza a los vaqueros; también lo hace la Feria del Libro de Buenos Aires, la razón de mi viaje. La feria se lleva a cabo en La Rural, enormes terrenos usados para exposiciones agrícolas, donde los terratenientes argentinos subastan, desde hace más de un siglo, su ganado de alta calidad. La feria del libro transformó el lugar, cubrió los mugrosos pisos con alfombras rojas e instaló elegantes puestos. De vez en cuando llega el olor a estiércol. Nosotros, los escritores, preferimos no mencionarlo en nuestras presentaciones.
Aparte del humo, se notan muchos otros cambios en esta ciudad. La última vez que estuve aquí, las tiendas estaban vacías, en las calles había protestas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) mandaba. Esta vez Argentina ya no le debe al FMI, la economía prospera y, en el lejano Washington, el FMI se enfrenta a su propia crisis de la deuda, provocando un autoimpuesto ajuste estructural: la organización despide a cientos de sus empleados y echa mano de sus reservas en oro.
Hoy hay menos grafitis que digan “yanquis, regresen a casa” y más… yanquis. El quiebre del mercado en Argentina, en 2001, se debió, en buena medida, a la política monetaria que fijó la paridad del dólar y el peso. La economía estaba demasiado débil para mantener la ilusión, y la moneda se derrumbó. Esta vez, buena parte del auge proviene de que la economía estadunidense está en crisis y el dólar está débil. Buenos Aires, con sus magníficos cafés y sus diseñadores de vanguardia, ganó una reputación entre los vacacionistas estadunidenses como la Europa en descuento: el París barato.
En la feria del libro, alguien del público me preguntó si creía que debería vender sus dólares. Lo acusé de ser un capitalista del desastre, de aprovecharse de la economía estadunidense en sus tiempos de crisis. En este país en el que tantos desastres –golpes de Estado, hiperinflaciones, deuda– han sido oportunidades para que los extranjeros obtengan superganancias, el comentario provoca una buena carcajada. “A la Escuela de Mecánica de la Armada”, le decimos al taxista. “¿Por qué van a la ESMA?”, pregunta. “Porque ahí estamos filmando.” Durante un minuto me da la impresión de que nos va a bajar del coche. Opta por quedarse con su tarifa, pero mantiene un furioso silencio durante todo el viaje.
Entre uno y otro evento del festival, comienzo a trabajar en un documental de mi libro La doctrina del shock, dirigido por Michael Winterbottom y Mat Whitecross, el equipo que hizo Camino a Guantánamo. Esta vez vamos a retomar ese camino unas décadas antes, en Argentina y Chile de los años 70. El centro de tortura de la época más tristemente célebre fue la ESMA, escuela naval convertida en prisión clandestina. Según grupos de derechos humanos, ahí fueron torturados cerca de 5 mil desaparecidos; la gran mayoría fueron asesinados.
En 2002, los militares todavía controlaban la ESMA, mientras que los grupos de derechos humanos, como las Madres de la Plaza de Mayo, estaban marginados del aparato institucional argentino. Personas como mi taxista, que negaban la existencia de la mayoría de los crímenes, aún influían en los debates públicos. Los amigos y los familiares de los desaparecidos recordaban a sus amados con letreros de protesta, vigilias a la luz de velas y fantasmales esténciles pintados sobre las banquetas y las paredes.
Las cosas definitivamente han cambiado. Ahora Buenos Aires tiene un muro conmemorativo oficial, construido a base de 30 mil ladrillos individuales; cada uno representa a uno de los desaparecidos. El monumento fue develado hace menos de seis meses por el entonces presidente Néstor Kirchner. La versión de la historia resguardada por las madres, las abuelas y los hijos de los desaparecidos al fin comienza a ser parte de la historia aceptada de Argentina.
Vemos el cambio más drástico cuando llegamos a la ESMA, ahora controlada por grupos de derechos humanos que transforman las casas embrujadas en un nuevo tipo de escuela, enfocada en el tipo de país que los desaparecidos, la mayoría activistas de izquierda, trataban de construir cuando fueron aniquilados.
Siempre habrá quienes nieguen las atrocidades que aquí sucedieron. Pero el pasado, en Argentina, finalmente se va aclarando, a pesar del humo.
© 2008 Naomi Klein.
Damos vueltas sobre Buenos Aires. El espacio aéreo está lleno de aeronaves, todas esperando, como la nuestra. El piloto explica que es culpa del humo, palabra que escucharé a menudo durante la semana siguiente.
Una hora y media después estoy en tierra firme, la cabeza me retumba, respiro el humo. La portada del diario Clarín muestra a alguien sofocándose y declara: “La peor contaminación atmosférica de la historia”.
Algunas cosas, como sobredimensionar, no han cambiado en Buenos Aires. De todos modos, es difícil no pensar en la primera vez que vine. Era enero de 2002. La economía acababa de derrumbarse, los bancos habían bloqueado las cuentas de sus clientes y los argentinos acababan de echar a cinco presidentes en tres semanas. Entonces también había humo, pero provenía de las fogatas callejeras.
En el lapso de una hora tengo tres teorías que intentan explicar el humo. 1) Es una protesta política de los granjeros, que prendieron fuego a sus cosechas para protestar contra un nuevo impuesto a las exportaciones de soya. 2) Es el gobierno, que prende fuego a los cultivos para que la opinión pública se ponga en contra de los granjeros después de que se pusieron en huelga contra el impuesto a la exportaciones. 3) Puede que sean los granjeros los responsables de prender el fuego, pero es culpa del gobierno, que deliberadamente rehúsa extinguirlo.
La verdad, aprendo más tarde, es que los fuegos son resultado de un cambio radical en la economía argentina. Este país solía centrarse en las vacas alimentadas con pasto, criadas por los famosos cowboys del cono sur, los gauchos. Pero la acelerada expansión de la producción de soya, debido a los elevados precios y a la gran demanda en China, ha orillado a los rancheros a ocupar tierras nuevas y cada vez más pequeñas. Queman los pastizales para renovar la tierra rápidamente, pero este año, debido a una sequía, los fuegos se extendieron sin control. Si sumamos los fuertes vientos, se explica el humo en Buenos Aires.
Es un símbolo poderoso: los orgullosos gauchos sofocados por la soya. Argentina sí que está cambiando.
Esta semana, la soya no es la única fuerza que desplaza a los vaqueros; también lo hace la Feria del Libro de Buenos Aires, la razón de mi viaje. La feria se lleva a cabo en La Rural, enormes terrenos usados para exposiciones agrícolas, donde los terratenientes argentinos subastan, desde hace más de un siglo, su ganado de alta calidad. La feria del libro transformó el lugar, cubrió los mugrosos pisos con alfombras rojas e instaló elegantes puestos. De vez en cuando llega el olor a estiércol. Nosotros, los escritores, preferimos no mencionarlo en nuestras presentaciones.
Aparte del humo, se notan muchos otros cambios en esta ciudad. La última vez que estuve aquí, las tiendas estaban vacías, en las calles había protestas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) mandaba. Esta vez Argentina ya no le debe al FMI, la economía prospera y, en el lejano Washington, el FMI se enfrenta a su propia crisis de la deuda, provocando un autoimpuesto ajuste estructural: la organización despide a cientos de sus empleados y echa mano de sus reservas en oro.
Hoy hay menos grafitis que digan “yanquis, regresen a casa” y más… yanquis. El quiebre del mercado en Argentina, en 2001, se debió, en buena medida, a la política monetaria que fijó la paridad del dólar y el peso. La economía estaba demasiado débil para mantener la ilusión, y la moneda se derrumbó. Esta vez, buena parte del auge proviene de que la economía estadunidense está en crisis y el dólar está débil. Buenos Aires, con sus magníficos cafés y sus diseñadores de vanguardia, ganó una reputación entre los vacacionistas estadunidenses como la Europa en descuento: el París barato.
