Preparando el terreno

Miguel Angel Velázquez

Los enredos del comisionado
Una recomendación más que oportuna
Voces incógnitas que clamaban rudeza

La recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra del gobierno de la ciudad por permitir y no usar todos los elementos con los que cuenta para hacer preservar los derechos de cerca de más de 2 mil quejosos, por el reciente plantón en Reforma-Juárez-Zócalo, llega en el momento justo, casi como una advertencia para que "no se repitan los hechos como los que originaron las quejas", que pudieran darse por el momento político venidero.

No queremos decir con esto que el plantón pudiera repetirse, eso sólo lo pueden decidir, por ejemplo, otro millón de personas, o algo así, que se den cita el próximo 20 de noviembre para nombrar presidente legítimo a Andrés Manuel López Obrador, pero parece que no será el caso, aunque las manifestaciones seguramente proliferarán en la capital, y en otros estados del país.

No obstante el manejo doble del lenguaje panista, perdón, del presidente de la comisión, Emilio Alvarez Icaza, exige, cuando menos así parece, el uso de la fuerza pública en contra de aquellos que con sus manifestaciones, por pacíficas que sean, pretendan violar los derechos humanos de otros quejosos.

Precisa en su resumen la recomendación de la CDHDF que "el Estado está obligado no sólo a realizar TODAS (perdón por las mayúsculas, pero es para que quede claro) las acciones a su cargo para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, como lo fue el presente caso, sino a que estas acciones sean satisfactorias para atender integralmente a la preservación de los derechos humanos, lo cual a juicio de esta comisión, no aconteció en el caso concreto de los peticionarios que acudieron a esta comisión".

Y luego, para que nadie se olvide, admite que hubo "voces" que exigían el uso de la fuerza pública para desalojar a las personas instaladas en los campamentos. Y surge la duda: ¿De quién son esas voces?, ¿son, por ejemplo, de los que denunciaron el plantón ante el organismo? Eso la CDHDF no lo deja claro, pero si así fuera, lo de las obligaciones del Estado para que las acciones del propio Estado "sean satisfactorias" para los peticionarios a la comisión, queda perfectamente claro, no obstante el enredo.

Para decirlo de otro modo, como ya lo explicó el jefe de Gobierno, Alejandro Encinas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, pidió a las autoridades de la ciudad de México el uso de la fuerza pública, nada más ni nada menos.

Hay que insistir, Alvarez Icaza usa el momento político para señalar que la próxima vez que suceda una protesta como la que dieron miles de mexicanos venidos de varias partes del país, el Estado haga uso de todas las acciones a su cargo para proteger a quienes están en contra de la manifestación, aunque eso signifique que el derecho del voto, el elegir libremente a su presidente, sea un derecho que no merezca, ya sea por estatutos o no, ni la más mínima consideración de parte de ese comisionado.

Por cierto, sabrá Alvarez Icaza que muchos de los comerciantes que defiende, desde los derechos humanos, claro, no han podido reclamar lo que dicen que perdieron porque no han pagado sus impuestos. Sabrá que más de 60 por ciento de los demandantes forman parte de la Canacope, un gremio que decidió apoyar a Felipe Calderón en su campaña política. Seguramente sí, por eso lo hizo. Ni modo, plantones vemos, comisiones no sabemos. ¿O sí?

Estas recomendaciones y las leyes que pretenden aprobarse para restringir las manifestaciones en el Distrito Federal no es más que la preparación del terreno para restar derechos a la población que bajo la presidencia legítima la única arma que tiene es la movilización social para impedir las privatizaciones, las violaciones a los derechos de los trabajadores y los perjuicios de la continuidad del neoliberalismo.