Violencia en Oaxaca, ¿hasta cuándo?

Editorial

De nueva cuenta se hizo presente la represión en Oaxaca contra militantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y esta vez también contra familiares de personas que fueron detenidas arbitrariamente por la Policía Federal Preventiva tras los enfrentamientos del 25 de noviembre pasado en la capital de esa entidad y que están presas en el penal de Miahuatlán. Los hechos violentos ocurrieron a las afueras de esa cárcel, donde un centenar de policías municipales y estatales desalojaron con violencia a unas 60 personas del Comité de Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca y de la APPO que mantenían allí un plantón pacífico desde los primeros días del año. Un vocero de esta organización, Cástulo López Pacheco, denunció que al menos siete manifestantes fueron arrestados. Agregó que después de las tres de la tarde agentes de la policía preventiva estatal que viajaban en tres patrullas interceptaron una camioneta en la que viajaban cinco personas que habían estado en la marcha, las encañonaron, las golpearon salvajemente, según testimonios, y se las llevaron.

La represión de ayer es la primera, después de los hechos de noviembre, que protagonizan los cuerpos policiales del estado. Ocurrió apenas un día después de que el gobernador Ulises Ruiz ordenó el pago de la fianza para la liberación de siete presos de Miahuatlán y Tlacolula. Sobre este último hecho, en declaraciones a este diario, fuentes de la Secretaría de Gobernación que suspendió el diálogo con la APPO de manera unilateral hace una semana deslindaron de las excarcelaciones a esa dependencia, de lo que se deriva que fue una iniciativa del mandatario local.

A la luz de lo ocurrido ayer, la ausencia momentánea de Gobernación del panorama estatal parece dejar manos libres a Ruiz Ortiz para manejar la situación. Pero, ¿hasta dónde pretende el cuestionado gobernador llevar el conflicto, que en casi siete meses ha dejado un saldo indeterminado de heridos, muertos, desaparecidos, presos y torturados, la mayoría civiles? ¿Qué propósito persigue con ese doble discurso que un día ordena la liberación de presos y al otro reprime a los familiares de los mismos? ¿Qué debe ocurrir en Oaxaca para que las autoridades federales que fueron negligentes y omisas cuando comenzó el conflicto se decidan a restablecer el estado de derecho y la gobernabilidad ausente desde hace meses? Además del saldo rojo que se registra hasta hoy, en el día a día persiste la violación sistemática de los derechos humanos de los militantes del movimiento social, pero también de la ciudadanía en general; se multiplican los testimonios y las evidencias del acoso de bandas paramilitares contra todo aquel que simpatice con la APPO, e incluso contra familiares de gente sin vínculos con el movimiento, pero que igualmente han sido víctimas de la represión.

Los hechos ocurridos este sábado no pueden verse sino como provocaciones que van en sentido contrario del camino al diálogo para resolver el conflicto. Más aún, la estrategia del doble discurso descalifica por completo a Ruiz Ortiz como interlocutor y lo identifica como un obstáculo en cualquier intento de reconciliación y de reconstrucción de la paz en Oaxaca.

No debiera perderse de vista que el movimiento social en ese estado del sureste mexicano se ha fortalecido a pesar de los intentos por negarlo y desaparecerlo de tal forma que hoy día tiene vasos comunicantes con otras expresiones populares de protesta en el país. Y en el actual contexto nacional en el que crece la exasperación por el alza en los precios de la leche, la tortilla y otros productos de consumo básico, actitudes omisas o irresponsables por parte de autoridades federales y estatales pudieran derivar en la multiplicación de los conflictos. Cabe esperar que tanto en Bucareli como en Los Pinos se hagan los análisis pertinentes de esta realidad nacional, que deriven en la reactivación del diálogo como la vía de solución de los conflictos en toda democracia, y no incurrir en la tentación de arreciar la represión.

El problema más grave es que no hay esperanzas de solución pues ni Ramírez Acuña, ni Ulises Ruiz tienen la menor idea de como resolver el conflicto, aunque quisieran, no está dentro de sus capacidades intelectuales ni tienen la sensibilidad humana y política que se necesitaría para hacerlo. Sería como pedirle a una persona sin piernas que camine, sólo con prótesis, y en este caso la prótesis tendría que venir de otra instancia como podría ser la presidencia, pero como el ejecutivo usurpador es un pelele justamente de Ramírez Acuña quien lo destapó y de Ulises Ruiz que se mantiene por el pacto entre el PRI y el PAN para que pudiera tomar protesta pues entonces no tiene autoridad sobre ellos, habrá que ir a traer la prótesis del extranjero, una instancia internacional que pueda hacer algo por esta bola de cojos mentales y morales incapaces de resolver el conflicto en el cual cientos de personas están siendo las víctimas de tanta atrocidad.