En la feria del libro, alguien del público me preguntó si creía que debería vender sus dólares. Lo acusé de ser un capitalista del desastre, de aprovecharse de la economía estadunidense en sus tiempos de crisis. En este país en el que tantos desastres –golpes de Estado, hiperinflaciones, deuda– han sido oportunidades para que los extranjeros obtengan superganancias, el comentario provoca una buena carcajada. “A la Escuela de Mecánica de la Armada”, le decimos al taxista. “¿Por qué van a la ESMA?”, pregunta. “Porque ahí estamos filmando.” Durante un minuto me da la impresión de que nos va a bajar del coche. Opta por quedarse con su tarifa, pero mantiene un furioso silencio durante todo el viaje.
Entre uno y otro evento del festival, comienzo a trabajar en un documental de mi libro La doctrina del shock, dirigido por Michael Winterbottom y Mat Whitecross, el equipo que hizo Camino a Guantánamo. Esta vez vamos a retomar ese camino unas décadas antes, en Argentina y Chile de los años 70. El centro de tortura de la época más tristemente célebre fue la ESMA, escuela naval convertida en prisión clandestina. Según grupos de derechos humanos, ahí fueron torturados cerca de 5 mil desaparecidos; la gran mayoría fueron asesinados.
En 2002, los militares todavía controlaban la ESMA, mientras que los grupos de derechos humanos, como las Madres de la Plaza de Mayo, estaban marginados del aparato institucional argentino. Personas como mi taxista, que negaban la existencia de la mayoría de los crímenes, aún influían en los debates públicos. Los amigos y los familiares de los desaparecidos recordaban a sus amados con letreros de protesta, vigilias a la luz de velas y fantasmales esténciles pintados sobre las banquetas y las paredes.
Las cosas definitivamente han cambiado. Ahora Buenos Aires tiene un muro conmemorativo oficial, construido a base de 30 mil ladrillos individuales; cada uno representa a uno de los desaparecidos. El monumento fue develado hace menos de seis meses por el entonces presidente Néstor Kirchner. La versión de la historia resguardada por las madres, las abuelas y los hijos de los desaparecidos al fin comienza a ser parte de la historia aceptada de Argentina.
Vemos el cambio más drástico cuando llegamos a la ESMA, ahora controlada por grupos de derechos humanos que transforman las casas embrujadas en un nuevo tipo de escuela, enfocada en el tipo de país que los desaparecidos, la mayoría activistas de izquierda, trataban de construir cuando fueron aniquilados.
Siempre habrá quienes nieguen las atrocidades que aquí sucedieron. Pero el pasado, en Argentina, finalmente se va aclarando, a pesar del humo.
© 2008 Naomi Klein.
Déjà vu
Carlos Fernández-Vega
30 años en círculo
Quien, con un poco de bicarbonato a la mano, tenga el valor y la paciencia de leer el discurso que ayer pronunció el inquilino de Los Pinos relativo a las “acciones en apoyo a la economía familiar”, irremediablemente experimentará un déjà vu o, lo que es lo mismo, el clásico “eso ya lo escuché, eso ya me lo prometieron, ya pasé por allí”.
Encuentro la siguiente definición: “el término déjà vu (“ya visto”) o paramnesia describe la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una situación nueva. Este término fue acuñado por el investigador psíquico francés Émile Boirac (1851-1917) en su libro L’Avenir des sciences psychiques (El futuro de las ciencias psíquicas), basado en un ensayo que escribió mientras estudiaba en la Universidad de Chicago. La experiencia del déjà vu suele ir acompañada por una convincente sensación de familiaridad y también por una sensación de sobrecogimiento, extrañeza o rareza. La experiencia previa es con frecuencia atribuida a un sueño, aunque en algunos casos se da una firme sensación de que la experiencia ocurrió auténticamente en el pasado”.
Y los mexicanos son expertos en déjà vu, pues el país lleva 30 años dándole vueltas a la noria, mordiéndose la cola: la misma clase político-empresarial, las mismas promesas, los mismos discursos, las mismas “acciones de gobierno” y, lo peor de todo, los mismos resultados en todos los sectores, en todos los ámbitos de la vida política, económica y social.
Pues bien, ahora que la supuesta “coyuntura alimentaria” nos alcanzó (una “coyuntura” a punto de cumplir tres décadas), vale la pena el siguiente balance en algo que ni los más duchos propagandistas gubernamentales pueden ocultar: el devastador efecto para el estómago y los bolsillos de los mexicanos. Así, 28 años atrás, el 18 de marzo de 1980, el entonces presidente José López Portillo presentó en sociedad el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), que establecía “metas de consumo alimentario y medios para satisfacerlas desde dos vertientes fundamentales: un rápido aumento en la producción de alimentos básicos y apoyos múltiples al consumo de las mayorías empobrecidas de México” y advertía que el país “tiene todas las posibilidades, históricas y materiales, para tomar un rumbo que revierta vigorosamente tendencias que, en estos momentos de graves definiciones internacionales, nos pueden conducir a la desnacionalización por la vía de la dependencia económica y tecnológica... (estamos ante) la quizá irrepetible y única posibilidad de satisfacer sin concesiones innecesarias nuestro gran potencial de crecimiento, ampliando la base productiva y el mercado interno, sentando así bases sólidas de soberanía y de una economía eficiente y poderosa”.
Tres años después, en plena crisis económica y ante la creciente importación de alimentos, el primer déjà vu sectorial: Miguel de la Madrid presenta en sociedad su Programa Nacional de Alimentación (Pronal), que prometía lo mismo que el SAM (“autosuficiencia alimentaria para resguardar la soberanía nacional y elevar el nivel de vida de los campesinos”), con el añadido de reducir “en cuando menos 30 por ciento” la compra de alimentos en el exterior.
Llegaron Salinas, Zedillo y Fox, cada cual con su propio déjà vu como oferta de gobierno, y la importación de alimentos llegó a tal grado que por lo menos la mitad de lo que los mexicanos comen (aquellos que todavía lo hacen) proviene del extranjero, principalmente del norte, mientras el campo produce pobres y migrantes al por mayor, que ya no van a las grandes ciudades sino se dirigen al mismo norte que nos abastece.
Y llegó el déjà vu de la “continuidad” calderonista: “la seguridad alimentaria es un asunto de Estado”, asegura, mientras cifras oficiales revelan que “la dependencia de México para satisfacer la demanda de alimentos elevó el costo de importarlos a 5 mil 44.9 millones de dólares (y creciendo) en el primer trimestre de este año, una cantidad superior en mil 205.6 millones de dólares a la requerida en igual lapso de 2007, lo que significó un incremento de 31.4 por ciento” (La Jornada, Roberto González Amador), o lo que es lo mismo. una cantidad equivalente a la tercera parte de las divisas petroleras captadas en igual periodo.
Como se ha escrito en este espacio, del SAM el estómago de millones de mexicanos pasó a depender del Tío SAM. En el primer trimestre de 2008 más de 55 millones de dólares diarios (2.3 millones por hora) salieron del país para comprar alimentos que no hace mucho se producían en México, con un gobierno que dice que “la seguridad alimentaria es un asunto de Estado”(s Unidos). Lo mejor del caso es que desde el TLCAN México ha erogado más de 120 mil millones de dólares por importación de alimentos.
El SAM proponía estimular la producción interna, como vía no sólo para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, sino para promover el empleo, aumentar el ingreso y el bienestar de los campesinos, y evitar la emigración (en aquel entonces hacia las zonas urbanas, en primer lugar, y a otros países, en última instancia).
Veintiocho años después, sin olvidar los discursos de cuatro antecesores, el inquilino de Los Pinos en turno se compromete a “paliar la situación financiera de los mexicanos ante el incremento de los precios de los alimentos a nivel mundial” y “facilitar el abasto y el acceso de los consumidores mexicanos a los mejores precios de los alimentos en el mercado internacional; impulsar la producción de alimentos y aumentar la productividad del campo mexicano, y proteger el ingreso y fortalecer la economía de las familias más pobres del país”.
Así, hasta el siguiente déjà vu, si es que el hambre lo deja llegar.
Las rebanadas del pastel
Si alguien tiene la paciencia y el estómago (de preferencia lleno, para evitar vahídos) para conocer qué proponía el SAM, favor de consultar la siguiente dirección electrónica: www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/17/doc/doc10.pdf... Mi profundo agradecimiento al Club de Periodistas de México, a Celeste Sáenz de Miera y a quienes el pasado viernes abarrotaron el magno salón de Filomeno Mata número 8. Besos y apapachos.
