Reprimen marchas de maestros en ciudades argentinas

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 4 de abril. La represión policiaca en la provincia de Neuquén -en el sur de Argentina- contra una movilización de maestros, dejó 20 heridos, uno de ellos de gravedad, ante lo cual el gremio llamó a un paro general en todo el país para el próximo lunes.

En el contexto de una serie de movilizaciones docentes que reclaman en diversos lugares del país incremento salarial, esta mañana los maestros que intentaban bloquear una carretera en Neuquén fueron literalmente emboscados por la policía -que tiene una trayectoria negra en esa provincia- y se desató una represión inusitada con gas lacrimógeno y balas de goma, una de las cuales alcanzó el automóvil de un docente y el impacto le destrozó la cabeza.

En la provincia de Salta hubo incidentes similares cuando los docentes rodearon la sede del Congreso durante la protesta y la policía los cercó y obligó a abandonar el lugar, por lo cual amenazan con "paralizar la ciudad y bloquear caminos en toda la provincia para Semana Santa". Alrededor de nueve mil docentes autoconvocados se adhieren al paro en esa provincia, y de hecho 50 por ciento de los alumnos han tenido pocos días de clase en lo que va del año.

El conflicto docente está en diversos lugares, incluida la provincia de Santa Cruz, de donde es originario el presidente Néstor Kirchner.

Denuncian beneficios a ex represores

En el terreno humanitario, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires reclamó por los "beneficios" que gozan los ex militares y ex policías que están en la cárcel de Marcos Paz, allanada en estos días en busca de datos sobre la desaparición del obrero Jorge Julio López, de más de 70 años, quien -como víctima de la dictadura (1976-1983)- fue querellante y testigo clave en un juicio que terminó con una dura condena para varios represores de ese estado.

Se denunció que el propio director del penal dio órdenes para dar un trato privilegiado a los represores, a los que consideró "presos políticos".

Allí están reluidos varios ex miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que fueron claves en la represión desatada en la pasada dictadura que impuso en este país el terrorismo de Estado y dejó 30 mil desaparecidos, miles de muertos y víctimas de torturas.

Durante el reciente allanamiento al penal se comprobó que los "presos políticos" tienen teléfonos a disposición usando nada menos que la línea interna del penal, incluso desde esa situación privilegiada podían dar órdenes a quienes fueron sus subordinados durante la dictadura, muchos de los cuales aún permanecen en las fuerzas de seguridad.

El secretario de Derechos Humanos bonaerense, Edgardo Binstock, dijo que "al parecer la ideología de algunos de los que conducen esa cárcel es similar a la de los que están presos, y esto es como mínimo delicado", por lo que ordenó abrir un sumario interno.

La denuncia de una ex víctima de la dictadura, Nilda Eloy, advirtió sobre el peligro de que los detenidos convivieran con viejos amigos en la jefatura del penal, lo que originó que se ordenara el allanamiento.