El fiscal especial del caso de Ernestina Ascención, sin reportes de la CNDH

"No tengo idea de lo que está haciendo" la comisión, dice el funcionario veracruzano

BLANCHE PETRICH ENVIADA

Juan Alatriste, fiscal especial en el caso de la anciana nahua Ernestina Ascención, admitió que la CNDH no le ha enviado sus investigaciones y dictámenes del asunto, ampliamente difundidos en el Distrito Federal.

Orizaba, Ver. Las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso de la anciana nahua Ernestina Ascención Rosario -de las que funcionarios de la dependencia hablan profusamente ante la prensa- no han sido canalizadas a la fiscalía especializada que asignó la procuraduría veracruzana, como correspondería legalmente. El organismo tampoco ha comunicado oficialmente sus impresiones sobre el caso al Ministerio Público que lleva la averiguación.

"No sé qué está haciendo la CNDH. No tengo ni idea", asegura el fiscal Juan Alatriste, a cargo de la averiguación 140=2007/ae. "Lo que sé es únicamente lo que he leído en la prensa".

El caso, que ha enfrentado a las autoridades estatales con las federales, que niegan que la señora Ascención Rosario haya sido asesinada, fue radicado en la Agencia Especializada de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y Contra la Familia de la Procuraduría General de Justicia Estatal. El 10 de marzo, 12 días después del deceso de la anciana, se anunció la creación de una fiscalía especial.

Alatriste, que encabeza la investigación, declina hacer cualquier otro comentario sobre su trabajo, en acato al sigilo debido en procesos como éste. También desiste a responder a las descalificaciones de los visitadores de la CNDH Rafael Plascencia y Susana Thalía Pedrosa y del propio ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, quienes han calificado como de "total irresponsabilidad" el trabajo de la procuraduría estatal.

"Se están diciendo muchas cosas pero son versiones periodísticas, nada más", responde el penalista, con más de 20 años de experiencia en agencias de Ministerio Público y juzgados.

Reconoce, sin embargo, que la CNDH no ha enviado a Orizaba sus investigaciones y dictámenes, ampliamente difundidos en el Distrito Federal.

En días recientes, decenas de habitantes de Soledad Atzompa y municipios vecinos han acudido a la fiscalía para hacer y ratificar declaraciones ministeriales. Los familiares de la víctima, las autoridades municipales y dirigentes de las organizaciones regionales, las enfermeras y el personal médico que atendió a la señora y otros testigos han reiterado en sus testimonios que hay indicios claros de que la anciana, desde el momento en que fue encontrada en un paraje boscoso de Tetlatzinga, a menos de 500 metros de donde se encontraba un campamento militar con 150 soldados, estaba mal herida, golpeada y aseguraba haber sido agredida por los uniformados.

Por su "impedimento legal", el fiscal omitió informar si también han sido citados a declarar los mandos y soldados que estaban en el campamento de Tetlatzinga o si piensa convocarlos. "Me voy a conducir dentro de la obligación legal que tengo, de guardar absoluto sigilo", señaló.

El fiscal, que mantiene abierta la puerta de su despacho a lo largo de las 12 horas que permanece en su oficina, los siete días de la semana, recibe con amabilidad a cuanto periodista se acerca por datos sobre el curso de las investigaciones del caso. Y, sin variar, los informadores salen con las manos vacías porque Alatriste no se desvía de su norma de silencio.

Mientras, la prensa local se pregunta sobre los alcances y el grado de independencia que podrá tener el funcionario en este caso que necesariamente lo tendría que llevar a terrenos. Es el caso, por ejemplo, del periodista Héctor Sánchez Navarro, del diario digital Notiexpress, que en su columna planteó algunas de las interrogantes que nadie responde hasta ahora: "Cuando las investigaciones así lo requieran, ¿se atreverá el fiscal especial a exigir información al Ejército? ¿Se subordinará éste a la autoridad civil y entregará la información real?"