30 años en círculo
Quien, con un poco de bicarbonato a la mano, tenga el valor y la paciencia de leer el discurso que ayer pronunció el inquilino de Los Pinos relativo a las “acciones en apoyo a la economía familiar”, irremediablemente experimentará un déjà vu o, lo que es lo mismo, el clásico “eso ya lo escuché, eso ya me lo prometieron, ya pasé por allí”.
Encuentro la siguiente definición: “el término déjà vu (“ya visto”) o paramnesia describe la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una situación nueva. Este término fue acuñado por el investigador psíquico francés Émile Boirac (1851-1917) en su libro L’Avenir des sciences psychiques (El futuro de las ciencias psíquicas), basado en un ensayo que escribió mientras estudiaba en la Universidad de Chicago. La experiencia del déjà vu suele ir acompañada por una convincente sensación de familiaridad y también por una sensación de sobrecogimiento, extrañeza o rareza. La experiencia previa es con frecuencia atribuida a un sueño, aunque en algunos casos se da una firme sensación de que la experiencia ocurrió auténticamente en el pasado”.
Y los mexicanos son expertos en déjà vu, pues el país lleva 30 años dándole vueltas a la noria, mordiéndose la cola: la misma clase político-empresarial, las mismas promesas, los mismos discursos, las mismas “acciones de gobierno” y, lo peor de todo, los mismos resultados en todos los sectores, en todos los ámbitos de la vida política, económica y social.
Pues bien, ahora que la supuesta “coyuntura alimentaria” nos alcanzó (una “coyuntura” a punto de cumplir tres décadas), vale la pena el siguiente balance en algo que ni los más duchos propagandistas gubernamentales pueden ocultar: el devastador efecto para el estómago y los bolsillos de los mexicanos. Así, 28 años atrás, el 18 de marzo de 1980, el entonces presidente José López Portillo presentó en sociedad el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), que establecía “metas de consumo alimentario y medios para satisfacerlas desde dos vertientes fundamentales: un rápido aumento en la producción de alimentos básicos y apoyos múltiples al consumo de las mayorías empobrecidas de México” y advertía que el país “tiene todas las posibilidades, históricas y materiales, para tomar un rumbo que revierta vigorosamente tendencias que, en estos momentos de graves definiciones internacionales, nos pueden conducir a la desnacionalización por la vía de la dependencia económica y tecnológica... (estamos ante) la quizá irrepetible y única posibilidad de satisfacer sin concesiones innecesarias nuestro gran potencial de crecimiento, ampliando la base productiva y el mercado interno, sentando así bases sólidas de soberanía y de una economía eficiente y poderosa”.
Tres años después, en plena crisis económica y ante la creciente importación de alimentos, el primer déjà vu sectorial: Miguel de la Madrid presenta en sociedad su Programa Nacional de Alimentación (Pronal), que prometía lo mismo que el SAM (“autosuficiencia alimentaria para resguardar la soberanía nacional y elevar el nivel de vida de los campesinos”), con el añadido de reducir “en cuando menos 30 por ciento” la compra de alimentos en el exterior.
Llegaron Salinas, Zedillo y Fox, cada cual con su propio déjà vu como oferta de gobierno, y la importación de alimentos llegó a tal grado que por lo menos la mitad de lo que los mexicanos comen (aquellos que todavía lo hacen) proviene del extranjero, principalmente del norte, mientras el campo produce pobres y migrantes al por mayor, que ya no van a las grandes ciudades sino se dirigen al mismo norte que nos abastece.
Y llegó el déjà vu de la “continuidad” calderonista: “la seguridad alimentaria es un asunto de Estado”, asegura, mientras cifras oficiales revelan que “la dependencia de México para satisfacer la demanda de alimentos elevó el costo de importarlos a 5 mil 44.9 millones de dólares (y creciendo) en el primer trimestre de este año, una cantidad superior en mil 205.6 millones de dólares a la requerida en igual lapso de 2007, lo que significó un incremento de 31.4 por ciento” (La Jornada, Roberto González Amador), o lo que es lo mismo. una cantidad equivalente a la tercera parte de las divisas petroleras captadas en igual periodo.
Como se ha escrito en este espacio, del SAM el estómago de millones de mexicanos pasó a depender del Tío SAM. En el primer trimestre de 2008 más de 55 millones de dólares diarios (2.3 millones por hora) salieron del país para comprar alimentos que no hace mucho se producían en México, con un gobierno que dice que “la seguridad alimentaria es un asunto de Estado”(s Unidos). Lo mejor del caso es que desde el TLCAN México ha erogado más de 120 mil millones de dólares por importación de alimentos.
El SAM proponía estimular la producción interna, como vía no sólo para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, sino para promover el empleo, aumentar el ingreso y el bienestar de los campesinos, y evitar la emigración (en aquel entonces hacia las zonas urbanas, en primer lugar, y a otros países, en última instancia).
Veintiocho años después, sin olvidar los discursos de cuatro antecesores, el inquilino de Los Pinos en turno se compromete a “paliar la situación financiera de los mexicanos ante el incremento de los precios de los alimentos a nivel mundial” y “facilitar el abasto y el acceso de los consumidores mexicanos a los mejores precios de los alimentos en el mercado internacional; impulsar la producción de alimentos y aumentar la productividad del campo mexicano, y proteger el ingreso y fortalecer la economía de las familias más pobres del país”.
Así, hasta el siguiente déjà vu, si es que el hambre lo deja llegar.
Las rebanadas del pastel
Si alguien tiene la paciencia y el estómago (de preferencia lleno, para evitar vahídos) para conocer qué proponía el SAM, favor de consultar la siguiente dirección electrónica: www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/17/doc/doc10.pdf... Mi profundo agradecimiento al Club de Periodistas de México, a Celeste Sáenz de Miera y a quienes el pasado viernes abarrotaron el magno salón de Filomeno Mata número 8. Besos y apapachos.
Alimentos: equivocación trágica
Editorial
Ante la crisis alimentaria mundial, el gobierno federal anunció ayer la eliminación de los aranceles para las importaciones de maíz, trigo, arroz y soya, la reducción impositiva a la leche en polvo procedente del extranjero y una cuota fija para la importación de frijol libre de arancel; asimismo, exime de impuestos las importaciones de fertilizantes y abonos, abre créditos para pequeños productores agrícolas e incrementa el reparto de dinero entre las familias más pobres. Tales medidas generaron el inmediato rechazo de organizaciones sindicales y agrarias, que las calificaron de meros paliativos o incluso de demagogia presidencial de cara a los procesos electorales previstos para el año entrante.
En efecto, las propuestas formuladas ayer por Felipe Calderón Hinojosa eluden el problema principal de la crisis que, en el caso de México, es la pérdida de la autosuficiencia alimentaria debida a la aplicación de las políticas neoliberales aún en vigor. Lejos de ser una solución, la exención o reducción de impuestos favorecerá a los exportadores extranjeros de alimentos, a los grandes distribuidores e intermediarios privados, y ahondará la alarmante postración del agro mexicano.
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y con especial énfasis a raíz de la entrada en vigor de la cláusula de ese instrumento trilateral que libera de toda limitación el comercio de granos, se ha insistido en la acuciante necesidad de fortalecer la producción mexicana y de protegerla de importaciones baratas que, si bien tienden a frenar los precios a corto plazo, a la larga resultan desastrosas para el abasto popular. Las voces de advertencia correspondientes han resultado, a fin de cuentas, atinadas, y en la actual circunstancia pueden avizorarse en toda su crudeza las trágicas implicaciones de haber permitido la destrucción del campo en aras de un fundamentalismo del libre comercio.
No menos trágico resulta el empecinamiento actual en mantener al Estado fuera de eslabones fundamentales de la producción agraria, como la fabricación de fertilizantes, la fijación de precios de garantía y las cadenas de abasto popular. Por su parte, el asistencialismo –de inequívocos tintes electoreros y de control, para colmo– inaugurado con los programas salinistas y mantenido desde entonces con distintos nombres es un mero atenuante circunstancial de la miseria, pero en nada contribuye a combatir la extendida pobreza que se abate sobre los campesinos sobrevivientes del abandono gubernamental, del entusiasmo privatizador, del desmantelamiento de instituciones, como la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), y de la destrucción de ejidos propiciada por las reformas al artículo 27 constitucional.
