Construir el poder para luchar por todo

Víctor M. Quintana S.

Los ríos subterráneos de la vida del pueblo que tanto desprecian Felipe Calderón y su gabinete siguen fluyendo con riqueza y diversidad. Así, uno tras otro, los movimientos campesinos celebran en el Distrito Federal y en San Cristóbal de las Casas dos encuentros importantes: el de la Vía Campesina Norteamérica y el del Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano (Moicam). Articulan a granjeros, campesinos, trabajadores agrícolas e indígenas, uno, de Estados Unidos y Canadá; otro, de toda Centroamérica. Dentro de la diversidad hay tomas de conciencia comunes:

Las democracias liberales, oligárquicas en América Latina, de las corporaciones en Estados Unidos y Canadá no han sido neutrales en los temas de las agricultura. El modelo agrícola que impulsan y defienden implica una economía política muy clara: inclusión y apoyo a las grandes empresas trasnacionales y a los ricos agroexportadores, y exclusión y ofensiva contra los campesinos, indígenas y granjeros.

Diversos mecanismos se utilizan en esta exclusión: en Canadá se ataca a la Oficina Canadiense del Trigo, mecanismo de granjeros que maneja la oferta del cereal para mantener buenos precios para los productores. Los granjeros estadunidenses ven que la política que imponen los agronegocios elevar los precios del maíz y la soya incrementa el costo de la engorda de su ganado, a la vez que concentra los subsidios en aquéllos.

Los mesoamericanos nos peleamos entre nosotros por encontrar en el mundo desarrollado mercados para nuestro café y frutos tropicales, a la vez que nos hacemos dependientes de ellos en los granos básicos. Los megaproyectos de comunicaciones y de represas en el istmo centroamericano amenazan los territorios de los pueblos indios y son vías de penetración para quienes vienen a despojarnos de nuestra biodiversidad.

Ante esto, hay respuestas puntuales de combate. Luchas sectoriales de fuerza creciente: los movimientos campesinos contra los tratados de libre comercio por firmarse, como el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) o ya firmados, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); acciones de rechazo a proyectos macro como el Plan Puebla-Panamá o la presa La Parota, en Guerrero; iniciativas como la de los campesinos costarricenses para que se legisle en favor de la protección del conocimiento ancestral sobre biodiversidad; el Instituto Latinoamericano de Agroecología, promovido por el gobierno de Venezuela, en el que participan jóvenes campesinos de todo nuestro subcontinente; las ferias de intercambio de semillas criollas en América central que mejoran la productividad sin recurrir a transgénicos, y las luchas de trabajadores rurales que se articulan más allá de las fronteras, como el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional.

Pero no se quedan en lo estrictamente sectorial, en lo productivo-ambiental. Un cada vez más un grupo numeroso de organizaciones campesinas e indígenas han entendido muy bien que es necesario llevar la resistencia al plano del poder. Es necesario crear alternativas al poder oligarca. Y lo están haciendo en dos niveles: algunas participan en coaliciones de izquierda o, cuando menos, antineoliberales en los procesos electorales: apoyan a Andrés Manuel López Obrador en México, a los candidatos demócratas más progresistas en Estados Unidos o a las dos vertientes del sandinismo en Nicaragua. También procuran ganar alcaldías y puestos en los congresos para tener una representatividad auténtica.

Pero van más allá: sabedores de las limitaciones de la izquierda político-electoral y algunas veces deslindándose de ella, desarrollan diversas alternativas de poder popular. Están convencidos de que la democracia directa, el ejercicio del poder imaginado, construido todos los días en lo cotidiano, es la mejor vía para que su resistencia pase del aguante a la construcción, desde ahora, de alternativas de vida digna, justa, libertaria, solidaria y sustentable. Los ejemplos sobran: las juntas de buen gobierno de los zapatistas en Chiapas, la APPO en Oaxaca, las cooperativas de Nicaragua, las iniciativas autonómicas de los pueblos indios de Guatemala...

No sólo se defienden las agriculturas campesinas e indígenas, los territorios, la biodiversidad y los saberes ancestrales. Se va construyendo desde abajo un nuevo modelo de participación política; se va produciendo en la práctica un nuevo concepto de ciudadanía colectiva. Se va generando una verdadera alternativa de poder.

Hace poco se decía en el movimiento campesino: "Hoy luchamos por la tierra, mañana por el poder". Ahora parece que la lucha por la tierra, por el agua, por el territorio y por la cultura sólo será exitosa en la medida en que se construya el propio poder.