El complemento de la CND, también propuesto por AMLO, es el Frente Amplio Progresista en el que podrán participar los partidos que formaron la Coalición por el Bien de Todos, otras organizaciones e individuos. Deberá notarse que uno de los adjetivos del frente es “progresista” y no otros más definidos que éste y que podrían resultar excluyentes. Interpreto que la idea del FAP es aglutinar a todos aquellos que estén en contra del conservadurismo de las derechas en el poder y de quienes, incluso desde las ultraderechas, han establecido alianzas con ellas.
El FAP, de acuerdo con la ley electoral vigente, no es un órgano electoral. El artículo 56, fracción 1 del Cofipe establece que “ Los partidos políticos nacionales podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes.” El artículo 57 señala que los partidos que participen en un frente no pierden su personalidad jurídica, ni su registro ni su identidad. La ley no prohíbe que los ciudadanos sin partido formen parte de un frente registrado ante el Instituto Federal Electoral, y como en nuestro sistema jurídico lo que no está prohibido está permitido, todos los que se asuman como progresistas podrán formar parte de él.
Por su carácter amplio y progresista, el FAP se interpreta como un frente plural y no clasista ni correspondiente a una ideología política concreta. La condición en su amplitud es, por lo tanto, que quienes formen parte de él sean progresistas, es decir no conservadores ni reaccionarios. En esta lógica, caben en el FAP tanto las personas, organizaciones y movimientos anticapitalistas y socialistas, como quienes coincidiendo con el capitalismo están en contra de sus características impuestas desde la ideología neoliberal y de la concepción global determinada por el Consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones multinacionales semejantes.
La CND y el FAP son vehículos deliberativos y organizativos no sólo para oponerse a quienes nos han expropiado el país desde los poderes del Estado hegemonizados por las derechas y las ultraderechas, sino para sentar las bases para una nueva República en la que haya bienestar y justicia, en la que se afirme la soberanía de la nación y la del pueblo, en la que disminuyan o desaparezcan los privilegios otorgados mediante corrupción o asociaciones delictuosas entre particulares y entre estos y los órganos del Estado, en la que la Constitución, una nueva Constitución y las instituciones que de ella se deriven, sean reconocidas por las mayorías de la población y vean en ellas más posibilidades que en la actualidad de una vida mejor en un marco de libertades y de democracia en todos los órdenes y no sólo electoral que, dicho sea de paso, ha sido burlada por las instituciones encargadas de garantizarla.
La forma en que se han propuesto tanto la CND como el FAP no excluye la lucha dentro de las instituciones existentes. Esto ha sido difícil de entender por muchos, pero si se analiza con cuidado se puede ver que no es muy complicado ni contradictorio. De la misma manera que se aprovechan los derechos constitucionales hasta ahora vigentes (artículo 39 constitucional, por ejemplo), así como las leyes reglamentarias de esos derechos, también deben aprovecharse las instituciones que tenemos, como el Congreso de la Unión y las instancias de gobierno en las que el pueblo ha puesto a fuerzas y personas progresistas [como Rosario Ibarra aquí presente], para dar la batalla en todos los frentes posibles. Quizá no se puedan hacer muchos cambios desde las instituciones, pero menos se harían si les dejamos al PRI y al PAN los órganos de representación y de gobierno. Antes, debemos recordarlo, la oposición era absolutamente aplastada por la votación mecánica del PRI tanto en el Senado como en la Cámara de diputados. En estudios que hemos hecho sobre el tema se comprobó que por años las únicas iniciativas presentadas por la oposición y aprobadas por los priístas, incluso por la oposición ficticia que representaban partidos como el Popular Socialista, eran de protocolo o aspectos semejantes. Ahora las cosas pueden ser diferentes, sobre todo si los legisladores emanados de la Coalición por el Bien de Todos no repiten los errores de sus antecesores como fueron la aprobación de leyes en contra de los indios y en favor del duopolio televisivo, para sólo mencionar dos ejemplos.