Ante la carestía alimentaria mundial, el país debe fijarse como objetivo necesario, e incluso prioritario, recuperar las capacidades productivas del agro, incluso a costa de subsidios, que son vistos como tabú desde la óptica económica antinacional del grupo en el poder y que, sin embargo, constituyen instrumentos regulares de política agraria en Estados Unidos, en la Unión Europea y en naciones asiáticas como Japón. En tales países y regiones se entiende que la producción alimentaria es un factor de soberanía y hasta de seguridad nacional por el cual debe pagarse un precio. A la larga, dejar las necesidades de abasto de la población a los vaivenes del libre mercado internacional, sobre todo en el caso de países pobres, como el nuestro, acaba siendo mucho más caro y coloca a los gobiernos ante una disyuntiva lamentable: destinar porciones exorbitantes de sus recursos a la adquisición de alimentos foráneos o dejar que segmentos enteros de la población sean víctimas del hambre, como ha ocurrido en África a raíz de la sustitución de cultivos alimenticios básicos por plantaciones orientadas a la agroexportación que, en principio y a corto plazo, parecen más rentables.
En suma, resulta impostergable que la administración calderonista corrija la ausencia de política alimentaria y la desatención a los productores agrícolas nacionales, especialmente los de maíz y frijol, y que, aunque sea en este terreno, sea capaz de formular estrategias dotadas de visión nacional.
Ante la crisis alimentaria mundial, el gobierno federal anunció ayer la eliminación de los aranceles para las importaciones de maíz, trigo, arroz y soya, la reducción impositiva a la leche en polvo procedente del extranjero y una cuota fija para la importación de frijol libre de arancel; asimismo, exime de impuestos las importaciones de fertilizantes y abonos, abre créditos para pequeños productores agrícolas e incrementa el reparto de dinero entre las familias más pobres. Tales medidas generaron el inmediato rechazo de organizaciones sindicales y agrarias, que las calificaron de meros paliativos o incluso de demagogia presidencial de cara a los procesos electorales previstos para el año entrante.
En efecto, las propuestas formuladas ayer por Felipe Calderón Hinojosa eluden el problema principal de la crisis que, en el caso de México, es la pérdida de la autosuficiencia alimentaria debida a la aplicación de las políticas neoliberales aún en vigor. Lejos de ser una solución, la exención o reducción de impuestos favorecerá a los exportadores extranjeros de alimentos, a los grandes distribuidores e intermediarios privados, y ahondará la alarmante postración del agro mexicano.
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y con especial énfasis a raíz de la entrada en vigor de la cláusula de ese instrumento trilateral que libera de toda limitación el comercio de granos, se ha insistido en la acuciante necesidad de fortalecer la producción mexicana y de protegerla de importaciones baratas que, si bien tienden a frenar los precios a corto plazo, a la larga resultan desastrosas para el abasto popular. Las voces de advertencia correspondientes han resultado, a fin de cuentas, atinadas, y en la actual circunstancia pueden avizorarse en toda su crudeza las trágicas implicaciones de haber permitido la destrucción del campo en aras de un fundamentalismo del libre comercio.
No menos trágico resulta el empecinamiento actual en mantener al Estado fuera de eslabones fundamentales de la producción agraria, como la fabricación de fertilizantes, la fijación de precios de garantía y las cadenas de abasto popular. Por su parte, el asistencialismo –de inequívocos tintes electoreros y de control, para colmo– inaugurado con los programas salinistas y mantenido desde entonces con distintos nombres es un mero atenuante circunstancial de la miseria, pero en nada contribuye a combatir la extendida pobreza que se abate sobre los campesinos sobrevivientes del abandono gubernamental, del entusiasmo privatizador, del desmantelamiento de instituciones, como la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), y de la destrucción de ejidos propiciada por las reformas al artículo 27 constitucional.
Ante la carestía alimentaria mundial, el país debe fijarse como objetivo necesario, e incluso prioritario, recuperar las capacidades productivas del agro, incluso a costa de subsidios, que son vistos como tabú desde la óptica económica antinacional del grupo en el poder y que, sin embargo, constituyen instrumentos regulares de política agraria en Estados Unidos, en la Unión Europea y en naciones asiáticas como Japón. En tales países y regiones se entiende que la producción alimentaria es un factor de soberanía y hasta de seguridad nacional por el cual debe pagarse un precio. A la larga, dejar las necesidades de abasto de la población a los vaivenes del libre mercado internacional, sobre todo en el caso de países pobres, como el nuestro, acaba siendo mucho más caro y coloca a los gobiernos ante una disyuntiva lamentable: destinar porciones exorbitantes de sus recursos a la adquisición de alimentos foráneos o dejar que segmentos enteros de la población sean víctimas del hambre, como ha ocurrido en África a raíz de la sustitución de cultivos alimenticios básicos por plantaciones orientadas a la agroexportación que, en principio y a corto plazo, parecen más rentables.
En suma, resulta impostergable que la administración calderonista corrija la ausencia de política alimentaria y la desatención a los productores agrícolas nacionales, especialmente los de maíz y frijol, y que, aunque sea en este terreno, sea capaz de formular estrategias dotadas de visión nacional.
Invitación
TODOS AL SENADO SOBRE LA CONSULTA NACIONAL PETROLEO.
INVITAMOS ESTE MARTES A LAS 16.00 HS AL SENADO DE LA REPUBLICA (EN EL CABALLITO FRENTE AL PALACIO DE MINERIA Y CORREOS) A LOS CIUDADANOS QUE QUIERAN UN MEXICO MAS JUSTO, PROSPERO Y EQUITATIVO A FIRMA Y PRESENTACION DE MAS SOLICITUDES-DEMANDA CONSTITUCIONAL PARA QUE LOS SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES ABRAN UNA CONSULTA NACIONAL AL PUEBLO MEXICANO SOBRE LA REFORMA PETROLERA Y LA ABROGACION DE LA LEY DEL ISSSTE, PORQUE ES INADMISIBLE QUE UNOS CUANTOS SEAN LOS QUE DEFINAN EL DESTINO DE MAS DE CIEN MILLONES DE MEXICANOS DE LOS CUALES MAS DE CINCUENTA MILLONES INCREIBLEMENTE EN POBREZA.
INF. LYDIA VELA, NINA HERNANDEZ, ROMAN DIAZ VAZQUEZ, MARTIN MARTINEZ, ETNA MACIEL, JOSE LUIS MENDOZA R., AGUSTIN DELGADO, JUAN LUIS VELAZQUEZ, JAVIER MATUS, CARMEN SAENZ, JOSE T. CARDOZA, ROBERTO VILLASEÑOR, REYNA MENDEZ, ADELA MARTIN DEL C., JOSE L. VILLEGAS,ARTURO GARCIA GRISELDA CORTEZ,JOSE LUIS VILLEGAS TERE GUZZY, MARISOL MARTINEZ ANTONIO M. CORIA, EDUARDO MORENO, INDALECIO SANTIAGO,CARMINA ALMAGRO Y SALOME, GERARDO DURAN, FERNANDO SANTAMARIA. VICTOR VENEGAS, GLORIA RODRIGUEZ, ANGELITA VIVEROS, MARCO PACHECO, CUITLAHUAC MATA, EDUARDO HERNANDEZ, ELVIRA GARCIA, SANTOS PANIAHUA, ALICIA RAMIREZ RODRIGUEZ. ETC.DE LA ACCION CIUDADANA DE APIMAC, COORDINADORA DE ORGANIZACIONES Y TRABAJADORES DEL ISSSTE, CONSEJO NACIONAL DE ORGANIZACIONES, EL FRENTE NACIONAL DE ESTUDIANTES , TRABAJADORES Y PROFESORES POLITECNICOS Y DE LA UNAM, MOVIMIENTO CIUDADANO OBRADORISTA ENTRE OTRAS CEL 0445535517049 Y O445511444206,MAILplataformaconstitucionalista@yahoo.com.mx, formatos en la pág. www.pcmdeapimac.org. Y www.patria.org O ENTREGARLOS PAR SU TRAMITACION EN JAVIER MARTINEZ No. 831 COL ESCUADRON 201 CQASI ESQUINA CON CHURUBUSCO Y EJE TRES DELEGACION IZTAPALAPA MEXICO DF.
