Diario de Guerra (electoral)

La Jornada

José Agustín Ortiz Pinchetti

Reconstituirnos

La crisis política ha producido, por lo menos, dos certezas: el gran problema del país está en la desigualdad y en la pobreza. Esta es la causa eficiente de la imposibilidad de desarrollo económico auténtico y la convicción de que las instituciones son en su mayoría inoperantes, corruptas o caducas, por lo que se requiere su reforma profunda.

Como lo señala Guillermo Knochenhauer, las instituciones están organizadas para favorecer sistemáticamente los intereses de los más influyentes. Están diseñadas para perpetuar la desigualdad y el estancamiento económico. La vinculación entre la estructura política y la desigualdad es obvia. Los grupos de poder económico controlan a los poderes políticos, eliminan la competencia y distorsionan el funcionamiento sano del mercado. Calderón no sólo fue el candidato del PAN, sino de la alta burocracia, del poder sindical más corrupto, de los grupos de interés que se comportan como si fueran los propietarios del país. Estas mismas formas perversas de monopolios son las que han atrapado a Fox y atraparán también a Felipe.

A pesar de la conciencia de que se necesita una reforma de las instituciones mexicanas que llevaría a una revisión de la Constitución de 1917, ésta no se dará sin una gran presión, porque justamente los intereses que se oponen al cambio son los que dominan a la mayoría de la clase política.

La convención nacional democrática, aliada al Frente Amplio Progresista, es decir, el movimiento social de resistencia que encabezan Andrés Manuel López Obrador y los partidos de la coalición que apoyaron su candidatura, deberán encabezar la demanda popular de reconstitución de la República.

El fundamento de este impulso se encuentra en el artículo 39 de la Constitución, que reconoce en el pueblo la soberanía nacional y el derecho de éste para alterar o modificar su forma de gobierno.

La convención ha establecido un plazo de un año para iniciar el proceso convocando a un plebiscito compatible con el espíritu y la letra del artículo 39. Los temas son múltiples: ¿cómo acreditar la participación activa de los ciudadanos? ¿Cuál será el órgano responsable de la consulta y con qué medios técnicos y humanos se implementaría? ¿Cómo formular la consulta plebiscitaria? ¿A qué temas concretos de la estructura jurídico-política y de los derechos sociales deberá concentrarse? ¿Cómo difundir la convocatoria y los resultados? ¿Cómo ejercer una presión eficaz para que con base en lo decidido en el plebiscito se pueda desencadenar un proceso constituyente?

Todo esto empezará a definirse y a programarse, cuando en las próximas semanas la comisión del proceso constituyente creada por la convención nacional democrática empiece sus trabajos.