Más efectiva será la oposición en los órganos del Estado si entiende que sus partidos, por ejemplo en el Frente Amplio Progresista, se apoyan también en la Convención Nacional Democrática y en los movimientos sociales, no para dirigirlos sino para acompañarlos, estar con ellos y lograr su simpatía y quizá también la unidad de acción. Los partidos han perdido popularidad no por ser partidos, no por ser organizaciones electorales, sino porque han hecho muy poco, y a veces nada, por ligarse a la población común y a sus movimientos. La sociedad organizada o sin organización no encuentra en los partidos eco a sus demandas, salvo en contadas excepciones. Pero la sociedad organizada sola y al margen de las instituciones tampoco podrá hacer mucho por transformar este país. Se requiere de los impulsos tanto de la sociedad como de los partidos, y no buscar, como ocurrió en la Convención Nacional Democrática de 1994-1995, y en La otra campaña ahora, la exclusión de estos. Se trata de sumar, no de restar. Pronto se darán batallas importantes en el Congreso de la Unión, por ejemplo en materia de energéticos. Muchos legisladores del PRI y del PAN estarían por la privatización de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad. Los diputados del PRD, del PT y de Convergencia, eventualmente agrupados en el FAP y con apoyo de amplios sectores de la sociedad, darán la batalla en contra, pero por sí mismos no suman un tercio de la Cámara correspondiente, por lo que necesitarán aliados para evitar que el PRI y el PAN alcancen los dos tercios necesarios para reformar la Constitución. El Frente Nacional en Defensa de la Soberanía Energética, constituido en el Zócalo el pasado 27 de septiembre, será un relevante apoyo de los diputados y senadores progresistas en esta posible batalla. Y como ésta, otras de gran importancia en la lucha contra las fuerzas de la derecha, entre las que destaca el movimiento social de Oaxaca.
Otra propuesta, no menos importante y también surgida de la CND, es la de un gobierno paralelo, legitimado el 16 de septiembre en el Zócalo de la ciudad de México y que tomará posesión del cargo el próximo 20 de noviembre. La idea de este gobierno, como yo la entiendo, es que no sólo defienda los derechos del pueblo mexicano sino que elabore propuestas alternativas o complementarias, según sea el caso, a las que probablemente dictarán el gobierno de Felipe Calderón y sus aliados en el Congreso de la Unión.
Para el efecto se formaron tres comisiones: una de política nacional, otra de resistencia civil (que hasta ahora ha sido la más activa) y una tercera para promover un proceso constituyente mediante plebiscito nacional que revise y reforme el orden constitucional.
Al presente es poco lo que se ha hecho. Hay 270 ponencias en la página electrónica de la CND, algunas interesantes y atendibles, pero me parecen insuficientes. Quizá las comisiones nombradas deberían producir documentos que puedan ser discutidos en todo el país.
Son muchas las tareas que tenemos enfrente, pero no será posible llevarlas a cabo en poco tiempo o de inmediato, salvo quizá las referidas a la resistencia civil que ya han empezado. El gran reto, como miembros de la sociedad, es el ejercicio de nuestro derecho a las iniciativas de transformación que el país necesita. Ya no estamos en los momentos del proceso electoral en el que los ciudadanos apoyaban a un líder para hacerlo presidente, ahora estamos en otro momento, en el de la sociedad genéricamente llamada progresista como protagonista y razón de ser de la construcción de un México distinto. Si López Obrador es nuestro presidente legítimo y en él reconocemos un líder, nuestro papel no es darle cheques en blanco sino analizar sus propuestas y, además, convertirlo en vocero de nuestras iniciativas, como hace cualquier sociedad responsable y participativa con un gobierno, y más si es el suyo y con el que se identifica. El futuro del país no depende de una sola persona sino de la acumulación organizada de fuerzas políticas y sociales con un programa mínimo y no negociable.
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