Habría irritado a oficiales queja presentada por escrito contra soldados, señala alcalde
"No hay oposición a la presencia del Ejército, pero pedimos que no pisoteen derechos"
BLANCHE PETRICH ENVIADA
"Creo que la queja que presentamos" contra soldados "está relacionada con la agresión a nuestra hermana mayor Ernestina", afirmó el alcalde Javier Pérez Pascuala.
Soledad Atzompa, Ver., 8 de abril. El 2 de febrero, tres semanas antes de la agresión física que mató a la anciana Ernestina Ascención Rosario cuando pastoreaba sus ovejas en la comunidad de Tetlatzinga, el jefe militar del cuartel de Orizaba, teniente coronel Alejandro de Jesús Orozco, recibió una queja "por mal comportamiento" de sus soldados por parte del agente municipal de la comunidad de Mexcala, Modesto Antonio Cruz.
El presidente Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, también debían haber estado enterados de este antecedente, pues el oficio presentado por las autoridades municipales de Soledad Atzompa tenía copia para ambos.
El presidente municipal Javier Pérez Pascuala no descarta que el ataque a la señora Ernestina Ascención, de 72 años, estuviera relacionado con la irritación de algunos oficiales por ese documento. "Creo que la queja que presentamos sí está relacionada con la agresión a nuestra hermana mayor Ernestina. Sí pudo haber sido una represalia, sí pudo ser un mensaje de escarmiento".
Considera que los hechos tendrán graves consecuencias en la forzada convivencia entre los soldados y los indígenas de las comunidades serranas.
"La gente aquí ya está viendo que va a haber impunidad. Cuando vuelvan los soldados la población va a tener más miedo. El temor es que cualquier incidente pueda desencadenar un conflicto mayor."
Para Modesto, campesino que hace honor a su nombre con su camisa raída y sus viejos huaraches, el enésimo incidente provocado por los soldados en su comunidad -robo de leña, abuso de autoridad y faltas de respeto a los pobladores- fue la gota que derramó el vaso. Y no le importó ser, como agente municipal, el último escalón dentro de las estructuras de gobierno local para querer poner un alto a los excesos.
"Siempre pasa, desde hace años", explica Modesto a La Jornada. "Abusan y no respetan. Llegan a nuestras tiendecitas, que de por sí casi no tienen nada, piden refresco, piden comida y no pagan. Toman la leña de la gente sin pedirla. Se instalan en sus propiedades y ni siquiera piden permiso. Por temor, desde hace tiempo que muchas familias ya no mandan a sus hijas a la escuela, porque las chamacas tienen que caminar lejos, solas por las veredas. Con los soldados no se sabe".
No es habitual que en pueblos como éstos las violaciones y hostigamientos a las mujeres se denuncien. Son historias que se cuentan por lo bajo. Si hay víctimas, éstas prefieren el silencio para no ser estigmatizadas.
Pero lo que decidió al agente Modesto a presentar su queja por escrito fue la respuesta que recibió del cabo de infantería Edwin Martínez ante su reclamo. "Nosotros venimos con instrucciones superiores y aquí hacemos como queremos", le dijo.
"¿Quién es el confundido?"
Convocado como mediador, el alcalde Pérez Pascuala intentó hacer valer la palabra de la autoridad municipal y en respuesta, a él "también lo maltrataron".
Le contestaron que "estaba confundido, que tenía que entender que una autoridad federal siempre iba a estar por encima de la municipal". El alcalde respondió: "¿Quién es el confundido? Porque yo no estoy enterado que haya sido derogada la Ley Orgánica del Municipio Libre. Me parece que el confundido es usted". Y, según consta en el oficio, el militar interpelado "sólo nos miró con desprecio" y dio por concluida la discusión. Entonces, para aclarar el punto, las autoridades municipales resolvieron llevar sus siempre infructuosas quejas orales al papel. Así, por primera vez, los reclamos sin respuesta se plasmaron en un oficio con todas las firmas y sellos de rigor.
Nunca habían presentado un escrito así, a pesar de que el "mal comportamiento" de los militares venía de mucho tiempo atrás; desde que, a mediados de los años noventa, empezaron los patrullajes de supuestos operativos contrainsurgentes y contra el narcotráfico.
