Del Correo Ilustrado de La Jornada

Ecocidio, asesinato y represión

Los acontecimientos del proyecto de Minera San Xavier (MSX) son ya un peligro catastrófico sobre el valle del municipio del cerro de San Pedro y la capital de San Luis Potosí, lo cual ha sido provocado por este proyecto que ha necesitado para su operación de 25 toneladas diarias de explosivos, para derribar 80 mil toneladas del mismo cerro, 40 por ciento de los materiales extraídos serán trasportados y depositados en el patio de lixiviación; una vez ahí se aplicará por aspersión una mezcla de cianuro de sodio, diluido en 342 millones de litros de agua, para extraer los metales. Este proceso produce toneladas de polvo tóxico, que mezclado con los gases explosivos elaborados a base de nitrato de amonio, diesel y TNT, sería esparcido en el ambiente por el solo viento que, según la opinión de los especialistas, en un periodo de ocho años, si no se hace algo en consecuencia, los pueblos que los circundan tendrían como destino desaparecer.

Enrique Rivas denuncia que el noveno tribunal del primer circuito ordenó anular el proyecto minero por considerarlo: "violatorio desde todos los puntos de vista". A pesar de esta resolución, el director de Impacto Ambiental, Ricardo Juárez, firmó un permiso ilegal y a partir de ese momento MSX ha violado todas las normas.

Habría que dejar claro que la persecución, hostigamiento y represión sobre individuos y organizaciones opositoras al proyecto ha sido constante. Los ejemplos de ello son: en primer lugar el asesinato del alcalde Baltasar Loredo, quien se opuso a firmar el permiso; la golpiza que sufrió Enrique Rivas, por parte de los guardias de MSX. Y el martes 3 de abril, de Semana Santa, el gobernador Marcelo de los Santos mandó desalojar, por medio de la fuerza, un plantón del Frente Estatal de Movimientos y Organizaciones que había permanecido como protesta en contra de Minera San Xavier 10 días, deteniendo a 15 compañeros y trasladando a Pedro Rebolloso Bravo, al Cereso de La Pila, por lo cual hacemos responsables al gobernador y la empresa de cualquier atentado en contra de su integridad física y exigimos su inmediata liberación.

Comité Eureka

¿Dónde quedó la ética?, se pregunta
La campaña de los grupos que se oponen a la iniciativa de despenalización del aborto en el DF está alcanzando niveles de misoginia francamente precupantes. Ahora las mujeres que caminen, por ejemplo, por la avenida Insurgentes Sur se toparán con anuncios espectaculares donde se equipara el aborto con la violación mediante una retórica torcida: "Si no hay pena de muerte para el violador, ¿por qué para su hijo sí?", aserto "firmado" por un supuesto grupo "www.denmechance.org".

Dejemos de lado por un momento el riesgo para la salud y la vida de las mujeres que implican los abortos clandestinos, y otros argumentos que feministas y muchas mujeres y hombres hemos planteado en las últimas semanas en apoyo a la despenalización.

Estos anuncios no se oponen sólo a la iniciativa actual, condenan incluso el aborto por violación, uno de los casos en que está despenalizado. Esto ya es grave. Pero además es indignante que se nos pretenda "convencer" de que abortar el producto resultado de una violación es lo mismo o peor que violar a una mujer. Y esto en un mundo donde la violación se usa como arma de guerra, en un país donde se viola y asesina impunemente a muchas mujeres.

Cabría aclararle a los autores de estos anuncios que se puede estar en contra de la pena de muerte, condenar la violación y denunciarla, y apoyar la despenalización del aborto en todos los casos en que se trata de un embarazo no deseado, y en particular en casos de violación.

Estos anuncios son intolerables no por que no apoyen la despenalización sino porque trivializan la violencia contra las mujeres que representa la violación. Lo hacen, por cierto, justo cuando se acaba de aprobar una ley que garantizaría a las mujeres el acceso a una vida sin violencia. Ojalá pronto se implemente la ley junto con el programa de acciones que incluye la regulación de medios para evitar imágenes -y frases- que degradan a la mujer.

Sabemos que quien tiene dinero o poder en este país se cree con el derecho de decir o hacer lo que quiera. Pero nosotras como ciudadanas, ¿no tenemos también derechos? ¿No nos queda sino soportar este tipo de agresiones "anónimas"? ¿No hay quien regule este tipo de "publicidad" y exija un mínimo respeto a la ética?

Atentamente.

Lucía Melgar