Editorial
Mientras el grupo gobernante, avalado por buena parte de la clase política, malgasta los dineros públicos en sueldos exorbitantes, en aparatos burocráticos ineficaces y en transferencias astronómicas al capital financiero trasnacional, vía los pagarés del Fobaproa-IPAB, las comunidades e instituciones académicas, científicas y culturales del país ven disminuidos los recursos presupuestales destinados a sus respectivas tareas. En particular, son crecientemente difíciles las condiciones para la investigación y el desarrollo científico y tecnológico que realizan las universidades públicas del país, en las que se concentra 80 por ciento de tales tareas. Por ello es relevante el señalamiento formulado ayer por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, en el contexto de la presentación de la nueva supercomputadora adquirida por la máxima casa de estudios, el aparato más poderoso de su clase en América Latina, sobre el creciente rezago del país en materia de ciencia y tecnología.
Si en investigación y desarrollo México será superado en el corto plazo por países como Brasil, resulta por demás inútil aspirar a reducir la brecha en estas materias con las naciones del sureste asiático, la Unión Europea o Estados Unidos.
Ahora bien: es sabido que, en el contexto actual de cambios vertiginosos, el rezago de los países que descuidan su desarrollo científico y tecnológico se incrementa de manera exponencial en cuestión de pocos años. En estos rubros, la desigualdad entre México y los países desarrollados es hoy muchas veces superior a la que existía hace tres décadas, e infinitamente mayor que la que imperaba a mediados del siglo pasado.
La necesidad de poner un alto a este atraso creciente no deriva de orgullos nacionales. Ocurre que si la desventaja se mantiene o se vuelve mayor, el país no estará en condiciones de presentarse ante la globalidad como una economía mínimamente competitiva y rentable, y la inversión extranjera se limitará a meras expediciones depredadoras en busca de mano de obra no calificada y famélica, en un entorno social fracturado, en una nación mayoritariamente marginada del conocimiento, y con el telón de fondo de una dependencia científica y tecnológica que ya es, en sus grados actuales, una situación de riesgo en el ámbito de la soberanía y la seguridad nacionales. Tal es, en rigor, el horizonte de posibilidades del proyecto neoliberal aún gobernante.
Es claro, en contraste, que un proyecto viable de nación pasa por una obligada corrección del desdén oficial a la ciencia, la tecnología, la cultura y la educación que imparte el Estado, así como por un impulso a la tarea de las universidades públicas. De ello dependen las posibilidades de la reactivación económica sostenida, de la generación de infraestructura, de la necesaria elevación de los servicios de salud, de la capacitación de la fuerza de trabajo, de la necesaria redistribución de la riqueza y de la superación de rezagos sociales cuya existencia no es ni siquiera admitida en el discurso oficial.
Resulta imperativo, en tales circunstancias, que las fuerzas partidistas representadas en el Congreso de la Unión admitan la gran prioridad de diseñar políticas de Estado en materia de desarrollo científico y tecnológico, educativo, cultural y universitario, establecer un tope mínimo de inversión en esos terrenos y poner fin a la agraviante disonancia señalada ayer por el rector De la Fuente entre las palabras políticas y los hechos presupuestales.
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