LA PLATAFORMA CONSTITUCIONALISTA DE APIMAC PCM DE LA APIMAC DE MEXICO
Boletín Informativo ISA núm 428
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“SE RECURRIRÁ A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, A UNA CONSULTA POPULAR, PARA IMPEDIR LA PRIVATIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS”: LÓPEZ OBRADOR
Ante más de cinco mil brigadistas reunidos en Guadalajara, Andrés Manuel López Obrador reiteró que se recurrirá a la democracia participativa, a una consulta popular, para impedir la privatización de Petróleos Mexicanos, y afirmó que en el debate que se realiza en el Senado de la República, “va ganando cuatro-cero” la línea que rechaza la reforma energética del gobierno espurio.
En la plaza de Las Sombrillas, de esta ciudad jalisciense, el presidente legítimo de México remarcó las intenciones del gobierno panista que, “confabulado con los priistas, pretende vender Pemex. La eventual entrega del patrimonio nacional a particulares representa un riesgo para el país, porque entonces no habría desarrollo”, alertó.
“No sólo se perdería la posibilidad de convertir el petróleo en la palanca del desarrollo nacional, sino que de plano nos convertiríamos en una colonia, dependiendo en todos los sentidos de los extranjeros. Ya no se necesitaría, en la práctica, ni siquiera tener un presidente de la Republica, bastaría con un gerente que representara los intereses de las mayorías. Por eso no queremos la privatización del petróleo”, precisó. “La disyuntiva —añadió— es colonia o país y nosotros queremos seguir siendo país, libre, soberano e independiente”.
Acompañado por líderes sociales, dirigentes de organizaciones no gubernamentales y dirigentes de los partidos políticos que forman el Frente Amplio Progresista (FAP), López Obrador manifestó: “Sabemos que se está tratando de violar la Constitución General de la República y con modificaciones a leyes secundarias se quiere trampear a la Constitución”.
Hizo énfasis en que México no requiere de inversión extranjera en el sector petrolero, por el alza en los precios mundiales del combustible, ya que la mezcla mexicana se cotiza en 110 dólares por barril. “Ahora más que nunca el gobierno está recibiendo dinero por la venta de petróleo al extranjero, nunca habían estado los precios del petróleo tan altos como ahora”, destacó al recordar que el mejor negocio del mundo es el petróleo, “porque extraer un barril de petróleo nos cuesta 4 dólares y se está vendiendo en 110 dólares, es decir se tiene una ganancia de 100 dólares, porque no se le paga renta a la naturaleza, y se están produciendo en México alrededor de 3 millones de barriles diarios de petróleo” .
López Obrador explicó que porque este año se fijó en la Cámara de Diputados un precio de barril de petróleo de 49 dólares, y se está vendiendo en más de cien dólares, nada más ese excedente fuera de presupuesto, que es un extra, significa para este año 20 mil millones de dólares. “Y si ese dinero se le transfiriera a Petróleos Mexicanos, sería más que suficiente para construir las refinerías que hacen falta y dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Con ese dinero alcanzaría para apoyar y fortalecer la industria petroquímica y para generar empleos”, detalló. En consecuencia, no se justifica el que se quiera llevar a cabo la privatización argumentando que no hay dinero para modernizar la industria petrolera, agregó.
Sobre las declaraciones del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, de que no va a haber excedente en el petróleo a causa de la compra de la gasolina, dijo que es totalmente falsa la declaración. “No es nada real y vamos a exigir que se dé toda la información sobre los excedentes”.
Y comentó: “Queremos saber dónde está ese dinero. Ya sabemos que al año se tienen que destinar de 10 a 12 mil millones de dólares para comprar la gasolina en el extranjero, pero eso ya está contemplado en el presupuesto, además estamos hablando de excedentes por 20 mil millones de dólares, ¿dónde están? No hay que olvidar –recordó— que desde el tercer año del gobierno de Fox, se empezaron a recibir estos excedentes del orden de 10 mil millones de dólares al año y nunca ha habido una información. Yo le voy a pedir a los legisladores del FAP que hagan la solicitud a las instancias correspondientes ante la Secretaría de Hacienda”.
Agregó que van 25 años de política económica que no beneficia a la mayoría de los mexicanos, Desde entonces no ha habido crecimiento de la economía, no hay empleos y que cada vez emigran más connacionales al vecino país del norte.
“Por eso no queremos privatización, pues significa corrupción y privilegios para unos, y miseria y pobreza para la mayoría de nuestro pueblo”, reiteró entre aclamaciones, antes de partir a Ciudad Guzmán en donde encabezó una asamblea informativa con las brigadas que integran el Movimiento para la defensa del Petróleo en el Sur de Jalisco.
CRISIS ALIMENTARIA
El impacto mundial de la escasez en alimentos básicos no es algo nuevo, desde hace varios años se han levantado voces de alarma en torno al tema, sin embargo, sus efectos tangibles cada vez más evidentes, han empezado a poner el tema sobre las mesas de los gobiernos y los organismos internacionales. Ante esto, veamos en dónde está parado nuestro país.
La política económica nacional de los últimos gobiernos se dirigió al campo sólo con mínimos apoyos subsidiarios más con el enfoque de desarrollo social y combate a la pobreza que con la idea de una reactivación real al sector primario de la economía; el discurso de que no se podía apoyar al campo porque de por sí no era productivo, ni competitivo frente a economías extranjeras, abrió las puertas de par en par a la importación de básicos.
Si podemos comprarlo de qué nos preocupamos, que otros lo produzcan, parecían pensar los ideólogos de esta perspectiva económica, llevando al país a una alta dependencia de los mercados internacionales, que actualmente se traduce en que México importa 30% de su consumo de maíz amarillo; 95% de soya; 65% del trigo para pan; y 30% del sorgo para ganado -según la Confederación Nacional Campesina-.
Esta dependencia ha implicado, e implicará aun más, que el impacto de la crisis mundial sea directo al interior de nuestras fronteras, no existe una medida de protección posible frente a los fenómenos externos, y el gobierno puede limitarse tan sólo a mitigar con medidas subsidiarias dichos impactos. El mismo gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, lo ha admitido al afirmar que si no fuera por esos subsidios el impacto sería mucho mayor y, la inflación, que se ha salido de las proyecciones del gobierno, impactaría aun más los precios.
En otros países los gobiernos tienen mayores márgenes de acción, limitan la salida de su propia producción y fijan estándares en precios para que su población no se vea tan afectada por la carestía mundial; como resultado de esto, los países importadores tienen menos oferta en el mercado para adquirir sus básicos, estos tienden a la especulación y, como ya ha sucedido, son comprados a futuro por grandes inversionistas que terminan teniendo el control del abasto mundial.
Entonces los países sólo tienen un acceso seguro y controlado a sus propias producciones, pero en México, no la tenemos, o no de manera suficiente como para cubrir las necesidades básicas; actualmente las cifras ya son alarmantes, 44 millones de compatriotas viven con menos de 10 dólares diarios, y no sólo se trata de la pobreza rural, en medios urbanos la situación es también grave; 5 millones de habitantes de las grandes ciudades no gana lo suficiente para pagar su alimento diario, poco más de 10 millones no satisfacen sus necesidades de educación y salud, y poco más de 20 millones no satisfacen sus necesidades de vivienda, transporte y vestido.
Al aumentar los precios de los alimentos, las prioridades de las familias cambiarán y tendrá que cubrir la alimentación dejando de lado otras necesidades básicas como la educación, la salud y la vivienda, lo que impactará fuertemente en su nivel de vida y pondrá en peligro la protección de sus derechos fundamentales. Pero el aumento no es algo que veamos a futuro, de acuerdo con datos de la FAO, entre marzo de 2007 y marzo de 2008 el precio del trigo aumentó 130%, la soya 87%, el arroz 74% y el maíz 31%.
