El objetivo de los bombazos: la represión política

En editorial de La Jornada:

Los bombazos y su contexto

Los ataques con explosivos ocurridos la madrugada de ayer en esta capital contra la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y una sucursal del banco Scotiabank fueron perpetrados, de acuerdo con los indicios disponibles, por un conjunto de organizaciones político-militares y constituyen, por lo tanto, una expresión de descontento, argumentada horas más tarde en un comunicado. Al parecer, sus autores no pretendían causar víctimas ni daños humanos. Más allá de tales consideraciones, estas acciones son, sin ambigüedad posible, condenables, punibles y lamentables, no sólo desde una perspectiva ética incompatible con la violencia, sino también a la luz de experiencias históricas nacionales e internacionales no muy remotas.

En efecto, los intentos por generar inestabilidad política mediante la violencia suelen reforzar las tendencias autoritarias y aportan argumentos a quienes utilizan eufemismos como "mano firme" y "todo el rigor de la ley" para abogar por la represión de las disidencias políticas. Ante un gobierno crecientemente oligárquico en el cual se multiplican las tendencias represivas, como el que encabeza Vicente Fox, y con la perspectiva del autoritarismo como sello de origen del calderonismo, el recurso a la violencia resulta particularmente peligroso y a todas luces contraproducente para las causas de transformación social, renovación institucional y democratización por las que luchan amplios sectores de la sociedad. La historia reciente obliga a recordar que es muy tenue la frontera entre los llamados a gobernar con "mano firme" y a aplicar "la fuerza del Estado" y la instauración de la guerra sucia, otro eufemismo que evoca el horror de la supresión de facto de los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades básicas; la cancelación de los canales de participación política pacífica y la instauración de prácticas criminales como las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

Por otra parte, sería absurdo desconocer la existencia de reales y justificados descontentos políticos, sociales y económicos, o pasar por alto una situación nacional sumamente inflamable que, en algunas lógicas radicales, hace posible y hasta necesaria la colocación de bombas. Esta clase de expresiones sería un asunto menor y aislable en un contexto de bienestar y de consenso. Pero son alarmantes porque tienen como telón de fondo un desastre político, económico y social cuyos responsables principales son el gobierno federal, el grupo en el poder y la clase política.

La presidencia saliente deja una deuda social multiplicada, un desempleo rampante, una postración económica disfrazada de estabilidad y una situación de carencia extrema en millones de hogares. El foxismo fue incapaz de resolver en 15 minutos y en seis años el conflicto de Chiapas, fracción del problema indígena nacional; agravó las desigualdades, incrementó la miseria, dejó impune la corrupción administrativa y se benefició de ella; acabó por aliarse con los cacicazgos y el corporativismo que pretendía combatir; violentó la autonomía de las organizaciones sindicales, claudicó en la defensa de la soberanía nacional, atropelló el estatuto constitucional del sector energético y gobernó para beneficio de los grandes empresarios y en perjuicio de los asalariados; pretendió medrar con los conflictos en vez de resolverlos como el que tiene lugar en Oaxaca y, al intervenir facciosa e indebidamente en el proceso electoral de este año, defraudó la larga lucha social que había hecho posible la instauración de los mecanismos democráticos y que inauguró la alternancia de la que el propio Fox fue beneficiario en 2000.

Por su parte, el Legislativo no ha logrado ejercer su función natural de contrapeso a las decisiones equivocadas del Ejecutivo; antes al contrario, ha sido pieza clave en la aplicación de los designios neoliberales, antinacionales y antidemocráticos de la oligarquía político-empresarial, como ocurrió recientemente cuando el Senado regaló a los monopolios privados el espectro radioeléctrico de la Nación. Otro tanto puede decirse del Poder Judicial, que en los seis años recientes ha dado muestras de una indignante inoperancia institucional (recuérdese al presidente de la Suprema Corte descalificando artículos constitucionales porque fueron, en sus palabras, "escritos con los pies", o al máximo tribunal electoral admitiendo las irregularidades en los comicios del 2 de julio para, a renglón seguido, validar la elección), cuando no de una inmoralidad que se expresa, por ejemplo, en las percepciones y jubilaciones astronómicas que los máximos magistrados del país se otorgan a sí mismos.

El conflicto poselectoral, la crisis de Oaxaca, la embestida de la delincuencia organizada en regiones enteras del país, el descontento sindical, entre otros problemas distintos entre sí, son consecuencias de un fenómeno común y básico: la descomposición nacional provocada por un proyecto político-empresarial depredador que se presentó como "modernización" y que se ha traducido en la demolición de las instituciones desde su interior.

