Gloria Muñoz Ramírez
"Quiero reafirmar que yo no soy un preso político común, sino víctima de la criminalización y despojo que vive mi pueblo mapuche, por tanto, exijo mi libertad, porque no es justo que me asignen cinco causas de las cuales ninguna es cierta y menos comprobable, sólo por ser mapuche y tener principios claros fundamentados en la restitución de mi pueblo a fin de conseguir su liberación".
Desde la cárcel de Lebu, en el sur de Chile, habla Ociel Santi, mapuche del Arauco, región donde, al igual que en el resto de lo que fue su territorio ancestral, los mapuches siguen siendo despojados y reprimidos.
El movimiento autónomo mapuche, en toda su complejidad y diversidad, reivindica los derechos políticos y culturales de su pueblo. Su resistencia al despojo y al aniquilamiento los ha llevado a la cárcel y en no pocas veces a la tumba. Aún en la denominada democracia explica Ociel desde su encierro "nuestras comunidades han sido vulneradas por las reducciones territoriales y sufren la represión física y sicológica, el amedrentamiento, las amenazas y la persecución política permanente".
Ociel permanece en Lebu, mientras Jaime Marileo Saravia, Patricio Marileo Saravia, Patricia Troncoso Robles y Juan Carlos Huenulao Lienmil continúan presos en otras cárceles, víctimas de un proceso jurídico plagado de irregularidades, que los llevó este año a una larga huelga de hambre en busca de su libertad.
Meses de negociaciones infructuosas, engaños y traiciones del actual gobierno chileno impidieron la justa libertad de estos cuatro luchadores mapuches. La falta de voluntad política para su liberación forma parte de la estrategia de exterminio a todo un pueblo que lucha por su reconocimiento territorial, sociopolítico y cultural. La respuesta a sus demandas sigue siendo la represión acompañada de subsidios, proyectos y programas gubernamentales de integración, que sólo destruyen el tejido comunitario, atentando contra su autonomía y su legítimo derecho a la libre determinación.
Ociel, Patricia, Jaime, Patricio y Juan Carlos (entre otros mapuches que continúan en las cárceles, enfrentan procesos o deambulan en la clandestinidad) son presos políticos por resistirse al avance de los megaproyectos forestales, energéticos, viales y turísticos instalados en territorio mapuche. No son presos comunes ni mucho menos delincuentes. Nada les ha sido probado y ellos no niegan la justa causa de su pueblo.
La represión contra el movimiento mapuche no sólo no desapareció con el gobierno de la actual presidenta socialista, sino que se ha incrementado en comunidades como la de Temucuicui (ejemplo de los procesos de recuperación de tierras y control territorial), que, de acuerdo con un informe de la Organización Meli Wixan Mapu, "este año ha sido víctima del acoso y persecución constante de la policía chilena". Hace apenas un par de semanas, informa la Meli, "comuneros y dirigentes de Temucuicui sufrieron una violenta arremetida de los aparatos policiales". Esta es sólo parte de la realidad de un pueblo que se niega a desaparecer.
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