En economías de frontera, como es el caso de nuestra ciudad, la dependencia de productos de importación es aun más evidente, compartimos mercado con el sur de Estados Unidos y prácticamente vamos a la par en los precios, quizá en algunos casos mayores para nosotros por los costos arancelarios, la diferencia es que no ganamos como los ciudadanos estadounidenses, nuestros estándares de salarios son mucho menores y estamos en desigualdad en el consumo.
Súmese a lo anterior el hecho de que en Ciudad Juárez nuestra economía está sustentada en gran medida en el sector maquilador, pero este sustento tienen grandes carencias estructurales, pues consiste en un sector que trae su materia prima del exterior, la transforma con nuestra mano de obra barata y luego la lanza al exterior sin que quede en nuestra ciudad más rastro de ella que los salarios mínimos que a las familias no les alcanzan ni para sus necesidades básicas.
Ante esto, el gobierno federal parece tener como solución única los subsidios, si es así, tristemente podremos constatar que no abra subsidio que alcance ante el impacto de la crisis internacional y la falta de previsión interna. La situación es sumamente grave.
Soy Edna Lorena Fuerte y mi correo es ednafuerte@gmail.com para sus comentarios. Gracias.
Boletín Informativo ISA núm 427
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PARA EL DESARROLLO DE PEMEX, QUE SE APROVECHEN LOS EXCEDENTES PETROLEROS Y NO LA INVERSIÓN PRIVADA, PLANTEA LÓPEZ OBRADOR
El “mequetrefe” de Felipe Calderón urge a los legisladores del PRI y del PAN a aprobar la denominada reforma energética, porque “tiene hambre de dinero, de ambición y de lucro”, aseguró Andrés Manuel López Obrador ante brigadistas en defensa del petróleo de la ciudad de Monterrey, en su primera parada de este día por tierras norteñas.
Ante el planteamiento del gobierno de facto de Felipe Calderón de que es necesaria la reforma a la industria petrolera para obtener una mayor cantidad de recursos públicos para financiar los programas sociales, el presidente legítimo de México le preguntó: ¿Por qué no utiliza los excedentes petroleros para desarrollar la industria petroquímica del país, en vez de pretender entregar el patrimonio de la Nación a los extranjeros?
Asimismo, López Obrador expresó que los panistas que mal gobiernan al país resultaron ser más voraces y rateros que los priistas y “prueba de ello es que Calderón y socios tienen prisa por privatizar el petróleo, que sólo beneficiaría a las compañías multinacionales”.
Acompañado por el secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México, Bernardo Bátiz Vázquez; por el coordinador del Frente Amplio Progresista, Porfirio Muñoz Ledo, y por el dirigente del PT, el senador Alberto Anaya, López Obrador expuso que los 18 meses que lleva Calderón usurpando la Presidencia de la República evidencian el fracaso de la política económica neoliberal que se viene aplicando desde hace 25 años en México.
“Los gobiernos panistas y priistas de corte neoliberal se han dedicado a empobrecer aún más a la clase media y han abandonado las actividades productivas, así como han provocado un aumento de la descomposición social en el territorio nacional”, recalcó.
En el recorrido de este día —en donde sostuvo reuniones informativas con brigadistas de las ciudades de Monterrey, Reynosa y Victoria—, el presidente legítimo de los mexicanos afirmó que la inseguridad y la violencia son fruto del fracaso de la política económica entreguista del gobierno calderonista.
Manifestó que la situación general en el país sería distinta si Calderón y cómplices no hubiesen consumado un fraude electoral. En vez de privatizar el petróleo, en 18 meses reportarían un avance de 80 por ciento la construcción de las tres refinerías que necesita el país, para dejar de comprar combustibles en el extranjero y hacer del petróleo la palanca del desarrollo nacional.
En su encuentro con los brigadistas regiomontanos, López Obrador explicó que la tarea de evitar la privatización del petróleo también es parte del Proyecto Alternativo de Nación del gobierno legítimo de México, el cual tiene como principal objetivo defender el patrimonio de la Nación y al pueblo de México.
Por ello, invitó a los brigadistas a informar a la gente, casa por casa, “de la intención del gobierno espurio de entregar la industria petrolera a compañías extranjeras”. Recordó que los medios de comunicación criticaron la toma de tribuna por parte de los legisladores del Frente Amplio Progresista, que en la radio y televisión se lanzó una campaña de desprecio hacia el movimiento en defensa del petróleo y hasta “sacaron un spot comparándome con Hitler, pero ¿creen ustedes que Televisa difunda un spot en contra del pelele del Calderón?
No, fue la respuesta unánime de los integrantes del comité en defensa del petróleo.
En su turno, el senador por el Partido del Trabajo, Alberto Anaya, afirmó que la ultraderecha panista no logrará su objetivo de entregar la industria petrolera a los extranjeros, porque el pueblo de México lo evitará con movilizaciones pacíficas.
Tanto el secretario de Seguridad y Justicia, Bernardo Bátiz Vázquez, como el coordinador del FAP, Porfirio Muñoz Ledo, manifestaron que el gobierno legítimo de México no quitará el dedo del renglón y luchará porque México permanezca como una nación libre, en vez de una colonia.
Después del mediodía, López Obrador se reunió con los brigadistas de Reynosa. Ahí, aseveró que “Felipe Calderón insiste en privatizar el petróleo, porque está al servicio de las grandes empresas extranjeras y ahora tiene que pagar las facturas por el apoyo que recibió para usurpar la presidencia de la República”.
En una entrevista, se le pidió su opinión sobre la presión que ejerce el Congreso de Estados Unidos para que México reforme su sistema judicial a cambio de los recursos para el Plan Mérida,; López Obrador consideró posible el condicionamiento de Estados Unidos, “porque Calderón es un pelele e inepto para tomar decisiones trascendentales de la nación. No se qué se hizo (Calderón), ya ni aparece o, si aparece, nadie se da cuenta que existe”, apuntó.
En Ciudad Victoria, Andrés Manuel López Obrador invitó a la gente a participar el próximo 29 de junio en la asamblea nacional que se efectuará en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se dará a conocer los avances del movimiento en defensa del petróleo.
Finalmente, reiteró que después de que finalicen los debates sobre la reforma energética, va a proponer que se realice una consulta al pueblo de México para saber si aprueba o rechaza “la intención del presidente pelele de privatizar Petróleos Mexicanos”.