Ahora aparecen las bombas. Los ataques de ayer son repudiables y preocupantes, pero no hay razón para llamarse a sorpresa. Cabe esperar, eso sí, que sean tomados por el grupo gobernante como un llamado de atención para corregir el rumbo y empezar a atender, de una vez por todas, una problemática nacional que ya no puede esconderse tras los escenarios idílicos de Foxilandia. El otro camino es que los poderosos del país resuelvan empeñarse en una estrategia represiva que condenaría a la sociedad a un deslizamiento a la violencia y que, de paso, borraría los últimos rescoldos de legitimidad que le quedan al régimen: la supuesta vigencia de una formalidad democrática, severamente cuestionada tras las elecciones del 2 de julio y sus secuelas, y un apego a la legalidad más que dudoso tras seis años de sistemáticos atropellos gubernamentales al texto constitucional.

Es decir, hay una muy alta probabilidad de que esta sea una movida que deviene de los grupos del poder que anuncian y justifican de antemano la represión como una forma de hacer lo que les dé la gana con el país, ya sea apropiárselo o venderlo, reprimiendo y asesinando a quienes ya no están dispuestos a soportar tanta ineptitud, tanta corrupción y tanta traición al pueblo mexicano.

Por tanto:

A menos de 24 horas de las explosiones en las sedes nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de una sucursal bancaria del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la mayor parte de la investigación sobre esos hechos.

Las pesquisas estarán a cargo de la Unidad de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que encabeza el fiscal José Ricardo Cabrera.

En el caso ocurrido en la ciudad de México, la PGR buscará primero detectar el origen del material explosivo, para de ahí ubicar a los autores intelectuales y materiales de las tres detonaciones, así como las motivaciones que tuvieron para hacerlo.

Lo que la PGR va a detectar es la mejor forma de ubicar a falsos autores intelectuales y materiales de tal forma que puedan llevar a cabo "justificadamente" actos represivos. De esta manera,

Cerca del mediodía de ayer varias horas antes de que cinco organizaciones guerrilleras reivindicaran los hechos , la principal línea de investigación de la procuraduría giraba en torno a qué presuntos grupos subversivos eran los responsables de los atentados.

''Encontramos similitudes en estas explosiones con hechos ocurridos en agosto de 2001, cuando diversas personas (presuntamente los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, a quienes entonces se vinculó con grupos guerrilleros) lanzaron explosivos contra tres sucursales de Banamex en la ciudad de México'', reveló un funcionario de primer nivel de la SIEDO.

Sin conocer que cinco organizaciones guerrilleras habían reivindicado los hechos, el funcionario de la SIEDO indicó que como parte de la indagatoria se investigará a los nueve movimientos armados que tiene detectados la PGR, mismos que operan desde la clandestinidad.

El pasado 10 de octubre, el fiscal Ricardo Cabrera informó en conferencia de prensa que la procuraduría tiene ubicado perfectamente que en los estados de Guerrero, Morelos, Chiapas y estado de México suprimió Oaxaca operan en la clandestinidad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR), así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).

Asimismo, mencionó al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), al Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo, al Ejército Villista Revolucionario del Pueblo, al Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres Comando Justiciero 28 de Junio, la Tendencia Democrática Revolucionaria y la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos.

Las nueve organizaciones están en la mira de la SIEDO, por lo que no se descarta que en breve se realicen cateos y se cite a declarar a los testigos que pudieran saber algo relacionado con las explosiones ocurridas la madrugada del lunes.

Desde muy temprano, la Procuraduría General de la República envió a un grupo de peritos, agentes del Ministerio Público federal y elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) a los lugares donde se registraron las detonaciones, a fin de realizar inspecciones oculares.

Los atentados provocaron una reunión de urgencia entre el titular de la PGR, Daniel Francisco Cabeza de Vaca y todos sus subprocuradores, así como el director general de la AFI, Genaro García Luna.

La PGR investigará la procedencia de los artefactos explosivos con base en la Ley Federal de Armas de Fuego. Sólo en el caso de la explosión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la dependencia federal indagará los hechos por completo, ya que se trata de una institución de carácter federal.

Por lo que hace al auditorio Plutarco Elías Calles, de la sede nacional del PRI, y a la institución bancaria, la PGR se dividirá el trabajo con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), debido a que concurren delitos del orden federal y del fuero común, pues varias casas a la redonda sufrieron daños materiales.

En las indagatorias también participarán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por tratarse de un problema de seguridad nacional.

La averiguación previa de la Procuraduría General de la República se abrió por los delitos de delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, terrorismo, daño en propiedad ajena y los que resulten.

Es decir, las baterías se están enfilando para explicar los bombazos como actos terroristas en México que justifiquen la represión.

