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Cada cinco días desaparecen forzadamente ocho personas en México; además, a diario son levantados
más de cinco individuos de quienes no se vuelve a saber. El drama
actual contrasta con los desaparecidos políticos de la Guerra Sucia:
siete por cada 50 días. Los actuales crímenes de lesa humanidad son
962.9 por ciento más que los cometidos en el periodo de 1962 a 1987. En
el sexenio de Calderón, 110 servidores públicos han sido procesados por
el delito de desaparición forzada. Vigentes, al menos 46 averiguaciones
previas por este ilícito en la PGR y otras 26 en tribunales militares,
revela información oficial.
“Espero que regrese”, es el deseo de María Guadalupe Dondiego
Rojas, esposa de Ricardo, desaparecido en el municipio de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, el 19 de junio de 2009. Es la última frase de la entrevista,
un deseo que se dice a ella misma. Tres palabras que a diario le dan
fuerza para continuar la búsqueda. Nadie sabe con certeza el dolor, la
angustia y la desesperación en que ha vivido durante los últimos 1 mil
61 días, en los que ha esperado lo mismo: que Ricardo regrese.
El drama de María Guadalupe y de sus dos pequeñas hijas se extiende
a miles de familias en todo el país. En cinco años de “guerra” contra
el narcotráfico, el cálculo de los levantados –término inventado
por los criminales, las autoridades y los medios de comunicación para
describir los secuestros por los que no se reclama rescate y de los
cuales las víctimas parecen no regresar– es de 10 mil personas, indica
el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El de los
desaparecidos por fuerza (en los que estarían involucradas autoridades
de alguno de los tres niveles de gobierno), en ese mismo lapso, es de al
menos 3 mil, según el Informe de misión a México. Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.
Esto es que a diario cinco personas son levantadas. También, que cada cinco días elementos del Estado mexicano están implicados en la desaparición de otras ocho.
La tragedia que padece México no es de números o estadísticas, es
de personas: de niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, ancianas y
ancianos: historias que han sido truncadas de una forma desconocida,
violenta. No hay reencuentros ni cuerpos ni tumbas donde llorarles.
Ellos simplemente se desvanecen.
Y sí, desaparecen como Ricardo, su hermano y otros siete de sus
compañeros. No hay rastro que seguir. “Él era técnico en telefonía de
Nextel, y esa empresa los llevó a trabajar a Tamaulipas. Tenían como una
semana trabajando en las antenas telefónicas. Un día antes de que lo levantaran
llegó una patrulla, no sé si de la policía estatal o federal, al
departamento donde se hospedaban y los agentes les preguntaron sus datos
e información general sobre sus actividades”.
Ricardo vivía con María Guadalupe y sus dos hijas en Celaya,
Guanajuato. Y desde que llegó a Tamaulipas se comunicaba con su esposa
todos los días: “En el momento en que lo levantaron él estaba
hablando conmigo. Eran aproximadamente las 10 y media de la noche. Él
iba llegando del trabajo. Estábamos platicando sobre nuestras hijas.
Entonces cambió su tono de voz, me dijo que tenía que colgar [el
teléfono] y lo hizo sin darme ningún motivo, cosa que nunca hacía. Nunca
me colgaba.
“A los 15 minutos comencé a marcarle… Seguí haciéndolo toda la
madrugada sin obtener respuesta. Al siguiente día me comuniqué con la
esposa del ingeniero responsable del grupo y me dijo: ‘No ha de haber
señal’. Pero él siempre me avisaba cuando iba a lugares sin cobertura
para que las niñas no le marcaran”.
María Guadalupe cuenta que fue hasta el tercer día cuando otros
ingenieros fueron al departamento donde se alojaban Ricardo y las otras
ocho personas: “Estaba hecho un desastre. Todas las cosas estaban
desordenadas. Las puertas rotas y las cerraduras forzadas”.
La mujer se esfuerza en reconstruir en su imaginación lo sucedido:
“Cuando mi esposo estaba platicando conmigo, sus compañeros de trabajo
vieron gente extraña o no sé; me colgó, tal vez corrieron hacia el
departamento y por eso [sus captores] rompieron las puertas”.
Ricardo, quien tendría 32 años de edad, había trabajado desde los
22 años y hasta el momento de su desaparición para Nextel, “pero la
compañía se deslindó. Sólo fueron a recoger las pertenencias de la
empresa”. Para su esposa, él era una buena persona, a quien no le
gustaba meterse en pleitos; muy responsable y amoroso con sus niñas,
ahora de cinco y siete años de edad.
También muy sociable y amiguero. Y aunque le gustaba la música de
las bandas El Recodo y La Arrolladora, Ricardo no era bailador. La mayor
parte del tiempo María Guadalupe emplea los verbos en pasado, casi
nunca en presente: ése es uno de los costos de la ausencia. Ricardo es
alto, como de 1.80 metros, y pesa un poco menos de 80 kilogramos, de tez
blanca. “A ver si no me reclama por no ser tan precisa en los datos”.
Detrás de la broma se asoma la esperanza.
“No somos una familia con dinero: no tenemos ni coche ni casa
propia”, reflexiona cuando se le preguntan los posibles motivos de la
desaparición. “Yo creo que sí es por su trabajo”. En estos 1 mil 61 días
nadie le ha llamado para pedir rescate. “Cuando regrese no voy a saber
qué decirle. Me voy a desmayar de la emoción”.
A sus hijas les asegura que Ricardo está trabajando. “Es muy
difícil porque extrañan mucho a su papá; sería muy duro decirles la
verdad: al final, son niños y en su cabecita pueden imaginar muchas
cosas, se traumarían. Si su papá no llega, prefiero que con el tiempo
vayan asimilando las cosas”.
