jueves, abril 19, 2007

Instituciones podridas

De Blogotitlan

La Corte, “Lavadora” de Inconstitucionalidades

Uno de los grandes “logros” del alto vacío, traidor a la democracia, Mr. Fox. Hasta se ufanaba. No se trataba de lavadoras de dos patas, decía ¿No?

De cualquier forma la mancha del fraude electoral sigue y seguirá indeleble.

El lunes 16 de abril, un programa de “análisis” de TVAzteca tuvo de invitado al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, quien sin pudor alguno reconoció que la máxima instancia judicial del país le concedió a Vicente Fox la facultad de veto que la Constitución no le da, pero que ellos sí la aceptaron por razones políticas. No jurídicas, políticas. ¿De dónde sacaron tal facultad que no está en la Constitución, pero que ellos hicieron “constitucional”? Del mismo lugar de donde la obtuvo Fox: de sus puros tompiates.

El también catedrático del ITAM (cubil de la tecnocracia criolla con pretensiones imperiales) no tuvo empacho en admitir, con todas sus letras y descaro, la inducción eminentemente política de muchas decisiones de ese órgano jurisdiccional, por encima de la razón jurídica y la esencia justiciera del derecho.

Los sesudos analistas Leo Zuckerman (un verdadero nazi, a pesar del apellido), Federico Reyes González (aunque se anuncie como “Reyes Heroles”) y Jesús Silva Márquez (otro que piensa que el apellido compuesto le da prosapia nobiliaria), tan exigentes de “que la justicia no se politice” (como clamaban durante el desafuero de López Obrador, cuando toda defensa que éste intentaba era para ellos “politización de la justicia”). Este lunes pasado, en cambio, las palabras del ministro Cossío Díaz, reconociendo la motivación política de muchas decisiones, eran encomiables, pues la función jurisdiccional de la Suprema Corte “es necesariamente política”. O sea, como la Corte, todo se acomoda a conveniencia. Obviamente, del poder.

Para la mayoría conservadora de ministros, la justicia sólo es dable a quien puede corresponderla, en numerario o en especie, con dinero o influencias. El pueblo llano que se amuele. Quien le manda estar jodido y sin buena posición ni nada para compensar los afanas de los juristas.

Los bancos pudieron corresponder debida y discretamente al fallo sobre el anatocismo, que les autoriza cobrar intereses sobre intereses, algo que en el resto de los ciudadanos es una condenable usura. Pero en los bancos, es una sana práctica financiera.

Igual Fox tuvo una buena reciprocidad hacia los “comprensivos” ministros que avalaron un inexistente veto presidencial, interpretado a la fuerza, de una Constitución que no lo menciona, como, por lo contrario, sí dispone con todas sus letras la facultad de la Cámara de Diputados para corregir, antes de aprobar, el presupuesto anual de egresos. Nada le importó a los ministros que estuvieran usurpando una función ajena —legislar o crear figuras jurídicas nuevas—, en exceso de sus funciones. Pero en este caso, la mayor culpa es del Congreso, por no someter a juicio político a quienes de esa forma violan tan flagrante e impunemente la norma constitucional y transgreden el orden que la misma impone.

Ahora es el turno de la Ley Televisa, hecha con las patas, llena de contradicciones con otros ordenamientos previos, abiertamente inconstitucional, contra el beneficio público y del Estado, mutilando funciones rectoras de éste para cederlas a entes privados autogobernables.

Ya lo habíamos anticipado. La votación sobre el dictamen que acepta la petición legislativa para que se reconozcan como inconstitucionales varios de sus artículos impugnados, no tendrá mayoría. O sea, no será aprobado el dictamen que declara inconstitucionales unos artículos con lo que, de hecho y para todo efecto legal, se aceptan como buenas y válidas tales inconstitucionalidades. O como dicen los abogados, lo que no se rechaza se consiente.

Por encima de la Constitución (hecha con las patas, según el preclaro ex–presidente de este tribunal, Mariano Azuela Güitrón, quien iniciara el desprestigio que hoy tiene la Corte) reconocen los ministros y hacen inatacable el poder metaconstitucional del monopolio televisivo, dándole características de “institución” del Estado (que no del gobierno) que se debe a sí misma, sin límites ni obligaciones, pero sí con todos los derechos que ella considere necesarios para su lucro y monopolio.

Por esta nueva decisión de la Corte, cuánta razón tiene Andrés Manuel López Obrador cuando dice: ¡Al diablo las instituciones!

Ellas mismas son las que mandan todo al carajo.

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