Como nos los explica con más detalle Julio Hernández López:

Las explosiones de ayer abonan el camino a la represión política. Las derrotas gubernamentales frente a masas oaxaqueñas podrían buscar venganza selectiva mediante acusaciones de terrorismo contra líderes políticamente insurrectos. Por lo pronto, se prepara a la población televisivamente manipulable para que aplauda todo acto de mano dura que ponga fin a acciones que estarían atentando contra la paz y el orden públicos. Y la mira del miedo institucional no está puesta solamente en el conflicto sureño sino, también, preventivamente, en las movilizaciones de seguidores de Andrés Manuel López Obrador que pretenderán impedir la toma formal de posesión de FelIFE Calderón.

Bombazos, supuestamente reivindicados por cinco organizaciones guerrilleras, que muy bien servirán para cerrar el puño y justificar abusos. Detonaciones políticamente correctas: un banco, pero no el Bancomer de los aliados españoles ni el Banamex comprado a un financista Amigo de Fox (y de Calderón); un ente electoral, pero no el amado IFE donde Luis Carlos Uh Fraude trata de seguir prestando servicios de adulteración electoral, sino el Trife en transición, y un partido, pero no el PAN en el poder sino el PRI agónico, que es usado para sugerir que los estallidos están relacionados con Oaxaca.

La historia de las represiones gubernamentales tiene muchos ejemplos de provocaciones montadas. En estos momentos el gobierno federal necesita justificaciones para pasar a un grado más agresivo de confrontación con movimientos sociales a los que no ha podido controlar mediante estrategias políticas. La displicencia foxista que se va, y el despecho calderonista que llega (con Jorge Tello Peón como comandante en jefe de asuntos policiacos y de seguridad), han fracasado en el tratamiento del asunto Oaxaca. La peor demostración de esa derrota ha sido el envío de tropas federales a la entidad, creyendo que mediante el uso de la fuerza podrían encontrar salida a un cuadro de problemas políticos y sociales acumulados. Vicente Fox, es decir Calderón, convirtió a la PFP en su brazo político y hoy, cuando los toletes y los gases no logran someter a la población, se exploran las posibilidades represivas mediante expedientes de inteligencia civil y militar filtrados a columnistas manejables poner el dedo periodístico sobre alguien hará que "nadie" se asombre si ese alguien sufre un accidente o es detenido o desaparece y creando "motivos" para que pueda intentarse el cumplimiento de 200 órdenes de aprehensión contra líderes de la APPO que están listas para ser ejecutadas en cuanto los políticos-policías así lo decidan.

Hasta ahora el movimiento social oaxaqueño había solicitado a las organizaciones guerrilleras que se abstuvieran de realizar acciones que sirvan para colocar etiquetas de peligrosidad a ese movimiento y justificar la represión. Algunas de esas organizaciones enviaron comunicados advirtiendo que sólo en caso de una masacre contra el pueblo habrían de actuar. Pero nada ha sido atendido. Por el contrario, en sus comunicados oficiales que pueden ser vistos en www.cedema.org, la página del Centro de Documentación de los Movimientos Armados , los supuestos responsables de los bombazos dejan constancia clara e inequívoca de que el móvil está relacionado con el caso Oaxaca ("¡Fuera Ulises Ruiz Ortiz y las fuerzas federales del estado de Oaxaca!", reza la línea inicial del primer comunicado). Resultados que mueven a suspicacia: con esa supuesta aparición de grupos guerrilleros, cambia el foco de atención de Oaxaca a la ciudad de México y da pie a calificar a Oaxaca como un peligro para México.

Las bombas entran en escena cuando López Obrador anuncia un segundo intento de engancharse con la APPO y cuando el subcomandante Marcos busca la manera de conectarse con ese movimiento. También es el momento más alto de la resistencia oaxaqueña, luego de echar en retirada a las tropas federales que pretendían entrar a la zona universitaria y luego de la megamarcha dominical que volvió a demostrar la base social del movimiento. Truenan los explosivos cuando fatigosamente comienza a abrirse paso la idea de un nuevo diálogo, esta vez con la participación y aval de organizaciones civiles y de la propia Iglesia católica, que en Oaxaca tiene una notable vertiente conectada con los intereses indígenas y populares.