El calvario lo padece ella, que vino al Distrito Federal en la
Marcha de la Dignidad Nacional. Madres Buscando a sus Hijos y Buscando
Justicia. María Guadalupe ha participado en esta protesta (del 10 al 12
de mayo) para visibilizar un fenómeno que afecta a más de 13 mil
familias y exigir esa justicia que no ha encontrado en la Procuraduría
General de la República (PGR) ni en el Ministerio Público de Nuevo
Laredo, donde levantó el acta de la desaparición y donde no tienen,
siquiera, una línea de investigación sobre el caso de Ricardo.
Peor que en la Guerra Sucia
Los más de 3 mil desaparecidos forzadamente y los 10 mil levantados superan en 962.9 por ciento los crímenes de esta naturaleza cometidos durante la Guerra Sucia. De acuerdo con el Informe de misión a México. Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias
(editado por la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH), entre 1962 y1987 “se
habrían cometido alrededor de 1 mil 350 desapariciones forzadas,
incluyendo 650 en Guerrero, de las cuales 450 habrían ocurrido en la
región del municipio de Atoyac de Álvarez. De aquellas personas
desaparecidas durante la Guerra Sucia, solamente dos habrían sido
localizadas”.
En entrevista, Javier Hernández Valencia, representante de la
ONU-DH en México, explica que en los casos actuales hay tres
modalidades: “Las desapariciones en las que intervienen funcionarios y
fuerzas policiales directamente; aquéllas en las que intervienen grupos
delincuenciales en complicidad con funcionarios; y aquéllas en las que
no hay conexión con las autoridades”.
Agrega que el problema es que se le da el mismo tratamiento a las
desapariciones forzadas y a las desapariciones que cometen los
delincuentes sin intervención de servidores públicos. Ambas, señala,
reciben la misma respuesta: “No hay resultados. Esas familias
[agraviadas] no tienen para dónde volverse”.
Al responder la solicitud ciudadana de información 0001700027611,
la PGR reconoce que 110 servidores públicos han sido indiciados por el
crimen de lesa humanidad de la desaparición forzada (tipificado en el
artículo 215-A del Código Penal Federal), de 2006 a abril de 2011.
La información oficial detalla que de 2007 a 2010 se integraron 57
expedientes de averiguación previa por ese ilícito, de los cuales se
determinaron 55 en el mismo periodo: uno por acumulación; dos por
consignación sin detenido; 37 por incompetencia; dos por no ejercicio de
la acción penal y 11 por reserva.
Además, el 21 de marzo pasado la PGR informó que “en 2011 se
iniciaron 21 averiguaciones previas a nivel nacional por el delito de
desaparición forzada” (respuesta a la solicitud ciudadana 0001700016812,
hecha pública en el portal del Infomex). También, que “actualmente se
encuentran en integración por ese delito 46 averiguaciones previas”. Al
respecto, la PGR aclara que “al iniciar la radicación de las
averiguaciones previas fueron registradas con un delito probable, pero
con motivo de su integración se pueden advertir diversos delitos, mismos
que serán resueltos hasta la determinación correspondiente de las
indagatorias”.
En tribunales militares también se han investigado este tipo de
crímenes. La respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional a la
solicitud ciudadana 0000700 178411 revela que del 1 de enero de 2009 al
21 de octubre de 2011 se abrieron 26 averiguaciones previas por
desaparición forzada. Para los años de 2007 y 2008 no hay ningún
registro, según la autoridad militar.
El representante de la ONU, Javier Hernández Valencia, refiere que
de las desapariciones forzadas e involuntarias “no tenemos un registro
preciso a nivel nacional”. Indica que hay un esfuerzo importante de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para tratar de recopilar
información, pero el problema es que este tipo de crimen se trata de
distinta manera dependiendo del lugar donde sucedió.
“En 24 entidades las desapariciones se abordan como abuso de
autoridad, abandono de familia y otras denominaciones, y sólo en ocho
estados se tiene tipificado el delito de desaparición forzada dentro del
sistema jurídico. No tenemos las herramientas jurídicas en todos los
niveles [jurídicos] que lo necesitamos.”
Y es que mientras las organizaciones civiles hablan de unos 13 mil casos entre desapariciones forzadas y levantones,
la PGR sólo da cuenta de 608 casos: 38 en 2007; 143 en 2008; 140 en
2009; 250 en 2010, y 37 entre enero y mayo de 2011 (respuesta a la
solicitud ciudadana 000170010 4711).
Dos, de los 13 mil
Romana Ortiz Reyes abraza con fuerza un par de fotografías ya
desvaídas. Su historia, sintetizada en esos retratos, le causa un doble
dolor: hace cuatro años, su hijo Pedro y su nieto Armando fueron
desaparecidos en la comunidad Matamoros, en Coahuila.
El lunes 12 de mayo de 2008, ambos salieron a las nueve de la
mañana con la promesa de volver a la hora de la comida. El último
contacto que su familia tuvo con ellos fue por la tarde. Pedro llamó
desde el Palacio de Gobierno para avisar que estaba haciendo trámites
para poder trabajar las máquinas tragamonedas y de videojuegos que
colocaba en tiendas de abarrotes.
De
acuerdo con el informe de fiscalización, los requisitos para el
otorgamiento de concesiones mineras son “mínimos y de fácil
cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y
aprovechamiento de los recursos naturales y de proporcionar un beneficio
a la nación”.
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