Derechos humanos: puro discurso
El 23 de mayo último, el italiano Amerigo Incalcaterra, quien fungió como representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abandonó el país en medio de versiones en el sentido de que el gobierno de Felipe Calderón presionó para que se marchara. Desde su llegada a México en octubre de 2005, Incalcaterra fue crítico del gobierno federal por sus omisiones y fallas en materia de derechos humanos. A continuación presentamos un texto suyo, entregado en exclusiva a Proceso, en el que expone un duro diagnóstico sobre el caso mexicano.Hasta el día de hoy el Estado mexicano ha recorrido un camino muy importante en el reconocimiento de los derechos humanos. Entre otras cosas, ha logrado que tomen un lugar relevante en el discurso y en el espacio público, al grado de que al día de hoy forman parte de lo políticamente correcto.Sin embargo, si se mira con cierto detenimiento la realidad, resulta que por debajo del discurso de los derechos humanos subyacen realidades sumamente injustas, como la sistemática violación a los derechos de los migrantes, la discriminación hacia los pueblos indígenas, la violencia en contra de la mujer, la precarización del trabajo, la enorme desigualdad de oportunidades, el uso desproporcionado de la fuerza pública e, incluso, situaciones que se vieron reflejadas en casos como Atenco, Oaxaca o Pasta de Conchos, por citar tan sólo algunos.La encrucijada consiste, por lo tanto, en saber si el Estado mexicano y la sociedad en su conjunto están dispuestos a asumir el reto de implementar los estándares internacionales de derechos humanos y convertirlos en realidades tangibles en la vida diaria que viven millones de personas en México, o bien, dejar que se queden tan sólo plasmados en el discurso y en las normas jurídicas, pero sin que se realicen los esfuerzos necesarios para que se conviertan en detonadores capaces de transformar, por las vías institucionales, las realidades injustas que afectan la vida de las personas y las estructuras que marginan y excluyen a sectores importantes de la población.De no asumir adecuadamente el reto de la implementación, se corre el riesgo de caer sin remedio en el camino del discurso vacío en el que se asumen compromisos y se hacen grandes declaraciones de buenas intenciones, pero en el que se carece de mecanismos eficaces para exigir el cumplimiento de los derechos. Paradójicamente, el discurso de los derechos, lejos de promover transformaciones estructurales más justas y equitativas, terminaría por reforzar el status quo.Ante todo, habría que evitar que la brecha que separa el discurso de los derechos de la realidad de su ejercicio se ensanche de tal manera que se pierda toda conexión entre uno y otra. El análisis sobre la situación de los derechos quedaría fracturado en dos posiciones, en las que, por un lado, estaría un discurso autocomplaciente y hermético ante cualquier reclamo y, por otro, una realidad que clama justicia pero que no encuentra los espacios adecuados para hacerse escuchar y para desahogar sus reivindicaciones. Ello podría generar que grupos marginados, al no encontrar las vías jurídicas y políticas adecuadas para hacer valer sus demandas, se movilicen y provoquen una mayor tensión social. La situación se puede agravar aún más si esta tensión es aprovechada por grupos ilegales que buscan desestabilizar al país y minar las instituciones del Estado.Hay que partir del hecho de que, en las últimas dos décadas, México ha tenido avances sumamente importantes en materia de derechos humanos. Sin embargo, también es necesario reconocer que, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, la mayoría de los avances se han dado en el plano normativo e institucional, sin que esto signifique necesariamente que tales avances se traduzcan en logros concretos de manera que las personas puedan gozar y ejercer sus derechos humanos.Así, pues, la cuestión central de la implementación se subdivide en dos retos específicos: primero, en cómo lograr que los compromisos asumidos en la esfera internacional sirvan de palanca transformadora del andamiaje jurídico protector de derechos humanos a nivel nacional; segundo –y sin duda el paso más importante–, en cómo lograr que las instituciones y las normas puedan ser empleadas por las personas para exigir el cumplimiento de las obligaciones que el Estado asume en materia de derechos humanos.En relación con el contexto o marco de implementación de los derechos humanos quiero destacar dos notas que no pueden pasarse por alto: las profundas asimetrías que existen entre la población en el ejercicio de los derechos humanos y la existencia de ciertos problemas estructurales en el país que desencadenan diversos contextos de violación a los derechos humanos.
Asimetrías
En México coexisten muchas realidades contrastantes. Las asimetrías de poder, la iniquidad en la distribución de la riqueza, la persistencia de rasgos culturales discriminatorios y el mantenimiento de privilegios para ciertos grupos de la población se traducen en un desigual acceso a los derechos humanos de parte de los sectores de la población. El telón de fondo es el de las asimetrías que existen en el ejercicio de estos derechos; por un lado, personas que por su situación económica y social o por sus condiciones personales pueden ejercer casi sin ningún problema sus derechos; por otro, personas que por el simple hecho de haber nacido en una determinada región del país, por formar parte de un grupo que sufre discriminación o por sus condiciones sociales y económicas tienen que enfrentar un sinnúmero de obstáculos para poder disfrutar de sus derechos.
Problemáticas estructurales
Otra nota que define el contexto de los derechos humanos es la existencia de ciertas problemáticas ampliamente generalizadas que en sí mismas implican ya una violación a los derechos humanos, pero que a la vez, su persistencia genera diversos contextos de violación a los derechos humanos. En su plan de acción 2005, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, identificó que en el mundo existen seis obstáculos de esta naturaleza; pobreza, discriminación, conflictos armados y violencia, impunidad, déficit democrático y debilidad de las instituciones del Estado. En el caso de México, la pobreza –vinculada a la desigualdad y a la discriminación–, la impunidad y las restricciones a la libertad de expresión, constituyen tres causas estructurales a partir de las cuales se generan diversas situaciones de violación a los derechos humanos.Para poder superar dichas problemáticas y asumir el gran reto de la implementación es necesario centrar la atención en aquellos déficit o debilidades estructurales que obstaculizan la plena realización de los derechos humanos, especialmente los de aquellos grupos de mayor vulnerabilidad y discriminación. La identificación de estas problemáticas permite enfocarse en aquellas tareas que quedan pendientes en la agenda de derechos humanos.
Orden jurídico insuficiente
Debido a ciertas limitaciones internas y deficiencias en la manera en que reconoce los derechos humanos, la Constitución mexicana no permite ser aprovechada al máximo por las personas y los grupos en su afán por defender estos derechos. Para que la Constitución pueda recobrar todo su potencial y su máxima eficacia jurídica como norma fundamental protectora de derechos humanos es necesario avanzar en una reforma integral estructurada en torno a los siguientes ejes: la transformación del marco conceptual a partir del cual la Constitución reconoce los derechos humanos; el reconocimiento de la jerarquía constitucional de las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales sobre la materia, y el reconocimiento del principio pro personae; el reforzamiento de los derechos humanos de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y discriminación; el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, poniendo especial énfasis en su carácter universal y en el establecimiento de mecanismos adecuados para su exigibilidad y justiciabilidad; la introducción de la perspectiva de género, y el fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para proteger los derechos humanos.
Mecanismos débiles
Se requiere fortalecer el papel del Poder Judicial como garante de los derechos humanos de las personas. Sobre todo, el sistema de justicia en México presenta muchos obstáculos para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan exigir sus derechos.La creación de un sistema de instituciones nacionales ha paliado esta problemática; sin embargo, con excepción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de algunas agrupaciones locales, los organismos públicos defensores de esos derechos se encuentran generalmente en una situación precaria. La eficacia de éstos depende en gran medida del grado de legitimidad y aceptación que logran frente a la ciudadanía. Para ello es fundamental no sólo que se garantice su autonomía e independencia desde un punto de vista formal, sino que también se garanticen otros aspectos fundamentales, como la coherencia de su trabajo con los estándares internacionales en la materia, su cercanía con los grupos en situación de vulnerabilidad, su apertura y transparencia, su capacidad de coordinar su actividad con las organizaciones civiles y la pluralidad de sus integrantes.Por otra parte, hablar de los mecanismos de protección de los derechos humanos implica necesariamente abordar el problema de la impunidad. En este rubro quedan pendientes problemáticas de gran calado, entre éstas los feminicidios, la tortura, las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, así como las perpetradas en el marco de la guerra sucia, las agresiones en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos. Las mejores medidas para evitar que estos hechos se perpetúen es que el Estado asuma adecuadamente el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como el deber de reparar los daños causados a las víctimas por violaciones a sus derechos humanos.
Omisiones
A pesar de algunos esfuerzos encomiables como el Programa Nacional de Derechos Humanos (2004-2006), las políticas públicas a nivel federal y estatal no han incorporado a fondo una perspectiva en este rubro. Un signo muy positivo es que al tema se le haya otorgado un papel central en el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012); también el que actualmente se esté preparando un nuevo programa nacional en la materia coordinado por la Secretaría de Gobernación. Estos esfuerzos deben estar enmarcados en una verdadera política de Estado en derechos humanos, entendiendo que las políticas públicas son las mejores vías para cristalizar las obligaciones que asume el Estado al respecto.
La sociedad civil
Sin duda, el panorama no podría estar completo sin el análisis de la labor que realiza la sociedad civil en la protección y promoción de los derechos humanos. Las organizaciones que los defienden han jugado un papel central tanto en el señalamiento de situaciones y problemáticas como en el acompañamiento y defensa de casos específicos de violación a estas garantías ciudadanas. Las organizaciones han logrado profesionalizarse e incrementar sus capacidades para desempeñar un papel estratégico en ámbitos cruciales como el legislativo, así como en el diseño e implementación de políticas públicas e, incluso, en el litigio estratégico. Un elemento central es que han sabido aprovechar muy bien los instrumentos y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para fortalecer sus acciones a nivel nacional.
