La protesta social, ¿peligro para México?

Magdalena Gómez

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está enfrentando el reto de conducir el movimiento magisterial por la abrogación de la Ley del ISSSTE con todo el esfuerzo y dedicación que implica. Hasta ahora sus resultados son positivos en cuanto a la capacidad de realizar movilizaciones simultáneas en la capital de la República y en buen número de escuelas en entidades federativas. Como sabemos, esta postura es compartida por importantes sindicatos de instituciones de educación superior y empleados públicos de todo el país. Sin embargo, aún habrá de avanzar hasta constituir un contrapeso que se imponga frente a la alianza pactada en el PRIAN con el respaldo del ocupante de Los Pinos y, sobre todo, del "gordillismo", que hegemoniza al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Estamos ante una reforma, la del ISSSTE, que, aparte de ser expresión de los anhelos neoliberales, constituye un laboratorio para medir fuerzas con el movimiento social y desplegar más tarde el conjunto de las llamadas reformas estructurales. De ahí los afanes oficiales de minimizar las protestas y desestimar los alcances de los planteamientos jurídicos expresados en las decenas de miles de juicios de amparo promovidos.

El calderonismo está jugando con fuego y aplicando la máxima salinista "ni los veo ni los oigo"; por ello no se compromete con algún cauce institucional que abra la puerta a la revisión de la ley que se objeta, esperando, vanamente, que el movimiento de rechazo se diluya por sí mismo. También está dispuesto a criminalizar el movimiento, como ha hecho con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y con el liderazgo de San Salvador Atenco.

En este contexto resulta sumamente grave el clima de linchamiento mediático contra los maestros y la CNTE, que exacerba el ánimo ciudadano, especialmente en el Distrito Federal, en torno al impacto negativo que su presencia pueda causar en la ciudad. De manera similar a lo que hicieron frente al plantón del movimiento contra el fraude electoral en 2006, ahora recurren a las asociaciones de comercio para darles la voz sobre las supuestas pérdidas multimillonarias que sufren ante cada marcha o mitin.

Bien sabemos que no son las movilizaciones políticas las únicas causas de congestión vehicular en la ciudad de México: cualquier tormenta, tráiler volcado o atorado en un paso a desnivel la desencadenan, como también los grandes juegos deportivos, ante los cuales los locutores nunca han pedido que se suspendan y simplemente "orientan "sobre las vías más adecuadas para desplazarse.

Por supuesto que a nadie le gusta quedar atrapado en un embotellamiento de tránsito; sin embargo, tratándose de movilizaciones políticas en una sociedad democrática se tendría que respetar el ejercicio de derechos constitucionales como libertad de expresión, de organización y, por ende, de protesta, cuya dimensión está por encima de reglamentos de tránsito.

A este respecto cabe señalar que la garantía constitucional de tránsito no se refiere al desplazamiento de vehículos automotores con un ciudadano o ciudadana al mando, sino a la posibilidad de que transitemos por todo el país sin cortapisas, pasaportes internos o prohibición alguna.

El linchamiento no se reduce a denostar al magisterio y a descalificar su decisión de protestar, sino que se ha llegado al extremo de "recordarles" - es decir, amenazarlos- que Flavio Sosa e Ignacio Del Valle están en penales de alta seguridad y que a pesar de ello "no aprendieron", o a señalar, "alarmados", que ya tenemos un Oaxaca en el Distrito Federal y que va siendo tiempo de "poner orden".

En este clima de enrarecimiento, las autoridades de seguridad pública en el Distrito Federal tendrán que reforzar sus convicciones y experiencia, ampliamente probadas en el plantón de 2006, independientemente de que el movimiento debe cuidarse de la intervención de provocadores.

A este respecto John Rawls, en su Teoría de la justicia, nos recuerda que el problema de la obediencia irrestricta a normas de concordia ciudadana por parte de quienes sufren injusticias nos hace ver que la responsabilidad no recae en aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad provocó tal oposición. Lo que están haciendo los maestros es resistirse a la decisión ilegítima de privarlos de derechos y garantías sociales que no les fueron regalados, sino que son resultado de luchas populares de enorme envergadura.

Desgraciadamente, la mayoría de los medios en nuestro país, especialmente radio y televisión, no están dispuestos a transmitir semejantes consideraciones democráticas. Atizan la hoguera y preparan el terreno para cobijar las decisiones del poder. Pese a ello, la protesta social seguirá y la cadena de movimientos irá creciendo porque el rechazo a la llamada Ley del ISSSTE es sólo un eslabón.