Corporativizar al descampesinado

Víctor M. Quintana S.

Luis Téllez Kuenzler despacha en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero sus ideas siguen dirigiendo la Sagarpa. Si alguien pensó que estaba superado el decreto salinista -expresado por Téllez- de expulsar los 5 millones de familias campesinas "sobrantes" en el medio rural, se equivocó rotundamente. El gobierno de Felipe Calderón redita el proyecto, corregido y aumentado.

Con Vicente Fox la política agropecuaria se orientó a fortalecer primordialmente a los grandes agronegocios y a empresas ricas. Ahora, el proyecto calderonista no sólo pretende reproducirlo social y económicamente, sino dotarlo de una base de reproducción política.

Los gobiernos posrevolucionarios lograron corporativizar políticamente el proyecto de reparto agrario, expansión de la frontera agrícola y crecimiento de la producción de alimentos baratos y materias primas, a través de la CNC, incardinada férreamente al PRI. Los faraónicos acarreos y el voto verde fueron las manifestaciones políticas más claras del sometimiento de la agricultura a la industria, de la explotación con inclusión.

Se podría pensar que el proyecto neoliberal que integra de manera diferente la economía del país a la globalización capitalista, rompe el vínculo agricultura-industria nacional y se desafana de la alimentación de la mayor parte de la fuerza de trabajo, prescinde del proyecto de control político.

Un campo crecientemente despoblado, donde los campesinos siguen siendo explotados y más excluidos, despojado de la función primordial de brindar alimentos por las "ventajas comparativas" de importarlos, tendría muy poca rentabilidad política para el régimen. Pero no es así. El proyecto de los oligopolios, encabezado políticamente por Calderón, pretende no sólo extraer ganancia económica del medio rural, sino, además, sacar todo el jugo político que le quede y desactivarle la potencialidad explosiva y de oposición. Para esto despliega una doble estrategia.

Primero, acabar, o cuando menos debilitar, a los actores políticos rurales más significativos en el momento actual. Los instrumentos son múltiples: lanza una campaña de desprestigio contra las organizaciones campesinas: "no producen, no representan a los auténticos productores, están partidizadas..."

Por otro lado, las excluye de las instancias de discusión, planeación y toma de decisiones de la política agropecuaria. No porque se les expulse, sino porque el gobierno federal "vacía" las instancias, como el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, donde participan por derecho propio, y desplaza los asuntos importantes a espacios a los que sólo convoca a las organizaciones "serias" de productores, como el Consejo Nacional Agropecuario y sus versiones estatales, en el que sólo confluyen los agronegocios y los ricos. Desestima sus demandas, simplemente no las responde, como acaba de suceder con el Programa Emergente para la Producción de Maíz y Frijol, presentado y fundamentado por importantes organizaciones campesinas. Ataca a los liderazgos agrarios, desprestigia, los acusa de "grillos, carentes de formación, anticuados". Con esto prepara el terreno para reprimir y encarcelar al que no se someta.

Paralelamente al debilitamiento o anulación de los interlocutores, que a pulso se han ganado su espacio en la esfera pública agropecuaria del país, el calderonismo está construyendo interlocutores cómodos, a su medida. Privilegia a las empresas y organizaciones agroindustriales, corporaciones como Maseca, Lala, Bimbo, Bachoco y las poderosas asociaciones de productores presentes en el Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Nacional Ganadera, entre otras. Además promueve o construye mediante financiamiento directo del gobierno federal, sin pasar por las instancias estatales de planeación, organizaciones netamente productivas, a través de los agrupamientos sistema-producto. Sólo a ellas les otorga los recursos obtenidos y aumentados gracias a los combates de las organizaciones campesinas ante la Cámara de Diputados el otoño pasado.

La nueva manera de excluir y explotar a los campesinos pobres y levantiscos es exigirles que se organicen como el gobierno dice, es decir, en organizaciones productivas, que presenten proyectos que podrán llenar en Internet con ayuda no de sus líderes sino de técnicos capaces, debidamente entrenados en universidades y tecnológicos particulares, con visión empresarial.

Y si esto falla, el calderonismo tiene una carta más: entregar los pocos recursos que queden por la vía del neocorporativismo azul hacia el campo: Plantar. Con información privilegiada, con la doble cara de funcionarios públicos y dirigentes rurales, con recursos abundantes, reglas de operación a modo y sin rendición de cuentas están llegando los funcionarios-dirigentes panista-gobiernistas a las comunidades a ofrecer a quienes no hayan migrado o se hayan cansado de resistir, las migajas que caen de la mesa que el calderonismo sirvió para las agroempresas que lo financiaron. No es sólo con la economía, es también con la política que se pretenden construir en el campo las bases de un reich panista transexenal.