Cultura incipiente
En México el concepto de derechos humanos es relativamente nuevo. Los principios y valores que subyacen en él no se han arraigado en las prácticas y concepciones de la población; incluso se puede decir que en general existe un gran desconocimiento y confusión del papel que éstos desempeñan en la sociedad. Más todavía, en la cultura mexicana existen valores y hábitos contrarios a estos derechos, como el machismo, la intolerancia, el autoritarismo, el racismo o clasismo y la corrupción, entre otros. Por ello, el reto es continuar promoviendo los derechos humanos, lo mismo en el ámbito de la educación formal que en la informal. También debe buscarse llegar a sectores que por lo general no participan en el movimiento pro derechos humanos.
Cooperación internacional
Por último, debo mencionar que en todos los tratados internacionales de derechos humanos se destaca el aspecto de la cooperación internacional como un recurso para fortalecer el respeto a estos derechos en el ámbito nacional. La idea que subyace en el fondo es simple: aunque el principal responsable de los derechos humanos es el Estado, se asume, primero, que ningún Estado tiene un récord impecable en su protección; y, segundo, que los Estados necesitan de otras instancias internacionales para impulsar los cambios necesarios.El establecimiento de la figura del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos responde precisamente a la necesidad y demanda de los propios Estados de contar con un aliado que aproveche la experiencia internacional que los asista en la implementación de los estándares de derechos humanos. A través de los años, y no sin serias dificultades, la Oficina del Alto Comisionado ha comprendido que la mejor manera de hacer cambios en la realidad es trabajar a nivel local, de manera conjunta con los Estados, mediante tareas de observación, protección y cooperación técnica.En este ámbito México es reconocido como un pionero. Hasta hoy es el único país que, a pesar de no estar inmerso en un conflicto armado, solicitó la presencia permanente de una Oficina del Alto Comisionado en su territorio. Necesariamente, el trabajo de la Oficina tiene que ser distinto al que realiza en otras partes del mundo, dado que México cuenta con las instituciones, recursos económicos y capacidades humanas adecuadas para enfrentar las problemáticas de derechos humanos.En febrero pasado, la Alta Comisionada Louise Arbour visitó el país. Vino a firmar con el Estado mexicano un mandato que definiría las labores de su Oficina en este país. Este mandato dota de fundamento y clarifica las actividades que la Oficina ya venía desarrollando; además, abre la posibilidad de que –en la medida de sus posibilidades humanas y económicas– esta Oficina se comprometa más en las tareas de seguimiento, protección y promoción de los derechos humanos. Corresponde a las autoridades y a la sociedad civil debatir y plantear cómo desean aprovechar la presencia de la Oficina en territorio mexicano. Debo aclarar que su objetivo es servir a las personas que habitan en México, brindar asesoría y cooperar con las instituciones nacionales, así como acompañar a la sociedad civil en el proceso de implementación de los derechos humanos.Para lograrlo, la Oficina debe conocer cuál es la situación en materia de derechos humanos, así como dar seguimiento profesional a las situaciones que se presenten en este rubro, proveer de información, y sobre todo colaborar y advertir de los retos que afectan a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ante las violaciones a los derechos humanos.Por otra parte, el Estado en su conjunto tiene que entender con más amplitud la labor que realiza la Oficina en México. No se entendería la presencia de la Oficina si ésta no ejerciera un mandato amplio, si no pudiera elevar a la opinión pública las problemáticas existentes para que las fuerzas vivas de la sociedad mexicana puedan tener elementos suficientes para elaborar respuestas integrales y participativas; si en definitiva no pudiera servir como motor que fomente el cambio. La Oficina no tiene vocación de perpetuidad, sólo estará un tiempo determinado en el país; de ahí la importancia de que se aproveche al máximo esta oportunidad que la comunidad internacional está ofreciendo al país.La Oficina está llamada a fomentar el diálogo y la participación de la sociedad civil con las autoridades, a levantar los temas que requieren ser debatidos públicamente para poder avanzar en la implementación de los derechos humanos y a detonar los cambios y proyectos capaces de transformar las estructuras y situaciones que impiden a todas las personas ejercer sus derechos humanos.México puede pasar de las palabras a los hechos. Para ello es necesario dar un giro de 180 grados a nuestra manera de pensar los derechos humanos. Debemos sacarlos de los grandes foros, de los discursos grandilocuentes, del laberinto diplomático. El verdadero ejercicio de estos derechos se construye desde abajo, en las comunidades, en los grupos marginados. Debemos dotarlos de herramientas para que sean ellos los que exijan y defiendan sus derechos humanos; debemos construir las vías institucionales adecuadas para dar respuestas efectivas. l
La elección presidencial estadunidense
El gobierno de George W. Bush, cada vez más impopular, se encuentra en una situación bastante desesperada. La próxima elección no cambiará esa situación y tiene posibilidades de hacerlo aún peor. John Habrá otras Guerras McCain es más guerrero que Bush, mientras las promesas de Barack Bombardearé Pakistán Obama y Hillary Aniquilaré Irán Clinton de retirar las tropas de Irak son engañosas. Obama y Clinton están de acuerdo con la posición de su partido en el Congreso que deja abierta la opción de mantener docenas de miles de tropas en Irak por muchos años.
Obama y Clinton aceptan las doctrinas de la guerra contra el terrorismo. Ambos han votado en el Congreso en favor de la agenda Bush/Cheney en términos de los presupuestos por “la defensa” y las guerras. También han votado la línea Bush/Cheney en cuanto a la tortura, el espionaje interno y otras violaciones de derechos civiles. Sus consejeros tienen fuertes vínculos con los oficiales militares más guerreros e incluyen halcones como Zbigniew Brzezinski y Anthony Lake por Obama y Madeleine Albright, Sandy Berger y Richard Holbrooke por Clinton. Por su parte, McCain tiene de consejeros a criminales de guerra como Henry Kissinger y el general Colin Powell, autor del informe de 2004 de la Comisión para Asistir una Cuba Libre que propone un “cambio de régimen”, una verdadera declaración de guerra contra el pueblo cubano.
Aunque Obama a diferencia de McCain y Clinton está dispuesto a encontrarse con líderes cubanos, la política de los tres acerca de América Latina es casi igual. Dicen que los gobiernos de Cuba y Venezuela no son democracias sino dictaduras, y habrá que cambiarlos. Los tres candidatos están de acuerdo que los TLC son fundamentalmente buenos, aunque habrá que poner atención a las cuestiones del ambiente y derechos laborales, la misma línea del presidente Bill Clinton cuando empujó y defendió el TLC con México y Canadá.
Es evidente que los políticos en Estados Unidos no tienen gran interés en América Latina, excepto la urgente necesidad de recursos petroleros, energéticos, y naturales, incluso el recurso de la mano de obra y los cerebros de los inmigrantes. Para Estados Unidos, los únicos big players al sur del “muro de vergüenza” son México, Venezuela y Brasil, debido principalmente a sus grandes fuentes de energía.
En el sistema político estadunidense hay poca democracia y mucha corrupción. Ya existe una tradición de compra de votos; de computadoras que se manipulan fácilmente; de la injusta tabulación de votos en estados sin ganadores claros como Ohio y Florida; de no permitir que voten miles de personas “de color”, y de un sistema judicial que favorece la agenda conservadora y hasta decide quién es elegido presidente, como ocurrió en 2000.
Potencialmente los latinos constituyen una décima parte de los votantes, pero es difícil para muchos de ellos llegar a los lugares de votación. Se dice que más de un medio millón de las aplicaciones para la ciudadanía de inmigrantes no estarán procesados a tiempo para la elección.
Más de 20 estados ya requieren papeles de identificación que millones de personas no tienen. Todo esto favorece a votantes más ricos, blancos y conservadores. Por eso –entre otras razones como el pequeño número de votantes el día de la elección y entre ellos el gran número de gente vieja y de personas creyentes en un cristianismo fundamentalista– hay muy buena chance que McCain sea el próximo presidente a pesar de su programa más bushiano que el de Bush. La única esperanza para cambios reales en las políticas de los gobiernos de Estados Unidos está en los relativamente débiles movimientos antiguerra, antirracista y antisexista, incluso en el de inmigrantes. Muy significativo es el creciente movimiento antiguerra de soldados y veteranos de Irak y sus familias, que no recibe ninguna publicidad en los medios.
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