El presidente municipal niega que la población de Zongolica se oponga a la presencia del Ejército. Justamente eso fue lo que reiteró cuando habló con el secretario Galván el pasado 8 de marzo durante la audiencia con legisladores perredistas -Javier González Garza, Carlos Navarrete, Guadalupe Acosta, Patricia Martínez, Juan Carlos Mezhua y Norberto Carrasco- en Lomas de Sotelo.
"Le expuse que entre nosotros no hay oposición a la presencia del Ejército. Tienen el paso libre, pero se les pide que no pisoteen el derecho de la gente."
Con esta afirmación, las autoridades de Soledad Atzompa rectifican las duras palabras que dirigieron el primero de marzo a Calderón en una carta en la que expresaban: "La institución castrense hasta ahora no nos ha servido; por el contrario, sólo nos ha agredido, atentando contra nuestra integridad física y dignidad como personas, como humanos. Por eso demandamos y emplazamos al Ejército para que de inmediato salga de nuestro territorio y no vuelva jamás".
Los sucesos del 25 y el 27 de febrero, después del ataque y la muerte de la señora Ascensión, pudieron haberse desbordado. La misma noche del domingo la noticia se regó como pólvora en el escarpado caserío de Tetlatzinga. "¡Que los soldados violaron a la Ernestina!" Al anochecer miles de hombres se habían congregado frente a la presidencia municipal en la cabecera, bloqueando la carretera que baja al valle de Orizaba y cerrando el paso de un convoy militar que intentaba salir de la zona.
Era una patrulla donde viajaba el capitán José Soberanes y cuatro soldados rasos que iban de civil. La gente sospechaba que eran los culpables. El capitán persuadió al alcalde para que le cedieran el paso con el argumento, que resultó falso, de que los llevaba "arrestados".
Al día siguiente eran cerca de 6 mil los que se congregaron en una hondonada de Tetlatzinga, dispuestos a avanzar los 500 metros que los separaban del campamento militar, donde se habían atrincherado los 120 soldados del campamento, todos armados. Esa fue la escena que encontró el gobernador Fidel Herrera cuando su helicóptero descendió en el poblado para apaciguar los ánimos encendidos.
"Mi pueblo -afirma Pérez Pascuala- es muy sabio a pesar de no tener educación. Ese día demostramos que somos prudentes, que estamos dispuestos a canalizar nuestro coraje por la vía de diálogo y la exigencia de justicia."
El alcalde es un luchador social con un largo camino andado. "Mucho antes del zapatismo", cuenta, "desde mediados de los ochenta, empezamos a defender nuestros territorios y nuestros derechos".
Fue dirigente del Centro Promotor de Justicia. Azompa es uno de los cinco municipios perredistas de la sierra. Pero en las 22 jurisdicciones -cinco del sol azteca, tres de los más poblados panistas y el resto priístas- se participa unitariamente en las agrupaciones productivas y de gestión, donde tienen presencia la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica, la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica y la Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica. Incluso la Unión de Todos los Pueblos Pobres (TINAM, por sus siglas en náhuatl) mantiene su trabajo en la zona.
El arresto de la veracruzana Gloria Arenas, fundadora del TINAM en los años ochenta y posteriormente dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente en Guerrero en 1999 (actualmente sentenciada a 50 años de prisión), alimentó versiones que datan de 1996 sobre supuestas "ligas" de las agrupaciones de Zongolica con grupos armados, lo mismo que el arresto, el año pasado, de los hermanos Gerardo y Jorge Txompaxtle, presuntamente vinculados con el Ejército Popular Revolucionario.
Esta semana, a raíz de la muerte de Ernestina Ascención, la presunta vinculación del Ejército con los hechos, el reclamo de justicia y la fricción entre los gobiernos estatal y federal, un anónimo que fue distribuido a la prensa veracruzana señala los líderes de la Zongolica -Pérez Pascuala, René Huertas, Maurilio Xocua y Julio Atenco- como miembros "de una organización violenta y oscura" y con relaciones con la guerrilla.
"Falso -responde el alcalde-; nosotros siempre hemos dado la cara desde nuestras organizaciones, que son legales".
Si el pelele creyó que con la absurda respuesta de "murió de gastritis" avalada por el mequetrefe de Soberanes los mexicanos íbamos a aceptar semejante injusticia, se equivocó. Este caso tendrá que aclararse y está en nosotros los ciudadanos conscientes que no haya impunidad.
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