No se necesita ninguna maestría en espionaje para darse cuenta de quiénes son los beneficiarios políticos de los antes mencionados estallidos. El PRIAN, desde luego: el tricolor se declara víctima y pide reparaciones de su patrimonio material y político maltrecho, mientras el blanquiazul afina su discurso del respeto a las leyes y al estado de derecho. Y el calderonismo, que necesita a como dé lugar crear condiciones propicias para los actos de autoridad extrema que podrían necesitarse a partir del 20 de noviembre y, sobre todo, del 1º de diciembre. En el juego electorero de partidos, el PRI y el PAN se colocan de inmediato en la franja de los ofendidos y con ello tratan de arrojar sospechas sobre el PRD. Y en el plano de confrontación del gobierno federal en defensa de Ulises Ruiz para que el PRI ayude a Calderón a pasar en alianza el trago amargo de la imposición con la parte mayoritaria del pueblo oaxaqueño, el manejo de lo sucedido en la madrugada del lunes tiende a culpar a los movimientos sociales y a reivindicar el uso de la fuerza represiva.

Desde luego, la cercanía de las fechas claves de la segunda fase del movimiento lopezobradorista hace necesario al poder que se exacerben con simplismo los ánimos cívicos contrarios a la violencia. Como si no hubiera motivo justificado para la irritación popular, como si no hubiese habido fraude electoral y estrategias de exterminio del candidato indeseado y de la franja social que le apoya, como si no fuese culpa del foxismo, y ahora del calderonismo, lo que está sucediendo en Oaxaca, los ocupantes de las cúpulas del poder pegan el grito en el cielo porque crujen las estructuras tradicionales de convivencia social. Y, mientras en Chilpancingo son rotas las reglas mínimas del combate entre policías y narcotraficantes, pues la esposa y el hijo de tres años de un comandante de la Federal de Caminos fueron secuestrados, ¡hasta mañana!

También tienen su parte los Estados Unidos mediante su representante Tony Garza pues son justo las tácticas que el gobierno de ese país ha empleado para tener a su pueblo aterrorizado y haber justificado su guerra en Irak, idea que nos surge desde que Tony Garza dio instrucciones a Fox sobre la incursión de las fuerzas armadas en Oaxaca y el artículo de hoy de Miguel Angel Rivera:

¿Atentados sin guerrillas?

La existencia de guerrillas en México fue desmentida por la Procuraduría General de la República (PGR), pero los atentados con explosivos son una realidad. Entonces ¿quién o quiénes son los responsables?

Mientras cinco organizaciones clandestinas reclamaron la paternidad, los ataques recibieron una condena general y también en forma casi unánime se hicieron votos por que no se repitan.

Lo peor es que ninguna autoridad se hace responsable. El presidente Vicente Fox ya no quiere saber nada, excepto de viajes internacionales, y el presidente electo, Felipe Calderón, aún no puede actuar. Nunca como ahora se ha hecho tan largo el periodo entre la elección y la toma de posesión.

Quien no parece descansar es el embajador de Estados Unidos, Tony Garza, quien elevó la gravedad de la advertencia a sus conciudadanos para que no viajen a Oaxaca, porque "en la actualidad las fuerzas federales y los manifestantes siguen enfrascados en una confrontación y la situación continúa siendo muy tensa"...

Y para confirmar la teoría de la represión política que nos amenaza están las declaraciones de Fecal hoy, en La Jornada On Line:

El presidente electo, Felipe Calderón, dijo que en el país se ha perdido el respeto por la ley y la autoridad. Durante su participación en el Congreso de Comercio Exterior Mexicano, realizado en Ixtapa, Guerrero, se comprometió a cumplir lo que calificó como su primer mandato: el guardar y hacer guardar la ley.

En ese mismo sentido, consideró que el Estado deberá recuperar su capacidad para enfrentar a la delincuencia organizada y el terrorismo.

“Hay que decirlo, en México se ha ido perdiendo por la ley y por la autoridad...se ha ido perdiendo el respeto por los demás, por la comunidad que somos, por la sociedad en que vivimos, por el país que tenemos", expresó.

Reconoció que la lucha contra el terrorismo no será rápida y tendrá costos de todo tipo: "sería pretencioso el ofrecer resultados inmediatos, nos va a costar trabajo, tiempo, recursos económicos también y nos va a costar por desgracia muy probablemente vidas humanas”.

Estas declaraciones sí que son aterradoras. La represión que se viene si Fecal entra en funciones como presidente espurio de nuestro país, va a dejar en evidencia sus verdaderas intenciones y entonces es cuando el 90% de los que votaron por el PAN se van a dar cuenta de la realidad que muchos hemos ido entendiendo a partir de lo que ha estado pasando en el país y de que hayan cometido un fraude tan descomunal.

Es indispensable que todo esto se comente con la gente que no está informada, hay una gran cantidad de mexicanos que no tiene idea del panorama que tenemos enfrente y ante el cual hay que actuar de manera conjunta para que Fecal no tome el poder.