Adolfo Sánchez Rebolledo
Convocada por los sindicatos independientes agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Sindical y también por organizaciones pertenecientes al Congreso del Trabajo, el 31 de enero se llevará a cabo una gran manifestación para protestar contra la escalada de los precios en los productos básicos. Los sindicatos solicitarán, además, un aumento salarial de emergencia para compensar la pérdida neta derivada del repunte de los precios. La verdad es que, más allá de las ilusiones del gobierno, la crisis revelada por el aumento en la tortilla, a pesar del pacto para estabilizarla al alza, muestra las debilidades de una economía volcada hacia el exterior (perdiendo terreno), pero absolutamente incapaz de plantearse soluciones para los problemas ingentes de la población.
Lamentablemente, el descuido hacia las fuentes de alimentación no es nuevo. Desde las discusiones sobre el acuerdo de libre comercio, los negociadores mexicanos mostraron un absoluto desprecio por el mundo rural, salvo por lo referente a las grandes empresas agropecuarias ya existentes o en vías de establecerse, confiados en que las llamadas "ventajas comparativas" resolverían a favor de los consumidores cualquier posible cuello de botella interno. A lograr la productividad, entendida así, se dedicaron las reformas legales más significativas, pero dejando a importantes sectores hundidos en una suerte de limbo o en la más absoluta indefensión. Sin créditos ni auxilios tecnológicos, los productores rurales se vieron arrastrados a la ruina, a la migración, a la baja productividad y, en cambio, los especuladores hicieron su agosto.
Pese a todo, el cálculo oficial resultó erróneo, como tantas veces. México se quedó atrás. Vinieron otros usos para el maíz, los precios se elevaron ante la desidia oficial, sin disponer siquiera de una red de salvamento para casos de emergencia. Dada la improvisación, unida a la complicidad reinante en las esferas del gobierno, ahora nos enfrentamos al fin del periodo de gracia del TLC sin alternativas viables, condenados al dictado del mercado donde sobrevive el más fuerte, desprovistos de una estrategia capaz de tomar en cuenta el interés nacional, tal como sí lo hacen los países productores, incluido Estados Unidos.
Por desgracia, la administración pública teme aplicar cualquier medida que pueda ser calificada como "populista", y eso que ya ha fracasado en el intento de darle a la mano invisible (y a los muy visibles acaparadores y/o empresarios monopólicos) toda la fuerza decisoria. Son estas políticas las que producen el malestar de la población, así se traten de encubrir bajo el manto mediático o las estridencias disonantes con que se pretende desviar el centro de atención hacia otros temas donde el gobierno se mueve con más libertad.
Ante este panorama, resulta alentadora la convocatoria sindical a pronunciarse por "la soberanía alimentaria", la defensa del salario y el empleo, es decir, por un viraje de fondo en la política económica que privilegie el crecimiento, la ampliación del mercado interno y la elevación del ingreso popular. Frente a quienes alertan contra el posible repunte inflacionario aparejado a tales medidas, la UNT responde: "los incrementos de salario no sólo no serían inflacionarios, sino que se convertirían en uno de los instrumentos importantes de la reactivación económica..." Además, en los objetivos principales de la manifestación del próximo 31 de enero se plantea la necesidad de abrir las negociaciones para "revisar y modificar los términos del capítulo agropecuario del TLCAN" e instrumentar un "programa emergente para la producción nacional de granos y alimentos estratégicos para la soberanía y seguridad alimentaria".
Veremos, pues, cómo reacciona el gobierno frente a este cuestionamiento legítimo y legal, proveniente de una parte vitalmente interesada en buscar soluciones a los problemas planteados, aunque su mera exposición contradiga la lógica de la política oficial, tan dosificada a brindar golpes mediáticos y a los mensajes "positivos" que reducen la realidad los derechos humanos en Oaxaca, por ejemplo a una fantasía. Por lo pronto, es muy saludable que los sindicatos se hagan cargo de que no todo es miel sobre hojuelas, que, además, se unan a otras organizaciones sociales y ciudadanas para formar un frente común sin exclusiones en la defensa de una agenda social y económica, cuya actualidad es indiscutible. Esperemos que el acto del día 31 contribuya a recuperar la iniciativa en favor de verdaderos cambios, a darle al juego político un contenido realmente apegado al interés nacional, a reflexionar sobre el presente y el futuro de México.
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